Como una medida preventiva, la Procuraduría le puso la lupa al uso de recursos públicos utilizados para atender a los afectados por el cierre de las vías entre Bogotá y Villavicencio. La acción se dio para vigilar el uso correcto de los recursos que debe garantizar la administración, operación y mantenimiento de ese corredor que conecta al departamento de Cundinamarca con el Meta.
La decisión la dio a conocer al Ministerio Público a través de una comunicación al Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa para la Gestión de Desastres de Cundinamarca y al Instituto Nacional de Vías en la que informó sobre este proceso y pidió atender a quienes han tenido que vivir las consecuencias por el cierre total de la vía al Llano.
Por su parte, la Regional de Instrucción de Cundinamarca informó que adelantará un proceso que mitigue y ayude a prevenir la violación de los derechos de la población de los municipios perjudicados por las fuertes lluvias y la caída de material.
Dentro de la vigilancia del ente de control también se revisarán las solicitudes de empresarios del sector transporte tanto de Cundinamarca como del Meta, así como acciones que permitan prevenir desastres.
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Por ahora, la Policía de Tránsito ha venido coordinando los cierres programados en ambos sentidos para permitir pasos alternos por los túneles de la nueva calzada Naranjal – Pipiral, después de la grave emergencia que se presentó a mediados de julio en el municipio de Quetame, Cundinamarca.
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