El 20 de julio de 2025, en la vía entre Tame y Arauca, dos uniformados de la Policía Nacional fueron interceptados y secuestrados por el ELN, mientras se movilizaban en cumplimiento de sus funciones.
Se trata del subintendente Franquilley Hoyos Murcia y el patrullero Jordyn Pérez, quienes, según sus familias, fueron abordados hacia las dos y media de la tarde.
“A ellos los interceptaron, creo que fue a las 2:30 de la tarde en la vía Tame-Arauca. Él iba simplemente con el compañero Jordyn Pérez”, relató Alba María Murcia, madre del subintendente Hoyos.
De acuerdo con la información conocida, ambos uniformados estaban vinculados a labores investigativas relacionadas con homicidios de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Las familias conocieron del secuestro un día después.
“El lunes 21 de julio, a las 9:00 de la mañana, me estaban diciendo que mi hijo había sido secuestrado”, recordó la madre del uniformado.
Aseguran que, aunque han recibido algunas pruebas de supervivencia, la primera 8 días después del secuestro y otras tres posteriores, la más reciente llegó hace 15 días.
“Nosotros hemos tocado muchísimas puertas. He hablado con la iglesia, con la ONU, con los derechos internacionales, con la defensora de Arauca. He hablado con la defensora del Pueblo, pero todos nos dicen lo mismo, que tenemos que esperar, que tenemos que tener mucha paciencia, y la paciencia se nos agota, porque ya se cumplen ocho meses de su secuestro”, afirmó.
Según denuncian las familias, no han logrado establecer contacto con el presidente de la República ni con el ministro de Defensa.
“El llamado es urgentemente al gobierno, porque desde el momento que fue secuestrado mi hijo, le hemos pedido cinco minutos para que él nos atienda. Lo mismo al ministro de Defensa, que él nos dé la cara y nos explique todo lo que está pasando, pero realmente el que más nos debe dar la cara y decirnos qué es realmente lo que está pasando con mi hijo es el presidente, pero desde el momento no se ha comunicado con nosotros”, dijo Alba María Murcia.
En medio de la angustia, las familias insisten en un llamado urgente a las autoridades para acelerar las gestiones que permitan la liberación de los uniformados.
“Hemos intentado por todos los medios y yo todas las días estoy suplicándole a todos los que tengo contactos que, por favor, me ayuden para comunicarme con él o que él los atienda cuando sea cinco minutos”, concluyó.