Ante la polémica que inició semanas atrás con el decreto de liquidación de las vigencias futuras y que inicialmente dejaba en el aire la destinación de $13 billones del presupuesto para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el INVIAS y los sistemas de transporte masivo en el país, la Procuraduría anunció que revisará las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda.
La entidad consideró que se busca definir “si hubo omisiones al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión”.
Para la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.
La Procuraduría anunció, además que revisará el decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos.
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Así mismo, indagará por el acta que debió gestionar el encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.
Ordenó la práctica de pruebas para identificar a los funcionarios implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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En medio de la controversia el presidente Gustavo Petro, negó que haya modificado las partidas del presupuesto aprobado por el Congreso, mientras que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, admitió que sí hubo una priorización de los proyectos por orden del mandatario.
Ante la polémica, Claudia Marcela Numa Páez, directora de Presupuesto Público Nacional, renunció a su cargo.
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