La defensora de derechos humanos Lina Castillo aseguró que la reciente decisión judicial que descartó que el escrache constituya un delito representa un precedente para la protección de las mujeres que denuncian violencias basadas en género en Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Castillo afirmó que el giro en su proceso judicial se produjo gracias a que su caso comenzó a ser analizado con enfoque de género y de derechos humanos, luego de varios años de enfrentar una denuncia interpuesta por el actual director de RTVC, Hollman Morris.Castillo recordó que durante años vivió un proceso que calificó como una "persecución judicial", en el que, pese a haber denunciado presuntas violencias de género, terminó siendo investigada por sus denuncias públicas."Nunca fue trabajado bajo un enfoque de género, pero además sin garantías en un proceso de persecución judicial que viví y que todavía estoy viviendo", afirmó.Según explicó, el cambio comenzó a consolidarse desde el año pasado con la estrategia jurídica liderada por su defensa y con la intervención de una nueva delegada especializada en derechos humanos y enfoque de género dentro de la Fiscalía. A esto se sumó, dijo, la posición asumida por la Procuraduría durante la audiencia más reciente."La Procuraduría fue muy clara y dejó un precedente muy grande del marco de derechos que se debe reconocer a cualquier mujer que denuncie violencias basadas en género en Colombia", sostuvo.Uno de los principales alcances de la decisión judicial, según Castillo, es el reconocimiento del escrache como un mecanismo legítimo de denuncia. La activista explicó que esta figura permite a las víctimas visibilizar hechos de violencia, incluso a través de redes sociales, sin que ello implique necesariamente la existencia previa de una denuncia formal ante las autoridades."El escrache ya por sí mismo es una denuncia y se debe proteger", señaló.Asimismo, indicó que el fallo ratifica que las instituciones tienen el deber de acompañar y proteger a quienes denuncian, en lugar de revictimizarlas. "Quienes denunciamos debemos ser protegidas, y la Fiscalía y todas las entidades competentes deben rodear y proteger de antemano siempre a las víctimas", agregó.No obstante, Castillo aclaró que el proceso judicial aún no concluye completamente. Explicó que permanece abierta una parte relacionada con unas declaraciones que realizó sobre un presunto atropellamiento con un vehículo perteneciente al esquema de protección de Hollman Morris.La defensora indicó que ese aspecto del caso se mantiene porque, según la acusación, no habría aportado una prueba suficiente para acreditar el hecho. Sin embargo, aseguró que presentó una incapacidad médica y que, posteriormente, realizó una retractación pública sobre algunos elementos de esa denuncia."Nosotros ya hicimos incluso una retractación pública, la cual no ha sido tenida en cuenta", manifestó, aunque evitó profundizar debido a que ese punto continúa en trámite judicial.Más allá del desenlace jurídico, Castillo habló del impacto personal que le dejó este proceso iniciado en 2019. Aseguró que la investigación afectó su vida personal, profesional y emocional durante varios años."Este proceso me ha quitado muchos años de mi vida... me ha quitado gran parte de mi formación política y social, además del impacto emocional, físico y de salud mental que he tenido", expresó.Finalmente, sostuvo que espera que el caso concluya pronto y que la decisión sirva como referente para futuras denuncias de violencia de género en el país."No solo es por mí, realmente es por todas las mujeres que se atreven a denunciar... esperamos que esto no solo marque un precedente para el país, sino también para todos los cargos públicos", concluyó.
La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
Un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea generó debate sobre el papel de los medios de comunicación durante las elecciones legislativas en Colombia. El documento analizó el cubrimiento de la campaña por parte de medios públicos y privados y señaló posibles desequilibrios en la cobertura.Según ese reporte, los medios estatales habrían dedicado más atención a actividades del Gobierno y a sectores políticos cercanos al oficialismo, entre ellos el Pacto Histórico. Ante estos señalamientos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, respondió a las críticas y defendió el trabajo del sistema de medios públicos en conversación con Mañanas Blu 10:30.RTVC dice que el informe es preliminarDurante una entrevista radial, Morris afirmó que el informe conocido hasta ahora no es definitivo y que el sistema de medios públicos no comparte las conclusiones presentadas.“Respetamos a la misión, pero no compartimos el informe”, afirmó.El gerente explicó que RTVC sostuvo una reunión con los observadores para presentar sus observaciones y aclarar lo que considera errores o confusiones en el análisis.Según Morris, una de las dificultades del informe es que no todos los candidatos aceptaron las invitaciones del medio público para participar en espacios informativos, lo que pudo afectar la percepción sobre el equilibrio de la cobertura.Debate por el papel de RTVCOtro punto que, según Morris, generó confusión en el informe tiene que ver con la forma en que se clasifican los canales públicos.El gerente explicó que el Canal Institucional tiene una función legal específica: difundir acciones del Estado, incluidas sesiones del Congreso y actividades de entidades públicas.Por esa razón, sostuvo que parte del contenido analizado por la misión corresponde a obligaciones legales del canal y no necesariamente a cubrimiento político de campañas.Morris indicó que estas aclaraciones fueron planteadas a la misión de observación y que espera que se reflejen en el informe final.Cómo se organizó el cubrimiento electoralEl gerente también explicó cómo se estructuró la cobertura informativa durante el proceso electoral.Según señaló, el sistema de medios públicos adoptó un “decálogo” de cubrimiento basado en recomendaciones de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral.Ese documento, dijo, fue socializado entre los periodistas del sistema de medios públicos, que cuenta con más de 280 reporteros en distintas regiones del país.De acuerdo con Morris, RTVC desplegó cobertura en cerca de 89 puntos del territorio nacional durante la jornada electoral.Además, afirmó que el sistema informativo lleva un registro detallado de los espacios dedicados a cada actor político.“Hay una tabla minuto a minuto de qué días y a qué personas u organizaciones políticas entrevistamos”, explicó.Durante la entrevista, Morris también se refirió a situaciones que, según él, han enfrentado periodistas de RTVC durante coberturas de manifestaciones políticas.El gerente aseguró que algunos reporteros han sido insultados o rechazados durante eventos relacionados con sectores de la oposición.Incluso mencionó un episodio en el que, según dijo, una candidata presidencial se negó a conceder una entrevista a un periodista del medio por pertenecer al sistema de medios públicos.En ese contexto, Morris anunció que RTVC presentará públicamente pruebas de lo que calificó como campañas de estigmatización y ataques contra el medio.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
RTVC impugnó ante el Consejo de Estado el fallo de tutela que restringió las alocuciones presidenciales, al considerar que vulnera el pluralismo informativo. En el documento, sostienen que la decisión de primera instancia “realizó una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Constitucional” y que “las alocuciones presidenciales no vulneran, sino que garantizan el derecho a la libertad de información”.Hace unos días, la discusión sobre las alocuciones presidenciales volvió a la agenda pública luego de que el Consejo de Estado protegiera el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de dichas alocuciones por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Por ello, ordenó evitar transmisiones prolongadas o repetitivas que interfieran con la programación habitual de los medios, y dispuso que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adopte, antes del 31 de diciembre de 2025, un marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“Con lo anterior, es preciso advertir que la decisión del Consejo de Estado puede derivar, en la práctica, en una forma de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Política y reiteradamente reprochada por la Corte Constitucional”, argumentó RTVC.La tutela, promovida por Miguel Uribe Turbay y otros ciudadanos, fue fallada a favor de los accionantes el pasado 16 de septiembre por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esa decisión, el alto tribunal ordenó que toda alocución presidencial “responda a una justificación o razón suficiente”, no sea “recurrente en el mismo intervalo semanal” y tenga límites temáticos y temporales.En ese sentido, RTVC considera que dicho fallo impone restricciones no previstas en la ley y que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) no tiene facultades para impedir o condicionar las intervenciones del presidente”. Según la apelación, el Consejo de Estado “excedió su competencia” al crear exigencias que “modifican de facto una facultad establecida expresamente por el Congreso”.Lo cierto es que, tras este fallo de tutela que le puso freno a las alocuciones del presidente Petro por canales públicos y privados, la Presidencia de la República debe informar previamente a la CRC el tema y la duración de cada intervención.
Durante la multitudinaria marcha del silencio que se realizó en Bucaramanga este domingo, en la que, según la Alcaldía, cerca de 30.000 personas salieron a las calles para pedir paz en Colombia y la recuperación del senador Miguel Uribe, se registró una agresión contra dos comunicadores del canal público RTVC.El periodista Nicolás Torres y el camarógrafo Fredy Pernía fueron atacados física y verbalmente por un grupo de asistentes a la movilización, lo que obligó a los reporteros a suspender el cubrimiento y abandonar el lugar. En videos que circulan en redes sociales, se observa a un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia lanzando patadas al periodista, mientras otras personas los insultan y empujan.La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó lo ocurrido. “Mientras cumplían su labor de informar de forma pacífica, los comunicadores fueron insultados. También fueron escupidos en cinco ocasiones y agredidos con puños y patadas. Además, intentaron dañar sus equipos de grabación”, señaló la organización.La FLIP también denunció que las agresiones se produjeron sin presencia institucional que garantizara la protección de los periodistas, y advirtió que este tipo de situaciones deben ser atendidas con urgencia por las autoridades.La organización recordó que este no es un hecho aislado. El pasado domingo, la periodista Gelitza Jiménez, también de RTVC, fue hostigada en Bogotá mientras cubría el estado de salud del senador Miguel Uribe.“Atacar a la prensa es atacar el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Una prensa libre, sin violencia ni censura, es pilar fundamental de la democracia”, enfatizó la FLIP.La Fundación hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga y la Policía Nacional para que garanticen el cubrimiento seguro de periodistas en contextos de movilización social. “Estas instituciones tienen la responsabilidad y el deber de proteger la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esta labor”, concluyó la organización.
Tras conocerse la presunta firma de un contrato entre el Ministerio del Interior y RTVC, y que despertó algunas señales de alerta, la Contraloría le envió una carta al ministro Armando Benedetti, solicitando algunos documentos en los que se pueda o no comprobar el convenio, puesto que a través de sus redes sociales, RTVC notificó que es falso que el contrato referenciado fuera real.La carta manifiesta que deben ser entregados la copia del contrato o contratos suscritos entre MinInterior y RTVC guantes el 2020 al 2025, junto con adiciones, modificaciones o actas complementarias. Asimismo, deben anear estudios previos, documentación, análisis de costos y sustento financiero para la contratación, cronogramas e informes detallados de la ejecución o las copias de liquidación en caso de haber terminado.Además, piden la relación de los eventos ejecutados o proyectados con fecha, lugar y actividades realizadas con su respectivo coto y la identificación de los funcionarios responsables de los procesos de contratación, tanto en etapa de planeación como de supervisión.“Se pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso”, afirma la Contraloría.Entre tanto, la entidad solicitó que en un plazo no mayor a dos días, se envíe la documentación a los correos de la Contraloría, “dada la relevancia institucional y el interés público que ha suscitado este asunto".
Este sábado, 7 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre el impacto que tendrá la posesión de Abelardo De La Espriella para la capital del Valle del Cauca.La Corte Suprema ordenó la libertad de Luis Fernando Velasco. El alto tribunal tumbó la medida de aseguramiento contra el exministro al considerar que se vulneró el debido procesoLa Fiscalía pidió investigar al presidente Gustavo Petro. La solicitud fue enviada a la Comisión de Acusación por la divulgación de información de la historia clínica del menor Kevin Acosta.Estados Unidos envió una delegación de alto nivel a la posesión presidencial. La comitiva, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche y el director de la DEA, destacó el interés de Washington en fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y migración.Escuche el programa completo aquí:
Con equipos especializados y personal entrenado en manejo de explosivos, el Grupo Antiexplosivos de la Policía reforzó las labores de seguridad en Cali durante la jornada de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que concentra una alta presencia de autoridades, invitados y ciudadanos en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca.El despliegue hace parte del plan de seguridad ‘Blindaje’ y contempla inspecciones preventivas en corredores viales, escenarios considerados estratégicos y lugares donde se prevé una mayor concentración de personas. Los uniformados verifican diferentes espacios y realizan monitoreos para identificar oportunamente objetos o elementos que puedan representar algún riesgo.La tarea de estos equipos especializados consiste en establecer si un elemento sospechoso puede contener material explosivo y, de ser necesario, aplicar los protocolos para su aislamiento, verificación y neutralización. Las revisiones se realizan antes y durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la jornada presidencial.El componente antiexplosivos se suma al amplio dispositivo de seguridad desplegado en Cali para la posesión, en medio de las medidas de control adoptadas para proteger los desplazamientos, instalaciones y zonas donde se desarrollan actividades oficiales.La Policía también pidió a los ciudadanos reportar cualquier objeto o situación que resulte sospechosa y evitar manipular elementos abandonados. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 123 y del número 3213945156.
La ofensiva de las autoridades contra las estructuras del ELN en el Magdalena Medio permitió la captura de alias 'Yender', señalado de integrar las redes de apoyo al terrorismo de ese grupo armado y de coordinar acciones relacionadas con homicidios selectivos y extorsiones en esta región del país.El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña No. 2 Nueva Granada, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial.De acuerdo con las investigaciones, alias 'Yender' era requerido por los delitos de homicidio agravado, rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.Le puede interesar: Hombre hallado muerto en Floridablanca era exjefe de las AUC del Magdalena MedioLas autoridades lo señalan de participar en el asesinato de líderes sociales en los municipios de Yondó (Antioquia) y Aguachica (Cesar), además de estar presuntamente involucrado en homicidios selectivos y en el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y otros sectores productivos del Magdalena Medio.Según el Ejército Nacional, la captura representa un golpe a las redes de apoyo del ELN, ya que el procesado tendría un papel clave en la articulación de acciones criminales orientadas a mantener el control territorial mediante la intimidación y la violencia.Las autoridades indicaron que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos que le son atribuidos, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos violentos registrados en la región.Con este resultado, las tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad en el Magdalena Medio.
El apego es una parte natural del desarrollo humano y está presente en todas las personas. Sin embargo, cuando se desarrolla de forma insegura puede influir en la manera en que se viven las relaciones de pareja, familiares o de amistad. Uno de los estilos más comunes es el apego ansioso, un patrón que, según la psicóloga chilena Soledad Grunert, suele manifestarse con una necesidad constante de seguridad emocional y miedo a que el otro se aleje.Durante una entrevista en En Blu Jeans, la especialista en vínculos adultos explicó qué es el apego ansioso, cómo reconocerlo y qué herramientas pueden ayudar a modificar este patrón en la adultez.¿Cómo identificar si tiene apego ansioso?Grunert aclaró que el apego no es algo negativo por sí mismo, ya que se trata de una necesidad biológica con la que nacen todos los seres humanos."El apego es una necesidad biológica innata absolutamente básica con la que estamos cableados todos los seres humanos", explicó.No obstante, señaló que existen variantes inseguras del apego, entre ellas el apego ansioso, que suele desarrollarse cuando durante la infancia las respuestas emocionales de los cuidadores fueron inconsistentes.Según la especialista, algunas señales que pueden indicar un apego ansioso son:Estar muy pendiente de las acciones o respuestas de la otra persona.Sentir ansiedad cuando la pareja o un ser querido tarda en responder.Buscar constantemente confirmaciones de afecto.Temor frecuente a que el otro se aleje o abandone la relación.Tendencia a insistir, perseguir o aferrarse cuando siente distancia emocional.La psicóloga explicó que estas conductas aparecen porque la persona desarrolla una fuerte necesidad de asegurarse de que el otro seguirá disponible emocionalmente.¿Por qué se desarrolla el apego ansioso?De acuerdo con Grunert, este patrón suele originarse cuando, durante la infancia, las figuras de cuidado respondían de forma inconsistente ante las necesidades emocionales del niño.La especialista hizo énfasis en que esto no significa necesariamente que los padres no hayan querido a sus hijos."No tiene que ver con cuánto me quisieron, tiene que ver con la calidad de las respuestas emocionales", afirmó.Explicó que cuando un niño recibe apoyo algunas veces, pero en otras no encuentra esa respuesta emocional, su sistema nervioso aprende que no puede tener la certeza de que alguien estará disponible cuando lo necesite.Como consecuencia, desarrolla estrategias para intentar garantizar esa cercanía, lo que más adelante puede traducirse en hipervigilancia, necesidad constante de reafirmación y miedo a la distancia emocional.¿Se puede cambiar el apego ansioso?Una de las principales dudas sobre este tema es si este estilo de apego permanece durante toda la vida. Frente a ello, la psicóloga fue enfática en señalar que sí es posible modificarlo."Absolutamente. No es una enfermedad, es una forma aprendida de funcionar y de protegernos", aseguró.Añadió que el sistema de apego puede cambiar mediante nuevas experiencias emocionales y relaciones más seguras.Durante la entrevista, Soledad Grunert explicó que el primer paso consiste en desarrollar conciencia sobre el origen de esas reacciones antes de actuar impulsivamente.Entre las recomendaciones que mencionó están:Identificar cuándo aparece la ansiedad en la relación.Preguntarse si el temor responde a una situación real del presente o a experiencias del pasado.Cuestionar las interpretaciones automáticas que surgen en momentos de estrés.Aprender herramientas de autorregulación emocional, sin depender exclusivamente de otra persona para recuperar la calma.Construir vínculos donde exista una mayor consistencia y disponibilidad emocional.La especialista explicó que muchas personas con apego ansioso buscan regular su ansiedad únicamente a través de la pareja, por lo que aprender a gestionar las propias emociones también hace parte del proceso de cambio.
El cabildante, más conocido en la capital de Antioquia como 'El Gury' Rodríguez, busca tumbar las curules de Iván Cépeda y Aida Quilqué, elevando esta petición ante el alto tribunal de lo contencioso, al argumentar cuestionamientos sobre la legitimidad de las curules del sector opositor asociadas a los resultados electorales, más exactamente al llamado Voto fusil.Hay que recordar que, semanas, atrás la Misión Colombia Transparente denunció constreñimiento en las elecciones presidenciales, más en la segunda vuelta, y en donde el candidato Iván Cepeda habría obtenido cuatro millones de votos gracias a la presión de grupos armados ilegales y estructuras criminales que derivaron en el voto fusil.A través de un trino en su cuenta de X, el cabildante de Medellín, 'El Gury' Rodríguez señaló:“Hemos presentado demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de la elección de Iván Cepeda y Aida Quilque, por la votación irregular y atípica gracias al ya comprobado voto fusil. Hemos analizado mesa a mesa, punto de votación a punto de votación, municipio por municipio, departamento por departamento: son casi 4 millones de votos irregulares y ya están probados”.Le puede interesar: Dos quejas ante Procuraduría denuncian que Andrés, "El Gury" Rodríguez, no debería ejercer curulA renglón seguido, el concejal de subraya que el Pacto Histórico y otros, se aliaron con todos los grupos delincuenciales, socios de Gustavo Petro, jugando a los congelados y obligando a la población a votar por la izquierda.Las irregularidades se concentran principalmente en regiones con alta influencia de economías ilegales (narcotráfico y minería ilegal) y fuerte control territorial de grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Entre los departamentos más afectados se mencionan Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá y la subregión del Catatumbo.
