Procuraduría investiga a Dilian F. Toro y Alan Jara por presuntas anomalías en el PAE

La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en hechos ocurridos entre 2016 y 2017 en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta, Valle del Cauca, en el municipio de Quibdó, así como en los distritos de Buenaventura y Cartagena. Las anomalías pudieron afectar a más de 600.000 de estudiantes beneficiarios, según el órgano de control.Aparecen bajo la lupa de la Procuraduría los actuales gobernadores de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres; de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene; y al alcalde de Quibdó, (Chocó), Isaías Chala Ibargüen.Conozca más: Procuraduría abrió investigación a 10 gobernadores por problemas con el PAE en 2018 la Procuraduría señaló que se adelantan procesos disciplinarios contra los exgobernadores de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla; de Meta, Alan Jara Urzola; al exalcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres, y al de Cartagena, Manuel Vicente Duque.Valle del CaucaPuntualmente, sobre el Valle del Cauca, se abrió investigación disciplinaria a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, a la secretaria de Salud, María Claudia Lesmes Duque; a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Cristina Bermúdez; al subsecretario para la Prosperidad Social, William Hernández Arias y a Jorge Isaac Fernández Cifuentes, interventor de varios convenios.AraucaEn Arauca, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al actual gobernador, Ricardo Alvarado Bestene, a la secretaría de Educación, Gladys Yolanda Montes Ovalles, al gerente de Contratación, Edgar Alfonso Cadena Díaz, y a Rubén Darío Bustamante, supervisor del contrato de suministro 516 de 2016, que tenía por objeto la “implementación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca”, por valor de $991.165.565. Vea también: Ordenan extinción de dominio a bienes comprados con dineros de corrupción del PAE QuibdóLa Procuraduría también abrió investigación disciplinaria al alcalde de Quibdó (Chocó), Isaías Chala Ibargüen, a la secretaria General del municipio, Dayci Mariela Mosquera Mena, y al secretario de Educación y supervisor del contrato 277 del 2016, Harold Ramírez Orozco, por presuntas irregularidades en la contratación del programa.AmazonasAdemás, se abrió investigación disciplinaria en contra del exgobernador de Amazonas, Manuel Carebilla Cuellar, y de la exsecretaria de Educación, Betsy Mirella Londoño, por presuntas irregularidades al contratar el suministro de alimentos no contenidos y prohibidos en los lineamientos técnicos del PAE, como café tostado y molido, jamoneta en lata, salchichas en lata y congeladas, para las instituciones educativas de San Rafael, Casa del Conocimiento, Santa Teresita, Tarapacá, María Auxiliadora, San Francisco y San Juan Bosco.MetaEl ente de control abrió investigación al exgobernador de Meta, Alan Jara Urzola; al exsecretario de Educación del departamento, Juan Diego Muñoz Cabrera, y al representante legal de la Unión Tempora Intercoldes, Luis Eduardo Sendoya Cediel, por la presunta falta de funcionamiento del programa PAE e la escuela Santa Helena del municipio de Pueblo Gaitán.Se busca determinar supuestas irregularidades en la fase precontractual del contrato de suministro 081-2017, pues al parecer no se tuvo en cuenta la inclusión de la prestación del servicio a los alumnos de la escuela ubicada en la vereda Santa Helena del municipio.BuenaventuraEl Ministerio Público investiga al mandatario local de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres (2016 - 2019), por posibles anomalías en la declaratoria de la urgencia manifiesta para contratar la ejecución del PAE para 45 días, por más de $1.298 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación directa.CartagenaLa Entidad también investiga al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, por presuntas irregularidades con los contratos No. 052 de 2016 y 307- 308 -314-2017, en los que al parecer existió un aumento de precios cobrados sin aparente justificación, además de anomalías contables, financieras y en las raciones alimentarias.