La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles los decretos con los que el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica por el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata del Decreto 1261, que declaró la emergencia, y del Decreto 1348, que posteriormente modificó su alcance territorial.
La posición del Ministerio Público, firmada por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, concluyó que el Gobierno sí cumplió las condiciones establecidas en la Constitución para acudir a medidas extraordinarias y responder a los daños provocados por el sismo.
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El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. Según la Procuraduría, se trató de un hecho extraordinario e imprevisible, seguido por más de 390 réplicas, que generó afectaciones de gran magnitud en diferentes regiones del país.
Uno de los puntos revisados fue el llamado presupuesto fáctico, que, en términos sencillos, significa comprobar que el hecho que originó la emergencia realmente ocurrió y que tuvo características extraordinarias. Para la Procuraduría, este requisito se cumplió por la magnitud del terremoto y por las consecuencias que dejó.
También se consideró cumplido el presupuesto valorativo, es decir, la revisión de si la gravedad de la situación justificaba realmente declarar la emergencia. El balance reportado registra más de 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 152 desaparecidas, más de 400 mil personas afectadas y cerca de 220 mil viviendas destruidas o con daños graves.
Otro requisito analizado fue el presupuesto de suficiencia. Esto busca establecer si las herramientas normales que tiene el Estado eran suficientes para atender la situación. La Procuraduría concluyó que no lo eran, teniendo en cuenta que los daños físicos directos fueron calculados inicialmente en cerca de 30 billones de pesos, mientras los recursos disponibles para atender desastres eran de unos 47 mil millones.
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La Procuraduría también avaló el cambio realizado por el Gobierno en el territorio cubierto por la emergencia. El Decreto 1348 incluyó a Caquetá y Santander, después de conocerse nuevos reportes de daños relacionados con el terremoto, y excluyó a Putumayo porque se estableció que las afectaciones reportadas allí no fueron causadas por el sismo.
De esta manera, la Procuraduría respaldó que el Gobierno tenga herramientas extraordinarias para atender la emergencia, pero pide que estas no se apliquen de manera generalizada.
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