Por segunda vez, el Gobierno cuestiona a Registraduría por licitación electoral

El Gobierno nacional insiste en cuestionar a la Registraduría por el proceso que se está adelantando para la adjudicación de un contrato por 41.000 millones para la solución integral, logística tecnológica, informática y de servicios para la organización de los procesos electorales. Esta vez, la Secretaría de Transparencia de presidencia denunció un supuesto conflicto de interés que involucra a un funcionario del organismo electoral.Apelando un posible conflicto de interés, el secretario de transparencia de presidencia, Andrés Idárraga, pidió acreditar, justificar e identificar los elementos que permitan garantizar la objetividad y transparencia del contrato para logística de los procesos electorales. Pone en duda la transparencia de este contrato porque en el proceso, dice la secretaría, participa en su estructuración el gerente de informática de la Registraduría identificado como Alejandro Alberto campo, y quien según la denuncia es exempleado de empresas que han sido beneficiarias históricas de la contratación en su entidad e interesadas en el señalado proceso contractual.Por estos motivos, la secretaría solicitó a la Registraduría:Verificar los posibles conflictos de interés de los funcionarios de la Registraduría en los futuros procesos de contratación, que podrían afectar la transparencia e igualdad entre los actores del mercado.Proveer un listado de los procesos de contratación en los últimos 10 años en los que las empresas Indra, GSE y el conglomerado Thomas Greg hayan sido adjudicatarias, ya sea individualmente o en grupo, junto con el número de oferentes en cada proceso.Esto se suma a otra petición que hizo recientemente el mismo secretario de transparencia al registrador de suspender la adjudicación de un proceso por 41.000 millones de pesos tras identificar posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes y que faciliten al mismo contratista (TGS) quedarse con el contrato. Según Idárraga, Tthomas Greg ha concentrado contratos por 3.4 billones de pesos en la Registraduría desde 2007.El cuestionamiento de fondo es que empresas como Thomas Greg and Sons, que acumula tensiones con el Gobierno, podrían quedarse con este contrato y cabe mencionar que el mismo presidente Gustavo Petro ha cuestionado que al entregarle a una empresa como está el software de escrutinio de las elecciones, pueden realizar un fraude en Colombia.