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Este martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, publicó su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.
En una primera medida, Guterres aseguró que en Colombia se deben seguir buscando un consenso para la consolidación de la paz.
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“En el período sobre el que se informa se realizaron notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Al mismo tiempo, distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno, lo que subraya la necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para superar los desafíos persistentes para la consolidación de la paz”, explicó Guterres.
En el informe también se señala que al menos 421 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo.
“En comparación con el trimestre anterior, en el período sobre el que se informa se redujo el número de homicidios de excombatientes de las FARC-EP (de 11 a 5) y de asesinatos reportados de defensores de los derechos humanos y líderes sociales (de 42 a 25). Sin embargo, la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, donde operan grupos armados ilegales. La situación podría mejorar significativamente con nuevos avances en la implementación de marcos interinstitucionales, políticas públicas y procesos de toma de decisiones clave relacionados con la protección y la seguridad de las poblaciones priorizadas por el Acuerdo Final y el desmantelamiento de grupos armados ilegales”, advierte el documento.
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La situación en el suroccidente del país también sigue preocupando a la ONU, especialmente por los casos de reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres y el uso de minas. Para superar la situación Naciones Unidad propone, entre otras cosas, estrategias que incorporen las perspectivas étnicas y de género.
Sobre la JEP, Guterres asegura que es necesario resolver asuntos relacionados con la seguridad jurídica de los comparecientes, pues aún hay desafíos.
“A fin de aumentar la seguridad jurídica de los exmiembros de las FARC-EP sometidos a ella, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó en mayo a las autoridades competentes que materialicen los beneficios derivados de las más de 9.600 amnistías otorgadas por el Gobierno en 2017 y 2018. Esto incluye la eliminación de los antecedentes penales por delitos políticos. Aunque se trata de un avance positivo, sigue habiendo importantes desafíos en materia procesal y de carga de trabajo para resolver las cuestiones relativas a la seguridad jurídica de los excombatientes”, señala el secretario general.
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Además, explica Guterres, los avances en las disposiciones de género que fueron incorporadas al acuerdo de paz siguen representando algunos desafíos.
El secretario General de Naciones Unidas también se refirió a la crisis del proceso de paz con el ELN, y especialmente a la situación en Nariño, teniendo en cuenta que el Gobierno participa en un diálogo de paz territorial en ese departamento con un frente que decidió apartarse de la guerrilla, algo que para ese grupo representa un incumplimiento.
“Las discusiones en curso entre las partes sobre la situación en Nariño repercutieron en el buen funcionamiento de la instancia nacional cuatripartita del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La situación provocó estancamiento y retrasos en importantes ámbitos del trabajo diario del Mecanismo, como el análisis conjunto y la verificación de posibles violaciones del cese al fuego. Además, impidió la elaboración de informes conjuntos de evaluación del cese al fuego y limitó el seguimiento del compromiso unilateral del ELN de suspender temporalmente los secuestros para cobrar rescates”, manifestó Guterres.
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Aunque el secretario general reconoce que los diálogos con grupos armados y los cese al fuego han reducido la violencia entre la fuerza pública y las estructuras, señala que aún se están presentando acciones que afectan a la población civil.
“Aún queda mucho por hacer para mejorar la vida cotidiana de las comunidades que siguen sufriendo las consecuencias de la lucha por el control territorial entre los diferentes actores armados. A este respecto, quiero recordar la importancia de fortalecer los compromisos de protección de la población civil y complementar los ceses al fuego con medidas inmediatas y concretas en beneficio de las comunidades. Asimismo, son esenciales la pronta implementación de los mecanismos de garantías de seguridad del Acuerdo Final y la presencia efectiva e integrada del Estado en todo el territorio nacional” se lee en el informe.
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