La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación por la expedición de varios decretos del Gobierno nacional en el marco del estado de emergencia económica, al advertir que estas medidas podrían traducirse en mayores cargas tributarias para el sector productivo y en una flexibilización de los controles sobre el manejo de recursos públicos.
El pronunciamiento fue hecho por el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, quien aseguró que la “cascada de decretos” expedidos recientemente estaría convirtiendo las facultades extraordinarias del Ejecutivo en una especie de reforma tributaria por decreto, con nuevos impuestos destinados a atender necesidades fiscales del Gobierno.
Según Fenalco, una de las disposiciones más sensibles es el Decreto 0240 de 2026, que amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en el país. Para el gremio, esta medida incrementa la complejidad del sistema tributario y podría afectar la llegada de inversión extranjera.
“El impuesto al patrimonio ya es confiscatorio, pero además gravar a empresas extranjeras con sucursales en Colombia amenaza la posibilidad de atraer nuevas inversiones”, señaló Cabal en un video publicado a través de las redes sociales de Fenalco.
Además del impacto tributario, Fenalco también manifestó inquietudes sobre los efectos institucionales de algunos decretos expedidos durante la emergencia económica.
Entre ellos, el gremio mencionó el Decreto 0245 de 2026, que permite la entrega de transferencias monetarias extraordinarias cuyos criterios de focalización y selección de beneficiarios serán definidos posteriormente por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Según Fenalco, esta disposición podría generar incertidumbre sobre la publicidad y transparencia en la asignación de recursos.
También cuestionó el Decreto 0243 de 2026, que autoriza a alcaldes y gobernadores a realizar modificaciones presupuestales y contratar créditos de tesorería sin los controles habituales de concejos y asambleas. Además, esta norma suspendería temporalmente el seguimiento sobre algunos recursos del Sistema General de Participaciones.
Para el gremio, estas medidas amplían la discrecionalidad en el manejo del gasto público en un contexto preelectoral, cuando, según su postura, deberían fortalecerse los mecanismos de control.
Un tercer punto señalado por Fenalco es el Decreto 0244 de 2026, que establece subsidios y garantías para créditos productivos. Aunque la iniciativa busca apoyar la actividad económica, aquí el gremio considera que no incorpora mecanismos suficientes de transparencia sobre los beneficiarios ni sobre la trazabilidad de los recursos.
En ese sentido, Cabal advirtió que la flexibilización de reglas contractuales y de asignación de subsidios podría afectar la confianza institucional y la estabilidad de las reglas económicas.
“El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso”, señaló Cabal, quien insistió en que la atención de una crisis no debería debilitar los mecanismos de control ni afectar la seguridad jurídica del país.
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