Primera condena para miembro de las Farc por masacre de indígenas Awá

Serafín Cortés Delgado, perteneciente al Frente 29 de las Farc, Columna Mariscal Sucre, fue condenado a 33 años, 8 meses de prisión y multa de 2.002 salarios mínimos, por el Juzgado Penal Especializado del Circuito en Tumaco (Nariño), por  la masacre de los 3 niños Awá, desaparecidos en septiembre de 2011 en el municipio de Barbacoas (Nariño).

La investigación adelantada por un fiscal del Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento Forzado, de la Dirección de Fiscalías Nacionales, con el apoyo de grupo de criminalística del CTI, el Ejército Nacional de Colombia, y con la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), permitió dar con la ubicación geográfica de los menores, así como la recolección de los elementos materiales probatorios para identificar a los presuntos responsables, individualizando a uno de ellos.

Después de un trabajo de reconstrucción de puntos de referencia, en un territorio de 340.000 hectáreas, en una operación llevada a cabo dentro del MBU, el 2 de febrero de 2013 en la vereda de San Juan Bautista, en Barbacoas, se recuperaron los 3 cuerpos de los menores indígenas.

El 5 de junio de ese mismo año, la Dirección Regional Sur Occidente del Instituto de Medicina Legal, confirmó la identidad de los niños Awá, dando por finalizado la activación del mecanismo tras la localización, ubicación, rescate y plena identificación de las víctimas.

El 13 de noviembre de 2014 en Ricaurte (Nariño), con la participación de más de 300 indígenas, la Fiscalía General de la Nación realizó la entrega digna de los 3 restos de los menores bajo los usos y costumbres de la comunidad Awá.

Alias Serafín fue condenado como coautor de homicidio en persona protegida, secuestro agravado, rebelión; conductas por las que purgará la pena en el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí (Valle del Cauca). Además el juzgador le impuso como pena accesoria la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas.

Asimismo, el juez ordenó a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), organizar un acto público del sentenciado, previa medida de seguridad, de verdad y reparación simbólica a las víctimas pidiendo perdón.