El proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene definidos los nombres que representarán al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se trata de María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE); Jose Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN; y Lorena Angarita, presidenta de la Red Intercambiable Tv Colombia y coordinadora internacional capítulos Certal.La designación de estas tres figuras busca aportar una mirada técnica al ejercicio de transición institucional, en un momento en que la agenda digital del país enfrenta discusiones sobre infraestructura, ciberseguridad, inteligencia artificial y comercio electrónico, entre otros frentes.En el caso de Quiñones, su participación fue confirmada por la CCCE, que señaló que la vocería de su presidente ejecutiva permitirá trasladar al empalme la experiencia acumulada por el ecosistema de comercio electrónico y economía digital del país durante los últimos años.Al referirse a su designación, Quiñones afirmó: "Recibo esta designación con un profundo sentido de responsabilidad y con el honor de poder servir al país desde un ejercicio técnico e institucional. Más que un reconocimiento personal, la invitación a hacer parte de este equipo refleja el trabajo que durante años ha construido el ecosistema del comercio electrónico para consolidar una agenda de transformación digital con visión de largo plazo. Confío en que este proceso permita fortalecer el diálogo entre el Gobierno y los distintos actores del sector, para avanzar en temas fundamentales que impulsan el crecimiento de la economía digital en beneficio de todos los colombianos".Por ahora no se han conocido pronunciamientos públicos de Jose Daniel López ni de Lorena Angarita sobre su participación en el equipo de empalme.Agenda técnica sobre la mesaSegún lo planteado por la CCCE, entre los temas que el gremio considera prioritarios para el sector durante este proceso de transición se encuentran la infraestructura digital productiva, una estrategia de ciberseguridad para comercios y MiPYMEs, la formación de talento digital desde la educación básica, un marco regulatorio para la inteligencia artificial, reglas claras para intermediarios digitales, el fortalecimiento logístico del comercio electrónico, condiciones de equidad para el comercio transfronterizo, la interoperabilidad de pagos y activos digitales, y una mejor medición estadística de la economía digital.Estos puntos, planteados por la CCCE como parte de su agenda gremial, se suman a las discusiones que previsiblemente enfrentará el equipo de empalme en las próximas semanas, de cara a la definición de las prioridades tecnológicas del nuevo Gobierno.
El debate sobre una posible prohibición de redes sociales para menores en Colombia ha cobrado fuerza tras la publicación del proyecto de decreto sobre entornos digitales seguros. Sin embargo, lejos de imponer restricciones absolutas, la iniciativa del Gobierno busca establecer mecanismos de regulación, monitoreo y corresponsabilidad entre Estado, plataformas tecnológicas y familias.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aclaró el alcance de la propuesta, en medio de una creciente preocupación por los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet.No se prohibirán redes sociales ni celularesUno de los principales puntos de confusión ha sido la supuesta prohibición del uso de redes sociales o dispositivos móviles en menores. La ministra fue enfática en desmentir esta interpretación: “No van a prohibir los celulares, no van a prohibir las redes, ni van a prohibir que los niños estén en las redes sociales”. Según explicó, el decreto no tiene competencias para imponer este tipo de restricciones. En cambio, establece obligaciones para las plataformas digitales, como Meta o TikTok, que deberán entregar informes anuales sobre el uso que hacen los menores de sus servicios.Este enfoque responde a la necesidad de comprender mejor el comportamiento digital de los jóvenes en el país y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.Un comité para vigilar y proponer medidasEl eje central del decreto es la creación del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, una instancia contemplada en la Ley 2489 de 2025. Este organismo será el encargado de articular acciones entre distintas entidades y analizar la información proporcionada por las plataformas.Murcia explicó que este comité permitirá “articular las capacidades y sobre todo esas acciones para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital” Aunque el decreto no impone prohibiciones directas, sí abre la puerta a futuras decisiones regulatorias. En ese sentido, la ministra no descartó que, con base en evidencia, se puedan adoptar medidas más estrictas:Riesgos digitales: grooming, ciberbullying y exposición tempranaEl contexto que motiva esta regulación es preocupante. De acuerdo con cifras mencionadas por el Ministerio TIC, el 70% de los jóvenes accede a contenidos por internet, siendo YouTube y TikTok las plataformas más consumidas. Este acceso masivo ha traído consigo riesgos significativos. La ministra advirtió sobre fenómenos como el grooming, el ciberacoso y la vulneración de derechos:Además, señaló que el problema no se limita a adolescentes, sino que incluso niños de 2 o 3 años ya interactúan con plataformas digitales, lo que evidencia la urgencia de intervenir desde edades tempranas.Corresponsabilidad: Estado, familias e industriaUno de los pilares del decreto es la corresponsabilidad. Murcia insistió en que la protección de los menores no puede recaer únicamente en el Estado: “Es una corresponsabilidad no solo del Estado. Acá son varios actores que tienen que apostarle a esto". En este sentido, el decreto contempla acciones como programas de sensibilización en colegios, capacitación a docentes y la promoción de herramientas de control parental. Sin embargo, también reconoce las limitaciones de estas medidas, dado que muchos menores logran evadir restricciones tecnológicas.Referentes internacionales y debate educativoDurante la entrevista, se abordaron experiencias internacionales, como las de Suecia, Francia y Australia, donde se han implementado restricciones al uso de tecnología en entornos escolares.Murcia reconoció que Colombia aún se encuentra en una etapa inicial frente a estos países, pero defendió el enfoque gradual: “Hoy Colombia transita en este decreto (…) y unos años más nos daremos cuenta de que posiblemente podrán venir unas reglamentaciones más concisas”.El debate también incluye preocupaciones sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, lo que ha llevado a algunos sistemas educativos a replantear el uso de dispositivos en el aula.Finalmente, la ministra subrayó que el desafío no es únicamente normativo, sino también cultural. El uso responsable de la tecnología requiere cambios en hábitos familiares, educativos y empresariales.
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, expresó la profunda preocupación del Gobierno Nacional ante el incremento generalizado en los precios de los servicios de telecomunicaciones en el país. Según la funcionaria, el alza no se limita únicamente a los planes de telefonía celular, sino que afecta de manera integral a la conectividad de los hogares colombianos.“Subieron todos los servicios de telecomunicaciones. Subió el servicio fijo, se subió el servicio de voz... acá ya tenemos un panorama de que son todos los servicios”, explicó la ministra.Murcia recordó que, bajo el amparo de la Ley 1978 de 2019, las empresas operadoras tienen la facultad de establecer sus tarifas de forma autónoma: “Los operadores hoy por la ley... pueden fijar libremente los precios”.La sombra de la fusión Tigo-MovistarUno de los puntos más críticos de la discusión gira en torno a la reciente integración de las operaciones de Tigo y Movistar. La ministra reveló que desde su cartera se habían emitido conceptos técnicos advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta unión empresarial en el mercado. “Nuestro concepto técnico... evidencia que posiblemente podría haber un aumento como hoy lo estamos viendo”, señaló, aunque aclaró que se están analizando los datos para confirmar si esta es la causa directa del incremento.Además, Murcia mencionó que en su momento se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizar un seguimiento estricto a los precios finales para el usuario, una petición que es fundamental para la protección del consumidor. “Lo que nosotros emitimos a la SIC del seguimiento... es porque es la preocupación que nosotros tenemos como rectores de la política pública de telecomunicaciones del país”, enfatizó la jefa de la cartera. El riesgo de ampliar la brecha digitalPara el Ministerio TIC, el principal riesgo de estas alzas es el retroceso en los indicadores de conectividad y equidad social. La ministra fue enfática en que el país enfrenta un desafío estructural denominado "pobreza digital", el cual podría agravarse si los costos de acceso siguen subiendo. “Hoy el 37,9% de la población de Colombia tiene pobreza digital y estos aumentos en los costos pues nos ayuda a que esta brecha digital se amplíe”, advirtió Murcia.Según las cifras analizadas, desde el año 2019 no se registraba una tendencia al alza tan marcada, lo que rompe con un periodo de estabilidad o incluso baja de precios que se había mantenido en años recientes.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karina Murcia, hablo sobre la posición de su cartera ante el proceso electoral y los recientes incidentes de seguridad digital en el paísLa funcionaria fue enfática al delimitar las funciones del Ministerio, desmarcándose de las versiones que sugerían una intervención directa en la auditoría del software de la Registraduría Nacional.Acompañamiento técnico, no auditoría forenseAnte la controversia generada por declaraciones previas del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que el Ministerio TIC debería realizar una auditoría al software de escrutinio, Murcia aclaró que la entidad no cuenta con la competencia ni el personal para tal fin. "Nosotros desde el Ministerio no tenemos la responsabilidad ni somos auditores", afirmó la ministra, señalando que las auditorías deben ser realizadas por empresas certificadas e idóneas, como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) o la firma McGregor SAS, que ya han sido contratadas por la organización electoral.El papel del Ministerio TIC se centrará en ser un garante y acompañante técnico a través del grupo ColCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas). Su labor consiste en participar en la mesa técnica de ciberseguridad y en los simulacros de preconteo para identificar posibles vulnerabilidades en las redes o sistemas de información, pero siempre respetando la autonomía de la Registraduría.Discrepancia sobre el hackeo a la DianUno de los puntos de mayor tensión en la entrevista fue la discrepancia entre el Ministerio TIC y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) respecto al reciente hackeo a la Dian. Mientras que la DNI emitió un comunicado alertando que dicho ataque buscaba afectar los resultados de las elecciones, la ministra Murcia aseguró que, según los análisis técnicos de su cartera, no hay evidencia de que este incidente impacte el panorama electoral.Según la ministra, el hackeo a la Dian se debió a fallas básicas de seguridad y debilidades en la gestión, y no a una sofisticación técnica que amenace los comicios.Para Murcia, el impacto de este evento es principalmente operativo y reputacional, reiterando que el Gobierno no ha ratificado que la filtración de información sea utilizada para alterar las votaciones. Escuche aquí la entrevista:
Durante la primera comisión de seguimiento electoral, de cara a las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió que se pueda hacer una auditoría del software electoral a través del Ministerio de las TIC.“El pedimento es, y por eso hoy está la señora ministra, que se pueda hacer una verdadera auditoría del software, para que se quiten las dudas o se absuelvan las preguntas, porque aquí hemos tenido un mejor clima y nos las hemos llevado de la mejor forma, para que entonces, desde el Ministerio de las TIC, se pueda hacer esa famosa auditoría”, dijo Benedetti.La ministra de las TIC, Carina Murcia, aclaró que la auditoría que pidió el Gobierno sobre los softwares de escrutinio no la realizarían funcionarios del Ministerio, porque deben ser personas técnicas, capacitadas en esos procesos, y una entidad certificada con la que la Registraduría ya cuenta. “Nosotros, como Ministerio TIC, estaremos en el acompañamiento técnico. La Secretaría del Plan de Mando Unificado de Ciberseguridad está liderada por esta cartera y así lo hemos venido trabajando”.Jaime Suárez, delegado de la Registraduría para asuntos electorales, respondió a esta petición asegurando que “todo lo que haya que hacer se hará” y que para ello todavía quedan marzo y abril. Además, hizo un llamado a los auditores de las campañas para que acompañen el proceso y recalcó que para esa auditoría del código fuente se necesitan conocimientos técnicos de alto nivel.Por su parte, la Misión de Observación Electoral aseguró que, tras la revisión de 16 trinos del presidente de la República en los que señalaba inconsistencias en los formularios E-14, concluyó que en la mayoría de estos no había ningún error entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores. La directora de la entidad, Alejandra Barrios, también hizo un llamado para que el mandatario y sus ministros se abstengan de participar en política, a propósito de los trinos del presidente sobre la fórmula Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia.
Se trata de la Ley 2334 del 2 de octubre del 2023, una ley de iniciativa del Congreso de la República, que asciende de manera póstuma al almirante José Padilla al grado de Gran Almirante de la Nación. Y rinde un homenaje a los grupos étnicos del país.Qué dice la ley: que se institucionaliza cada 2 de octubre como el día para rendir un homenaje a la memoria del almirante Padilla y se reconoce a los pueblos étnicos, indígenas y negros afrocolombianos como víctimas históricos de discriminación racial.Esa es la ley que cita el Ministerio Tic y el presidente Gustavo Petro para justificar la producción de la película que costó 4 millones de dólares.Lo que sí autoriza la ley es lo siguiente:1. Realizar actos conmemorativos cada 2 de octubre2. Y en esos actos hacer un minuto de silencio, realizar homenajes a pueblos étnicos, reconocer a los padres del almirante Padilla y desarrollar actividades educativas para prevenir la discriminación racial y recordar a las víctimas de esclavitud.Hay que decir que la ley está firmada por: Iván Name, Gregorio Eljach, Andrés David Calle, Jaime Luis Lacoture y los exministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Iván Velasquez y Aurora Vergara además del presidente Gustavo Petro.Dice MinTic que el tráiler y el documental detrás de cámaras de Padilla se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril y el estreno de la película será el 24 de julio.
Una de las situaciones más frecuentes y molestas hoy en día son las reiteradas llamadas de call centers y compañías telefónicas a cualquier hora, ofreciendo servicios que nadie ha pedido. Anteriormente, estas llamadas eran hechas por operadores humanos; sin embargo, actualmente la mayoría de estas empresas emplea sistemas de marcación automática programados para realizar llamadas de forma periódica.Para muchas personas, estas interrupciones ocurren en distintos momentos del día, perjudicando el trabajo, los estudios o interrumpiendo actividades importantes.Esta situación, lejos de disminuir, parece ir en aumento y no se limita a un solo país, sino que se presenta a nivel global.En este contexto, expertos en inteligencia artificial advierten que ciertas acciones cotidianas pueden estar contribuyendo a que estas llamadas se repitan con mayor frecuencia. Rechazar una llamada de un número desconocido, por ejemplo, puede ser interpretado por los sistemas automatizados como una confirmación de que el número está activo.Más que obtener una respuesta directa, el objetivo de estas llamadas suele ser validar la existencia del contacto, lo que incrementa las probabilidades de recibir nuevas llamadas no deseadas y pone sobre la mesa la necesidad de buscar mecanismos efectivos para evitarlas.Así puede evitar las constantes llamadas de los call centersLas personas que buscan reducir las llamadas y mensajes publicitarios tienen una alternativa oficial para hacerlo, el Registro de Números Excluidos (RNE) del Ministerio de las TIC, el cual es administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).A través de esta herramienta, los usuarios pueden inscribir su número de teléfono para evitar que empresas los contacten con ofertas comerciales o cobros no deseados, ya sea por llamadas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.El proceso de inscripción es gratuito y se realiza en línea. Para hacerlo, es necesario seguir los siguientes pasos:Ingresar al sitio web oficial de la CRC, verificando que pertenezca al dominio gov.co. Aceptar los términos y condiciones.Crear un usuario con el número de cédula y un correo electrónico activo.Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la opción para realizar la solicitud.Registrar su número telefónico e indicar la operadora.Especificar por qué canales desea dejar de recibir contactos publicitarios.Es importante aclarar que estar inscrito en el RNE no significa quedar incomunicado por completo. Las empresas aún podrán contactar al usuario en situaciones necesarias, como notificaciones sobre movimientos financieros, alertas de posibles fraudes o información que la persona haya solicitado previamente.Sin embargo, esta herramienta sí logra disminuir de forma significativa las molestias causadas por llamadas y mensajes comerciales no autorizados.
El Ministerio de Ciencia negó que exista una decisión del Gobierno de retirar los recursos destinados al programa de crédito beca y calificó como falsa la versión según la cual, a partir de 2026, dejaría de financiarse este mecanismo.Según explicó el Ministerio, el esquema actual obedece a un proceso de transición heredado de gobiernos anteriores, cuando el CONPES 3862 estableció que los recursos para maestrías y doctorados debían ser administrados exclusivamente por Colfuturo.En ese contexto, precisó que hoy esa entidad privada dispone de cerca de 18 millones de dólares que ya fueron girados por el Estado y que permanecen en fiducias y cuentas en el exterior para cubrir compromisos con beneficiarios activos.El Ministerio señaló, además, que el Gobierno considera legítimo y responsable dejar de concentrar la administración de recursos públicos en un solo operador privado, como ocurrió durante años, y avanzar hacia un modelo que promueva la competencia y fortalezca el papel de lo público.La entidad recordó que mantiene un trabajo conjunto con Colfuturo para aclarar el manejo de los recursos del programa, luego de los hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria identificados por la Contraloría en una auditoría realizada en 2024.Finalmente, hizo un llamado a que la discusión pública se base en información verificable “e invita a que no se emitan juicios infundados que inducen a la opinión pública al error”, asegurando que “no se debe usar la presión mediática para tratar de mantener todos los recursos en un solo operador privado”.
El Consejo de Estado confirmó la adjudicación del dominio .CO, uno de los activos digitales más importantes de Colombia, y cerró definitivamente el litigio que una empresa había iniciado contra el Estado por la licitación realizada en 2020, que sería por cinco años.En su decisión, la alta corte señaló que el proceso —llevado a cabo por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)— se ajustó a la ley, al pliego de condiciones y a los principios de contratación pública, incluyendo la selección objetiva y la igualdad entre los oferentes, y descartó irregularidades en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación.En julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el proceso en primera instancia y, además, solicitó que la empresa demandante asumiera el equivalente al 3 % de las costas procesales. El pasado 10 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado ratificó el fallo en segunda instancia, junto con la indemnización.¿En qué consistía la demanda por el dominio .CO?La demanda, presentada por la empresa Central Comercializadora de Internet S.A.S. en octubre de 2020, alegaba presuntas irregularidades en la evaluación de las propuestas y sostenía que la adjudicación debía anularse. La compañía, además, buscaba una indemnización superior a $100.000 millones de pesos por supuestos perjuicios derivados del proceso.Sin embargo, la alta corte concluyó que no existió ningún vicio capaz de invalidar la licitación, que el Ministerio actuó conforme a la normatividad vigente y que no hubo afectación a los derechos del demandante.Millonaria indemnización por el dominio .COPor ello, no solo negó todas las pretensiones económicas, sino que también impuso a la empresa la obligación de pagar más de $2.300 millones de pesos por concepto de costas procesales, al considerar infundadas sus reclamaciones.Con esta decisión, el Estado colombiano mantiene la continuidad del contrato para la gestión del dominio .CO, un recurso estratégico para la economía digital nacional, que genera ingresos significativos y tiene alta demanda internacional por su similitud con la terminación '.com'.La sentencia es de segunda instancia y queda en firme, lo que cierra cualquier vía judicial restante en este litigio.¿Qué habría pasado si el fallo del Consejo de Estado hubiese sido diferente?Si el Consejo de Estado hubiese fallado a favor de la empresa demandante, las consecuencias habrían sido significativas para el Estado y la operación del dominio .CO. Primero, la adjudicación al Consorcio Equipo PuntoCo podría haberse anulado, lo que habría obligado al MinTIC a reabrir el proceso de licitación o a seleccionar otro operador, generando retrasos en la gestión del dominio.Como medida adicional, el Estado habría tenido que enfrentar una indemnización superior a $100.000 millones de pesos, más los costos procesales, lo que representaría un impacto financiero importante.Además, la incertidumbre sobre quién administraría el dominio habría podido afectar la confianza de empresas y emprendedores que dependen de la extensión .CO a nivel nacional e internacional, complicando contratos y operaciones en curso.Finalmente, un fallo contrario habría creado un precedente jurídico para futuras licitaciones públicas de activos digitales en Colombia, obligando al Estado a reforzar sus procesos y protocolos para evitar nuevas demandas similares.En contraste, el fallo actual protege la continuidad del contrato y garantiza estabilidad jurídica y económica en la gestión del dominio, consolidando la seguridad de que el proceso se realizó conforme a la ley.
La viceministra de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gloria Patricia Perdomo Rangel, se refirió al bloqueo del dominio Expressen.se y afirmó que la entidad actúa como garante para prevenir ciberdelitos.Señaló que existen listas publicadas por la Policía Nacional y, en el caso de Coljuegos, listados de sitios asociados a estafas, cuya restricción es ordenada por estas autoridades. Indicó además que el Ministerio no realiza los bloqueos de manera directa, sino que verifica que los proveedores de servicios de internet cumplan las decisiones que les corresponden.El Ministerio TIC precisó que, de acuerdo con la normativa vigente, no tiene facultades para determinar qué contenidos deben ser bloqueados ni puede ordenar la suspensión del acceso a plataformas digitales. Dichas competencias pertenecen únicamente a entidades con atribución expresa como Coljuegos, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Fiscalía y los jueces de la República, que emiten las decisiones que los operadores deben atender.La cartera recordó que el acceso a Internet ha sido reconocido como un derecho fundamental autónomo, por lo que cualquier restricción debe cumplir con requisitos como ley expresa, autoridad competente, finalidad constitucional válida y proporcionalidad. Bajo ese marco, el Ministerio subrayó que su función se limita a garantizar que las órdenes emitidas por las autoridades se implementen correctamente, sin intervenir ni definir los contenidos objeto de bloqueo.Frente al caso del dominio Expressen.se, el Ministerio informó que entre el 14 y el 19 de noviembre de 2025 no emitió ni recibió instrucciones relacionadas con ese sitio. Explicó que las listas de plataformas de juegos de azar son administradas exclusivamente por Coljuegos, conforme a sus competencias establecidas en la Ley 643 de 2001 y en el Decreto Legislativo 175 de 2025. El Ministerio hace disponible esta información para consulta de los operadores, sin modificarla o interpretarla.La entidad afirmó además que no opera firewalls, no gestiona DNS, no realiza filtrado de tráfico ni emplea herramientas de inspección profunda de paquetes. Su papel consiste únicamente en comunicar las decisiones oficiales a los proveedores de servicios de internet, en cumplimiento del principio de legalidad y de las políticas de acceso a la red.
Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Venezuela, con el epicentro a 10 kilómetros al noreste de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira, así lo dio a conocer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).Debido a la ubicación del epicentro en el litoral central, el sismo se sintió con particular claridad en las zonas costeras y en varios sectores de Caracas, donde ciudadanos reportaron la vibración en edificios y viviendas a través de redes sociales.Sin reportes de dañosA pesar de la alarma inicial entre la población, la magnitud de 3,9 se considera moderada. Funvisis y los organismos de gestión de riesgos no han informado sobre afectaciones materiales de gravedad ni víctimas como consecuencia del temblor.Sin embargo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales ante posibles réplicas.En desarrollo.
La agresión de una profesora contra una estudiante en plena jornada escolar quedó registrada en video y desató una fuerte polémica en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que la docente sostiene una acalorada discusión con la menor, la reta a llevar a sus padres al colegio y, segundos después, la golpea e insulta frente al resto de sus compañeros. El caso generó indignación entre cientos de usuarios y dio paso a una investigación por parte de las autoridades.El hecho ocurrió en el Centro Educativo República de Cuba, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, en Morazán, Yoro, Honduras. De acuerdo con el video que comenzó a circular en plataformas digitales, la profesora, identificada como Perla Díaz, reprendía a la alumna por su comportamiento dentro del salón de clases. Durante el intercambio de palabras, la docente le exige que lleve a sus papás a la institución para hablar sobre la situación, pero poco después pierde el control y le propina una cachetada mientras la insulta con expresiones ofensivas.En otro momento de la grabación, la profesora se percata de que otra estudiante está registrando lo sucedido con su teléfono celular y decide quitarle el dispositivo para impedir que continúe grabando.Tras conocerse los hechos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias correspondientes y sostuvo comunicación con el director de la institución educativa para recopilar información. Debido a que la presunta víctima es menor de edad, parte del proceso se manejó inicialmente bajo reserva.Horas después, la Policía Nacional de Honduras confirmó la detención de Perla Díaz. Según informaron las autoridades, la profesora es investigada como presunta responsable del delito de trato degradante y fue puesta a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso judicial de acuerdo con la legislación vigente.Después de la captura, una de las hijas de la docente salió públicamente en defensa de su madre. Si bien reconoció que lo ocurrido fue un error, aseguró que la familia lamenta profundamente la situación y considera que la profesora ha sido expuesta de manera desproporcionada."Mi mamá ha dedicado su vida al magisterio y nunca había pasado algo así", expresó la joven, quien señaló que tanto ella como su hermana también son maestras y conocen de primera mano el compromiso de Perla Díaz con la educación.Además, explicó que su madre perdió a sus padres cuando tenía apenas 11 años y que durante años ha contribuido al bienestar de la comunidad educativa, incluso financiando con recursos propios actividades escolares, materiales didácticos y vestuarios para eventos culturales.No obstante, aclaró que la familia no pretende justificar la agresión. Según indicó, la profesora ya había manifestado anteriormente que la estudiante presuntamente le había faltado al respeto en otras oportunidades y que ese día volvió a responderle de forma desafiante durante la clase.
La Jefatura de Despacho de la Presidencia de la República respondió formalmente a la solicitud del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, negando el apoyo institucional para realizar visitas anticipadas a instalaciones militares con miras a una eventual posesión presidencial fuera del Capitolio Nacional. El documento califica la petición de la delegación entrante como "no procedente", señalando que el gobierno actual no tiene la competencia para autorizar que la ceremonia se realice en una sede distinta a la tradicional.Las cinco sedes en disputaLa solicitud había sido presentada formalmente el pasado 8 de julio por Nicolás Gómez Arenas, designado jefe de Despacho del gobierno entrante. La delegación de empalme protocolario, que también incluye a Sebastián Restrepo, Rodrigo Pinzón Navarro y al coronel en retiro Jorge Iván Pantoja Mora, buscaba apoyo para recorrer cinco escenarios militares considerados como posibles sedes para el 7 de agosto.Entre los puntos solicitados para inspección se encontraban la Vigésima Brigada en Popayán, el CACOM 7 y el Cantón Militar Pichincha en Cali, la Base de Tolemaida y la CAMAN en Madrid, Cundinamarca. Sin embargo, la Presidencia aclaró que la solicitud de logística militar no tiene fundamento para ser tramitada por la vía del Ejecutivo.Los pilares jurídicos de la negativaEl sustento de la Jefatura de Despacho para negar las visitas se apoya en tres argumentos legales fundamentales:Protocolo Presidencial: El decreto 770 de 1982 establece que la posesión debe darse obligatoriamente ante el Congreso Nacional reunido en el CapitolioAutonomía del Congreso: Según la ley 5 de 1992, solo el propio Congreso de la República, mediante un acuerdo entre ambas cámaras, tiene la facultad de trasladar su sede a otro lugar. Ni el gobierno saliente ni el entrante poseen esa atribuciónProhibición de armas: La carta invoca el artículo 223 de la Constitución, el cual prohíbe el porte de armas en sesiones de corporaciones públicas, lo que representaría un conflicto legal al realizar una sesión del Congreso en instalaciones militaresAunque la respuesta no cierra definitivamente la puerta a una posesión en una base militar, traslada la responsabilidad total al nuevo Congreso, que se instalará el próximo 20 de julio.A menos de un mes de la transmisión de mando, queda planteado el interrogante de si en apenas dos semanas y media el legislativo logrará surtir el trámite de traslado de sede o si, por el contrario, Abelardo de la Espriella deberá ceder y posesionarse en el Capitolio Nacional como manda la tradición. Con esta postura, el gobierno de Gustavo Petro se limita a aclarar que la decisión escapa a su competencia y queda bajo la voluntad y gestión del Congreso entrante.
En diálogo con Mañanas Blu, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y académico, analizó el panorama del orden público en el país ante el posible regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), nombre que había sido cambiado a Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) durante el gobierno actual. Para Acero, la discusión no debería centrarse únicamente en la denominación, sino en la efectividad de los protocolos de intervención y el respeto a la legalidad.La trampa del cambio de nombreAcero fue enfático al recomendar que el nuevo gobierno no retome la sigla Esmad. Según el experto, este nombre carga con un estigma histórico difícil de borrar: "Hay un recuerdo no grato de un nombre que se utilizó y es el Esmad".El exsecretario sugirió que es posible realizar los ajustes necesarios en la cadena de mando sin necesidad de revivir una marca asociada a confrontaciones dolorosas. "Mi recomendación al ministro: olvídese que va a regresar al Esmad, revise lo que hay y adecúelo a la Constitución y a las leyes", afirmó.Protocolos: La verdadera diferencia operativaMás allá de la etiqueta, Acero explicó que la diferencia fundamental entre el antiguo Esmad y el UNDEMO radica en los niveles de autorización para actuar. Bajo el esquema actual, la autonomía de los mandatarios locales se ha visto reducida. "Hoy casi que esta unidad debe esperar la autorización del gobierno nacional", señaló Acero, contrastando esto con su experiencia previa donde alcaldes y gobernadores podían solicitar despejes de vías de manera más directa.Esta burocratización del uso de la fuerza, según el académico, ha dificultado el restablecimiento del orden en puntos críticos: "El comandante del municipio le pide al del departamento... el comandante del departamento dice: 'Yo espero y averiguo con el nivel nacional'... y por eso difícilmente se puede restablecer el orden público".No obstante, insistió en que cualquier intervención debe garantizar siempre el derecho a la protesta pacífica y los derechos humanos.Armamento y memoria de Dylan CruzTambién recordó los hechos de noviembre de 2019 y el fallecimiento de Dylan Cruz, evento que calificó como un "lamentable hecho y condenable hecho". Acero recordó que, a raíz de esto, se tomaron decisiones sobre el equipo utilizado por la policía: "De las primeras decisiones que se tomó con la policía es no volver a utilizar esa arma denominada de baja letalidad", refiriéndose a la munición que impactó al joven estudiante, priorizando en su lugar elementos de disuasión como gases lacrimógenos.Escuche aquí la entrevista:
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de julio de 2026:José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella.Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta de la Nueva EPS, se refirió sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro por deudas de la entidad.Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS, abordó sobre los estados financieros de la entidad.El embajador Yoed Magen, líder de la delegación de ayuda de Israel a Venezuela, se pronunció sobre el plan de reconstrucción en el país tras los terremotos.Escuche el programa completo aquí: