El Espectador

En la editorial del periódico El Espectador del pasado 29 de enero, se recoge una sensación cada vez más extendida entre los colombianos: la de un país que parece desmoronarse desde sus regiones, hoy sometidas al control de grupos criminales, economías ilegales y poderes locales que operan con amplia autonomía frente al Estado.Mientras tanto, en medio del actual proceso electoral, lo que predomina en el debate público son promesas de soluciones rápidas y fórmulas simplistas, dictadas desde el centro y desde una evidente desconexión con las realidades territoriales.Partiendo de una premisa clara —que la periferia colombiana está bajo asedio y que no existen soluciones mágicas—, El Espectador relata el encuentro realizado el pasado fin de semana en Honda (Tolima), convocado por la Fundación Acordemos y el propio diario.Allí, cerca de cincuenta personas, provenientes de distintos sectores y regiones del país, se reunieron para analizar y empezar a delinear una agenda de salida a uno de los problemas estructurales más graves de Colombia: la relación rota entre el poder central y los territorios.Uno de los puntos centrales del debate, retomado por el premio Nobel de Economía James Robinson, fue la persistencia de una relación de corte extractivista entre las élites políticas y económicas del centro del país y los poderes regionales.Una relación que, como se insistió en Honda, resulta funcional para ambas partes: el mantenimiento del status quo (situación actual de las cosas) garantiza beneficios mutuos, mientras bloquea cualquier posibilidad de desarrollo incluyente.No se trata de una discusión teórica. Mandatarios locales y líderes sociales de zonas afectadas por el conflicto ilustraron con ejemplos concretos cómo esas lógicas —legales e ilegales— impiden transformar las realidades territoriales.Desde esa perspectiva, El Espectador subraya que solo una construcción que surja desde las regiones y sus comunidades puede romper ese círculo vicioso del poder. Pero ello exige una transformación profunda del arreglo institucional vigente, especialmente en materia de representación política y ordenamiento territorial.No es casual que, tras casi 35 años, el modelo de ordenamiento territorial previsto en la Constitución siga sin desarrollarse plenamente. Tampoco lo es que, a casi una década de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el punto uno —relativo a la reforma rural integral y a los 16 planes nacionales— continúe sin implementarse, señala el diario.La coyuntura actual refuerza esa lectura. La ley de competencias que hoy cursa en el Congreso, concebida bajo una lógica de transferencias uniformes y sin atender las profundas desigualdades regionales, amenaza con convertirse en una nueva promesa fallida de descentralización. De mantenerse ese enfoque, advierte la editorial, el resultado no será otro que una mayor frustración institucional y un problema fiscal de grandes proporciones.Pese a la magnitud del desarreglo entre el Estado central y las regiones, el encuentro en Honda también dejó señales de esperanza. Como recordó James Robinson, cuando Colombia ha logrado construir una visión compartida —quizás el concepto más reiterado durante las discusiones— ha sido capaz de superar desafíos incluso más complejos que los actuales. Experiencias locales de convergencia comunitaria, lideradas por jóvenes y construidas desde el territorio, mostraron que es posible generar procesos exitosos, aunque no sean fácilmente replicables a gran escala.Lo que resulta difícil de justificar, como concluye El Espectador, es que este debate siga ausente de los primeros planos de la discusión nacional, justo cuando el país se prepara para elegir un nuevo Congreso y un nuevo gobierno.Hoy, tanto el Ejecutivo como muchos candidatos parecen cómodos administrando el status quo, extrayendo de él beneficios políticos y económicos. Si no se actúa, el país seguirá resquebrajándose desde las regiones.De ahí el llamado final del editorial: construir, de manera colectiva, una agenda compartida de país que parta de los territorios y responda al interés general. Una agenda que, además, ya cuenta con bases claras en el Acuerdo de Paz, cuya implementación no solo es una deuda política, sino una obligación constitucional.

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