La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia absolver a la exsenadora Piedad Zuccardi, acusada de concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con grupos armados ilegales. La decisión está ahora en manos de la Sala Especial de Primera Instancia, que deberá emitir el fallo definitivo.
El Ministerio Público considera que no existen pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de la excongresista. Por esta razón, pidió aplicar el principio de 'in dubio pro reo', que establece que, ante la duda sobre la responsabilidad de una persona procesada, debe resolverse a su favor.
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La procuradora delegada argumentó que los testimonios que sustentaban la acusación perdieron fuerza probatoria al ser examinados.
El proceso se remonta a reuniones realizadas en el año 2000, entre ellas una en Valencia, Córdoba. En dónde Zuccardi fue acusada formalmente en 2013 por presuntamente promover grupos armados ilegales, en un caso relacionado con el escándalo de la 'parapolítica'.
Otro de los argumentos de la Procuraduría es que no se habría demostrado que los encuentros señalados en el expediente fueran clandestinos o ajenos a espacios institucionales. La delegada sostuvo que las circunstancias de esas reuniones no permiten, por sí solas, establecer la responsabilidad de la exsenadora.
"Sobre la publicidad de las reuniones por las que se vincula a la aquí procesada (...) en Valencia, Córdoba, y en Caracas, Venezuela, carece de connotación al no haberse demostrado que correspondieran a encuentros subrepticios o no institucionales", señaló la procuradora delegada.
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Por su parte, la defensa también solicitó la absolución, al considerar que no existe certeza sobre la responsabilidad penal de Zuccardi. Durante su intervención, la excongresista cuestionó además la imparcialidad de actuaciones judiciales relacionadas con su proceso.
La exsensdora Zuccardi se refirió a una declaración de Luis Gustavo Moreno sobre una reunión en la que habrían participado el exmagistrado Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos, y en la que, según ese testimonio, se habría hablado de honorarios millonarios. En este punto, la exsenadora aseguró que conoció ese material en 2024 y manifestó su indignación por las posibles implicaciones para su caso.
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“Quedando en entredicho totalmente la imparcialidad del mismo”, afirmó Zuccardi al cuestionar las actuaciones judiciales y recordar que permaneció privada de la libertad preventivamente durante el proceso.
Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá evaluar los argumentos de las partes y las pruebas recopiladas para dictar sentencia. Mientras la Procuraduría y la defensa coinciden en pedir la absolución, la decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de la exsenadora continúa pendiente.