En una carta enviada al fiscal Francisco Barbosa, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió investigar al ELN, las disidencias de las Farc y otros ocho grupos armados ilegales por el reclutamiento, terrorismo, tortura y desplazamiento forzado del que están siendo víctimas miles de niños campesinos e indígenas en Colombia en medio de la cuarentena por el COVID-19.
Ante la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas, la Procuraduría entregó varios testimonios de líderes y lideresas que denuncian el uso ilícito de menores de edad. Así mismo, el Ministerio Público aseguró que alrededor del 30% de los entes territoriales en el país registran datos con denuncias de reclutamiento de menores.
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Sobre la situación para los niños indígenas, la Procuraduría tiene información que han sido raptados de las comunidades en Bojayá e Istmina, Chocó; Toribio, Cauca; Murindó, Antioquia, y Santa Rosa Guayacán, en Buenaventura.
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En medio del mes de abril, las Fuerzas Armadas recuperaron 29 niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados en Antioquia, Córdoba y Chocó.
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En la misiva, la Procuraduría entregó información recolectada por la Coalico (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado), la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fuerza Pública y diferentes organizaciones sociales.