La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana una orden que busca enfrentar una de las fallas más graves del sistema forense en Colombia: la falta de capacidad técnica y financiera para identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
La JEP advirtió que el rezago de Medicina Legal amenaza directamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares fundamentales del sistema transicional. Por eso, ordenó un plan de acción urgente que permita superar los cuellos de botella que hoy impiden avanzar en procesos de exhumación, análisis e identificación de restos humanos.
Entre las medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno están:
- La creación de una subcuenta especial dentro del Fondo Colombia en Paz para financiar las actividades forenses.
- La reactivación del centro forense en Soacha, un lugar clave por su cercanía a fosas comunes y cementerios con cuerpos sin identificar.
- El uso de predios en proceso de extinción de dominio como sedes temporales para ampliar la infraestructura forense.
La JEP enfatizó que sin estos recursos y sin una estructura sólida, la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia seguirá estancada.
Las víctimas y sus familias han esperado por décadas respuestas que no han llegado, y hoy el país enfrenta una deuda humanitaria que no se resuelve solo con voluntad política: requiere inversión, coordinación institucional y decisión estatal.
La decisión fue tomada en el marco del caso 09, que investiga la situación de los desaparecidos y el accionar del Estado frente a su búsqueda. La JEP también ha señalado la urgencia de reforzar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y particular su trabajo con Medicina Legal y otras entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.
Con este pronunciamiento, la Jurisdicción eleva el tono y marca una alerta: sin ciencia forense, no hay verdad; y sin verdad, no hay paz real ni completa para las víctimas del conflicto.