¿Rescatar el galeón San José con ayuda de otros países? Gobierno consultó a expertos

Este miércoles, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez negó que exista un acuerdo con el gobierno español para el rescate del Galeón San José, lo que significaría una cancelación de la Alianza Público Privada (APP) que dejó lista el gobierno Santos para que la extracción la realizara una compañía británica a cambio de la comercialización de algunos de los bienes encontrados.

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Sin embargo, el pasado 20 de noviembre, la Red Universitaria de Patrimonio Sumergido, una de las organizaciones que hizo más oposición a la materialización de la APP, le envió una respuesta a la vicepresidenta con varias preguntas que habían sido realizadas con anterioridad.

Una de ellas es: ¿Debería Colombia hacer el rescate del galeón San José, probablemente mediante convenios con otros países?

Los profesores no le dieron una respuesta tajante, pero fueron claros en explicar que antes de definir con quién podría hacerse un eventual rescate, debe primero crearse un plan de manejo arqueológico que tenga toda la representación de la academia y expertos internacionales.

“Colombia debe hacerse cargo de liderar y coordinar todas las acciones que impliquen la intervención del contexto arqueológico correspondiente a los vestigios del naufragio del galeón San José, puesto que se encuentra en sus aguas territoriales. Dichas acciones solo deben emprenderse en el marco de un Plan de Manejo Arqueológico”, dice el documento.

Otra de las preguntas de la vicepresidenta tenía que ver con la suscripción del convenio sobre el océano de la Unesco en 2001, que no firmó Colombia y que ha sido una de las exigencias de los expertos en los últimos meses para que los bienes del barco tengan protección internacional.

“¿Se considera conveniente que Colombia adhiera a la Convención?”, preguntó Vicepresidencia; los académicos respondieron que debe ser bien analizado por un comité formal, pero también argumentaron que hay varios países, incluyendo algunos con los que Colombia tiene límite marítimo, que sí firmaron el convenio.

“En ésta última tarea es importante tener en cuenta que hoy día la Convención cuenta con la ratificación de 60 estados y la aceptación de otros seis. Entre estos, cabe destacar seis de los nueve estados con los cuales Colombia comparte límites marítimos. Igualmente, que una proporción importante de los países con jurisdicción sobre aguas del mar Caribe se ha sumado a la Convención”, dice el documento.

Vicepresidencia preguntó en detalle por cada uno de los temas relevantes al pecio sumergido en 1708.

Hay que recordar que el Ministerio de Cultura amplió por varios meses más su decisión sobre la adjudicación del contrato de la APP que el gobierno Santos adelantó con la ministra Mariana Garcés y en coordinación con la compañía Maritime Archaeology Consultants, que ya invirtió más de 6 millones de dólares en la estructuración del proyecto y exploración de la zona, pese a una serie de revelaciones sobre el representante legal de la compañía, Roger Dooley, quien fue el hombre que dijo haber encontrado las coordenadas exactas del hallazgo del barco en 2015, cuando el presidente Santos lo anunció al mundo.

Hubo otra pregunta que tenía que ver con la propiedad de Colombia sobre los bienes del barco por estar en aguas territoriales. La respuesta de los académicos fue de nuevo abstracta, pero señalaron que sea a quien sea que pertenezca el contenido del naufragio, debe protegerse en aras de la conservación del patrimonio.

“En todo caso, Colombia debe actuar con responsabilidad frente a la suerte de cualquier patrimonio cultural sumergido que se encuentre en sus aguas interiores, territoriales, contiguas, de la zona económica exclusiva o de su plataforma continental, y en tal sentido, debe proceder siempre bajo el fundamento de su protección, sea que le pertenezca exclusivamente, que constituya parte del patrimonio cultural de otra nación, o de la humanidad”, se lee.

Finalmente, dos de los temas más polémicos de las preguntas están relacionados a la ley 1675 de 2013, con la que se aprobó la comercialización de hasta el 50 % de los bienes de un barco sumergido, que no sean considerados patrimonio cultural.

Los profesores le aclararon a la vicepresidenta Ramírez que todos los artículos de la ley que se encuentran vigentes en esa línea deben ser reformados para garantizar la conservación cultural de las piezas y evitar los fines de venta y compra para generar utilidad.

La otra pregunta es sobre el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que está compuesto por varios ministerios, delegados del presidente, universidades y expertos.

La vicepresidenta preguntó si ese consejo podía generar garantías de independencia y autonomía. Los maestros fueron claros en afirmar que no debido a la participación de personas más políticas que científicas y a la ausencia de una política de Estado sobre patrimonio sumergido.

BLU Radio consultó con uno de los maestros de la red, Juan Guillermo Martín, quien dijo que, en su opinión, un rescate en conjunto con el gobierno español sería más plausible para Colombia que un contrato de APP con una empresa privada, entre otras razones porque “ese país entiende de patrimonio sumergido”.

“En eso nos lleva muchos años. Lo que habría que hacer es que se revise cómo sería una posible repartición de los bienes siempre y cuando sea para el uso exclusivo de la cultura y la investigación”, puntualizó.