El presidente Gustavo Petro firmó el 1 de mayo la resolución 115 de 2023 en la cual da vía libre a la extradición de Harold Antonio Ayala Pinedo, quien fue capturado el 26 de abril de 2022 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, unas semanas después la Embajada de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición para que responda en ese país por delitos relacionados con lavado de activos y concierto para delinquir.
Lo llamativo de este caso es que la defensa de Ayala Pinedo envió en los últimos meses una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con una supuesta solicitud de sometimiento a la justicia, suscrita por el jefe máximo de la estructura delincuencia denominada Los Rastrojos Costeños y la misma defensa añadió que su cliente es presidente de la Fundación Mejores Días para Colombia y que ha gestionado el sometimiento de la organización previamente citada, según se señala en el concepto favorable a la extradición que entregó la Corte Suprema.
Es decir, la defensa del solicitado en extradición pedía que se le reconociera como gestor de paz a lo cual la corte le puso freno.
“Tampoco es de recibo que, con un día de posterioridad al decreto probatorio, en el que se ordenó requerir al Alto Comisionado para la Paz, Harold Antonio Ayala Pinedo, por intermedio de un tercero, presente una solicitud de sometimiento de un grupo armado ilegal, con la finalidad de “demostrar” que él es gestor de paz, e intermediario entre la organización delictiva y el Gobierno nacional. La corte no permitirá que aquello sea utilizado como estrategia para evadir una extradición”, advirtió en su momento la Corte Suprema.
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