Además de la discusión de las objeciones presidenciales que presentó el presidente Iván Duque contra seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, el Congreso de la República también será escenario de debate alrededor de la reforma constitucional que anunció el primer mandatario.
El acto legislativo, que sería radicado la próxima semana en el legislativo, incluye tres temas sensibles: la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional; que los reincidentes pierdan todos los beneficios, y que los delitos de ejecución permanente pasen a la justicia ordinaria.
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El senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, explicó que su partido no estaría de acuerdo en abrir la discusión alrededor de temas que generan una profunda división entre los colombianos y que, además, ya fueron objeto de debate en el legislativo.
“Ya se habían hecho las observaciones pertinentes y hay sentencias con castigos contemplados para esos delitos. Creemos que eso lleva a un choque de trenes de la justicia y una incertidumbre jurídica para los reinsertados. Es un mensaje político inadecuado para el país”, precisó.
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Armando Benedetti, del Partido de la U, indicó que las tres reformas propuestas por el presidente no se podrían hacer porque ya hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que no se podrá tocar el acto legislativo con el que se firmó la paz hasta después de tres periodos presidenciales.
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Desde Cambio Radical, el senador Rodrigo Lara señaló que “el acto legislativo abre una puerta para revisar temas de fondo” y “se volvería una caja de pandora”, pues “algunos sectores podrían tener la intención de ir más allá y afectar la verdad, elemento esencial de las sanciones alternativas y columna vertebral de la JEP”.
Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, defendió por su parte la necesidad de lograr un “gran acuerdo político”, partiendo de la defensa de lo pactado con las Farc.
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Para el senador conservador Juan Diego Gómez este es un anuncio “muy importante” y destacó que el Gobierno “se haya puesto esa camiseta”, advirtiendo que “nada tienen que ver los delitos sexuales contra niños y adolescentes con delitos políticos”.
En el mismo sentido, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, afirmó que la propuesta de acto legislativo para que los reincidentes se sometan a la jurisdicción ordinaria “cumple con el compromiso de campaña y responde al querer de quienes votaron “no” en el plebiscito”.
Las distintas bancadas empezarán a reunirse en el Congreso para fijar una posición sobre la iniciativa, una vez sea presentada oficialmente ante el legislativo.
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