La defensora del Pueblo, Iris Marin, publicó un duro pronunciamiento sobre las zonas de ubicación temprotal, que es un mecanismo utilizado que permite la suspensión de captura de integrantes de grupos armados que estén en un avanzado proceso de paz. Sin embargo, este documento, la Defensoría del Pueblo ameritó que, aunque el presidente Gustavo Petro tiene la facultad institucionalidad, no es una facultad absoluta y debe estar sujeta a controles, motivaciones claras y garantías para las victimas.
"El Gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial, personal, mecanismos efectivos de control y verificación, y solo puede establecerlas en un estado avanzado del proceso de paz. Pero, entonces, ¿qué es un proceso un estado avanzado del proceso de paz? Un proceso de negociación está avanzado cuando ya es viable el desarme, la desmovilización y reintegración a la vida civil de los miembros del grupo", concluyó la defensora.
Sin embargo, en el pronunciamiento, la defensora señaló que bajo el modelo paz total, el Gobierno del presidente Petro no solo debe medir la posibilidad de un desarme, sino debe ser clara si exista evidencia clara de un desescalamiento de la violencia en el país en las zonas mas afectadas. Ante esto, la entidad advirtió que, a la fecha, aún no hay una verificación exacta que permita concluir que hay avances en negociaciones con estructuras como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el EMBF.
En el documento, a parte de hacer requerimientos al Gobierno, también identificaron cuatro riesgos principales frente a las zonas de ubicación temporal (ZUT) y así mismo de los integrantes que hacen presencia en regiones historicamente afectadas como Tibú, Norte de Santander, o zonas con deterioro reciente de orden público como Mallama, Nariño. El pronunciamiento alerta posibles afectaciones a los derechos humanos de las comunidades raizales asentadas en estas zonas e insiste que debe haber una consulta previa y el gobierno debe priorizar garantías y no simples requisitos formales.
Cerrando el requerimiento, la Defensoría la pidió a la nación sustentar todas las decisiones tomadas frente a las ZUT y así mismo medidas para identificar riesgos antes de confirmar los traslados y concentraciones de integrantes de los grupos armados.
"La Defensoría del Pueblo insta al presidente de la República a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT. La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías calificables para la población civil.” Concluyó la defensora.
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