La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, que reúne a 32 ciudades capitales y a Uribia como ciudad invitada, para un total de 33 territorios, expresó su preocupación frente a la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales, medida adoptada en el marco de la política de “paz total”.
El pronunciamiento se da en un contexto complejo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, con corte a febrero de 2026, entre el 40 % y el 45 % de los homicidios intencionales del país y entre el 50 % y el 55 % de los casos de extorsión se concentran en las ciudades capitales, donde los mandatarios enfrentan de manera directa el impacto de la criminalidad.
La polémica decisión quedó consignada en la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, expedida a solicitud del Gobierno nacional, que suspendió órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales en el Valle de Aburrá y zonas cercanas, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y avanzar en procesos de sometimiento.
Sin embargo, desde Asocapitales advierten que esta medida podría afectar la continuidad de investigaciones en curso. Según estimaciones operativas, la captura de un cabecilla puede tardar entre 8 y 14 meses de trabajo de inteligencia y judicialización, lo que evidencia el riesgo de frenar procesos ya avanzados.
El presidente de Asocapitales y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático al señalar que este tipo de decisiones debe ser coherente con las estrategias de seguridad en los territorios, advirtiendo posibles efectos negativos en el control del delito y en la confianza ciudadana. Esta posición ha sido respaldada por otros mandatarios.
“La seguridad urbana no admite ambigüedades, especialmente en los territorios donde se concentra la mayor parte de la violencia en Colombia”, se lee en el comunicado.
Además, la agremiación identificó varios riesgos: falta de claridad en los criterios de aplicación de la medida, posibles incentivos para el fortalecimiento o reconfiguración de estructuras criminales y un impacto directo en la percepción de seguridad en las ciudades.
Por esta razón, Asocapitales solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes mayor precisión sobre los fundamentos jurídicos y técnicos de esta decisión, así como los mecanismos de verificación, control judicial e indicadores que permitan medir su impacto real en la reducción de la criminalidad.
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