Helena Urán Bidegain es hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. En los últimos días, ella le había pedido a la JEP que decretara medidas cautelares, es decir que protegiera la Casa del Florero, las Cabellerizas del Cantón Norte y el cementerio del sur, argumentando que estos sitios fueron utilizados para detener, torturadas, asesinar y desparecer víctimas de la toma y retoma del Palacio.
La JEP se encuentra estudiando esta solicitud y para ello prepara una audiencia el próximo 14 de noviembre, a la que tendrán que asistir el delegados del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría, Medicina Legal y Helena Urán.
Sin embargo, Urán envió otro documento a la JEP en el que amplía los argumentos que cobijan su solicitud para que se decreten las medidas de protección, pero más allá de estas medidas pide que estos sitios sean resignificados como lugares de memoria, con el objetivo de que la sociedad sepa y reconozca lo que sucedió en los mismos, pero también para que haya un proceso de dignificación y reconocimiento de las víctimas.
"Mediante la memorialización de antiguos sitios de violencia y opresión injusta, se pretende transformar su significado en el imaginario colectivo, transformándolos en monumentos vivos y presentes que envían de manera clara un mensaje de justicia, verdad, paz y aprendizaje colectivo. La reparación implica más que la mera resignificación física de un lugar; se trata de la creación de un espacio y ambiente que fomente la reflexión, el diálogo colectivo y la empatía social con las víctimas de injustos desproporcionados como los ocurridos en la Casa del Florero, las cabellerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur", señaló Urán en el escrito que envió a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
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Del mismo modo, explicó que estos lugares pueden convertirse en catalizadores del cambio social, educando a las futuras generaciones sobre lo sucedido en el pasado, pero también permitiría que las víctimas encuentren un espacio para sanar las heridas emocionales.
"El daño moral y psicológico que me causa la muerte y previa desaparición de mi padre está presente en la medida que la infraestructura y arquitectura usada para tal fin lejos de contribuir a mi duelo o de transformar los sentimientos y emociones negativas implica una revictimización constante cada vez que me acerco a uno de los lugares que conformaron tal infraestructura de la desaparición, tortura y muerte de las personas", explicó Urán en el escrito.
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Por último, Urán aseguró que la Casa del Florero fue utilizada por las autoridades militares para efectuar los interrogatorios a presuntos integrantes de la guerrilla del M-19. Sobre las Caballerizas dijo que en la sentencia de 30 de enero de 2012, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, se estableció que algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron trasladados hacia varias instalaciones militares, entre esas, a la Escuela de Caballería, mientras que sobre el cementerio del sur, explicó que los cuerpos de las personas desaparecidas durante la operación fueron trasladados allí para inhumarlos en fosas comunes.
"En la actualidad algunos de esos sitios siguen funcionando como sede de estamentos públicos sin ningún tipo de alusión a lo sucedido lo que supone una revictimización constante que diluye la posibilidad de memoria colectiva como derecho fundamental de la sociedad colombiana y de las víctimas de los crímenes cometidos en tal infraestructura", argumentó Urán.
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