En medio de la revisión de la contratación de Inravisión, Sistema de Medios Públicos, fueron identificados contratos por alrededor de 7.255 millones de pesos de recursos provenientes del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que se destinaron a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital” durante meses considerados clave para la campaña presidencial de 2026, reveló un informe del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTic).Un contrato con el Ministerio de Educación, por 10.000 millones, destinó 6.362.619.652 al pago de pauta y/o contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026. De ese monto, 3D Mobile 3DM SAS recibió 1.364.619.653 y Prowess SAS, 4.997.999.999, detallaron la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.A esto se suma el Convenio Interadministrativo No. 390-2026, suscrito con el DAPRE por 1.500 millones de pesos, de los cuales 892.845.137 fueron utilizados para un “plan digital” entre marzo, junio, julio y agosto.Los hallazgos son puestos bajo la lupa teniendo en cuenta el calendario electoral: la primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio. La revisión plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar este tipo de gastos frente a otras necesidades de sectores como educación y los programas sociales de la Vicepresidencia, especialmente en un contexto de dificultades financieras del Gobierno. Los nuevos hallazgos se suman a la detección de más de 1.051 contratos suscritos durante 2026 por un valor superior a 100.000 millones. Además, entre el 6 y el 7 de agosto se habrían firmado 87 contratos por cerca de $4.000 millones.Ante este panorama, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal de la entidad.
El futuro de los medios públicos en Colombia abrió un nuevo debate tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre el sistema informativo de Inravisión, antes RTVC. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Álvaro García, exgerente de RTVC, consideró que la discusión debe ir más allá del desmonte de la franja informativa y centrarse en cómo garantizar la independencia de los medios públicos.García explicó que RTVC Noticias nació después de una inversión para recuperar la infraestructura de producción y transmisión de la entidad, además de la necesidad de garantizar el acceso a información pública durante la pandemia.“Se juntaron las dos cosas, se recuperó la infraestructura y se lanzó un noticiero con perfil del noticiero público. Era un noticiero que era complemento informativo a la oferta de las noticias de los sistemas privados de información, de redes sociales”, dijo.El riesgo de convertir los medios públicos en propagandaEl exgerente de RTVC reconoció que existía el riesgo de que un sistema informativo dependiente del Ejecutivo pudiera ser utilizado por un gobierno de turno. Sin embargo, señaló que durante su administración se buscó preservar la independencia y la credibilidad.“Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de qué iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, destacó.Sobre la decisión actual del Gobierno, García aseguró que comprende las razones expuestas para modificar el sistema informativo, pero advirtió que eliminar la información de los medios públicos no sería la solución.“Yo creo que más allá de hacer un paréntesis en el funcionamiento del sistema informativo, lo que hay que hacer es una reflexión como país. Es decir, la información no puede ser sustraída de los contenidos del sistema de medios públicos por el hecho de que unas personas o un gobierno decida darle un tratamiento específico”, precisó.Información regional y servicio públicoGarcía también resaltó el papel que RTVC puede cumplir en regiones donde los medios privados no necesariamente tienen incentivos para producir contenidos.“La información con perfil regional, el fortalecimiento de la generación de información desde las regiones, la vocación de servicio público detrás de la información”, mencionó al explicar algunos de los elementos que deberían orientar el sistema de medios públicos.Finalmente, sostuvo que RTVC debe mantener una programación relacionada con identidad, cultura, educación e información, con contenidos relevantes y complementarios a la oferta privada.Escuche la entrevista completa aquí:
La nueva administración de Inravisión anunció una transformación integral del Sistema de Medios Públicos de Colombia, con cambios en la programación, revisión de contratos y convenios y el acompañamiento de organismos de control para examinar la situación contractual y presupuestal de la entidad.Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.De acuerdo con el Ministerio TIC, el propósito de esta reorganización es fortalecer el carácter público, plural e independiente del sistema y orientar sus contenidos hacia la cultura, el arte, la educación, la diversidad regional y el interés ciudadano.Una de las principales decisiones es la finalización de la franja noticiosa y de opinión que estuvo al aire hasta el pasado 6 de agosto, mientras la entidad era dirigida por Holman Morris, durante el gobierno de Gustavo Petro.Según la nueva administración, hasta esa fecha Inravisión mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos humanos y técnicos disponibles para actividades que la entidad califica como periodísticas.La administración ordenó además una revisión inmediata de los contenidos y formatos que permanecen al aire. El objetivo, según el Ministerio TIC, es que respondan a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.La nueva programación tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con contenidos orientados a reconocer la diversidad de las regiones, fortalecer la identidad nacional y ampliar el espacio para las distintas voces del país tanto en radio y televisión como en las plataformas digitales públicas.Revisarán más de mil contratosOtro de los puntos centrales de la reorganización será la revisión de los contratos y convenios actualmente vigentes.La nueva administración informó que durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones. Además, aseguró que solamente entre el 6 y el 7 de agosto fueron firmados 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.Estos acuerdos serán objeto de revisión, al igual que los convenios interadministrativos con ministerios y otras entidades nacionales relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante este año.La administración de Inravisión anunció, además, que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para examinar el estado contractual y presupuestal de la entidad.La revisión incluirá posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como acuerdos relacionados con mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre.Según la nueva administración, algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales. La entidad aseguró que entregará la información a los organismos competentes para que sean estas autoridades las que establezcan si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.El Gobierno plantea esta reorganización como el inicio de una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos, con el propósito de concentrar las capacidades de Inravisión en su misión de prestar un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.La administración aseguró que busca construir un sistema "plural, independiente y transparente", en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional tengan un papel central.El proceso de reorganización comenzó el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial relacionada con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, con contenidos destinados a acompañar e informar a las comunidades afectadas.
La defensora de derechos humanos Lina Castillo aseguró que la reciente decisión judicial que descartó que el escrache constituya un delito representa un precedente para la protección de las mujeres que denuncian violencias basadas en género en Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Castillo afirmó que el giro en su proceso judicial se produjo gracias a que su caso comenzó a ser analizado con enfoque de género y de derechos humanos, luego de varios años de enfrentar una denuncia interpuesta por el actual director de RTVC, Hollman Morris.Castillo recordó que durante años vivió un proceso que calificó como una "persecución judicial", en el que, pese a haber denunciado presuntas violencias de género, terminó siendo investigada por sus denuncias públicas."Nunca fue trabajado bajo un enfoque de género, pero además sin garantías en un proceso de persecución judicial que viví y que todavía estoy viviendo", afirmó.Según explicó, el cambio comenzó a consolidarse desde el año pasado con la estrategia jurídica liderada por su defensa y con la intervención de una nueva delegada especializada en derechos humanos y enfoque de género dentro de la Fiscalía. A esto se sumó, dijo, la posición asumida por la Procuraduría durante la audiencia más reciente."La Procuraduría fue muy clara y dejó un precedente muy grande del marco de derechos que se debe reconocer a cualquier mujer que denuncie violencias basadas en género en Colombia", sostuvo.Uno de los principales alcances de la decisión judicial, según Castillo, es el reconocimiento del escrache como un mecanismo legítimo de denuncia. La activista explicó que esta figura permite a las víctimas visibilizar hechos de violencia, incluso a través de redes sociales, sin que ello implique necesariamente la existencia previa de una denuncia formal ante las autoridades."El escrache ya por sí mismo es una denuncia y se debe proteger", señaló.Asimismo, indicó que el fallo ratifica que las instituciones tienen el deber de acompañar y proteger a quienes denuncian, en lugar de revictimizarlas. "Quienes denunciamos debemos ser protegidas, y la Fiscalía y todas las entidades competentes deben rodear y proteger de antemano siempre a las víctimas", agregó.No obstante, Castillo aclaró que el proceso judicial aún no concluye completamente. Explicó que permanece abierta una parte relacionada con unas declaraciones que realizó sobre un presunto atropellamiento con un vehículo perteneciente al esquema de protección de Hollman Morris.La defensora indicó que ese aspecto del caso se mantiene porque, según la acusación, no habría aportado una prueba suficiente para acreditar el hecho. Sin embargo, aseguró que presentó una incapacidad médica y que, posteriormente, realizó una retractación pública sobre algunos elementos de esa denuncia."Nosotros ya hicimos incluso una retractación pública, la cual no ha sido tenida en cuenta", manifestó, aunque evitó profundizar debido a que ese punto continúa en trámite judicial.Más allá del desenlace jurídico, Castillo habló del impacto personal que le dejó este proceso iniciado en 2019. Aseguró que la investigación afectó su vida personal, profesional y emocional durante varios años."Este proceso me ha quitado muchos años de mi vida... me ha quitado gran parte de mi formación política y social, además del impacto emocional, físico y de salud mental que he tenido", expresó.Finalmente, sostuvo que espera que el caso concluya pronto y que la decisión sirva como referente para futuras denuncias de violencia de género en el país."No solo es por mí, realmente es por todas las mujeres que se atreven a denunciar... esperamos que esto no solo marque un precedente para el país, sino también para todos los cargos públicos", concluyó.
La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
Un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea generó debate sobre el papel de los medios de comunicación durante las elecciones legislativas en Colombia. El documento analizó el cubrimiento de la campaña por parte de medios públicos y privados y señaló posibles desequilibrios en la cobertura.Según ese reporte, los medios estatales habrían dedicado más atención a actividades del Gobierno y a sectores políticos cercanos al oficialismo, entre ellos el Pacto Histórico. Ante estos señalamientos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, respondió a las críticas y defendió el trabajo del sistema de medios públicos en conversación con Mañanas Blu 10:30.RTVC dice que el informe es preliminarDurante una entrevista radial, Morris afirmó que el informe conocido hasta ahora no es definitivo y que el sistema de medios públicos no comparte las conclusiones presentadas.“Respetamos a la misión, pero no compartimos el informe”, afirmó.El gerente explicó que RTVC sostuvo una reunión con los observadores para presentar sus observaciones y aclarar lo que considera errores o confusiones en el análisis.Según Morris, una de las dificultades del informe es que no todos los candidatos aceptaron las invitaciones del medio público para participar en espacios informativos, lo que pudo afectar la percepción sobre el equilibrio de la cobertura.Debate por el papel de RTVCOtro punto que, según Morris, generó confusión en el informe tiene que ver con la forma en que se clasifican los canales públicos.El gerente explicó que el Canal Institucional tiene una función legal específica: difundir acciones del Estado, incluidas sesiones del Congreso y actividades de entidades públicas.Por esa razón, sostuvo que parte del contenido analizado por la misión corresponde a obligaciones legales del canal y no necesariamente a cubrimiento político de campañas.Morris indicó que estas aclaraciones fueron planteadas a la misión de observación y que espera que se reflejen en el informe final.Cómo se organizó el cubrimiento electoralEl gerente también explicó cómo se estructuró la cobertura informativa durante el proceso electoral.Según señaló, el sistema de medios públicos adoptó un “decálogo” de cubrimiento basado en recomendaciones de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral.Ese documento, dijo, fue socializado entre los periodistas del sistema de medios públicos, que cuenta con más de 280 reporteros en distintas regiones del país.De acuerdo con Morris, RTVC desplegó cobertura en cerca de 89 puntos del territorio nacional durante la jornada electoral.Además, afirmó que el sistema informativo lleva un registro detallado de los espacios dedicados a cada actor político.“Hay una tabla minuto a minuto de qué días y a qué personas u organizaciones políticas entrevistamos”, explicó.Durante la entrevista, Morris también se refirió a situaciones que, según él, han enfrentado periodistas de RTVC durante coberturas de manifestaciones políticas.El gerente aseguró que algunos reporteros han sido insultados o rechazados durante eventos relacionados con sectores de la oposición.Incluso mencionó un episodio en el que, según dijo, una candidata presidencial se negó a conceder una entrevista a un periodista del medio por pertenecer al sistema de medios públicos.En ese contexto, Morris anunció que RTVC presentará públicamente pruebas de lo que calificó como campañas de estigmatización y ataques contra el medio.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno Nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.
Entre un carro chino, uno europeo o uno japonés, Javier Sendín (reconocido como uno de los mejores mecánicos del mundo) tendría clara su elección si hoy tuviera que comprar un vehículo nuevo: un híbrido enchufable (PHEV) de origen japonés. El mecánico, ganador del premio al Mejor Mecánico de España en 2023, considera que esta tecnología permite utilizar la propulsión eléctrica en los recorridos urbanos y conservar el motor de combustión para los viajes largos.Sendín ni siquiera considera que comprar un carro nuevo sea una decisión que tomaría actualmente. El experto aseguró que, en su caso, preferiría no hacerlo debido al elevado precio de los vehículos y, especialmente, al costo que pueden alcanzar sus reparaciones.Y como ningún conductor está exento, un accidente puede afectar el bolsillo incluso cuando el vehículo no presenta un daño mecánico de gran magnitud. Sendín señaló que un golpe frontal que afecte los dos faros y los airbags puede llevar a que el carro sea declarado siniestro total por el costo de la reparación.¿Por qué escogería un híbrido enchufable?Si las circunstancias lo obligaran a cambiar de carro, la tecnología PHEV sería su alternativa. Sendín considera que estos vehículos reúnen dos posibilidades que normalmente están separadas: desplazamientos con propulsión completamente eléctrica y la autonomía adicional que proporciona un motor de combustión.En recorridos urbanos, el vehículo puede utilizar únicamente la energía almacenada en la batería, sin emisiones por el escape y con un costo de uso menor. Para trayectos largos, el motor de combustión permite continuar el recorrido sin depender exclusivamente de la autonomía eléctrica.La evolución de esta tecnología también ha permitido que algunos híbridos enchufables superen los 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Para un conductor que utilice el carro principalmente en ciudad, esa capacidad puede cubrir una parte importante de los desplazamientos habituales antes de recurrir al motor de gasolina.A esto se suman las ventajas asociadas en España a la etiqueta CERO, que puede facilitar la movilidad en determinadas zonas restringidas y ofrecer beneficios relacionados con estacionamiento y fiscalidad.¿Por qué preferiría una marca japonesa?La elección de Sendín no se limita al tipo de propulsión. Ante la posibilidad de comprar un PHEV, también dejó clara su preferencia por un fabricante japonés.El mecánico no plantea su elección como una descalificación de las marcas europeas o chinas. Su respuesta parte de lo que considera más conveniente para su propio caso, después de señalar que actualmente los carros nuevos tienen un costo elevado tanto de adquisición como de reparación.De hecho, Sendín reconoce que los vehículos modernos ofrecen avances importantes frente a generaciones anteriores. Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han aumentado y los carros son más cómodos y fáciles de conducir.El problema es que esa mayor cantidad de tecnología también puede encarecer las reparaciones. Por eso, su postura combina dos ideas: evitaría comprar un carro nuevo mientras no lo necesite, pero si tuviera que hacerlo, buscaría un PHEV japonés.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Ilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
