Organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres, comunales y diferentes sectores políticos convocaron a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre, en una jornada que busca expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella y defender los derechos sociales, laborales y las garantías democráticas.Entre las organizaciones que confirmaron su participación está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que anunció que se sumará a las movilizaciones. Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), también ratificó el respaldo de las organizaciones sindicales a la jornada y señaló que uno de los principales motivos de la protesta es el rechazo a la iniciativa económica del Gobierno.Los sectores convocantes advierten que el proyecto tendría consecuencias sobre el bolsillo de los hogares colombianos. Entre los cambios que cuestionan están las modificaciones al IVA de algunos productos de consumo cotidiano, que pasarían de una tarifa del 5 al 19 por ciento, mayores cargas tributarias sobre los ingresos laborales y un incremento progresivo de los aportes a salud para determinados trabajadores, del 4 al 8 por ciento.De acuerdo con los argumentos expuestos por los organizadores, el 75,32 por ciento del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, mientras que el 24,68 por ciento correspondería a reducciones del gasto estatal. Por eso, consideran que las medidas afectarían especialmente a las familias de menores ingresos y a la clase media.Otro de los motivos de la convocatoria es el rechazo a las propuestas de reducción del gasto de personal, los recortes a la contratación estatal y las facultades que tendría el Gobierno para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas. También cuestionan las modificaciones planteadas a la reforma laboral, así como las políticas que, según las organizaciones, podrían afectar los derechos de los trabajadores.La movilización también tendrá entre sus exigencias la defensa de la educación y la salud pública, los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas y campesinas, la protección del patrimonio público, la paz y la soberanía nacional.En Bogotá, los organizadores anunciaron cuatro puntos de concentración: la calle 26, el sector de La Sevillana, el Parque Nacional y un punto en el norte de la ciudad.Los convocantes aseguraron que esperan una participación masiva y pacífica en la jornada del 19 de noviembre, cuya preparación avanza mediante asambleas y encuentros de coordinación en diferentes territorios.
La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU - USCTRAB) anunció que no participará en el paro convocado para este miércoles 14 de octubre y aseguró que impartió instrucciones a sus organizaciones afiliadas para abstenerse de sumarse a la jornada.En un pronunciamiento, la central sindical sostuvo que respalda la huelga como una herramienta legítima de los trabajadores, siempre que sea sometida a votación de las bases y se ajuste a los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, manifestó su desacuerdo con lo que calificó como discursos de odio y con el uso de escenarios políticos que, a su juicio, van en detrimento de la clase trabajadora.“No compartimos los discursos de odio ni los escenarios políticos usados para el sindicalismo colombiano, en detrimento de la clase trabajadora. Por lo tanto, invitamos a la clase trabajadora a participar del diálogo social en búsqueda de una paz estable y duradera, como lo ha propuesto la OIT y como nuestra central lo ha prorrogado”, señaló Pedro Rubio, vocero de la CUT - USCTRAB.La organización invitó a los trabajadores a participar en espacios de diálogo social para avanzar hacia una paz estable y duradera, en línea con los principios que promueve la OIT.En medio de esta declaración Rubio también cuestionó la convocatoria de la ministra del Trabajo, Natalia López, al señalar que, según su versión, se ha reunido únicamente con sectores tradicionales del sindicalismo que considera aliados del petrismo. La CTU aseguró que esos encuentros han dejado por fuera a sectores alternativos y organizaciones sindicales que, según afirmó, vienen creciendo en Colombia.La central sindical agrupa a organizaciones de los sectores público y privado, con presencia en entidades nacionales y territoriales. Entre sus afiliados hay sindicatos con representación en instituciones como el INPEC, Colpensiones, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INVIMA, la UGPP, Migración Colombia y Aerocivil, así como en ministerios, gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación.
Los maestros de Santander se sumarán al paro nacional de 24 horas convocado para este miércoles 14 de octubre por organizaciones sindicales y centrales obreras. La jornada afectará las actividades académicas en los colegios públicos del departamento, donde cerca de 300.000 estudiantes se quedaran sin clases.La convocatoria fue realizada por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), en cumplimiento de las orientaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asamblea Nacional Popular y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).Según el sindicato, la protesta busca exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional y soluciones a las dificultades que enfrenta el sector educativo, especialmente en la prestación de los servicios de salud para docentes, directivos docentes, pensionados y sus beneficiarios.El SES reclama atención médica oportuna, integral y de calidad, así como soluciones a las demoras en citas, procedimientos, tratamientos, entrega de medicamentos y acceso a servicios especializados. También pide fortalecer la red de prestadores de salud en los territorios, garantizar el pago oportuno a estas instituciones y respetar la libre elección del prestador. Además, insiste en el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024 y en la defensa de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el régimen especial de salud de los educadores.“No basta con cambiar un modelo de salud: exigimos que funcione y que responda dignamente a las necesidades de los docentes, directivos docentes, pensionados y sus beneficiarios”, señala el comunicado del sindicato.Los educadores también reclaman instituciones educativas en condiciones adecuadas, mayores recursos para el sector y garantías laborales estables para los docentes. En ese sentido, el SES rechaza las políticas que, según considera, pueden debilitar la responsabilidad estatal o favorecer la privatización de la educación.A estas exigencias se suman el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional, el fortalecimiento de la carrera docente, la defensa de condiciones laborales dignas y las garantías para el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a la protesta social.En la capital santandereana, el sindicato convocó a una gran movilización que comenzará a las 9:00 de la mañana en la carrera 27, en el sector de Puerta del Sol, frente a la estación de servicio San Gabriel. Desde ese punto, los participantes avanzarán por la carrera 27 hasta la calle 36 y continuarán hacia la plaza Luis Carlos Galán.En los municipios cabecera de provincia se realizarán asambleas informativas y, de acuerdo con las condiciones de cada localidad, se definirán otras actividades de movilización.El SES invitó a los maestros a participar de manera masiva, pacífica y organizada, y pidió portar una camiseta blanca como distintivo de la jornada.
Luego de más de 70 días de cese de actividades, la Electrificadora de Santander anunció la reapertura progresiva de sus oficinas de atención al público a partir del jueves 7 de mayo de 2026, tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato que permitió levantar el paro.La empresa informó que, luego de un proceso de diálogo y negociación con la organización sindical SINTRAELECOL, se logró poner fin al conflicto colectivo laboral mediante la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, la cual tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2029.Según lo comunicado, durante las negociaciones primaron el respeto por las diferencias, la búsqueda de consensos y el bienestar de los trabajadores, sin dejar de lado la sostenibilidad de la empresa. Con este acuerdo, se da por superada una etapa de tensión que había generado afectaciones en la prestación de algunos servicios y en la atención a usuarios.Tras el levantamiento del paro, la Electrificadora de Santander inició el proceso de alistamiento para reactivar sus operaciones presenciales. Este incluye la reorganización de los equipos de trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias para garantizar una atención eficiente a los usuarios."En ese sentido, la atención en oficinas se retomará de manera gradual en los diferentes municipios del área de cobertura, mientras la empresa irá informando oportunamente los puntos habilitados y horarios de servicio", dijo Guillermo Valencia, gerente de la Electrficadora de Santander. La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, al tiempo que agradeció a los trabajadores, usuarios y comunidad en general por la comprensión durante el desarrollo del paro.El restablecimiento de la atención presencial representa un paso clave para normalizar la operación y responder a las necesidades de miles de usuarios en Santander.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
La tensión social en el departamento de Santander se mantiene por cuenta de los bloqueos viales protagonizados por comunidades campesinas, que han decidido continuar el paro de manera indefinida a la espera de soluciones concretas frente a sus demandas, principalmente relacionadas con la actualización catastral.En este contexto, el Gobierno departamental confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión en Lebrija entre líderes de la protesta y funcionarios del IGAC, en un intento por destrabar el conflicto. Desde la Gobernación de Santander reiteraron el llamado a levantar los bloqueos en las vías, señalando las graves afectaciones que estos generan en la movilidad, el abastecimiento y la economía regional.Actualmente, se mantienen dos puntos críticos de concentración en Lebrija: uno en el sector del peaje hacia el aeropuerto y otro en Brisas, sobre la vía que conduce a Barrancabermeja. Esta situación ha impactado a miles de ciudadanos y viajeros que transitan por estos corredores estratégicos. No obstante, las autoridades han habilitado un corredor humanitario para mitigar parcialmente las afectaciones.El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, lídera un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Lebrija, la Gobernación de Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de monitorear y atender la situación en tiempo real sobre los bloqueos. "Desde la administración municipal se ha hecho un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por las zonas afectadas, mientras se trabaja en la habilitación intermitente del paso. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo concreto por la falta de garantías en el diálogo con algunos voceros del paro", dijo el mandatario. En medio de la crisis, el alcalde también ha emprendido acciones legales contra la actualización catastral impulsada por el IGAC, argumentando la defensa de los intereses de los campesinos del municipio.Finalmente, el mandatario local hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que se adopten decisiones inmediatas que permitan superar la situación que hoy mantiene en vilo a Santander.
La crisis de movilidad en Santander, provocada por protestas sociales por aumento en los precios de avalúo catastral e impuesto predial, ha escalado hasta comprometer la operación del aeropuerto Palonegro, que presta servicios a Bucaramanga. Ante la imposibilidad de que el personal clave llegue a las instalaciones por tierra, debido a los bloqueos, el gobernador Juvenal Díaz tomó la decisión de utilizar el helicóptero oficial de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y técnicos necesarios para la seguridad aeroportuaria.Un operativo para salvar la operación aérea El mandatario departamental informó que la medida se tomó tras un reporte del gerente del aeropuerto Palonegro sobre las dificultades de acceso del personal especializado. "Estamos generando las condiciones para que eso se normalice. El gerente del aeropuerto nos manifiesta que tiene problemas para la llegada de los controladores aéreos, entonces, yo lo llamé esta mañana y le ofrecimos el helicóptero al servicio de la Gobernación", afirmó el gobernador, explicando que la aeronave está al servicio de la terminal para subir a "los controladores, los técnicos, y personal que se necesita para la seguridad y operación". Según la gerencia del aeropuerto, una vez que estos funcionarios estén en sus puestos, se podrá garantizar la reanudación de los vuelos.El origen del conflicto: Avalúo catastral y predialLos manifestantes han cerrado puntos neurálgicos como la vía al aeropuerto, además de bloqueos en Pinchote y Piedecuesta. El gobernador Díaz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Transporte y al IGAC, para que atiendan las inquietudes de los ciudadanos, señalando que existe una "indolencia total" frente a las promesas incumplidas en infraestructura y los cobros excesivos."Hacer un llamado al Gobierno nacional para que atienda a estas personas. Hay una indolencia total del gobierno nacional", enfatizó. Pasajeros a pie y diálogo estancado Mientras los controladores llegan por aire, los pasajeros enfrentan un calvario por tierra. Muchos viajeros han tenido que caminar tramos de hasta un kilómetro para intentar llegar a la terminal aérea. A pesar de la presión por utilizar la fuerza pública para despejar las vías, el gobernador explicó que se están siguiendo los protocolos nacionales que priorizan el diálogo. “El derecho a la protesta tiene que ser también el derecho a que los escuchen”, sentenció el mandatario, instando a las autoridades nacionales a resolver el conflicto de fondo para normalizar la vida en el departamento.Escuche la entrevista:
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
El gremio arrocero advierte sobre un posible paro nacional si el Gobierno no adopta medidas urgentes para enfrentar la crisis del sector. Así lo aseguró Alcy Cortés Quimbaya, miembro del Comité de Arroceros, quien explicó que el país atraviesa una grave sobreoferta de arroz, sin mecanismos estatales para regular el mercado.“Hoy hay una sobreoferta de arroz y no existe ningún mecanismo para sacar ese exceso del mercado. Desde ayer, en Colombia no se está comprando un solo grano de arroz al agricultor, algo que nunca antes había pasado”, aseguró.El dirigente explicó que la eliminación del incentivo al almacenamiento, vigente hasta 2022, agravó la crisis. A esta situación se suma, según el gremio, el contrabando de arroz desde Ecuador y la competencia con producto importado más barato.“Ese instrumento permitía estabilizar el precio. Hoy no hay recursos, no hay almacenamiento y el agricultor quedó solo enfrentando el mercado. En los supermercados se consigue arroz a precios muy bajos, mientras a nosotros no nos quieren comprar el grano porque dicen que están perdiendo plata”, señaló Cortés.Desde Tolima y Huila, los arroceros también esperan una nueva resolución que defina un precio mínimo, luego del vencimiento de la normativa anterior el pasado 31 de enero. Martín Vargas, líder arrocero del Huila, habló sobre las reuniones que se adelantan entre el Gobierno y la industria.“Parece que se llegó a un acuerdo de un nuevo precio y estamos a la espera de que salga la resolución. La industria ya dio su palabra de acogerse”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la medida sería temporal y no resolvería el problema de fondo.“No podemos seguir cada tres o cuatro meses hablando de paros. Necesitamos políticas claras para salvar la economía de más de 600 familias arroceras”, señaló.Los líderes del sector confirmaron que permanecen en asamblea permanente y que, si en los próximos días no hay una respuesta concreta del Gobierno, podrían retomarse las movilizaciones. “Si no hay buenas noticias esta semana, un paro va a ser inevitable”, advirtió Cortés.El gremio insiste en que, sin recursos, control al contrabando y reglas estables, la producción de arroz en Colombia podría reducirse drásticamente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Los bloqueos en las vías se consolidaron este año como uno de los mayores obstáculos para la operación empresarial en Colombia. Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI. En promedio, las compañías han enfrentado más de 20 bloqueos durante 2025, una cifra que refleja el impacto directo de estas interrupciones en la productividad, la logística y la competitividad del sector industrial.El informe destaca que el 93 % de los bloqueos está motivado por demandas o peticiones dirigidas al Gobierno o autoridades públicas, lo que convierte esta problemática en un asunto recurrente ligado a tensiones sociales y políticas.El 75.9 % de las empresas reportó retrasos en las entregas, mientras que el 58.3 % ha tenido aumentos en los costos logísticos. Además, de acuerdo con la ANDI, uno de cada cinco empresarios afirma haber perdido clientes o pedidos por los retrasos y, un 14.8 % afirma haber tenido que reducir su producción.La encuesta también evidencia que la respuesta institucional no es percibida como oportuna, pues el 67.3 % de los encuestados considera que la actuación de las autoridades frente a los bloqueos es “lenta o ineficiente”. Solo el 12.4 % cree que la reacción ha sido adecuada.En términos económicos, las empresas calculan que los bloqueos han incrementado sus costos operativos en 6.3 % durante el año, especialmente por ajustes en transporte, tiempos muertos, desvíos y pérdida de insumos perecederos. Aunque solo el 16 % reportó disminución en sus ventas, quienes sí lo hicieron registraron una caída promedio del 5.4 %.El informe concluye que, aunque la industria muestra señales de recuperación en producción y ventas, esta mejora es frágil y los bloqueos se han convertido en un freno estructural que compromete la continuidad operativa y la competitividad del país.
El reclutamiento de menores de edad en Colombia continúa entre las principales preocupaciones de Naciones Unidas. Paola Franchi, jefe de Protección de la Niñez de UNICEF en Colombia, advirtió que esta práctica afecta incluso a niños de diez y once años y que las comunidades indígenas, afrodescendientes y las niñas enfrentan riesgos particulares en medio del conflicto armado.En entrevista, la funcionaria señaló que las zonas del Pacífico, la frontera y la Amazonía concentran situaciones que requieren atención. Además del reclutamiento, mencionó otras violaciones contra la niñez, como la violencia sexual y la denegación del acceso humanitario.“El reclutamiento es, de las seis graves violaciones, lo que más preocupa”, afirmó Franchi, quien insistió en que los menores vinculados a los grupos armados deben ser reconocidos como víctimas.¿Qué grupos armados reclutan menores de edad en Colombia?La jefe de Protección de la Niñez de UNICEF identificó entre los grupos con más casos verificados a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Sin embargo, aclaró que el llamado de la organización está dirigido a todos los actores armados. “Ningún niño, niña o adolescente tiene que estar en la guerra”, sostuvo.Franchi también explicó que la vinculación no afecta únicamente a adolescentes. “Hay niños que también pueden tener 10, 11 años que son reclutados”, señaló. Por eso, consideró necesario que las estrategias de prevención incluyan a los más pequeños y no se concentren exclusivamente en la población adolescente.¿Qué necesita Colombia para prevenir el reclutamiento infantil?Franchi reconoció el trabajo que adelanta el Estado colombiano mediante la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA). No obstante, indicó que se necesitan más programas en los territorios donde se concentra esta problemática.La funcionaria planteó que la prevención debe comenzar en las familias y las escuelas, además de incluir oportunidades de empleo y una mayor presencia institucional. También recordó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con un programa para atender a los menores que salen de los grupos armados y avanzar en el restablecimiento de sus derechos.“Esto se garantiza con una presencia fuerte del Estado y de los servicios del Estado en todo el territorio”, afirmó.Sobre las razones por las que los grupos armados buscan vincular a menores, explicó que la falta de oportunidades y el limitado acceso a servicios facilitan el reclutamiento. En algunos casos, las niñas son captadas mediante estrategias de enamoramiento, mientras que a los niños y adolescentes les ofrecen bienes o posibilidades que no encuentran en sus hogares.Por eso, Franchi insistió en que la respuesta debe llegar a las zonas más apartadas, donde la presencia de los grupos armados también dificulta el acceso de las instituciones y la ejecución de programas de prevención.
El Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores del país. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, sumada a las opciones de ganar con aciertos parciales, lo convierte en una alternativa para quienes participan en los juegos de chance.¿Cuál fue el número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 10 de noviembre de 2026?El resultado del chance Dorado Mañana de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los participantes pueden verificar los datos de su apuesta con el vendedor y consultar los canales oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, para que los apostadores puedan revisar sus tiquetes.Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos no se realiza este sorteo.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?El plan de premios de este chance contempla diferentes posibilidades de ganar, incluso cuando el participante acierta solo algunas de las cifras. Los pagos se calculan por cada peso apostado y dependen de la modalidad seleccionada:Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.Una cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra posibilidad de obtener ganancias.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden cobrarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos requeridos.Para realizar el trámite debe cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Se recomienda conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación de la apuesta y el pago del premio.
El Partido Liberal radicó un texto alternativo frente al proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno nacional en las comisiones económicas del Congreso de la República. En diálogo con Mañanas Blu, el senador Álvaro Monedero, integrante de la Comisión Cuarta del Senado, explicó que la bancada busca ajustar la iniciativa para evitar impactos destructivos sobre el aparato productivo y el bolsillo de los ciudadanos. Si bien el congresista reconoció las apremiantes dificultades fiscales que afronta el país, subrayó que el trámite legislativo requiere consensos reales para no desencadenar una crisis social. Alerta por el déficit fiscal y necesidad de un borrador propioEl congresista liberal enfatizó que la presentación de una propuesta propia responde al compromiso de representar las inquietudes de los sectores productivos y regionales escuchados durante su labor parlamentaria. Frente al trámite del proyecto, Monedero sostuvo: "Todo proyecto de ley como ingresa no sale del Congreso. Por eso existe la discusión y es parte de nuestra tarea. Para eso representamos nosotros a los ciudadanos en el Congreso". Asimismo, advirtió sobre los riesgos financieros que encara la nación si se postergan las decisiones económicas: "Si no hacemos nada, puede que en uno o dos años no pase aún nada grave, pero hacia el futuro vamos a caer en una sensación de pagos. Inmediatamente eso se viene en cascada contra toda la población. Va a haber mayor pobreza, van a quebrarse las empresas, no va a haber confianza inversionista... hay que hacer algo, pero hay que hacer algo que políticamente tampoco nos vaya a generar una hecatombe social". Rechazo al IVA en el sector agrícola y en las bebidas de consumo masivoUno de los ejes centrales de la discrepancia radica en los impuestos indirectos. El Partido Liberal rechaza la aplicación del IVA a la canasta familiar y a los bienes de capital del sector agropecuario. Monedero enfatizó la vulnerabilidad del campo colombiano frente a estos tributos: "Colocarle IVA a la maquinaria agrícola, a los sistemas de riego, a los fertilizantes, al final van a encarecer el producto final". Por otra parte, la colectividad rechazó el gravamen adicional a la cerveza y a las bebidas endulzadas o con edulcorantes, el cual busca recaudar cerca de 9,7 billones de pesos dentro del paquete total de 15 billones que aspira la reforma. Según el senador, dicha carga aumentaría el precio de la cerveza en cerca de un 50% y castigaría a la economía popular. Sobre el impacto en las tiendas de barrio, Monedero advirtió: "Las tiendas de barrio, el 60% de sus ventas están amparadas en ventas de bebidas de cerveza endulzadas con azúcar y edulcorantes. Así que afectaría también un negocio local". Agregó además que un aumento desmedido en licores y cigarrillos reduciría las rentas de los departamentos y estimularía el contrabando. Regulaciones a plataformas electrónicas, apuestas en línea y renta corporativaNo obstante las diferencias, la bancada liberal coincide en la necesidad de corregir asimetrías tributarias, como aplicar una tarifa de IVA del 19% a las compras internacionales por plataformas de comercio electrónico (como Temu o Shein) inferiores a 200 dólares. Monedero justificó este respaldo señalando: "Esto es algo que está dañando la cancha en competencia porque el comercio local tiene que pagar impuestos, tiene que pagar ICA, tiene que pagar empleados para vender un zapato importado y usted lo puede comprar directamente sin pagar IVA". En cuanto al cobro de IVA a los juegos y apuestas por internet, el senador discrepó de aplicarlo sobre el valor apostado por el usuario, ya que impulsaría la evasión mediante herramientas informáticas como redes VPN. Escuche aquí la entrevista:
A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, la Defensoría del Pueblo presentará este miércoles 11 de noviembre un diagnóstico sobre los avances, los incumplimientos y los desafíos que enfrenta su implementación.El documento, titulado “Un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios”, fue elaborado por la entidad bajo la dirección de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y reconoce que durante la última década se construyeron herramientas institucionales para avanzar en la transformación del campo, la reincorporación de quienes dejaron las armas y la reparación de las víctimas.Sin embargo, advierte que todavía existe una brecha entre los compromisos establecidos en el Acuerdo y los resultados que llegan efectivamente a las comunidades. La Defensoría plantea que la implementación no puede medirse únicamente por las leyes expedidas, los recursos asignados o las reuniones realizadas, sino por su impacto en las condiciones de vida de la población y en la reducción de los riesgos de violencia en los territorios.Uno de los principales rezagos según la entidad está en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para transformar las zonas más afectadas por el conflicto armado y la pobreza.Según el balance, alrededor de 250.000 personas participaron en la construcción de 33.007 iniciativas comunitarias en 170 municipios priorizados. De ese total, 21.617 iniciativas, equivalentes al 65%, cuentan con una ruta institucional activa para su ejecución.No obstante, en las subregiones analizadas por la Defensoría, únicamente entre el 5% y el 10% de las iniciativas que tienen una ruta activa han sido terminadas.A esto se suma que el 84% de los municipios PDET está cobijado por alertas tempranas de la Defensoría debido a riesgos asociados con la presencia y el accionar de grupos armados.El documento también destaca algunos avances en las condiciones sociales de estas zonas. La pobreza multidimensional rural en los municipios PDET pasó del 47,2% en 2018 al 26,1% en 2025. Sin embargo, persisten problemas de informalidad laboral, déficit habitacional e inseguridad alimentaria. Además, la Defensoría también advierte que los avances del Acuerdo de Paz no han sido suficientes para superar las desigualdades que afectan a las comunidades rurales, las mujeres, las personas LGBTIQ+ y los pueblos étnicos. El informe señala que persisten dificultades para garantizar la participación efectiva, la autonomía económica y la protección frente a las violencias basadas en género.En materia de seguridad, la entidad advierte que la recomposición de los grupos armados y su expansión territorial siguen amenazando la implementación del Acuerdo.De acuerdo con el diagnóstico, al corte de julio de 2026, 396 municipios y 15 territorios indígenas enfrentaban condiciones de riesgo inminente o estructural identificadas por el Sistema de Alertas Tempranas.El balance también registra el asesinato de 1.743 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales entre enero de 2016 y junio de 2026. Situación que también afecta a quienes dejaron las armas. Desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 521 firmantes de paz y, según la Defensoría, los homicidios contra esta población aumentaron un 38,5% durante 2025.Aunque cerca de 10.943 personas continúan vinculadas al proceso de reincorporación, el documento advierte que el 86% vive por fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, lo que dificulta el acceso a servicios sociales y medidas de protección.Entre los avances, la entidad destaca que cerca de 7.000 personas han terminado el bachillerato y que se han puesto en marcha 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos.El balance también llama la atención sobre los retrasos en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, únicamente 63 cuentan con planes finalizados, lo que representa el 4,6%. En cuanto a los planes de retorno y reubicación, de 1.068 registrados solo 31 han sido completados.La atención psicosocial también presenta rezagos. De los 7,8 millones de personas identificadas como sujetos de atención, el balance reporta poco más de 1,1 millones de procesos de atención durante 13 años.A esto se suma el deterioro de las condiciones humanitarias. Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que la población víctima de confinamiento aumentó de 18.603 a 128.825 personas.En materia de justicia transicional, la Defensoría destaca el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el esclarecimiento de crímenes como el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, advierte que se necesitan mayores recursos y coordinación institucional para garantizar la implementación de las sanciones propias y los proyectos restaurativos.En el componente de Reforma Rural Integral, el balance señala que se han formalizado cerca de 3,35 millones de hectáreas, equivalentes al 47,85% de la meta de siete millones de hectáreas.También destaca los avances en la compra de tierras para el Fondo de Tierras y en la actualización del catastro multipropósito, aunque advierte que este último proceso se encuentra por debajo de la meta prevista para 2026.Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Defensoría señala que las familias vinculadas alcanzaron un 98% de cumplimiento en la erradicación voluntaria y que la resiembra se mantuvo por debajo del 1%, según las verificaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Sin embargo, señala que persisten retrasos en la entrega de proyectos productivos sostenibles y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las familias campesinas. Además, diez años después de la firma del Acuerdo, el informe señala que el Congreso todavía no ha aprobado una ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.Frente a estos rezagos identificados en el balance, la Defensoría del Pueblo recomienda que la implementación del Acuerdo Final se mantenga como una política de Estado, con presupuestos y metas verificables en los planes nacionales de desarrollo. El propósito según la entidad es evitar que los compromisos adquiridos se interrumpan o pierdan continuidad con los cambios de Gobierno.Asimismo, en materia de desarrollo rural pide acelerar la ejecución de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), agilizar la titulación definitiva de predios y garantizar asistencia técnica y recursos para los proyectos productivos de las territorialidades campesinas. También insiste en que las comunidades tengan una participación efectiva en la asignación de los recursos y en la evaluación de las obras.Sobre las garantías de seguridad, recomienda fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las alertas tempranas, implementar medidas de protección colectiva y territorial y mejorar la atención a los firmantes de paz que viven por fuera de los antiguos espacios territoriales de reincorporación. Además, plantea la posibilidad de extender la política pública de reincorporación hasta 2031. Para las víctimas, la Defensoría pide acelerar los planes de reparación colectiva y de retorno y reubicación, así como garantizar recursos estables para el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), con el fin de evitar interrupciones en la atención. En cuanto a la justicia transicional, considera necesario fortalecer la coordinación entre el Gobierno y la JEP para asegurar los recursos que requieren los proyectos restaurativos y la ejecución de las sanciones propias.Frente a la sustitución de cultivos ilícitos, la entidad insiste en que el Estado debe cumplir los compromisos pendientes con las familias vinculadas al PNIS, especialmente en la puesta en marcha de proyectos productivos de largo plazo. También pide al Congreso avanzar en la aprobación de una ley de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores, una iniciativa que sigue pendiente diez años después de la firma del Acuerdo.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:La periodista y escritora Juanita Kremer habló su libro 'Supernova. El poder de la comunicación'. Además, resaltó la importancia de los gestos de las personas en una conversación y explicó porqué son incómodos los momentos de silencio entre los latinos.En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Milena Torres contó cómo su hijo Juan Martín tuvo una experiencia cercana a la muerte.