La Procuraduría General de la Nación acompañará la inspección judicial ordenada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la participación. La diligencia hace parte del seguimiento a las medidas establecidas para proteger a esta población.
El Ministerio Público ha advertido ante la Corte Constitucional sobre la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades responsables de cumplir la sentencia. La Procuraduría considera que una mayor coordinación entre las autoridades es necesaria para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de la niñez Wayuu.
Como parte de este seguimiento, el ente de control ha liderado acciones en los territorios dispersos de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Estas labores se han desarrollado junto con entidades del orden nacional y territorial y buscan acercar a las comunidades servicios de salud, educación, seguridad alimentaria e identificación.
Según la Procuraduría, las acciones adelantadas hasta la fecha han permitido la atención de más de 3.200 niñas y niños. El trabajo se ha concentrado en acercar servicios esenciales a las comunidades y avanzar en las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la sentencia.
El Ministerio Público señaló que continuará durante la presente vigencia impulsando el cumplimiento de la sentencia y acompañando las acciones dirigidas a garantizar los derechos de la niñez Wayuu, también manteniendo el seguimiento a las entidades responsables.