El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó a los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con integrantes del Clan del Golfo sobre posibles acuerdos para reducir la presión militar contra esa organización criminal.
Según el informe, en las conversaciones se mencionan eventuales compromisos relacionados con el congelamiento de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y hasta cambios dentro de la Fuerza Pública para evitar acciones ofensivas contra la estructura armada. Una de las frases que más llamó la atención fue la referencia a “jugar a los congelados”, expresión utilizada por Rueda en relación con una posible disminución de operaciones entre las partes.
Frente a ese escenario, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en señalar que, de ser ciertas las afirmaciones contenidas en los audios, las implicaciones irían más allá de una afectación institucional a las Fuerzas Militares y de Policía. “De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.
El funcionario señaló, además, que corresponderá a las autoridades competentes establecer la autenticidad de las grabaciones y determinar si existieron conductas constitutivas de delito. “Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que se haya incurrido”, agregó.
Sánchez también aprovechó para enviar un mensaje sobre la actuación del Ministerio de Defensa durante su gestión y descartó haber recibido instrucciones para limitar las operaciones militares por fuera del marco constitucional.
“Durante el tiempo que he estado puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor presidente de la República, y las decisiones que se han tomado han sido acordes a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa”, aseguró.
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Las declaraciones del ministro se producen en medio de la controversia desatada por los audios, que han abierto un nuevo debate sobre los alcances de los acercamientos del Gobierno con estructuras armadas ilegales y los límites de la política de paz frente a las operaciones de la Fuerza Pública.
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