“No fueron casos de desaparición forzada”: Fiscalía sobre holocausto de Palacio

Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el caso Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por guerrilleros del M-19, y le ordenara buscar a 11 personas que eran consideradas desaparecidos forzosamente tras haber salido con vida, la Fiscalía General controvierte esta sentencia internacional contra la Nación.

“Los hallazgos que Medicina Legal, junto con la Fiscalía, ha alcanzado en los últimos cinco años, nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezclados. Es decir, estas 11 personas que, supuestamente, habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”, señaló a Noticias Caracol el fiscal del caso Jorge Ricardo Sarmiento.

La respuesta oficial de Colombia, hallada responsable no solo de la supuesta desaparición, sino de tortura, se centra en las fallas al identificar y entregar los restos a los familiares de las víctimas, entre los que hay magistrados y empleados de la cafetería, explicó el fiscal investigador Jairo Humberto Oróstegui.

“56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 a la fosa común del Cementerio del Sur. Hemos hallado que los cuerpos que fueron entregados en cementerios de diferentes partes del país, muchos de esos desaparecidos de Palacio de Justicia, de esos alguno que se entregó como Pepito Pérez, pues terminó siendo Manuel Gómez”, dijo.

Las fallas científicas y de investigación, que hoy, 34 años después de que el M-19 se tomara a sangre y fuego el Palacio de Justicia, son reconocidas por la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino.

“Hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero estos cuerpos no todos las tenían, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos y pertenencias, que no es una identificación fehaciente. Para ese momento, sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que es lo que estamos corrigiendo 30 años después”, precisó.

Por los hechos del Palacio de Justicia hay nueve líneas de investigación activas en contra de 14 militares de la época, que fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, que revela que perdió la competencia para tomar decisiones judiciales.

“Con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de la JEP, es la nueva Jurisdicción de Paz quien va a tener que resolver la situación jurídica y hacer los respectivos juicios de reproche frente a los responsables de estos hechos. Según la Ley Estatutaria, la Fiscalía puede seguir investigando, pero sin tomar decisiones de fondo. Es decir, nos impide a nosotros continuar con las investigaciones penales”, indicó el fiscal Sarmiento.

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De la sentencia de la CIDH aún quedan por identificar seis víctimas, cuyos restos pueden, según las pesquisas de la Fiscalía, estar en manos de la familia equivocada.

“Tenemos un total de ocho cuerpos que fueron cremados o bien por las familias o por los cementerios privados, los cuales tienen una normatividad interna que no corresponde a la ley porque la ley siempre ha permitido que en las muertes violentas, nunca pueden ser cremados los cuerpos”, agregó Oróstegui.

Los familiares de los que para la CIDH son desaparecidos cuestionaron a las dos entidades colombianas.

"El dolor que nos causaron fue muy grande. Por ejemplo, a mí. Duré 33 años para saber que realmente el que estaba enterrado no era mi esposo. ¿Por qué? Por la tecnología de ahora, pero sí hubo desaparición de cuerpos”, indicó Fabiola Hernández, familiar de víctima del Palacio.

La última esperanza para encontrar la verdad está en manos de Medicina Legal y un sofisticado aparato, que promete científicamente, a través de una técnica llamada secuenciación de última generación de material genético, identificar los restos que por el paso del tiempo y las altas temperaturas no han sido posible identificar.

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