Penas para corruptos aumentaron con la Ley de sometimiento de organizaciones criminales
Además de endurecer sanciones a quienes cometan actos de corrupción, la normatividad pone control a las llamadas carcelarias.
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ley de sometimiento de organizaciones criminales trae muchos cambios de fondo para el actual sistema penal acusatorio. Controles de investigación y judicialización a quienes cometan delitos relacionados con terrorismo, lavado de activos y corrupción, que demuestren qué estaban agrupados para delinquir.
BLU Radio le explica cuáles son los cambios más importantes para el país por dicha ley.
Líderes sociales
Uno de los cambios más trascendentales para el país por la coyuntura nacional de asesinatos a líderes sociales (178 asesinados entre 2016 y 2018) es la creación del delito de ‘Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos’.
A partir de este momento, a quienes atemoricen o amenacen a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, a los a familiares de los defensores, a dirigentes políticos y a líderes sindicales podrán incurrir en penas de 7 a 10 años de prisión.
Conozca más: A sanción presidencial proyecto de sometimiento de las bandas criminales
Penas más altas a corruptos
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A todos los que se sometan a la ley se les imputará concierto para delinquir agravado lo cual aumenta las penas de 3 a 6 años hasta de 4 a 9 años.
Ahí entran quienes incurran en tráfico de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, financiación de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del estado.
Este último, conocido como corrupción. Incluso, los funcionarios que hagan parte de ese concierto se les aumentará la pena en el doble, que sería de 8-18 años de prisión.
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Control de llamadas desde cárceles
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 11 de la ley. El gobierno ordena que cuando se produzcan llamadas de dispositivos de telecomunicaciones ubicados en cárceles, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán disponer lo necesario para informar al destinatario de la llamada, el lugar del nombre y establecimiento desde el cual se origina la comunicación. Los operadores que no cumplan el artículo deberán pagar millonarias multas.
Tema electoral
Con el fin de proteger los certámenes electorales del país, la ley aumentó en una tercera parte la pena a los miembros de GAO y de GDO que cometen el delito de Constreñimiento Electoral.
Sobre La Paz
Hay varios puntos que pretenden proteger el desarrollo normal de los denominados territorios de paz. Algunos de ellos son: que se extiende el delito de constreñimiento ilegal a miembros, testaferros y colaboradores de GAO y GDO que impidan u obstaculicen el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pasando de 1.4 y 3 años a una peña entre 4 y 6 años.
También se aumentan penas a quienes usen uniformes o insignias y porten armas en esos territorios.
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Investigación y labores de rastreo
Uno de los puntos a resaltar es que a partir de este momento las autoridades podrán nombrar agente especial a un miembro de alguna organización que colabore con la justicia delatando o brindando información privilegiada que lleve a las autoridades a resultados importantes. Hoy solo se les llama informantes.
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Jueces y audiencias
La ley creó unos Jueces de control de garantías especiales para grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Ellos deberán desplazarse hasta las zonas de reunión (determinadas por el gobierno nacional) para realizar las audiencias correspondientes.
Otro de los puntos importantes es que, actualmente, la justicia tiene 36 horas desde la captura de una persona para que le definan la última etapa de garantías que es la de definición de medida de aseguramiento. Con la nueva ley, las 36 horas empezarán a correr pero desde que se legalice la captura. Es decir, desde que inicie la imputación de cargos, que es la etapa previa a solicitar medida.
Levantamiento de órdenes de captura
Se aplicará a todos aquellos miembros de organizaciones criminales que se concentren y se sujeten a la ley.
Consulte aquí la normatividad completa:
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