En el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, revelado este viernes, se advierte que el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición tal como lo aprobó el Congreso de la República, no se ajusta a los estándares internacionales en torno a la responsabilidad de mando.
Dice la ONU que está sumamente preocupada porque las expectativas generadas por el Sistema Integral en relación con la reducción de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, han sido socavadas por la exclusión de agentes del Estado no militares y de particulares del ámbito de aplicación obligatoria del sistema.
“Esta normatividad hace prácticamente imposible probar la responsabilidad por omisión de los comandantes militares, afectando de manera importante la capacidad de la JEP de garantizar la rendición de cuentas de los máximos responsables”, explica.
El Sistema Integral enfrentará dificultades para operar en muchas de las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP, debido a la persistencia de violaciones de los derechos humanos en las mismas.
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“El Congreso no aprobó el Sistema Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementación no ha cumplido con las normas internacionales”, explica el informe.
Preocupa gravemente a la OACNUDH la decisión del Congreso de prohibir el nombramiento de los magistrados que hubieran participado en litigios contra el Estado en casos de presuntas violaciones de los derechos humanos.
“Esto contradice las normas internacionales y nacionales relacionadas con la independencia de la rama judicial, así como el contenido del Acuerdo en relación con los perfiles y las competencias para ser magistrado de la JEP”, explica.
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El sistema está compuesto por un mecanismo judicial, específicamente la Jurisdicción especial para la paz (JEP) y dos mecanismos extrajudiciales, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV) y la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD).
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