En medio de la revisión de la contratación de Inravisión, Sistema de Medios Públicos, fueron identificados contratos por alrededor de 7.255 millones de pesos de recursos provenientes del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que se destinaron a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital” durante meses considerados clave para la campaña presidencial de 2026, reveló un informe del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTic).
Un contrato con el Ministerio de Educación, por 10.000 millones, destinó 6.362.619.652 al pago de pauta y/o contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026. De ese monto, 3D Mobile 3DM SAS recibió 1.364.619.653 y Prowess SAS, 4.997.999.999, detallaron la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.
#NoTICias | Usaron la plata de la educación para pagar propaganda.
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 22, 2026
Lee el comunicado completo aquí:https://t.co/ptYQeZc2DT
A esto se suma el Convenio Interadministrativo No. 390-2026, suscrito con el DAPRE por 1.500 millones de pesos, de los cuales 892.845.137 fueron utilizados para un “plan digital” entre marzo, junio, julio y agosto.
Los hallazgos son puestos bajo la lupa teniendo en cuenta el calendario electoral: la primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio. La revisión plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar este tipo de gastos frente a otras necesidades de sectores como educación y los programas sociales de la Vicepresidencia, especialmente en un contexto de dificultades financieras del Gobierno.
Los nuevos hallazgos se suman a la detección de más de 1.051 contratos suscritos durante 2026 por un valor superior a 100.000 millones. Además, entre el 6 y el 7 de agosto se habrían firmado 87 contratos por cerca de $4.000 millones.
Publicidad
Ante este panorama, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal de la entidad.