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Un grupo de congresistas, según una publicación de El Espectador, harían parte de una lista de parlamentarios que estarían siendo investigados por diferentes entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que indaga sobre la posible trazabilidad que hay entre sus curules y presuntas irregularidades en la acumulación de terrenos y, del mismo modo, la ocupación de predios baldíos en las regiones dónde tienen su capital político.
A través de un derecho de petición, la ANT dio a conocer que han “identificado algunos nombres de congresistas involucrados en procesos agrarios, sin ser esta una identificación exhaustiva”; aunque precisó que “no es posible entregar detalles adicionales en este momento del proceso, hasta que no se cuente con decisiones en firme”.
Los políticos que están siendo vigilados cuentan con un importante poder en cada una de sus regiones. El primero de ellos es Wadith Manzur, representante del partido Conservador por el Cesar y expresidente de la Comisión de Acusaciones de la corporación.
Según reveló el medio, en su campaña para el Congreso, en 2022, los ingresos de la campaña de Manzur provinieron, en su mayoría, de familiares y de su propio patrimonio, lo que representó más de $524 millones ($524′500.000): de los cuales su padre fue el segundo mayor aportante ($417′500.00) y él mismo ocupó el primer puesto ($277′000.000), según el aplicativo de Cuentas Claras.
También figura su hermana, Adriana María Manzur Imbett; su madre, Carmen María Imbett Otero; y su tía, Martha Elena Manzur Abdala, que también dieron dinero a sus campañas. De todas, la mayor aportante fue su tía, con una cifra de $43 millones.
El representante está relacionado con 23 propiedades en Cereté, Córdoba, y reportó en su informe de conflicto de intereses que tiene actividades económicas relacionadas con el sector de ganadería y agricultura, así como con la comercialización de productos agrícolas y pecuniarios con la empresa Manzur Imbett, Sociedad en Comandita.
Sin embargo, en la investigación del diario lograron evidenciar que en el Registro Único Empresarial, esta forma reporta como actividades económicas la explotación mixta (agrícola y pecuaria), actividades de apoyo a la agricultura, actividades de apoyo a la ganadería y cría de ganado bovino y bufalino. Cuando se le preguntó sobre la actividad de esta empresa, Manzur -salpicado en el escándalo de corrupción en la Ungrd+ aseguró que “solo comercializa algodón” y “no tiene actividad agropecuaria”.
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La publicación además resalta que bajo el apellido Manzur está también registrada Manzur Aldana CIA, Sociedad en Comandita, en la que aparecen como representantes legales José Elías Manzur Abdala (su tío) y Cecilia del Carmen Aldana Bula (su tía), que reporta como actividades económicas la cría de ganado bovino y bufalino.
Por lo que, es con base a estos reportes de Cuentas Claras, con los que Transparencia por Colombia, la ONG que indaga sobre la incidencia de la corrupción en las instituciones públicas, señaló que en ese departamento es notable que la mayoría de los candidatos han sido financiados por privados cercanos.
Otro de los parlamentarios es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, ocupante de una de las curules de paz por el departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y condenado por la masacre de El Salado. La investigación de El Espectador mostró que sus actividades proselitistas se dieron bajo una financiación propia de más de $60 millones ($60′539.467), que se suman a los $9′460.533 que recibió del Estado.
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Además, el diario citado publicó que el representante aparece vinculado a tres propiedades en Valledupar, pero tanto su padre como su madre, Ana Vélez Salgado, son propietarios de predios con demanda de restitución.
El rotativo documentó el apoyo que le habría dado Víctor Hugo Mosquera, entonces director territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira, para llegar al puesto, así como las facilidades con las que habría contado Tovar para movilizarse en veredas en zonas rurales que estaban controladas por grupos paramilitares en la zona.
La publicación también habla de Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, proveniente del Casanare: departamento del que fue gobernador, pues también tiene la lupa puesta por 172 propiedades en estas tierras que estarían bajo su nombre y el de su núcleo cercano.
En Norte de Santander, el representante Wilmer Guerrero del partido Liberal y quien presuntamente está salpicado por las presuntas irregularidades en la contratación en el Fondo Nacional del Ahorro, es vigilado por un lote en Ocaña: comprado el 14 de noviembre de 2017 por un precio de $20 millones, menos de dos meses después de que se levantara “la declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado” por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, declarada por primera vez en 2005.
En Santander, Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, tuvo que someterse, junto a sus hermanos Danny e Ingrid, a un pleito judicial por una finca en Girón, Santander. El Espectador encontró en su hoja de vida en la página web de la Cámara, que el representante escribió que fue director del “Proyecto Caucho Natural” en la finca Puerto Rico, que es el meollo de la pelea que libraron estos tres hermanos, hijos del exsenador Alirio Villamizar: acusado e investigado en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente liderar una red de corrupción en el extinto Seguro Social, con Martha Capacho, quien había sido desplazada.
La investigación revelada por El Espectador tiene como último capítulo el caso de Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista, Córdoba, quien es la pareja de Ana Paola García, representante del Partido de la U. Gutiérrez ha sido señalado de haber colaborado con el paramilitarismo, pues según el testimonio de la excongresista Zulema Jattin ante la JEP, este habría sido parte del grupo de gobernantes locales que selló acuerdos con figuras como Mancuso, quien también lo señaló, y Macaco para entablar una red de extracción de oro.
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