El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja 361.707 personas afectadas, pertenecientes a 187.751 familias, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Por eso, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advierte que Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío enfrentan necesidades urgentes de alojamiento, alimentación, agua potable y atención en salud, mientras en varios municipios la capacidad institucional está desbordada.
Valle del Cauca es el departamento más afectado, de acuerdo con el último balance de la OCHA. La oficina está advirtiendo que en municipios como Buenaventura y Dagua se requieren con urgencia miles de elementos para alojamiento temporal, mientras que en 22 de los 50 alojamientos identificados en el departamento aún hace falta garantizar agua potable. También se necesita asistencia alimentaria para unas 15.000 personas en Buenaventura y el restablecimiento de la red de salud en 42 municipios.
En Chocó, donde hay más de 72.000 personas afectadas, la emergencia se agrava por las lluvias y la presencia de grupos armados. Las restricciones de movilidad en zonas rurales dificultan la llegada de ayuda humanitaria y, además, hospitales de Quibdó presentan sobreocupación. En Bagadó, incluso, la atención médica se presta a la intemperie debido a los daños estructurales del centro de salud. A esto se suma el riesgo de nuevos desplazamientos por el conflicto armado.
En Risaralda se reportan más de 57.000 familias afectadas. Allí, casi la mitad de las sedes educativas no están habilitadas para operar, lo que afecta a más de 16.000 estudiantes. Además, ya se han detectado brotes de enfermedades diarreicas y transmitidas por alimentos en algunos alojamientos, lo que obliga a reforzar el control sanitario y la vigilancia de la calidad del agua.
En Quindío, cerca de 59.000 personas resultaron afectadas y más de 11.000 viviendas presentan daños. Los hospitales de mayor complejidad de Armenia requieren asistencia técnica para recuperar su capacidad, después de que algunos pacientes fueran dados de alta preventivamente. Mientras tanto, en Caldas, con más de 9.000 personas afectadas, persisten las necesidades de rehabilitación de centros de salud y escuelas, además de alojamiento y elementos de higiene.
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OCHA advierte que, además de atender los daños materiales, la respuesta humanitaria debe contemplar educación de emergencia, apoyo psicológico, prevención de violencias y atención diferencial para comunidades indígenas y afrocolombianas. La magnitud de las necesidades, sumada a las dificultades de acceso y a las afectaciones en infraestructura y conectividad, mantiene el desafío de garantizar una respuesta oportuna para las familias damnificadas.