El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en RTVC hablando sobre el papel de los medios públicos. En un principio aseguró que los medios públicos a partir de hoy volvían a llamarse RTVC, pues en el Gobierno anterior se adoptó el nombre de Inravisión.“La televisión pública tampoco puede utilizarse para adoctrinar, mucho menos cuando quienes están al frente de la pantalla son niños y jóvenes. En la patria milagro los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo, ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado”, dijo el mandatario.Además denunció presuntas irregularidades que se habrían presentado en RTVC durante el anterior Gobierno, especialmente en época electoral.“El régimen corrupto anterior suscribió 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Solo entre el 6 y el 7 de agosto, a pocas horas de que se extinguiera el mandato socialcomunista al que derrotamos, se celebraron 87 contratos”, denunció el mandatario.El presidente le pidió a las autoridades investigar estos casos.“El gerente anterior, conocido de autos por su mala conducta frente a las mujeres, celebró un contrato por 11.924 millones de pesos para adquirir una unidad móvil, supuestamente destinada a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública. La unidad no cuenta con la planta eléctrica indispensable para operar, además, los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas y, para cerrar con broche de oro, se advierte un sobrecosto de más de 2.000 millones de pesos”, agregó De La Espriella.
La gerente del sistema de medios públicos RTVC, Ángela María Mora Soto, denunció que, en medio de una revisión forense a la contratación ocurrida durante el Gobierno anterior, se habrían detectado posibles irregularidades en los soportes de pago presentados por varios contratistas a la entidad entre los años 2023 y 2026.De acuerdo con lo encontrado, algunos contratistas habrían presentado planillas en las que figuraban aportes a salud y pensión que presuntamente no se habrían realizado. Estos documentos habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como respaldo para autorizar los pagos mensuales.La entidad advirtió que, si los hechos se corroboran, podrían existir responsabilidades no solo de quienes presentaron los documentos, sino también de los funcionarios encargados de verificar los soportes y supervisar la ejecución de los contratos.La gerente Mora Soto ordenó ampliar la revisión de las planillas, las cuentas de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago correspondientes a esos cuatro años.Los hallazgos documentados serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. La actual gerencia del sistema de medios públicos señaló que busca establecer el alcance de las posibles irregularidades, esclarecer eventuales fallas en los controles de supervisión y adoptar los correctivos correspondientes.
La actual Administración de RTVC – Sistema de Medios Públicos denunció posibles sobrecostos superiores a los $2.000 millones y deficiencias técnicas en una unidad móvil adquirida en 2025 por $11.924 millones. Según la entidad, el vehículo permanece estacionado en sus instalaciones porque no cuenta con una planta eléctrica necesaria para su funcionamiento.RTVC explicó que una unidad móvil de televisión requiere una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y realizar transmisiones fuera de sus instalaciones. Por esta razón, señaló que la ausencia de este componente impide que el vehículo preste el servicio para el cual fue contratado.La entidad también alertó sobre posibles sobrecostos en los equipos audiovisuales. De los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a estos equipos. Sin embargo, según estudios de mercado y cotizaciones realizadas por técnicos e ingenieros de RTVC, equipos equivalentes tendrían un valor aproximado de $7.000 millones, una diferencia que sustenta la alerta sobre posibles sobrecostos superiores a los $2.000 millones.A estas observaciones se suman cuestionamientos sobre las características de los equipos. De acuerdo con el comunicado, las ocho cámaras incorporadas a la unidad móvil no cumplirían con las necesidades actuales de la entidad, mientras que la consola de sonido apenas alcanzaría las condiciones mínimas exigidas en el contrato y no respondería a los requerimientos para eventos de gran formato.RTVC también señaló que el dron incluido en el proyecto estaría orientado a labores de cartografía y seguridad, y no a transmisiones televisivas en vivo. Según la entidad, sus capacidades audiovisuales tampoco permitirían utilizarlo en producciones de alta calidad.El contrato, identificado con el número 2899 de 2025, fue suscrito el 16 de diciembre de ese año y contemplaba el suministro integral de una unidad móvil broadcast, incluida su fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha.La revisión documental y técnica adelantada por RTVC también identificó posibles problemas en las condiciones de participación del proceso contractual. Según el comunicado, uno de los requisitos de experiencia habría reducido la participación de empresas interesadas. Además, la entidad advirtió sobre una posible coordinación indebida entre dos compañías que participaron por separado en el estudio previo y posteriormente conformaron la unión temporal adjudicataria. La existencia de una eventual conducta anticompetitiva deberá ser determinada por las autoridades competentes.Ante estos hallazgos, RTVC calificó el proyecto como un posible «elefante blanco», al considerar que se trata de una inversión pública que no puede cumplir el propósito para el cual fue adquirida.La entidad informó que trasladó los hechos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las actuaciones correspondientes en el marco de sus competencias.
En medio de la revisión de la contratación de Inravisión, Sistema de Medios Públicos, fueron identificados contratos por alrededor de 7.255 millones de pesos de recursos provenientes del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que se destinaron a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital” durante meses considerados clave para la campaña presidencial de 2026, reveló un informe del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación (MinTic).Un contrato con el Ministerio de Educación, por 10.000 millones, destinó 6.362.619.652 al pago de pauta y/o contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026. De ese monto, 3D Mobile 3DM SAS recibió 1.364.619.653 y Prowess SAS, 4.997.999.999, detallaron la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.A esto se suma el Convenio Interadministrativo No. 390-2026, suscrito con el DAPRE por 1.500 millones de pesos, de los cuales 892.845.137 fueron utilizados para un “plan digital” entre marzo, junio, julio y agosto.Los hallazgos son puestos bajo la lupa teniendo en cuenta el calendario electoral: la primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio. La revisión plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar este tipo de gastos frente a otras necesidades de sectores como educación y los programas sociales de la Vicepresidencia, especialmente en un contexto de dificultades financieras del Gobierno. Los nuevos hallazgos se suman a la detección de más de 1.051 contratos suscritos durante 2026 por un valor superior a 100.000 millones. Además, entre el 6 y el 7 de agosto se habrían firmado 87 contratos por cerca de $4.000 millones.Ante este panorama, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal de la entidad.
El futuro de los medios públicos en Colombia abrió un nuevo debate tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre el sistema informativo de Inravisión, antes RTVC. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Álvaro García, exgerente de RTVC, consideró que la discusión debe ir más allá del desmonte de la franja informativa y centrarse en cómo garantizar la independencia de los medios públicos.García explicó que RTVC Noticias nació después de una inversión para recuperar la infraestructura de producción y transmisión de la entidad, además de la necesidad de garantizar el acceso a información pública durante la pandemia.“Se juntaron las dos cosas, se recuperó la infraestructura y se lanzó un noticiero con perfil del noticiero público. Era un noticiero que era complemento informativo a la oferta de las noticias de los sistemas privados de información, de redes sociales”, dijo.El riesgo de convertir los medios públicos en propagandaEl exgerente de RTVC reconoció que existía el riesgo de que un sistema informativo dependiente del Ejecutivo pudiera ser utilizado por un gobierno de turno. Sin embargo, señaló que durante su administración se buscó preservar la independencia y la credibilidad.“Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de qué iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, destacó.Sobre la decisión actual del Gobierno, García aseguró que comprende las razones expuestas para modificar el sistema informativo, pero advirtió que eliminar la información de los medios públicos no sería la solución.“Yo creo que más allá de hacer un paréntesis en el funcionamiento del sistema informativo, lo que hay que hacer es una reflexión como país. Es decir, la información no puede ser sustraída de los contenidos del sistema de medios públicos por el hecho de que unas personas o un gobierno decida darle un tratamiento específico”, precisó.Información regional y servicio públicoGarcía también resaltó el papel que RTVC puede cumplir en regiones donde los medios privados no necesariamente tienen incentivos para producir contenidos.“La información con perfil regional, el fortalecimiento de la generación de información desde las regiones, la vocación de servicio público detrás de la información”, mencionó al explicar algunos de los elementos que deberían orientar el sistema de medios públicos.Finalmente, sostuvo que RTVC debe mantener una programación relacionada con identidad, cultura, educación e información, con contenidos relevantes y complementarios a la oferta privada.Escuche la entrevista completa aquí:
La nueva administración de Inravisión anunció una transformación integral del Sistema de Medios Públicos de Colombia, con cambios en la programación, revisión de contratos y convenios y el acompañamiento de organismos de control para examinar la situación contractual y presupuestal de la entidad.Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora.De acuerdo con el Ministerio TIC, el propósito de esta reorganización es fortalecer el carácter público, plural e independiente del sistema y orientar sus contenidos hacia la cultura, el arte, la educación, la diversidad regional y el interés ciudadano.Una de las principales decisiones es la finalización de la franja noticiosa y de opinión que estuvo al aire hasta el pasado 6 de agosto, mientras la entidad era dirigida por Holman Morris, durante el gobierno de Gustavo Petro.Según la nueva administración, hasta esa fecha Inravisión mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos humanos y técnicos disponibles para actividades que la entidad califica como periodísticas.La administración ordenó además una revisión inmediata de los contenidos y formatos que permanecen al aire. El objetivo, según el Ministerio TIC, es que respondan a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.La nueva programación tendrá como ejes la cultura, el arte y la educación, con contenidos orientados a reconocer la diversidad de las regiones, fortalecer la identidad nacional y ampliar el espacio para las distintas voces del país tanto en radio y televisión como en las plataformas digitales públicas.Revisarán más de mil contratosOtro de los puntos centrales de la reorganización será la revisión de los contratos y convenios actualmente vigentes.La nueva administración informó que durante 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones. Además, aseguró que solamente entre el 6 y el 7 de agosto fueron firmados 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.Estos acuerdos serán objeto de revisión, al igual que los convenios interadministrativos con ministerios y otras entidades nacionales relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante este año.La administración de Inravisión anunció, además, que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para examinar el estado contractual y presupuestal de la entidad.La revisión incluirá posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como acuerdos relacionados con mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre.Según la nueva administración, algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente a sus valores iniciales. La entidad aseguró que entregará la información a los organismos competentes para que sean estas autoridades las que establezcan si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.El Gobierno plantea esta reorganización como el inicio de una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos, con el propósito de concentrar las capacidades de Inravisión en su misión de prestar un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.La administración aseguró que busca construir un sistema "plural, independiente y transparente", en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional tengan un papel central.El proceso de reorganización comenzó el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial relacionada con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, con contenidos destinados a acompañar e informar a las comunidades afectadas.
La defensora de derechos humanos Lina Castillo aseguró que la reciente decisión judicial que descartó que el escrache constituya un delito representa un precedente para la protección de las mujeres que denuncian violencias basadas en género en Colombia. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Castillo afirmó que el giro en su proceso judicial se produjo gracias a que su caso comenzó a ser analizado con enfoque de género y de derechos humanos, luego de varios años de enfrentar una denuncia interpuesta por el actual director de RTVC, Hollman Morris.Castillo recordó que durante años vivió un proceso que calificó como una "persecución judicial", en el que, pese a haber denunciado presuntas violencias de género, terminó siendo investigada por sus denuncias públicas."Nunca fue trabajado bajo un enfoque de género, pero además sin garantías en un proceso de persecución judicial que viví y que todavía estoy viviendo", afirmó.Según explicó, el cambio comenzó a consolidarse desde el año pasado con la estrategia jurídica liderada por su defensa y con la intervención de una nueva delegada especializada en derechos humanos y enfoque de género dentro de la Fiscalía. A esto se sumó, dijo, la posición asumida por la Procuraduría durante la audiencia más reciente."La Procuraduría fue muy clara y dejó un precedente muy grande del marco de derechos que se debe reconocer a cualquier mujer que denuncie violencias basadas en género en Colombia", sostuvo.Uno de los principales alcances de la decisión judicial, según Castillo, es el reconocimiento del escrache como un mecanismo legítimo de denuncia. La activista explicó que esta figura permite a las víctimas visibilizar hechos de violencia, incluso a través de redes sociales, sin que ello implique necesariamente la existencia previa de una denuncia formal ante las autoridades."El escrache ya por sí mismo es una denuncia y se debe proteger", señaló.Asimismo, indicó que el fallo ratifica que las instituciones tienen el deber de acompañar y proteger a quienes denuncian, en lugar de revictimizarlas. "Quienes denunciamos debemos ser protegidas, y la Fiscalía y todas las entidades competentes deben rodear y proteger de antemano siempre a las víctimas", agregó.No obstante, Castillo aclaró que el proceso judicial aún no concluye completamente. Explicó que permanece abierta una parte relacionada con unas declaraciones que realizó sobre un presunto atropellamiento con un vehículo perteneciente al esquema de protección de Hollman Morris.La defensora indicó que ese aspecto del caso se mantiene porque, según la acusación, no habría aportado una prueba suficiente para acreditar el hecho. Sin embargo, aseguró que presentó una incapacidad médica y que, posteriormente, realizó una retractación pública sobre algunos elementos de esa denuncia."Nosotros ya hicimos incluso una retractación pública, la cual no ha sido tenida en cuenta", manifestó, aunque evitó profundizar debido a que ese punto continúa en trámite judicial.Más allá del desenlace jurídico, Castillo habló del impacto personal que le dejó este proceso iniciado en 2019. Aseguró que la investigación afectó su vida personal, profesional y emocional durante varios años."Este proceso me ha quitado muchos años de mi vida... me ha quitado gran parte de mi formación política y social, además del impacto emocional, físico y de salud mental que he tenido", expresó.Finalmente, sostuvo que espera que el caso concluya pronto y que la decisión sirva como referente para futuras denuncias de violencia de género en el país."No solo es por mí, realmente es por todas las mujeres que se atreven a denunciar... esperamos que esto no solo marque un precedente para el país, sino también para todos los cargos públicos", concluyó.
La Procuraduría General de la Nación en los últimos días ha estado tomando decisiones disciplinarias en el marco de las elecciones y su función de indagar a los funcionarios que presuntamente participen indebidamente en política. Por eso, en las últimas horas, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, por las presuntas irregularidades relacionadas con el uso del Sistema de Medios Públicos para favorecer agendas políticas afines al Gobierno Nacional.Está decisión se da tras una queja presentada el pasado 26 de mayo en donde señalan que, presuntamente, RTVC habría sido utilizado para promover narrativas favorables a determinados actores políticos, especialmente en contenidos relacionados con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.Según el documento, el denunciante sostiene que podrían haberse vulnerado principios constitucionales como la imparcialidad, la moralidad administrativa, el pluralismo informativo y la neutralidad estatal.Además, afirma que existirían elementos que ameritan una investigación sobre una eventual utilización del aparato comunicacional del Estado para posicionar determinadas narrativas políticas, deslegitimar sectores de oposición y alterar el equilibrio informativo exigible a un medio público.En ese sentido el Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas para determinar si Hollman Morris es disciplinariamente responsable o no.
Siete candidatos a la Presidencia de la República le enviaron una carta al gerente de RTVC, Hollman Morris, en la que le recuerdan que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 les otorga el derecho de solicitar al menos tres debates antes de la primera vuelta, es decir, del 31 de mayo.En ese sentido, le proponen a Morris organizar los debates en dos grupos, teniendo en cuenta que son 13 candidatos.“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, dice la misiva.La carta fue firmada por Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Sondra Macollins y Luis Gilberto Murillo.“No hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno. En efecto, cuando no se realizan los debates presidenciales o cuando los candidatos evadimos esta confrontación pacífica de ideas, el perjudicado no es nuestro rival político sino el elector”, dice la carta.El documento no fue firmado por Iván Cepeda, Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella.“Lo que está en juego, por ende, en estas elecciones va mucho más allá de quién gana o quién pierde. Lo que está en juego es si los colombianos van a las urnas con la información suficiente para decidir con libertad. Le pedimos, señor Morris, que Inravisión-RTVC esté a la altura de las circunstancias”, señala el documento.
Las mujeres del Pacto Histórico, lideradas por voces como la representante María Fernanda Carrascal, solicitaron formalmente que Hollman Morris sea apartado de su cargo como gerente de RTVC. La petición busca garantizar transparencia en las investigaciones por presunto acoso sexual y laboral que cursan en su contra, asegurando espacios seguros dentro de la institucionalidad.Solicitud de retiro inmediato de Hollman MorrisA través de un comunicado oficial emitido este 25 de marzo de 2026, el colectivo de mujeres de la colectividad de Gobierno fijó una postura clara frente a los hechos que generan preocupación en la opinión pública. En el documento, exigen que, como medida de garantía y no repetición, los presuntos victimarios sean retirados de sus cargos mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos correspondientes."Instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo", señala el texto, subrayando que esta decisión permitiría un desarrollo más justo y sensible de los procesos de investigación.El pronunciamiento enfatiza la necesidad de diferenciar las naturalezas de las agresiones denunciadas. El colectivo aclaró que en RTVC existen quejas por acoso laboral que deben ser investigadas con rigor, pero recordaron que los señalamientos por acoso sexual contra Morris corresponden a un contexto laboral previo.No obstante, celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género. Según el comunicado, diferenciar estas violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética amparada en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral) y la Ley 1010 de 2006 (acoso laboral).Finalmente, las integrantes del Pacto Histórico expresaron su respaldo a las periodistas y mujeres que han alzado la voz. Aseguran que estos casos no son hechos aislados, sino que "responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad". El llamado concluye con una exigencia de coherencia política para proteger la dignidad y autonomía de las mujeres en todos los ámbitos laborales.
Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.Caracol Televisión
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
