El Gobierno y los alcaldes de la región del Catatumbo, escenario de enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, diseñan un plan con la cooperación internacional para atender la emergencia que vive la población civil.
Así lo manifestaron las autoridades que se reunieron en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, al que pertenece el Catatumbo, donde los enfrentamientos que comenzaron el pasado 16 de enero dejan entre 60 y 80 muertos, según distintas autoridades, y más de 40.000 personas desplazadas.
"El objetivo principal de esta reunión es delinear lo que podría ser un plan de acción para toda esta etapa de emergencia que se vive en el marco del desplazamiento forzado generado por el conflicto armado en la región del Catatumbo", manifestó el subdirector general de la Unidad para las Víctimas, Ómar Fernández,
En diálogo con Mañanas Blu, el representante Diógenes Quintero, habló sobre las medidas del Gobierno en la convulsionada zona.
El parlamentario, representante por las curules de paz derivadas del acuerdo de 2016, no solo es el único representante de esta región en el Congreso, sino que también es un testigo directo de la crisis humanitaria que vive su gente.
"La situación de crisis humanitaria sigue vigente", afirmó Quintero, mientras describió cómo, aunque los desplazamientos masivos han disminuido, las amenazas permanecen.
Quintero subrayó la necesidad de que el Gobierno tome medidas al respecto: "se requieren intervenciones para atender lo humanitario". Esto incluye un llamado a la protección de la población y la urgente necesidad de inversión en la región.
Sin embargo, el parlamentario es crítico sobre algunas decisiones tomadas por el Gobierno, especialmente respecto a la reciente expropiación de tierras.
Según él, el Catatumbo carece de terratenientes y la mayoría de la población es campesina trabajadora. Esta medida, más que ayudar, podría agravar la situación, generando más incertidumbre entre quienes ya viven en condiciones precarias.
"No todas las personas del Catatumbo cultivan coca", mencionó Quintero, evidenciando que el enfoque del Gobierno en esta problemática es erróneo.
Otro aspecto crítico que Quintero abordó es la prohibición de la enajenación de tierras, que afecta aún más la ya vulnerable situación de los campesinos. La imposibilidad de vender o comercializar tierras genera una restricción injustificada al derecho de dominio.
"Hoy en día, todo el Catatumbo está bajo medidas de protección", dijo.
Recientemente, el Gobierno nombró un comandante militar para el Catatumbo, una acción que Quintero consideró pertinente para la estrategia de seguridad en la región.
La falta de control territorial ha sido una de las principales razones del fracaso de la paz total. Sin embargo, también enfatizó la importancia de incluir no solo una estrategia militar, sino también un gerente que se encargue de la inversión pública y social. "La inversión debería ser una prioridad", sostuvo Quintero.
Escuche aquí la entrevista:
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