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En los últimos cinco años las aseguradoras han pagado más de 1.9 billones en seguros sobre obras públicas debido a problemas de planeación, ejecución y hasta corrupción, al punto que terminar una obra bien y a tiempo, se ha convertido en una excepción y no en la regla.
“Es evidente que la sucesión, cada vez más frecuente de estos siniestros, algunos de ellos de montos billonarios, generan preocupación en las estructuras internacionales de reaseguro que perciben que el riesgo de este tipo de operaciones en Colombia es muy superior a los estándares internacionales”, señaló el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez.
Y es que para Fasecolda, los seguros no son un paliativo para la corrupción ni para la ineficiencia del estado.
Para este sector, el reto más importante del país en la actualidad es la crisis institucional, y por eso se encuentra pidiendo una reforma a la justicia.
“Lo cierto es que las víctimas, los ciudadanos, los empresarios, los inversionistas y todos los que se interesan por los temas nacionales, saben que la justicia es un servicio público lento, contradictorio y sometido a todo tipo de insuficiencias. Ni las víctimas, ni los titulares de derechos, ni quienes han emprendido siguiendo un marco legal, pueden estar seguros de que las normas se harán respetar o que serán aquellas que ellos creían que les serían aplicables”, puntualizó Gómez.
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