La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) termine sus funciones en marzo de 2028, cuando se cumplirían diez años desde su entrada en operación. La iniciativa pretende frenar la extensión automática de cinco años contemplada inicialmente en el acto legislativo que creó este tribunal.
El proyecto, de autoría del senador Enrique Gómez, recibió tres modificaciones presentadas por la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien aseguró que los cambios buscan fortalecer las garantías de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la justicia transicional.
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“Es claramente un diseño que ha fracasado, el procedimiento que se dio a sí misma la JEP, pues, no ha permitido cumplir su misión, y se perjudica a gran parte de los firmantes que pudiéramos llamar guerrilleros rasos o miembros de la fuerza pública sin mando y jurisdicción”, dijo el senador Gómez tras la aprobación de la iniciativa.
Entre las modificaciones se contempla que las sentencias condenatorias emitidas por la JEP pasen automáticamente a revisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante el grado jurisdiccional de consulta.
También se propone que las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia y no por la sala especial que actualmente tramita estos recursos. Los fallos de tutela, además, podrían ser revisados por la Corte Constitucional.
El tercer cambio elimina la creación de una sala de seguimiento que, según explicó Posada, habría permitido extender la existencia de la JEP hasta 2053, es decir, veinte años después del plazo de 2033 contemplado para esa instancia. Sin embargo, el mandato de la Jurisdicción iría hasta 2033.
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“Las tres proposiciones fueron aceptadas, y, bueno, ya vamos al 2.º debate para devolverles las garantías a los hombres y mujeres de la fuerza pública que vistieron el uniforme para defender a los colombianos”, señaló la senadora del Centro Democrático.
La propuesta establece que los procesos que continúen abiertos cuando termine el funcionamiento de la Jurisdicción sean trasladados a la justicia ordinaria, bajo las mismas normas del sistema transicional, según explicó la senadora. Por ahora, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en un segundo debate.
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JEP advierte riesgos para las víctimas y el modelo de justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz se refirió a este proyecto, que continúa con su trámite en el Congreso de la República, y aseguró que plantea riesgos para los derechos de las víctimas y el modelo de justicia transicional.
De acuerdo con el documento, la reducción en el funcionamiento del tribunal reduciría en cinco años el plazo inicialmente previsto y eliminaría la etapa destinada a juzgar a los máximos responsables, imponer sanciones y definir la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes que no tienen esa condición.
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Uno de los principales cuestionamientos por parte de la Jurisdicción es que el cierre anticipado podría dejar sin una respuesta judicial efectiva a las víctimas de los crímenes más graves del conflicto armado. El comunicado advierte que los procesos deben concluir con decisiones judiciales y garantizar la imposición, ejecución y supervisión de las sanciones correspondientes.
Además, frente a la propuesta de trasladar los procesos pendientes a la jurisdicción ordinaria, con intervención de la Fiscalía General de la Nación, señalaron que podrían surgir cuestionamientos constitucionales relacionados con la garantía del juez natural, debido a que la JEP fue creada como una jurisdicción especializada, prevalente y exclusiva para conocer determinados crímenes relacionados con el conflicto armado.
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Además, advierte que el traslado podría aumentar la congestión judicial. Según la exposición de motivos del proyecto, citada en el comunicado, la justicia ordinaria enfrenta un represamiento cercano a 1,86 millones de expedientes.
El documento también plantea que un cierre anticipado podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia y dar lugar a una nueva evaluación de la situación del país por parte de la Corte Penal Internacional.