Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 68.270 reclamaciones y pagado $95.076 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 7 de septiembre. El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $3,7 billones, un billón de pesos más que en el balance de la semana anterior.Los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras registraron, además, un aumento de 121% frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones destinadas a atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades. Las reclamaciones se concentran principalmente en cinco departamentos. Valle del Cauca registra 28.201 siniestros, con $46.220 millones pagados y $1,35 billones estimados en indemnizaciones. Le sigue Risaralda, con 14.755 reclamaciones, $26.337 millones desembolsados y $1,30 billones estimados.En Quindío se han reportado 8.158 siniestros, con $12.446 millones pagados y $256.000 millones estimados; mientras que Caldas suma 3.998 reclamaciones, $4.677 millones desembolsados y $220.000 millones estimados. Antioquia registra 5.847 siniestros, con $660 millones pagados y $106.000 millones estimados.El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, señaló que el sector asegurador mantiene el acompañamiento a las personas, familias, empresas y copropiedades afectadas y recordó que los damnificados cuentan con un plazo de hasta dos años, desde la ocurrencia del terremoto, para presentar sus reclamaciones. “Recuerden todos que hay un plazo de 2 años contados a partir del 10 de agosto, fecha del terremoto, para presentar las reclamaciones ante las compañías de seguros, y, por lo tanto, estas cifras indican que apenas estamos comenzando el proceso”, concluyó Morales. Fasecolda también dispuso en su página web una guía con información sobre las coberturas y los pasos que deben seguir los afectados para realizar el proceso de reclamación ante las compañías de seguros.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) expresó su preocupación por el artículo 37 del Proyecto de Ley 277-25S–058 24C, que actualmente cursa su cuarto debate en el Congreso y que propone la creación de una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción.De acuerdo con el gremio, la medida tendría impacto sobre más de 13 millones de personas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), quienes tendrían que asumir esta nueva obligación además del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).Aunque Fasecolda aseguró compartir el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el país, considera que la creación de un nuevo seguro obligatorio resulta "inconveniente e inviable", por lo que solicitó la eliminación del artículo.Cuestionan que el seguro esté ligado a la licencia y no al vehículoUno de los principales reparos del gremio es que la propuesta vincula la póliza a la licencia de conducción y no al vehículo. Según explicó, "la aplicación del seguro se hace sobre la licencia de conducción cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción".Asimismo, la entidad señaló que "ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real", debido a que puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial.Para Fasecolda, esta situación genera una desconexión entre el riesgo y el aseguramiento. En el comunicado, el gremio advierte que la medida "impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo", lo que, a su juicio, afecta la coherencia regulatoria del sistema.Advierten mayores costos para los hogaresOtro de los puntos que preocupa al sector asegurador es el impacto económico que tendría la medida sobre las familias colombianas. Según el documento, en muchos hogares un mismo vehículo es utilizado por varios miembros de la familia, por lo que exigir el seguro por licencia y no por vehículo podría incrementar significativamente los gastos."La medida tiene un efecto regresivo y plantea dudas de proporcionalidad", indicó Fasecolda. Además, explicó que "si el seguro se exige por licencia y no por vehículo, cada conductor tendría que adquirir una póliza distinta para cubrir un mismo riesgo, lo que multiplica el gasto de los hogares sin aumentar de manera equivalente la protección".El gremio también cuestionó que el artículo haya sido incorporado sin una discusión técnica previa con el sector asegurador. Según indicó, la propuesta no ha sido analizada dentro de la estructura de costos del mercado y podría generar gastos adicionales que terminarían siendo trasladados a los usuarios.Finalmente, Fasecolda pidió eliminar el artículo 37 y abrir una discusión técnica más amplia sobre la posibilidad de implementar un seguro obligatorio de responsabilidad civil en el futuro. En ese sentido, el presidente del gremio, Gustavo Morales, señaló que una medida de este tipo solo debería avanzar tras una evaluación que permita determinar si realmente genera "un beneficio real y proporcional para los ciudadanos y para el sistema en su conjunto".
La fuerte expansión de Tesla en Colombia y el crecimiento acelerado del mercado de autos eléctricos comenzaron a mover los precios de varios modelos en el país después de conocerse un reporte basado en cifras de Fasecolda, que reveló cuáles son los carros que más han bajado su precio entre 2025 y 2026, con caídas que en algunos casos superan los $80 millones.El ajuste de precios se da en medio del auge de los eléctricos en Colombia, un segmento que este año ha tenido cifras históricas. Entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo del año pasado. Además, en abril se registraron 5.192 unidades eléctricas vendidas, equivalentes a casi el 20 % del mercado mensual.En ese mismo contexto, Tesla se convirtió en protagonista del mercado colombiano luego de su llegada oficial en noviembre de 2025. Incluso, el Tesla Model Y logró convertirse en el carro más vendido del país en marzo y abril de este año, superando modelos tradicionales de combustión.¿Cuáles son los carros que más bajaron de precio en Colombia?De acuerdo con el reporte basado en cifras de Fasecolda, estos son algunos de los vehículos que más redujeron su precio entre 2025 y 2026:Porsche Taycan: pasó de $686,9 millones a $600,3 millones (-12,6%)JAC E J7 Pro: de $86,9 millones a $76,4 millones (-12,1%)Foton Tunland V9: de $195,2 millones a $172,7 millones (-11,5%)Porsche Macan eléctrico: de $652 millones a $578 millones (-11,4%)Honda ZR-V: de $158,4 millones a $140,9 millones (-11%)Ram 700 Big Horn: de $86.5 millones a $77,1 millones (-10,9%)BYD Sealion 7: de $207,8 millones a $185,5 millones (-10,7%)Foton Tunland BJ1037: de $139,1 millones a $125,1 millones (-10,1%)Kia EV5 Light: de $167,4 millones a $151,1 millones (-9,7%)BYD Tang EV: de $291,6 millones a $265,1 millones (-9,1%)BYD Yuan Up EV: de $106 millones a $97,2 millones (-8,3%)Porsche Macan 4S EV: de $510.5 millones a $470,4 millones (-7,9%)Opel Crossland GS: de $133 millones a $123,7 millones (-7%)Karry Q51: de $83 millones a $77,2 millones (-7%)Kia EV5 Light+: de $184 millones a $170,3 millones (-6,6%)Mercedes-Benz A250 AMG Line: de $207,9 millones a $195,2 millones (-6,1%)Ford Maverick Lariat: de $192 millones a $180,5 millones (-6%)Porsche Macan 4 EV: de $469,6 millones a $443,6 millones (-5,5%)¿Por qué podrían estar bajando los precios de los carros eléctricos?Uno de los factores que podría estar influyendo en la reducción de precios es la llegada de Tesla y otros modelos con la misma agresiva estrategia de precios (Chery E5 y MG S5 EV) a Colombia, que pisaron fuerte en el mercado local con valores competitivos.Estos vehículos comenzaron a ubicarse en rangos similares o inferiores a los de SUVs y sedanes híbridos o de combustión en segmentos medios y altos, especialmente entre los $150 millones y $300 millones, donde actualmente coinciden varias marcas.El ajuste de precios también podría responder a estrategias comerciales propias de cada fabricante, en medio de una competencia cada vez más fuerte en el mercado de vehículos electrificados, donde marcas tradicionales, fabricantes chinos y Tesla buscan ganar participación.El contexto coincide además con un crecimiento acelerado de las ventas de eléctricos en Colombia. Según cifras de Fenalco y la Andi conocidas este año, los vehículos eléctricos crecieron 267% en marzo frente al mismo mes de 2025.En ese mismo periodo, Tesla logró convertirse en la tercera marca más vendida del país gracias a la entrega masiva de pedidos acumulados desde su llegada al mercado colombiano.Además, el Tesla Model Y alcanzó un hecho inédito al convertirse en el carro más vendido del mercado colombiano durante algunos meses de 2026, siendo el primer vehículo eléctrico en ocupar esa posición en el país.
El sector asegurador colombiano cerró el 2025 con cifras que reflejan tanto crecimiento como desafíos críticos. Durante el año pasado, las compañías de seguros desembolsaron 27,6 billones de pesos en reclamaciones, cubriendo accidentes, enfermedades, fallecimientos y otros siniestros.“Las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.Uno de los segmentos que más destacó fue el de seguros de salud, cuyas primas crecieron 21 %, alcanzando 871 mil millones de pesos. Las aseguradoras pagaron 3,3 billones en servicios médicos, un reflejo de las dificultades que enfrenta el sistema público de salud y del creciente interés de los colombianos por asegurar su bienestar.Hoy, 1,8 millones de personas cuentan con cobertura privada, 200.000 más que en 2024. En respuesta, Fasecolda creó la Cámara Técnica de Seguros de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios y articular esfuerzos entre el Estado, prestadores y aseguradoras.Los seguros de vida también mostraron un crecimiento sólido. Las primas de vida individual aumentaron 14%, hasta 1,8 billones de pesos, reflejando la intención de muchas familias de proteger su respaldo económico frente a cambios demográficos y necesidades emergentes. Según Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, este fenómeno responde a la transición poblacional y a la necesidad de soluciones de aseguramiento adaptadas a la realidad colombiana.En cuanto a seguridad social y rentas vitalicias, cerca de 8,2 millones de personas estuvieron cubiertas por seguros de invalidez y sobrevivencia. Durante el año, se registraron 12.075 reclamaciones por 4,3 billones, y las mesadas de rentas vitalicias alcanzaron 2 billones de pesos. Además, el sector constituyó reservas matemáticas históricas por 17 billones, elevando el stock total a 58,7 billones.Por otra parte, los seguros para autos subieron 5,1%, con 2,48 millones de vehículos protegidos, mientras que los pagos por siniestros alcanzaron 3,48 billones, un leve descenso respecto a 2024 debido a la menor gravedad de los accidentes. No obstante, 8.697 muertes y 1,27 millones de víctimas por siniestros viales resaltan la urgencia de fortalecer la seguridad vial y combatir el fraude al SOAT.Los seguros de propiedad cobraron relevancia ante eventos extremos, como el sismo de 6,5 grados en Paratebueno, que generó pagos por 62.100 millones de pesos. Con 2,6 millones de propiedades aseguradas, el valor asegurado alcanzó 2,432 billones, equivalente a casi 1,5 veces el PIB de 2024.Por último, el seguro agropecuario confirmó su papel como herramienta estratégica de política pública. A pesar de una disminución en primas del 18,1%, los pagos cubrieron pérdidas por fenómenos climáticos, beneficiando a 75.419 productores, principalmente pequeños agricultores. Los incentivos del ISA priorizaron a los sectores más vulnerables, reforzando la protección del ingreso rural y la sostenibilidad del campo colombiano.
Hoy en día el sistema de salud pública en Colombia atraviesa una crisis, las deudas acumuladas, las demoras en citas con especialistas y las dificultades para acceder a medicamentos han generado una sensación de incertidumbre en millones de usuarios.Frente a esto, cada vez más familias enfrentan una decisión compleja, esperar dentro del sistema público o destinar parte de sus ingresos a alternativas privadas que prometen mayor rapidez como la medicina prepagada.La constante congestión, trámites extensos y autorizaciones demoradas ha ido debilitando la confianza en el modelo tradicional de las EPS, por ello más colombianos están optando por seguros médicos privados ante la desconfianza en la salud pública.Crece la demanda de seguros médicos privados y medicina prepagadaEn medio de la incertidumbre que rodea al sistema estatal, la demanda de seguros voluntarios y planes de medicina prepagada registra un crecimiento del 23 %, siendo la principal alternativa para quienes buscan atención oportuna y de mayor calidad.Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante 2025 el gasto en salud de los hogares colombianos aumentó 3,2 %, alcanzando los $128 billones.De acuerdo con la firma Raddar, el incremento se debe a la compra de medicamentos de venta libre, consultas particulares y mayor aseguramiento privado mediante pólizas complementarias y medicina prepagada.Felix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros, explicó que este comportamiento se debe a que, ante la incertidumbre, quienes tienen capacidad económica buscan pagar por una atención más ágil.“El seguro funciona como un complemento que mejora la base obligatoria de la EPS, sin reemplazarla, pero que permite acceder a una red de clínicas más amplia y menos tiempo de espera para ver a un especialista”, afirma.Por su parte, Fasecolda confirma esta tendencia, la salud es el segundo sector de mayor expansión en el ámbito de las aseguradoras, con un crecimiento entre el 24 % y el 25 % anual. “En medicina prepagada, que ya suma 1,4 millones de afiliados, el incremento ha sido del 37 % en los últimos tres años. Además, a julio de 2025 el sector había pagado $15,3 billones en siniestros”.Las modalidades más buscadasEn el mercado colombiano existen tres opciones principales:Medicina prepagada: acceso ágil a redes privadas definidas.Plan complementario: mejora la experiencia dentro de la misma EPS a menor costo.Póliza de salud: contrato técnico que puede incluir reembolsos y mayor libertad de elección.No obstante, el acceso depende del ingreso familiar. Las primas varían según edad, ciudad y preexistencias médicas, y muchos trabajadores ingresan a estos planes a través de pólizas colectivas empresariales.La advertencia de los expertosAunque el crecimiento es grante, expertos en seguros advierten que tener un seguro privado no significa cobertura total. Es clave revisar carencias, exclusiones, topes, copagos y deducibles, así como las clínicas incluidas en la red.Estos seguros no prometen resolver los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, pero para muchos usuarios representan algo esencial: tiempo, previsibilidad y tranquilidad.
En medio del debate por los ajustes económicos de cara a 2026, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) deje de ser un seguro y se convierta en un impuesto. La propuesta generó preocupación en el sector asegurador y en el sistema de salud. Desde Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, su presidente Gustavo Morales advirtió en Mañanas Blu que esa idea tendría consecuencias negativas para la atención de las víctimas de accidentes viales y para el flujo de recursos del sistema.¿Qué plantea Petro sobre el SOAT?Morales explicó que el planteamiento presidencial tiene dos componentes. El primero, relacionado con los subsidios cruzados —que los vehículos grandes paguen más y las motos y carros pequeños menos—, no es nuevo. Según dijo, ese esquema existe desde la creación del SOAT en 1986 y ha sido incluso reforzado por el propio Gobierno con un decreto expedido a finales de 2022, que puso topes al incremento de las tarifas para motos y vehículos de servicio público.Sin embargo, la mayor preocupación de Fasecolda está en la idea de convertir el SOAT en un impuesto. Para Morales, “eso sería un gran error”, porque el SOAT funciona hoy como uno de los pilares del sistema de salud en la atención de accidentes de tránsito. Principales consecuencias de convertir el SOAT en un impuesto, según FasecoldaDe acuerdo con lo expuesto por Gustavo Morales, estas serían las principales consecuencias:Riesgo para el flujo de recursos al sistema de salud: el SOAT es hoy uno de los mecanismos que más recursos aporta a la atención de accidentes de tránsito. Morales explicó que el siniestro promedio del SOAT es de cerca de 3 millones de pesos, casi el doble de la UPC del sistema general de salud.Dificultades para las IPS: más de 12.000 clínicas y hospitales atienden accidentes de tránsito con cargo al SOAT. Convertirlo en un impuesto dejaría en el aire a quién le cobrarían las IPS, cómo se tramitarían los pagos y con qué tiempos se les girarían los recursos.Pérdida de eficiencia en los pagos: según Morales, las aseguradoras del SOAT son “las mejores pagadoras del sistema de salud” gracias al manejo técnico de reservas, supervisado por la Superintendencia Financiera. Ese esquema desaparecería al pasar los recursos al presupuesto general.Mayor carga burocrática: el presidente de Fasecolda advirtió que los recursos quedarían “enredados en una maraña burocrática”, lo que afectaría la rapidez en la atención y el pago de servicios médicos.Impacto directo sobre las víctimas de accidentes: para Morales, cualquier retraso o dificultad en el pago terminaría perjudicando a las personas lesionadas en accidentes de tránsito, que hoy cuentan con una atención inmediata gracias al SOAT.Problemas en la transición del sistema: actualmente los conductores pueden acreditar de forma inmediata que tienen su SOAT vigente. Morales cuestionó cómo se haría ese control si el SOAT se convierte en un impuesto y cómo se garantizaría el cumplimiento durante el cambio de modelo.Agravamiento de la evasión: Fasecolda advierte que la evasión, que hoy ya es alta, podría aumentar. Según cifras del gremio, el 47 % de los vehículos y el 57,3 % de las motocicletas no tienen SOAT vigente.Cifras a tener en cuenta del SOAT 2025En cuanto al impacto financiero, el presidente de Fasecolda entregó cifras que, a su juicio, muestran la magnitud del riesgo. Con corte a octubre, se registraron cerca de 1.154.000 víctimas de accidentes viales y se pagaron alrededor de 23 billones de pesos en siniestros con cargo al SOAT. En el caso de las motocicletas, indicó que hay 13,3 millones registradas y que el 88 % de los siniestros viales involucran a una moto. También reveló que la evasión sigue siendo alta: el 47 % de los vehículos y el 57,3 % de las motos no tienen SOAT vigente.
El mercado asegurador en Colombia atraviesa un momento de notable robustez financiera. Según el último informe de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), se proyecta que el sector crezca un 6,5 % para el año 2026.Esta solidez se evidencia en las cifras de julio de 2025, donde la industria respondió a sus asegurados con $15,3 billones, un incremento del 5,7 % respecto al año anterior, respaldado por un recaudo de primas de $33,9 billones y utilidades que alcanzan los $2,96 billones.Sin embargo, a pesar de este panorama positivo, existe un contraste evidente con economías más avanzadas. Mientras el mundo adopta modelos ágiles de gestión, en Colombia la figura de las Managing General Agents (MGA) aún no ha sido regulada, lo que representa un obstáculo para la sofisticación del mercado.¿Qué es una MGA y por qué es vital para el sector?A diferencia de los corredores tradicionales, las MGA poseen facultades extendidas que transforman la operatividad del negocio. De acuerdo con Félix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros y reaseguros, estas entidades actúan como intermediarios con capacidades que exceden la simple venta.Entre sus funciones principales, las MGA pueden:Suscribir pólizas y fijar primas en nombre de una aseguradora.Evaluar riesgos y administrar siniestros de manera autónoma.Diseñar productos a la medida para nichos específicos.Supervisar de manera directa a agentes y corredores asociados.Como explica Garzón: “En mercados como Estados Unidos o Reino Unido, este modelo permite a las aseguradoras expandirse rápidamente, innovar y atender riesgos complejos sin necesidad de construir toda la infraestructura interna”.La brecha regulatoria en el mercado localHoy en día, la normativa colombiana presenta un choque conceptual con este modelo internacional. La Superintendencia Financiera solo reconoce como intermediarios autorizados a agentes, agencias y corredores.Bajo el marco legal vigente, funciones críticas como la fijación de primas y la suscripción de riesgos son consideradas parte de la "profesionalidad de la aseguradora" y son, por tanto, indelegables.“Esto significa que una entidad que intentara actuar como MGA bajo el modelo internacional estaría operando por fuera del marco jurídico colombiano”, advierte Garzón. Esta limitación obliga al mercado a operar bajo el esquema tradicional, donde las compañías mantienen la responsabilidad central de cada proceso, apoyándose en terceros solo para labores operativas menores.Oportunidades: De la ciberseguridad al campoLa adopción de las MGA no solo es una cuestión de eficiencia operativa, sino de inclusión financiera. En Colombia, estas entidades podrían dinamizar la creación de seguros para riesgos emergentes, tales como la ciberseguridad, las energías renovables y la economía digital.Además, el modelo permitiría llegar a poblaciones hoy desatendidas. Las MGA tienen el potencial de diseñar coberturas para el sector rural y pequeñas empresas (pymes) que actualmente carecen de protección, ampliando la penetración del seguro en regiones con limitada presencia institucional. Al delegar la operación, las aseguradoras podrían reducir costos y ofrecer productos personalizados con mayor agilidad.Por ahora, el debate sobre las MGA en Colombia se mantiene como un ejercicio de análisis prospectivo. Mientras el sector observa con interés el éxito de figuras similares como los coverholders en Lloyd’s de Londres, el país sigue enfocado en consolidar su crecimiento dentro de los lineamientos actuales, a la espera de una evolución normativa que permita dar el siguiente paso hacia la especialización global.
Mientras el sector asegurador está creciendo al 5.7 %, la expedición de pólizas privadas de salud está rompiendo todos los récords con una expansión del 23 % anual, según datos de Fasecolda.El crecimiento en servicios privados salud venía aumentando desde el año pasado, pero se aceleró durante 2025. En paralelo el sistema de salud general atraviesa una crisis financiera y de atención, mientras el Congreso discute la reforma que ha propuesto el Gobierno Petro desde el inicio de su mandato."Nosotros queremos creer que, y algunas primeras investigaciones que hemos hecho nos indican que no es solo por la incertidumbre que hay en el sistema público de salud, aunque algo de eso debe explicar el fenómeno, sino también porque hay una mayor cultura del seguro. La gente está diciendo, hombre, en vez de comprarme un nuevo sofá, de pronto más bien me compro una nueva póliza de salud que protege mejor a mi familia", explicó el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales.Fasecolda está iniciando un estudio especial para hacerle seguimiento al gasto privado en salud, no solo midiendo el costo de las pólizas, sino también el famoso gasto de bolsillo. Los datos del Dane apuntan a que el costo en salud está creciendo más rápidamente que la inflación.Mascotas: la otra razón para contratar seguros privadosNo es la única razón. En Fasecolda creen que, además, hay una tendencia clave para entender lo que pasa y es la creación de pólizas de salud que no solo cubren a las personas sino también a sus mascotas: los seguros multiespecie."Algunas compañías han estado innovando en productos que van relacionados a ofrecer una póliza de salud como el punto principal, pero además dan unas asistencias veterinarias o asistencias en baño para sus mascotas que, en principio, busca capturar esas preferencias de consumo de la gente joven", explicó Fernando Dueñas, director de la Cámara de Salud de Fasecolda.En Colombia, a medida que están naciendo cada vez menos niños, está aumentando la tenencia de mascotas. Junto con la fiebre por los peluditos están surgiendo cada vez más negocios apuntando a ese nicho: guarderías, paseadores, pet shops, seguros de salud y hasta seguros fúnebres.Las empresas y el envejecimiento también están moviendo el mercado de segurosSegún los análisis de Fasecolda, las empresas están impulsando también la contratación de seguros privados como parte del paquete de beneficios para sus empleados.Otra de las razones tiene que ver con el envejecimiento de la población y la famosa economía plateada, lo que está impulsado a las aseguradoras a ofrecer productos específicamente dirigidos a los mayores de 60 años.
En el marco de la edición número 11 de los Premios Vía, llevada a cabo este martes, 22 de abril, fueron anunciados los carros más seguros en Colombia, según su rango de precio y tipo. Este reconocimiento, organizado por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi Colombia), destacó a los fabricantes que equipan sus modelos con los estándares mínimos internacionales de seguridad activa y pasiva.Carros más seguros en Colombia 2025La categoría Mejor equipamiento en seguridad premia a los modelos que integran tecnologías que ayudan a prevenir accidentes y a proteger a los ocupantes en caso de colisión. Los carros más seguros, ganadores de este año fueron:AutomóvilesMenor de $70 millones: Hyundai HB20Entre $70 y $80 millones: Volkswagen PoloEntre $80 y $95 millones: Nissan VersaEntre $95 y $115 millones: BYD iDolphinMayor a $115 millones: Mercedes-Benz CLAPickupsMenor de $220 millones: Toyota HiluxUtilitariosMenor de $100 millones: Volkswagen T-CrossEntre $100 y $120 millones: Renault KoleosEntre $120 y $140 millones: Ford EscapeEntre $140 y $220 millones: Volvo EX30Mayor de $220 millones: BMW iX1Durante la ceremonia también se llevó a cabo un foro con ganadores de ediciones anteriores, quienes compartieron cómo este reconocimiento ha impulsado mejoras internas en sus procesos, productos y estrategias. Los organizadores afirmaron que la iniciativa busca educar con responsabilidad en un mercado cada vez más dinámico y con consumidores más exigentes.¿Qué son los Premios Vía?Los Premios Vía surgieron en 2014 con el propósito de orientar a los colombianos en la compra de vehículos más seguros, con mejores costos de reparación y un servicio posventa más eficiente. “Desde entonces, estos premios no solo han evolucionado, sino que se han consolidado como el referente de confianza para los compradores de autos, camionetas y pickups en nuestro país”, explicó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.“Comprar un vehículo no es una decisión cualquiera: es una inversión y un compromiso con la seguridad familiar y de todos los actores en la vía”, agregó Morales durante el evento.
El sector asegurador en Colombia enfrenta un grave problema relacionado con la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según datos revelados por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), se identificó un aumento en la venta de pólizas falsas, lo que ha afectado a miles de conductores en el país.De acuerdo con un informe de Fasecolda, en 2024 se registraron más de 4.081 casos de estafas relacionadas con la venta fraudulenta de Soat, de lo que se estima los delincuentes han recaudado más de 2.000 millones de pesos a través de esta modalidad.Casos se han dado en los que los compradores, al momento de requerir la cobertura del seguro, nunca reciben una póliza o descubren que no es válida cuando un agente de tránsito se los requiere en un retén.Cuántos casos de fraude por Soat se registraron en 2024Uno de los aspectos más preocupantes de esta problemática es el impacto en los conductores que adquieren estas pólizas fraudulentas sin saberlo. Alrededor de 17.302 casos de fraude están relacionados directamente con el Soat, siendo este el ramo más afectado dentro de la industria aseguradora. Las principales modalidades de fraude incluyen:Venta de pólizas inexistentes.Emisión de documentos con información inconsistente.Simulación de accidentes de tránsito para hacer cobros indebidos.Según Fasecolda, esta situación se agrava debido a la alta evasión del Soat en el país. Datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) indican que, de los 20 millones de vehículos en circulación, solo el 52 % cuenta con el seguro obligatorio. En el caso de las motocicletas, el nivel de evasión alcanza el 59 %, lo que representa un riesgo para los conductores, pasajeros y peatones, pues el Soat es fundamental para la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito.Las compañías aseguradoras desembolsaron un total de 2.54 billones de pesos en 2024 para cubrir los costos de atención médica de los afectados por siniestros viales. Cuánto es la multa por Soat en 2025En 2025, la multa por conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) al día es de $1.207.877, de acuerdo con el UVB de 2025. Además, el vehículo será inmovilizado y se deberá pagar el parqueadero y el traslado en grúa.Sin embargo, la proliferación de pólizas falsas no solo pone en riesgo la salud financiera del sector, sino que también expone a los ciudadanos a posibles sanciones por no portar un seguro válido, además de la negativa de atención médica en caso de un accidente.Fasecolda ha insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación para evitar la venta de pólizas fraudulentas. Asimismo, hace un llamado a los conductores para que adquieran el Soat únicamente a través de canales oficiales y verifiquen su autenticidad mediante las plataformas dispuestas por las aseguradoras y el RUNT.Cómo saber si tengo Soat vigentePara verificar si tiene el Soat vigente, se puede:Ingresar a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)Seleccionar la opción "Consulta por placa"Introducir el número de placa del vehículoProporcionar el tipo de documento del propietarioCompletar el código captchaHacer clic en "Consultar información"
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
