Una orden judicial emitida por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena aplazar las marchas de este 28 de abril en el marco del paro nacional.
El documento, que es de obligatorio cumplimiento, ordena el aplazamiento de las manifestaciones también del 1 de mayo.
“Hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con las vacunas contra el COVID-19”, dice la notificación.
También le ordena al presidente Iván Duque, al ministro de Salud, a la alcaldesa Claudia López y a los demás mandatarios del país que de manera inmediata a la notificación procedan a informar en los medios de comunicación con el fin que los manifestantes se abstengan de salir a marchar.
Agrega que el objetivo es garantizar "los derechos fundamentales a la salud, la vida y la salubridad pública" tanto de los manifestantes como de quienes no participarán en las protestas, así como de los médicos "que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI de los hospitales y clínicas para proteger la vida de los infectados por el referido virus".
La providencia explica que con estas medidas no se está limitando ni restringiendo el derecho a la manifestación, "sino se está dando primacía a la salvaguarda que el juez constitucional de tutela debe dar a todos aquellos derechos fundamentales en peligro inminente de ser violados aun cuando por las manifestaciones y el ejercicio de otros derechos fundamentales".
La decisión de la magistrada Villamizar ha sido controvertida desde distintos sectores del país.
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