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La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un recorte presupuestal para la entidad en 2027, equivalente al 11 % del presupuesto total, lo que, según advirtió, tendría un impacto directo en su capacidad de operación y atención en el país.
De acuerdo con las cifras, en el presupuesto total para funcionamiento, los recursos bajarían de más de 1,10 billones a alrededor de 995 mil millones de pesos, mientras que en inversión se registraría una reducción de 85.610 millones a 66.403 millones de pesos.
“Para el próximo año, el Gobierno Nacional ha puesto un nuevo techo para la Defensoría que implicaría, de mantenerse, una nueva reducción del presupuesto. Esto quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610 millones a 66.403 millones de pesos”, explicó la defensora.
Este comportamiento, según la Defensora, mantiene una tendencia de reducción que comenzó en 2024, luego de más de una década de crecimiento sostenido en los recursos de la entidad. En ese sentido, advirtió que, de mantenerse este escenario, la Defensoría contaría apenas con el 40 % del presupuesto de inversión que tenía en 2024.
Marín también explicó cómo este recorte ya se está reflejando en el territorio. “La primera restricción es en misiones a terreno. Esto se refleja en viáticos y comisiones de los equipos humanitarios que se desplazan a las zonas más apartadas del país, y eso ya se ha venido reduciendo”, señaló.
Además, indicó que se han frenado proyectos clave, como la apertura de nuevas casas de derechos, espacios de atención comunitaria en zonas vulnerables, y que algunas de las existentes operan con menos personal del requerido.
También advirtió que podría haber una reducción en el número de defensores públicos, lo que tendría un impacto directo en el sistema judicial. A esto se suma el riesgo para programas dirigidos a jóvenes en contextos de vulnerabilidad, especialmente aquellos enfocados en prevención de reclutamiento y acompañamiento en salud mental.
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Ante este panorama, la defensora envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, solicitando reconsiderar el techo presupuestal asignado y mantener, al menos, los niveles de 2024.
En el documento, la entidad advierte que “la asignación informada no permite garantizar la sostenibilidad operativa, la continuidad en la prestación de los servicios misionales ni el cumplimiento efectivo de los compromisos institucionales”.
Asimismo, señala que la reducción de recursos “impacta de manera directa el cumplimiento de las funciones misionales y limita la capacidad institucional para garantizar la atención y protección efectiva de derechos”.
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La Defensoría también enfatiza que este recorte se da en un contexto de aumento en la demanda de sus servicios, asociado a mayores vulneraciones de derechos humanos y conflictividades territoriales, lo que, advierte, podría traducirse en menor cobertura, reducción de presencia institucional y afectaciones directas a poblaciones vulnerables.
Finalmente, señaló que ya hubo un primer acercamiento con el Gobierno Nacional para revisar la situación y expresó su expectativa de que se reevalúe la decisión.
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