Procuraduría pide anular fallo de tutela que paralizó exploración de gas en pozo Uchuva-2

La Procuraduría pide anular el fallo de tutela de un juez de Santa Marta que paralizó la exploración de gas en el Pozo Uchuva-2.De acuerdo con el órgano de control, "solicita revocar el fallo impugnado y en su lugar ordenar a la ANLA que a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en espacial, el cabildo indígena Taganga".Hay que recordar que el proyecto de exploración de gas en el Pozo Uchuva-2, ubicado frente a la costa de Santa Marta, trabajado conjuntamente entre Ecopetrol y la brasileña Petrobras, sufrió un reversazo, hace unos diez días, luego del que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenara suspender todas las actividades relacionadas con este por no haber adelantado procedimientos de consulta previa con las comunidades étnicas e indígenas de la zona.La decisión fue adoptada a partir del fallo de una tutela que fue interpuesta por el cabildo gobernador de Taganga, Ariel Daniels Andreis, debido a que no fueron consultados este año, previo a que se autorizara el inicio de la perforación del mencionado pozo, lo que según el líder indígena afecta la zona de pesca de su comunidad.El proyecto Uchuva 2 ha sido objeto de diversas revisiones para asegurar que cumpla con todos los estándares legales, en particular en lo referente al respeto por las comunidades locales y el medio ambiente. Desde Ecopetrol han asegurado que se ha mantenido un diálogo abierto con los grupos afectados, subrayando la importancia de un proceso transparente y participativo.Impugnación del fallo judicialHay que decir que cuando se dio el fallo, rápidamente actuaron para impugnar la decisión judicial. Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa trabajó en conjunto con múltiples entidades gubernamentales, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas y Energía, para revertir el fallo.