La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia absolver a la exsenadora Piedad Zuccardi, acusada de concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con grupos armados ilegales. La decisión está ahora en manos de la Sala Especial de Primera Instancia, que deberá emitir el fallo definitivo.El Ministerio Público considera que no existen pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de la excongresista. Por esta razón, pidió aplicar el principio de 'in dubio pro reo', que establece que, ante la duda sobre la responsabilidad de una persona procesada, debe resolverse a su favor.La procuradora delegada argumentó que los testimonios que sustentaban la acusación perdieron fuerza probatoria al ser examinados.El proceso se remonta a reuniones realizadas en el año 2000, entre ellas una en Valencia, Córdoba. En dónde Zuccardi fue acusada formalmente en 2013 por presuntamente promover grupos armados ilegales, en un caso relacionado con el escándalo de la 'parapolítica'.Otro de los argumentos de la Procuraduría es que no se habría demostrado que los encuentros señalados en el expediente fueran clandestinos o ajenos a espacios institucionales. La delegada sostuvo que las circunstancias de esas reuniones no permiten, por sí solas, establecer la responsabilidad de la exsenadora."Sobre la publicidad de las reuniones por las que se vincula a la aquí procesada (...) en Valencia, Córdoba, y en Caracas, Venezuela, carece de connotación al no haberse demostrado que correspondieran a encuentros subrepticios o no institucionales", señaló la procuradora delegada.Por su parte, la defensa también solicitó la absolución, al considerar que no existe certeza sobre la responsabilidad penal de Zuccardi. Durante su intervención, la excongresista cuestionó además la imparcialidad de actuaciones judiciales relacionadas con su proceso.La exsensdora Zuccardi se refirió a una declaración de Luis Gustavo Moreno sobre una reunión en la que habrían participado el exmagistrado Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos, y en la que, según ese testimonio, se habría hablado de honorarios millonarios. En este punto, la exsenadora aseguró que conoció ese material en 2024 y manifestó su indignación por las posibles implicaciones para su caso.“Quedando en entredicho totalmente la imparcialidad del mismo”, afirmó Zuccardi al cuestionar las actuaciones judiciales y recordar que permaneció privada de la libertad preventivamente durante el proceso.Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá evaluar los argumentos de las partes y las pruebas recopiladas para dictar sentencia. Mientras la Procuraduría y la defensa coinciden en pedir la absolución, la decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de la exsenadora continúa pendiente.
El magistrado y actual presidente de la Sala Penal la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier emitió un comunicado en el que explica la libertad que se le concedió en abril del 2016 a la exsenadora Piedad Zuccardi, procesada por parapolítica.Esto, luego de que la exmagistrada auxiliar Mábel Parra, quien fue magistrada auxiliar del exmagistrado Leónidas Bustos, afirmara que Fernández le pidió cambiar el proyecto de fallo que le negaba la libertad para a Zuccardi. “El proyecto de Mábel Parra lo llevé textualmente al estudio de los integrantes de la sala, a este recinto fue la magistrada auxiliar a dar explicaciones del proyecto, después los magistrados titulares decidimos que debía otorgarse la libertad porque los términos estaban vencidos”, explicó Fernández en el comunicado. Vea también Testimonio de Piedad Zuccardi enreda a Moreno y a Ricaurte En declaraciones dadas ante la corte suprema, la exsenadora Piedad Zuccardi aseguró que Moreno la presionó para que le entregara 4 mil millones de pesos a cambio de una absolución. Este dinero, según dice Zuccardi, iba dirigido a los magistrados Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Mabel Parra, exmagistrado auxiliar del despacho de Leónidas Bustos.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En un testimonio rendido ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo del cartel de la toga, la exsenadora Piedad Zuccardi, procesada por presuntos vínculos con paramilitares, complica aún más la situación jurídica del exmagistrado Francisco Ricaurte y del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Zuccardi asegura que Gustavo Moreno la visitó en el Centro de Estudios Superior de la Policía, donde se encuentra recluida, y le ofreció sus servicios como abogado en el proceso ante la Corte. Según está declaración, Moreno buscó que la excongresista poco después de que el exmagistrado Ricaurte le recomendara cambiar de abogado para llevar su proceso por parapolítica. Le puede interesar: Piedad Zuccardi salió de Cespo tras recibir libertad por vencimiento de términos Zuccardi manifestó haber recibido presiones para pagarle a Moreno 3000 millones de pesos a cambio de que este tramitará su absolución. Indicó, además, que ese dinero supuestamente iba dirigido para ‘el grupo de oro’ de la Corte, que al parecer estaba confirmado por los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y la magistrada auxiliar Mabel Parra. Así mismo, Zuccardi dijo que no se atrevió a denunciar las presiones por miedo a que se agravara su situación judicial por los aparentes vínculos de amistad que Moreno le decía tener con los exmagistrados.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En las últimas horas la sala penal le otorgó la libertad provisional a la exsenadora, quien enfrenta un proceso penal por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas. La excongresista del Partido de la U, quien se encontraba privada de su libertad desde enero de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) en el norte de Bogotá, seguirá vinculada al proceso. (Lea también: Piedad Zuccardi, en libertad por vencimiento de términos). A comienzos de marzo, la Procuraduría puso fin a la investigación que adelantaba en contra de la excongresista por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Según el Ministerio Público, no se pudo probar de forma certera que la excongresista Piedad Zuccardi se haya reunido con miembros del paramilitarismo, así como tampoco que los votos que recibió hubiesen sido conseguidos con la ayuda de dicha organización. Ante esta situación se archivó el proceso. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Cruz Roja advirtió sobre una creciente súbita del Río Magdalena en el sector de El Paso entre Flandes y Girardot. -El Consejo de Estado admitió la demanda contra elección de Eduardo Verano De la Rosa como Gobernador del Atlántico. -Poco a poco va desapareciendo el fantasma del apagón en el país. El Gobierno levantó la restricción que impedía a las entidades del Estado mantener luces encendidas después de las 6:00 de la tarde. -Cancillería y Embajada de Colombia en Perú rechazan los actos de violencia y vandalismo protagonizados por hinchas de Nacional en Lima. -La ministra de Transporte pidió ponerle freno a las excesivas fotomultas por no estar cumpliendo su objetivo. -El vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró que los recursos de Isagén deben ser para financiar obras de infraestructura y no el déficit fiscal. -Duro golpe de la policía al Clan Úsuga en Antioquia. En las últimas horas fueron capturados 19 integrantes de esa banda criminal.
La excongresista del partido de la U, quien se encuentra privada de su libertad desde enero de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) en el norte de Bogotá, seguirá vinculada al proceso. A comienzos de marzo, la Procuraduría puso fin a la investigación que adelantaba en contra de la excongresista por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Según el Ministerio Público, no se pudo probar de forma certera que la excongresista Piedad Zuccardi se haya reunido con miembros del paramilitarismo, así como tampoco que los votos que recibió hubiesen sido conseguidos con la ayuda de dicha organización. Ante esta situación se archivó el proceso.
Según el Ministerio Público, no se pudo probar de forma certera que la excongresista Piedad Zuccardi se haya reunido con miembros del paramilitarismo, así como tampoco que los votos que recibió hubiesen sido conseguidos con la ayuda de dicha organización. Ante esta situación se archivó el proceso. Sin embargo, cabe señalar que por estos mismos hechos la Corte Suprema de Justicia le sigue una investigación por el delito de concierto para delinquir, en lo que tiene que ver con la promoción de grupos paramilitares.
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
