La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
Un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea generó debate sobre el papel de los medios de comunicación durante las elecciones legislativas en Colombia. El documento analizó el cubrimiento de la campaña por parte de medios públicos y privados y señaló posibles desequilibrios en la cobertura.Según ese reporte, los medios estatales habrían dedicado más atención a actividades del Gobierno y a sectores políticos cercanos al oficialismo, entre ellos el Pacto Histórico. Ante estos señalamientos, el gerente de RTVC, Hollman Morris, respondió a las críticas y defendió el trabajo del sistema de medios públicos en conversación con Mañanas Blu 10:30.RTVC dice que el informe es preliminarDurante una entrevista radial, Morris afirmó que el informe conocido hasta ahora no es definitivo y que el sistema de medios públicos no comparte las conclusiones presentadas.“Respetamos a la misión, pero no compartimos el informe”, afirmó.El gerente explicó que RTVC sostuvo una reunión con los observadores para presentar sus observaciones y aclarar lo que considera errores o confusiones en el análisis.Según Morris, una de las dificultades del informe es que no todos los candidatos aceptaron las invitaciones del medio público para participar en espacios informativos, lo que pudo afectar la percepción sobre el equilibrio de la cobertura.Debate por el papel de RTVCOtro punto que, según Morris, generó confusión en el informe tiene que ver con la forma en que se clasifican los canales públicos.El gerente explicó que el Canal Institucional tiene una función legal específica: difundir acciones del Estado, incluidas sesiones del Congreso y actividades de entidades públicas.Por esa razón, sostuvo que parte del contenido analizado por la misión corresponde a obligaciones legales del canal y no necesariamente a cubrimiento político de campañas.Morris indicó que estas aclaraciones fueron planteadas a la misión de observación y que espera que se reflejen en el informe final.Cómo se organizó el cubrimiento electoralEl gerente también explicó cómo se estructuró la cobertura informativa durante el proceso electoral.Según señaló, el sistema de medios públicos adoptó un “decálogo” de cubrimiento basado en recomendaciones de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral.Ese documento, dijo, fue socializado entre los periodistas del sistema de medios públicos, que cuenta con más de 280 reporteros en distintas regiones del país.De acuerdo con Morris, RTVC desplegó cobertura en cerca de 89 puntos del territorio nacional durante la jornada electoral.Además, afirmó que el sistema informativo lleva un registro detallado de los espacios dedicados a cada actor político.“Hay una tabla minuto a minuto de qué días y a qué personas u organizaciones políticas entrevistamos”, explicó.Durante la entrevista, Morris también se refirió a situaciones que, según él, han enfrentado periodistas de RTVC durante coberturas de manifestaciones políticas.El gerente aseguró que algunos reporteros han sido insultados o rechazados durante eventos relacionados con sectores de la oposición.Incluso mencionó un episodio en el que, según dijo, una candidata presidencial se negó a conceder una entrevista a un periodista del medio por pertenecer al sistema de medios públicos.En ese contexto, Morris anunció que RTVC presentará públicamente pruebas de lo que calificó como campañas de estigmatización y ataques contra el medio.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
RTVC impugnó ante el Consejo de Estado el fallo de tutela que restringió las alocuciones presidenciales, al considerar que vulnera el pluralismo informativo. En el documento, sostienen que la decisión de primera instancia “realizó una interpretación errónea de la sentencia de la Corte Constitucional” y que “las alocuciones presidenciales no vulneran, sino que garantizan el derecho a la libertad de información”.Hace unos días, la discusión sobre las alocuciones presidenciales volvió a la agenda pública luego de que el Consejo de Estado protegiera el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de dichas alocuciones por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Por ello, ordenó evitar transmisiones prolongadas o repetitivas que interfieran con la programación habitual de los medios, y dispuso que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adopte, antes del 31 de diciembre de 2025, un marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“Con lo anterior, es preciso advertir que la decisión del Consejo de Estado puede derivar, en la práctica, en una forma de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Política y reiteradamente reprochada por la Corte Constitucional”, argumentó RTVC.La tutela, promovida por Miguel Uribe Turbay y otros ciudadanos, fue fallada a favor de los accionantes el pasado 16 de septiembre por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esa decisión, el alto tribunal ordenó que toda alocución presidencial “responda a una justificación o razón suficiente”, no sea “recurrente en el mismo intervalo semanal” y tenga límites temáticos y temporales.En ese sentido, RTVC considera que dicho fallo impone restricciones no previstas en la ley y que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) no tiene facultades para impedir o condicionar las intervenciones del presidente”. Según la apelación, el Consejo de Estado “excedió su competencia” al crear exigencias que “modifican de facto una facultad establecida expresamente por el Congreso”.Lo cierto es que, tras este fallo de tutela que le puso freno a las alocuciones del presidente Petro por canales públicos y privados, la Presidencia de la República debe informar previamente a la CRC el tema y la duración de cada intervención.
Durante la multitudinaria marcha del silencio que se realizó en Bucaramanga este domingo, en la que, según la Alcaldía, cerca de 30.000 personas salieron a las calles para pedir paz en Colombia y la recuperación del senador Miguel Uribe, se registró una agresión contra dos comunicadores del canal público RTVC.El periodista Nicolás Torres y el camarógrafo Fredy Pernía fueron atacados física y verbalmente por un grupo de asistentes a la movilización, lo que obligó a los reporteros a suspender el cubrimiento y abandonar el lugar. En videos que circulan en redes sociales, se observa a un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia lanzando patadas al periodista, mientras otras personas los insultan y empujan.La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó lo ocurrido. “Mientras cumplían su labor de informar de forma pacífica, los comunicadores fueron insultados. También fueron escupidos en cinco ocasiones y agredidos con puños y patadas. Además, intentaron dañar sus equipos de grabación”, señaló la organización.La FLIP también denunció que las agresiones se produjeron sin presencia institucional que garantizara la protección de los periodistas, y advirtió que este tipo de situaciones deben ser atendidas con urgencia por las autoridades.La organización recordó que este no es un hecho aislado. El pasado domingo, la periodista Gelitza Jiménez, también de RTVC, fue hostigada en Bogotá mientras cubría el estado de salud del senador Miguel Uribe.“Atacar a la prensa es atacar el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Una prensa libre, sin violencia ni censura, es pilar fundamental de la democracia”, enfatizó la FLIP.La Fundación hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bucaramanga y la Policía Nacional para que garanticen el cubrimiento seguro de periodistas en contextos de movilización social. “Estas instituciones tienen la responsabilidad y el deber de proteger la libertad de prensa y la integridad de quienes ejercen esta labor”, concluyó la organización.
Tras conocerse la presunta firma de un contrato entre el Ministerio del Interior y RTVC, y que despertó algunas señales de alerta, la Contraloría le envió una carta al ministro Armando Benedetti, solicitando algunos documentos en los que se pueda o no comprobar el convenio, puesto que a través de sus redes sociales, RTVC notificó que es falso que el contrato referenciado fuera real.La carta manifiesta que deben ser entregados la copia del contrato o contratos suscritos entre MinInterior y RTVC guantes el 2020 al 2025, junto con adiciones, modificaciones o actas complementarias. Asimismo, deben anear estudios previos, documentación, análisis de costos y sustento financiero para la contratación, cronogramas e informes detallados de la ejecución o las copias de liquidación en caso de haber terminado.Además, piden la relación de los eventos ejecutados o proyectados con fecha, lugar y actividades realizadas con su respectivo coto y la identificación de los funcionarios responsables de los procesos de contratación, tanto en etapa de planeación como de supervisión.“Se pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso”, afirma la Contraloría.Entre tanto, la entidad solicitó que en un plazo no mayor a dos días, se envíe la documentación a los correos de la Contraloría, “dada la relevancia institucional y el interés público que ha suscitado este asunto".
En una profunda discusión sobre el papel del sistema de medios públicos en Colombia, Andrés Caro, analista de La Silla Vacía, aborda las preocupaciones sobre el uso de RTVC como un verdadero aparato de propaganda del gobierno de Gustavo Petro. En su columna reciente, Caro argumenta que el actual sistema de medios públicos ha dejado de ser un espacio para la información imparcial y crítica, convirtiéndose en una plataforma para difundir la imagen y los mensajes del presidente y sus aliados.Caro sostiene que el presupuesto destinado a RTVC se ha invertido en contratar comunicadores y hasta influenciadores que no solo propagan la narrativa oficial, sino que también atacan a la oposición a través de las redes sociales. Por primera vez, se evidencia un cambio radical en la esencia de los medios públicos, que ahora se han alineado completamente a la estrategia comunicativa del gobierno, dejando de lado la cultura y la educación, que deberían ser su principal vocación.Se destaca la preocupación de que la figura de los consejos de ministros se ha utilizado como un medio de propaganda, exigiendo a los medios privados transmitir esas locuciones como si fueran alocuciones presidenciales. Caro advirtió que esta manipulación de la información no solo limita la libertad de prensa, sino que también impide que los medios informen de manera objetiva, lo que genera una erosión en la confianza del público en la información que reciben.Otro punto crítico mencionado por Caro es la existencia de vetos aplicados a figuras públicas y periodistas que critican al Gobierno, destacando que muchos de estos vetos afectan a mujeres, lo que añade una dimensión de género a la discusión sobre la censura en los medios.Caro concluye que es esencial reconstruir el sistema de medios públicos en Colombia para que no dependa de la voluntad del presidente, sugiriendo ejemplos de otras naciones donde los medios públicos tienen una estructura más independiente, lo cual permitiría ofrecer información más objetiva y diversa. En última instancia, la crítica a la actual administración no solo es sobre la propaganda, sino sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y pluralizada, evitando caer en un ambiente de desinformación y control informativo.A medida que la controversia crece sobre el papel de RTVC su relación con el Gobierno de Gustavo Petro, la necesidad de un debate sobre el futuro de los medios públicos en Colombia se vuelve cada vez más urgente.Escuche la entrevista completa acá:
Momentos de inquietud vivieron decenas de habitantes de varios sectores del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, luego de que una fuerte explosión registrada en medio de procedimientos relacionados con actividades mineras ilegales provocara daños en viviendas y otros bienes inmuebles cercanos a la zona de los hechos.Tras percibir una fuerte explosión que retumbó en las infraestructuras, empezaron a conocerse varios reportes sobre grietas y otras afectaciones estructurales en inmuebles de barrios como Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.La situación se habría derivado de la potencia de explosivos utilizados por parte de la policía para realizar el cierre de socavones explotados de manera ilegal y que en la subregión es uno de los principales combustibles para la finanzas de grupos armados.Aunque la Alcaldía aclaró que las circunstancias que originaron los daños son ajenas a la administración local, anunció la activación de un acompañamiento institucional para atender a las personas afectadas y establecer la magnitud de las consecuencias.Hambler Patiño, personero de Segovia, destacó que estos insumos son claves para vincular en demandas a los responsables y así obtener soluciones.“Basado en eso, nosotros tenemos que recibir esas denuncias para vincular a las personas que tengan que ver con estos hechos, pero necesitamos las pruebas suficientes para poder hacer las cosas bien”, señaló Patiño.En respuesta a la emergencia, destacó la administración, funcionarios de las secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico iniciaron recorridos puerta a puerta en los sectores comprometidos. El objetivo es “verificar las alteraciones, recopilar información en terreno y brindar orientación a las familias impactadas por esta situación”, señalaron en un comunicado.De manera paralela, las autoridades adelantan un inventario detallado de los daños en viviendas y predios, así como la georreferenciación de cada caso, con el fin de determinar los niveles de riesgo y definir las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la comunidad.
La Corte de Alberta, en Canadá, falló en primera instancia a favor de Canacol Energy al avalar su solicitud para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia, una decisión que podría comprometer la continuidad de la operación de Cerro Matoso, la principal productora de ferroníquel del país.La empresa minera advirtió que, de concretarse la terminación del contrato, su operación podría volverse inviable por la pérdida de un suministro que hoy cubre el 82% de sus necesidades de gas.El pronunciamiento judicial se da en medio del proceso de reestructuración empresarial que adelanta Canacol Energy bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Compañías (CCAA) en Canadá. Dentro de ese proceso, la compañía busca reorganizar sus obligaciones bajo supervisión judicial y ha impulsado distintas medidas relacionadas con sus contratos y operaciones, entre ellas la solicitud que fue avalada por la Corte de Alberta.Según Cerro Matoso, Canacol ya venía reduciendo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e imponiendo restricciones al suministro. La empresa asegura que este combustible es un insumo irremplazable para la producción de ferroníquel, ya que alimenta los hornos industriales donde se desarrolla el proceso metalúrgico, por lo que no existe una alternativa inmediata para reemplazarlo.La compañía advirtió que si deja de recibir un suministro confiable de gas tendría que detener completamente su operación y apagar sus dos hornos principales, una decisión que podría ocasionar daños estructurales irreversibles. De acuerdo con sus cálculos, la recuperación de cada horno tardaría más de diez meses y tendría un costo estimado de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos.Tras conocerse la decisión, Cerro Matoso anunció que presentará un recurso de apelación ante la justicia canadiense, para lo cual dispone de un plazo de 21 días. Paralelamente, aseguró que acudirá a todas las vías jurídicas disponibles para defender la vigencia del contrato y garantizar la continuidad de su operación en Colombia.La empresa también sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de Alberta no tiene aplicación automática en el país. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la determinación definitiva de la justicia canadiense puede ser reconocida en Colombia, teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano.Cerro Matoso alertó que una eventual suspensión de sus actividades pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades del sur de Córdoba. Además, aseguró que el país dejaría de recibir alrededor de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, además de advertir posibles efectos sobre el abastecimiento de gas y las tarifas para usuarios de la Costa Caribe.Ante este panorama, la compañía hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervengan frente a las implicaciones de la decisión judicial.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.Resultado del Chontico Noche del 25 de junio de 2026De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y múltiples oportunidades de ganar, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS, elaborar y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, al concluir que incumplió las obligaciones legales relacionadas con la divulgación de su información financiera.En la decisión, la Sala precisó que la normatividad vigente establece de manera expresa el deber de las entidades obligadas de elaborar, certificar y divulgar sus estados financieros dentro de los plazos establecidos por la ley. En ese sentido, el Tribunal concluyó que “la Sala concluye que la primera disposición contiene un mandato jurídico claro, expreso y exigible, que tiene por objeto una obligación de resultado vigente en el ordenamiento jurídico”.El fallo recordó que el plazo para publicar la información financiera vence el 30 de abril del año siguiente al correspondiente ejercicio. Sin embargo, encontró acreditado que la Nueva EPS no publicó los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, cuyos términos ya habían expirado, y tampoco había divulgado la información correspondiente a 2025.Durante el trámite judicial, la Nueva EPS explicó que los estados financieros de 2023 no fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de octubre de 2025, razón por la cual inició procesos de revisión, depuración y validación de la información contable.No obstante, el Tribunal rechazó esa explicación al considerar que las actuaciones administrativas internas no eximen a la entidad del cumplimiento de la obligación legal. En ese sentido señaló “no se admite alegar procedimientos de gestión interna de administración a fin de desconocer el cumplimiento del deber legal. La entidad debe disponer y preparar con diligencia todos los mecanismos para ejecutar de forma periódica la obligación correspondiente dentro de su sector de operación”.La corporación también advirtió que, desde la fecha límite para publicar los estados financieros de 2023, habían transcurrido más de 37 meses sin que la información estuviera disponible, mientras que para la vigencia 2024 el retraso superaba los 25 meses.En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS cumplir con lo previsto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016, disponiendo la publicación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, conforme a las obligaciones establecidas en la regulación vigente.
