La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
Un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea generó debate sobre el papel de los medios de comunicación durante las elecciones legislativas en Colombia. El documento analizó el cubrimiento de la campaña por parte de medios públicos y privados y señaló posibles desequilibrios en la cobertura.Según ese reporte, los medios estatales habrían dedicado más atención a actividades del Gobierno y a sectores políticos cercanos al oficialismo, entre ellos el Pacto Histórico. Ante estos señalamientos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, respondió a las críticas y defendió el trabajo del sistema de medios públicos en conversación con Mañanas Blu 10:30.RTVC dice que el informe es preliminarDurante una entrevista radial, Morris afirmó que el informe conocido hasta ahora no es definitivo y que el sistema de medios públicos no comparte las conclusiones presentadas.“Respetamos a la misión, pero no compartimos el informe”, afirmó.El gerente explicó que RTVC sostuvo una reunión con los observadores para presentar sus observaciones y aclarar lo que considera errores o confusiones en el análisis.Según Morris, una de las dificultades del informe es que no todos los candidatos aceptaron las invitaciones del medio público para participar en espacios informativos, lo que pudo afectar la percepción sobre el equilibrio de la cobertura.Debate por el papel de RTVCOtro punto que, según Morris, generó confusión en el informe tiene que ver con la forma en que se clasifican los canales públicos.El gerente explicó que el Canal Institucional tiene una función legal específica: difundir acciones del Estado, incluidas sesiones del Congreso y actividades de entidades públicas.Por esa razón, sostuvo que parte del contenido analizado por la misión corresponde a obligaciones legales del canal y no necesariamente a cubrimiento político de campañas.Morris indicó que estas aclaraciones fueron planteadas a la misión de observación y que espera que se reflejen en el informe final.Cómo se organizó el cubrimiento electoralEl gerente también explicó cómo se estructuró la cobertura informativa durante el proceso electoral.Según señaló, el sistema de medios públicos adoptó un “decálogo” de cubrimiento basado en recomendaciones de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral.Ese documento, dijo, fue socializado entre los periodistas del sistema de medios públicos, que cuenta con más de 280 reporteros en distintas regiones del país.De acuerdo con Morris, RTVC desplegó cobertura en cerca de 89 puntos del territorio nacional durante la jornada electoral.Además, afirmó que el sistema informativo lleva un registro detallado de los espacios dedicados a cada actor político.“Hay una tabla minuto a minuto de qué días y a qué personas u organizaciones políticas entrevistamos”, explicó.Durante la entrevista, Morris también se refirió a situaciones que, según él, han enfrentado periodistas de RTVC durante coberturas de manifestaciones políticas.El gerente aseguró que algunos reporteros han sido insultados o rechazados durante eventos relacionados con sectores de la oposición.Incluso mencionó un episodio en el que, según dijo, una candidata presidencial se negó a conceder una entrevista a un periodista del medio por pertenecer al sistema de medios públicos.En ese contexto, Morris anunció que RTVC presentará públicamente pruebas de lo que calificó como campañas de estigmatización y ataques contra el medio.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
RTVC impugnó ante el Consejo de Estado el fallo de tutela que restringió las alocuciones presidenciales, al considerar que vulnera el pluralismo informativo. En el documento, sostienen que la decisión de primera instancia “realizó una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Constitucional” y que “las alocuciones presidenciales no vulneran, sino que garantizan el derecho a la libertad de información”.Hace unos días, la discusión sobre las alocuciones presidenciales volvió a la agenda pública luego de que el Consejo de Estado protegiera el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de dichas alocuciones por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Por ello, ordenó evitar transmisiones prolongadas o repetitivas que interfieran con la programación habitual de los medios, y dispuso que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adopte, antes del 31 de diciembre de 2025, un marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“Con lo anterior, es preciso advertir que la decisión del Consejo de Estado puede derivar, en la práctica, en una forma de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Política y reiteradamente reprochada por la Corte Constitucional”, argumentó RTVC.La tutela, promovida por Miguel Uribe Turbay y otros ciudadanos, fue fallada a favor de los accionantes el pasado 16 de septiembre por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esa decisión, el alto tribunal ordenó que toda alocución presidencial “responda a una justificación o razón suficiente”, no sea “recurrente en el mismo intervalo semanal” y tenga límites temáticos y temporales.En ese sentido, RTVC considera que dicho fallo impone restricciones no previstas en la ley y que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) no tiene facultades para impedir o condicionar las intervenciones del presidente”. Según la apelación, el Consejo de Estado “excedió su competencia” al crear exigencias que “modifican de facto una facultad establecida expresamente por el Congreso”.Lo cierto es que, tras este fallo de tutela que le puso freno a las alocuciones del presidente Petro por canales públicos y privados, la Presidencia de la República debe informar previamente a la CRC el tema y la duración de cada intervención.
Durante la multitudinaria marcha del silencio que se realizó en Bucaramanga este domingo, en la que, según la Alcaldía, cerca de 30.000 personas salieron a las calles para pedir paz en Colombia y la recuperación del senador Miguel Uribe, se registró una agresión contra dos comunicadores del canal público RTVC.El periodista Nicolás Torres y el camarógrafo Fredy Pernía fueron atacados física y verbalmente por un grupo de asistentes a la movilización, lo que obligó a los reporteros a suspender el cubrimiento y abandonar el lugar. En videos que circulan en redes sociales, se observa a un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia lanzando patadas al periodista, mientras otras personas los insultan y empujan.La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó lo ocurrido. “Mientras cumplían su labor de informar de forma pacífica, los comunicadores fueron insultados. También fueron escupidos en cinco ocasiones y agredidos con puños y patadas. Además, intentaron dañar sus equipos de grabación”, señaló la organización.La FLIP también denunció que las agresiones se produjeron sin presencia institucional que garantizara la protección de los periodistas, y advirtió que este tipo de situaciones deben ser atendidas con urgencia por las autoridades.La organización recordó que este no es un hecho aislado. El pasado domingo, la periodista Gelitza Jiménez, también de RTVC, fue hostigada en Bogotá mientras cubría el estado de salud del senador Miguel Uribe.“Atacar a la prensa es atacar el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Una prensa libre, sin violencia ni censura, es pilar fundamental de la democracia”, enfatizó la FLIP.La Fundación hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga y la Policía Nacional para que garanticen el cubrimiento seguro de periodistas en contextos de movilización social. “Estas instituciones tienen la responsabilidad y el deber de proteger la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esta labor”, concluyó la organización.
Tras conocerse la presunta firma de un contrato entre el Ministerio del Interior y RTVC, y que despertó algunas señales de alerta, la Contraloría le envió una carta al ministro Armando Benedetti, solicitando algunos documentos en los que se pueda o no comprobar el convenio, puesto que a través de sus redes sociales, RTVC notificó que es falso que el contrato referenciado fuera real.La carta manifiesta que deben ser entregados la copia del contrato o contratos suscritos entre MinInterior y RTVC guantes el 2020 al 2025, junto con adiciones, modificaciones o actas complementarias. Asimismo, deben anear estudios previos, documentación, análisis de costos y sustento financiero para la contratación, cronogramas e informes detallados de la ejecución o las copias de liquidación en caso de haber terminado.Además, piden la relación de los eventos ejecutados o proyectados con fecha, lugar y actividades realizadas con su respectivo coto y la identificación de los funcionarios responsables de los procesos de contratación, tanto en etapa de planeación como de supervisión.“Se pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso”, afirma la Contraloría.Entre tanto, la entidad solicitó que en un plazo no mayor a dos días, se envíe la documentación a los correos de la Contraloría, “dada la relevancia institucional y el interés público que ha suscitado este asunto".
En una profunda discusión sobre el papel del sistema de medios públicos en Colombia, Andrés Caro, analista de La Silla Vacía, aborda las preocupaciones sobre el uso de RTVC como un verdadero aparato de propaganda del gobierno de Gustavo Petro. En su columna reciente, Caro argumenta que el actual sistema de medios públicos ha dejado de ser un espacio para la información imparcial y crítica, convirtiéndose en una plataforma para difundir la imagen y los mensajes del presidente y sus aliados.Caro sostiene que el presupuesto destinado a RTVC se ha invertido en contratar comunicadores y hasta influenciadores que no solo propagan la narrativa oficial, sino que también atacan a la oposición a través de las redes sociales. Por primera vez, se evidencia un cambio radical en la esencia de los medios públicos, que ahora se han alineado completamente a la estrategia comunicativa del gobierno, dejando de lado la cultura y la educación, que deberían ser su principal vocación.Se destaca la preocupación de que la figura de los consejos de ministros se ha utilizado como un medio de propaganda, exigiendo a los medios privados transmitir esas locuciones como si fueran alocuciones presidenciales. Caro advirtió que esta manipulación de la información no solo limita la libertad de prensa, sino que también impide que los medios informen de manera objetiva, lo que genera una erosión en la confianza del público en la información que reciben.Otro punto crítico mencionado por Caro es la existencia de vetos aplicados a figuras públicas y periodistas que critican al Gobierno, destacando que muchos de estos vetos afectan a mujeres, lo que añade una dimensión de género a la discusión sobre la censura en los medios.Caro concluye que es esencial reconstruir el sistema de medios públicos en Colombia para que no dependa de la voluntad del presidente, sugiriendo ejemplos de otras naciones donde los medios públicos tienen una estructura más independiente, lo cual permitiría ofrecer información más objetiva y diversa. En última instancia, la crítica a la actual administración no solo es sobre la propaganda, sino sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y pluralizada, evitando caer en un ambiente de desinformación y control informativo.A medida que la controversia crece sobre el papel de RTVC su relación con el Gobierno de Gustavo Petro, la necesidad de un debate sobre el futuro de los medios públicos en Colombia se vuelve cada vez más urgente.Escuche la entrevista completa acá:
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.
