“No todo es la libertad de expresión”: advierten límites a declaraciones del presidente Petro

La discusión sobre hasta dónde puede llegar la libertad de expresión del presidente Gustavo Petro volvió al centro del debate en Colombia. Las recientes declaraciones del mandatario sobre supuestos riesgos en el sistema electoral encendieron las alarmas y llevaron a un tribunal a ordenar una rectificación, lo que abrió un nuevo capítulo jurídico y político.En ese contexto, Natalia López, directora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), explicó en entrevista en Mañanas Blu que el alcance de ese derecho no es el mismo para todos, especialmente cuando se trata del jefe de Estado. La experta insistió en que las afirmaciones desde el poder tienen un peso distinto y mayores responsabilidades.Libertad de expresión: límites para el presidenteLópez fue clara al señalar que los funcionarios públicos, y en especial el presidente, no tienen un margen ilimitado para pronunciarse. “Los funcionarios públicos y sobre todo de tan alta envergadura como es el jefe de Estado, pues realmente no obtienen el mismo derecho de la libertad de expresión que lo obtiene el resto de las personas”, explicó.En ese sentido, recordó que existe un estándar conocido como el “deber de veracidad”, que obliga a quienes ejercen funciones públicas a sustentar cualquier afirmación, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el proceso electoral.La abogada también advirtió que, si no hay pruebas detrás de una denuncia, el mensaje puede terminar afectando la confianza ciudadana. “Si el presidente está denunciando que existen situaciones que deben ser analizadas con rigor, tiene que dar las pruebas”, afirmó, al tiempo que subrayó que de lo contrario se puede incurrir en desinformación.Riesgos de desinformar desde el poderUno de los puntos más delicados que dejó la entrevista es el impacto que pueden tener este tipo de declaraciones en la opinión pública. Según López, cuando el presidente habla, no lo hace como un ciudadano más, sino como la máxima autoridad del país, lo que amplifica el efecto de sus palabras.“Podría decir que eso no hace parte de la libertad de expresión del presidente”, señaló, al referirse a afirmaciones sin sustento sobre el sistema electoral. Además, enfatizó que el uso de redes sociales por parte del mandatario también entra en este análisis, pues se convierte en un canal oficial de comunicación con millones de ciudadanos.El impacto de no acatar decisiones judicialesOtro punto clave tiene que ver con la orden del Tribunal de Cundinamarca, que pidió al presidente rectificar sus declaraciones. Para López, no cumplir con esa decisión trasciende el debate sobre libertad de expresión y entra en el terreno institucional. “Es un problema mucho mayor a la libertad de expresión y es también la legitimidad del sistema de justicia”, advirtió.La experta concluyó que este tipo de situaciones ponen a prueba el equilibrio entre derechos y responsabilidades en la democracia. En especial, cuando quien emite los mensajes tiene la mayor visibilidad y poder en el país, lo que obliga a actuar con mayor rigor y sustento.