Blu Radio conoció un concepto que le envío el Ministerio de Haciendaa la vicepresidenta Francia Márquez en el marco de la creación del polémico programa Jóvenes en Paz, que ha dicho el presidente Gustavo Petro busca pagarles a las poblaciones vulnerables que están en violencia o en riesgo de caer en ella por sus condiciones económicas, incluso, la polémica creció cuando el mandatario dijo que la idea es pagarle a “jóvenes por no matar”.
Una de las noticias es que este sería el primer decreto que firme la vicepresidenta como ministra de la Igualdad y en el cual se establecen las condiciones para ingreso, permanencia y cáusales de exclusión de los 100.000 jóvenes que serán beneficiados.
Antes de ser firmado el decreto, el Ministerio de Hacienda le envió un concepto en el que le da viabilidad presupuestal al programa y en el que se confirma que el monto total del subsidio, al año, para los jóvenes será de 1.2 billones.
“Con relación al artículo 43 monto y temporalidad de las transferencias monetarias condicionadas, de acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias seria de $1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar”, señala el concepto del Ministerio de Hacienda.
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Agrega que sobre el artículo 44, referente a los recursos, la Dirección de Presupuesto Publicó Nacional “no tiene comentarios de carácter presupuestal”.
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Sobre el proyecto de decreto, del cual ya se había conocido una primera, allí se estipulan todas las condiciones del programa. Por ejemplo, que no podrán acceder los jóvenes y el objetivo del mismo.
“Resulta necesario adoptar mecanismos que permitan desvincular a los jóvenes de las dinámicas criminales, romper los ciclos de violencia en las comunidades más vulnerables y promover la vinculación educativa, laboral y social de los jóvenes y el desarrollo de sus talentos, capacidades y habilidades individuales”, señala el decreto.
Allí se establece que el acceso a Jóvenes en Paz será solo para aquellos entre 14 y 28 años en vulnerabilidad o pobreza extrema, ruralidad y víctimas de explotación sexual y aquello vinculados o en riesgo de vincularse a “dinámicas de criminalidad”.
Se dice también que no serán vinculados aquellos jóvenes con orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial, los que tengan una sanción o medida privativa de la libertad o ser beneficiarios de otros programas.
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Se establece también todas las condiciones del programa para la inserción de los jóvenes a rutas de educación, empleo, servicio social o emprendimiento para poder continuar recibiendo la transferencia monetaria. Finalmente, se incluye también un componente de atención integral en salud mental.
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