Luego de más de 70 días de cese de actividades, la Electrificadora de Santander anunció la reapertura progresiva de sus oficinas de atención al público a partir del jueves 7 de mayo de 2026, tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato que permitió levantar el paro.La empresa informó que, luego de un proceso de diálogo y negociación con la organización sindical SINTRAELECOL, se logró poner fin al conflicto colectivo laboral mediante la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, la cual tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2029.Según lo comunicado, durante las negociaciones primaron el respeto por las diferencias, la búsqueda de consensos y el bienestar de los trabajadores, sin dejar de lado la sostenibilidad de la empresa. Con este acuerdo, se da por superada una etapa de tensión que había generado afectaciones en la prestación de algunos servicios y en la atención a usuarios.Tras el levantamiento del paro, la Electrificadora de Santander inició el proceso de alistamiento para reactivar sus operaciones presenciales. Este incluye la reorganización de los equipos de trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias para garantizar una atención eficiente a los usuarios."En ese sentido, la atención en oficinas se retomará de manera gradual en los diferentes municipios del área de cobertura, mientras la empresa irá informando oportunamente los puntos habilitados y horarios de servicio", dijo Guillermo Valencia, gerente de la Electrficadora de Santander. La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, al tiempo que agradeció a los trabajadores, usuarios y comunidad en general por la comprensión durante el desarrollo del paro.El restablecimiento de la atención presencial representa un paso clave para normalizar la operación y responder a las necesidades de miles de usuarios en Santander.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
La tensión social en el departamento de Santander se mantiene por cuenta de los bloqueos viales protagonizados por comunidades campesinas, que han decidido continuar el paro de manera indefinida a la espera de soluciones concretas frente a sus demandas, principalmente relacionadas con la actualización catastral.En este contexto, el Gobierno departamental confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión en Lebrija entre líderes de la protesta y funcionarios del IGAC, en un intento por destrabar el conflicto. Desde la Gobernación de Santander reiteraron el llamado a levantar los bloqueos en las vías, señalando las graves afectaciones que estos generan en la movilidad, el abastecimiento y la economía regional.Actualmente, se mantienen dos puntos críticos de concentración en Lebrija: uno en el sector del peaje hacia el aeropuerto y otro en Brisas, sobre la vía que conduce a Barrancabermeja. Esta situación ha impactado a miles de ciudadanos y viajeros que transitan por estos corredores estratégicos. No obstante, las autoridades han habilitado un corredor humanitario para mitigar parcialmente las afectaciones.El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, lídera un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Lebrija, la Gobernación de Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de monitorear y atender la situación en tiempo real sobre los bloqueos. "Desde la administración municipal se ha hecho un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por las zonas afectadas, mientras se trabaja en la habilitación intermitente del paso. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo concreto por la falta de garantías en el diálogo con algunos voceros del paro", dijo el mandatario. En medio de la crisis, el alcalde también ha emprendido acciones legales contra la actualización catastral impulsada por el IGAC, argumentando la defensa de los intereses de los campesinos del municipio.Finalmente, el mandatario local hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que se adopten decisiones inmediatas que permitan superar la situación que hoy mantiene en vilo a Santander.
La crisis de movilidad en Santander, provocada por protestas sociales por aumento en los precios de avalúo catastral e impuesto predial, ha escalado hasta comprometer la operación del aeropuerto Palonegro, que presta servicios a Bucaramanga. Ante la imposibilidad de que el personal clave llegue a las instalaciones por tierra, debido a los bloqueos, el gobernador Juvenal Díaz tomó la decisión de utilizar el helicóptero oficial de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y técnicos necesarios para la seguridad aeroportuaria.Un operativo para salvar la operación aérea El mandatario departamental informó que la medida se tomó tras un reporte del gerente del aeropuerto Palonegro sobre las dificultades de acceso del personal especializado. "Estamos generando las condiciones para que eso se normalice. El gerente del aeropuerto nos manifiesta que tiene problemas para la llegada de los controladores aéreos, entonces, yo lo llamé esta mañana y le ofrecimos el helicóptero al servicio de la Gobernación", afirmó el gobernador, explicando que la aeronave está al servicio de la terminal para subir a "los controladores, los técnicos, y personal que se necesita para la seguridad y operación". Según la gerencia del aeropuerto, una vez que estos funcionarios estén en sus puestos, se podrá garantizar la reanudación de los vuelos.El origen del conflicto: Avalúo catastral y predialLos manifestantes han cerrado puntos neurálgicos como la vía al aeropuerto, además de bloqueos en Pinchote y Piedecuesta. El gobernador Díaz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Transporte y al IGAC, para que atiendan las inquietudes de los ciudadanos, señalando que existe una "indolencia total" frente a las promesas incumplidas en infraestructura y los cobros excesivos."Hacer un llamado al Gobierno nacional para que atienda a estas personas. Hay una indolencia total del gobierno nacional", enfatizó. Pasajeros a pie y diálogo estancado Mientras los controladores llegan por aire, los pasajeros enfrentan un calvario por tierra. Muchos viajeros han tenido que caminar tramos de hasta un kilómetro para intentar llegar a la terminal aérea. A pesar de la presión por utilizar la fuerza pública para despejar las vías, el gobernador explicó que se están siguiendo los protocolos nacionales que priorizan el diálogo. “El derecho a la protesta tiene que ser también el derecho a que los escuchen”, sentenció el mandatario, instando a las autoridades nacionales a resolver el conflicto de fondo para normalizar la vida en el departamento.Escuche la entrevista:
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
El gremio arrocero advierte sobre un posible paro nacional si el Gobierno no adopta medidas urgentes para enfrentar la crisis del sector. Así lo aseguró Alcy Cortés Quimbaya, miembro del Comité de Arroceros, quien explicó que el país atraviesa una grave sobreoferta de arroz, sin mecanismos estatales para regular el mercado.“Hoy hay una sobreoferta de arroz y no existe ningún mecanismo para sacar ese exceso del mercado. Desde ayer, en Colombia no se está comprando un solo grano de arroz al agricultor, algo que nunca antes había pasado”, aseguró.El dirigente explicó que la eliminación del incentivo al almacenamiento, vigente hasta 2022, agravó la crisis. A esta situación se suma, según el gremio, el contrabando de arroz desde Ecuador y la competencia con producto importado más barato.“Ese instrumento permitía estabilizar el precio. Hoy no hay recursos, no hay almacenamiento y el agricultor quedó solo enfrentando el mercado. En los supermercados se consigue arroz a precios muy bajos, mientras a nosotros no nos quieren comprar el grano porque dicen que están perdiendo plata”, señaló Cortés.Desde Tolima y Huila, los arroceros también esperan una nueva resolución que defina un precio mínimo, luego del vencimiento de la normativa anterior el pasado 31 de enero. Martín Vargas, líder arrocero del Huila, habló sobre las reuniones que se adelantan entre el Gobierno y la industria.“Parece que se llegó a un acuerdo de un nuevo precio y estamos a la espera de que salga la resolución. La industria ya dio su palabra de acogerse”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la medida sería temporal y no resolvería el problema de fondo.“No podemos seguir cada tres o cuatro meses hablando de paros. Necesitamos políticas claras para salvar la economía de más de 600 familias arroceras”, señaló.Los líderes del sector confirmaron que permanecen en asamblea permanente y que, si en los próximos días no hay una respuesta concreta del Gobierno, podrían retomarse las movilizaciones. “Si no hay buenas noticias esta semana, un paro va a ser inevitable”, advirtió Cortés.El gremio insiste en que, sin recursos, control al contrabando y reglas estables, la producción de arroz en Colombia podría reducirse drásticamente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Los bloqueos en las vías se consolidaron este año como uno de los mayores obstáculos para la operación empresarial en Colombia. Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI. En promedio, las compañías han enfrentado más de 20 bloqueos durante 2025, una cifra que refleja el impacto directo de estas interrupciones en la productividad, la logística y la competitividad del sector industrial.El informe destaca que el 93 % de los bloqueos está motivado por demandas o peticiones dirigidas al Gobierno o autoridades públicas, lo que convierte esta problemática en un asunto recurrente ligado a tensiones sociales y políticas.El 75.9 % de las empresas reportó retrasos en las entregas, mientras que el 58.3 % ha tenido aumentos en los costos logísticos. Además, de acuerdo con la ANDI, uno de cada cinco empresarios afirma haber perdido clientes o pedidos por los retrasos y, un 14.8 % afirma haber tenido que reducir su producción.La encuesta también evidencia que la respuesta institucional no es percibida como oportuna, pues el 67.3 % de los encuestados considera que la actuación de las autoridades frente a los bloqueos es “lenta o ineficiente”. Solo el 12.4 % cree que la reacción ha sido adecuada.En términos económicos, las empresas calculan que los bloqueos han incrementado sus costos operativos en 6.3 % durante el año, especialmente por ajustes en transporte, tiempos muertos, desvíos y pérdida de insumos perecederos. Aunque solo el 16 % reportó disminución en sus ventas, quienes sí lo hicieron registraron una caída promedio del 5.4 %.El informe concluye que, aunque la industria muestra señales de recuperación en producción y ventas, esta mejora es frágil y los bloqueos se han convertido en un freno estructural que compromete la continuidad operativa y la competitividad del país.
La crisis en el sistema de salud vuelve a evidenciarse en el Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, donde por tercer día consecutivo los trabajadores de planta adelantaron protestas para exigir el pago de salarios atrasados correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.Son más de 200 empleados de planta, entre enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, servicios generales y otras áreas asistenciales, los que decidieron parar sus actividades y han restringido el acceso a algunas dependencias administrativas como medida de presión para que les cumplan con el pago de los sueldos atrasados, explicó María Teresa Órtiz Noriega, presidenta de Anthoc seccional Sucre.“Ya llevamos nuestro tercer día de cierre de actividades exigiéndole al señor gerente que, por favor, se nos cancele el mes de agosto. En días anteriores se hizo la cancelación solo de 1 mes, que fue el mes de julio de 4 meses de deudas que se tienen con nosotros, solo nos canceló 1 mes. Nosotros exigíamos el 50% de la deuda, que eran 2 meses y el señor no lo hizo. Sabemos de que le llegó un buen giro directo de 6000 y pico millones de pesos.”, expresó Noriega.Los trabajadores insisten en que no levantarán el cese de actividades hasta que la gerencia les cumpla con el pago de sus sueldos. Por el momento, los servicios de urgencias y atención médica a los pacientes no han sido interrumpidos.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a un paro nacional de 24 horas y movilizaciones para el próximo 30 de octubre como una forma de reclamar los graves problemas en el sistema de salud que afectan a los docentes afiliados al Fomag.Desde la implementación del nuevo modelo de atención para los docentes en 2024, se ha deteriorado la calidad del servicio, al punto de que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, abrió la puerta a una intervención ante los indicadores incumplidos y ordenó medidas cautelares.La demora en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como los cambios de IPS asignadas e irregularidades financieras, son algunos de los problemas evidenciados por la entidad de control.Desde la agremiación insisten en que este no es un paro contra el Gobierno nacional, pero sí exigen respuestas y medidas claras sobre la unificación de criterios y responsabilidades de las entidades involucradas.“Fecode exige que se investigue a las entidades médicas que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; así como a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca, con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del Fomag”, agregaron los docentes.Por otra parte, con el paro, los maestros también están pidiendo al Gobierno más espacio para concretar la ejecución de la reglamentación del acto que reformó el Sistema General de Participaciones, y así asegurar más recursos para el sector.
Más de 15.000 trabajadores y aprendices en Antioquia participan del plantón nacional del Sena por presuntos incumplimientos y desadministración en los complejos. Sindicatos advierten que, si no hay soluciones convocarán a un paro nacional indefinido.Trabajadores y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) adelantaron una jornada de protesta en varias regiones y departamentos del país, incluido Antioquia, para exigir soluciones a lo que consideran un grave panorama de desadministración, incumplimiento de acuerdos laborales y retrasos en la ejecución presupuestal.En Antioquia, según informó a Blu Radio, Nicolás Alberto Zapata, vicepresidente de Sindesena en el departamento y miembro de la junta nacional, nueve sedes están cerradas, entre ellas los tres complejos principales de Medellín (Pedregal, Calatrava y el complejo central), además de la sede de Urabá y el centro de La Salada en Caldas."En Antioquia hay varios en varios centros que están cerrados, por ejemplo, el centro del Sena en Urabá, en la sede de la Salada en el municipio de Caldas, y los tres complejos principales que tiene la regional de Pedregal, el complejo sur en Itagüí - Calatrava y el complejo central por el sector de la minorista donde también está la dirección de la regional Antioquia. Entonces, hay varias sedes que están paralizadas. Están ocho sedes en Antioquia, más la dirección regional. Pues nosotros te podríamos hablar de unas 15 a 20 mil personas porque de todas maneras son desde la formación desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en todos los tres complejos que son los principales y en la sede de Urabá", explicó el vicepresidente.Entre las principales quejas se destacan el incumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2015, 2018, 2021 y 2024; la falta de mantenimiento en la infraestructura de los centros de formación; la baja ejecución de presupuestos para bienestar del aprendiz y materiales de formación, que en algunos casos apenas llega al 30 %; y la negativa a resolver solicitudes de traslado de trabajadores que buscan regresar a sus regiones de origen.En Urabá, Marco Antonio García, tesorero de Sindesena Antioquia, le explicó a Blu Radio que en el plantón en esta subregión participan unas 300 personas, exigiendo soluciones principalmente en casos críticos como la agencia pública de empleo, que lleva, presuntamente, cinco años en construcción y no funciona."En este momento nos está afectando porque la desadministración está llevando a que los procesos se estén retrasando. Por ejemplo, aquí en Urabá tenemos la situación de la agencia pública de empleo, que eso ya lleva cinco años de construcción y no ha podido empezar a funcionar. Lo mismo el nuevo Barrio Obrero se había iniciado la formación, pero tuvieron que sacar a los mismos aprendices y salieron porque no hay garantías, por ejemplo, de la de la ambientación, faltan materiales de formación. Esas son como las razones y hay otras como el presupuesto que no se ha ejecutado en algunos centros. En Medellín, en la sala precisamente la desadministración, la infraestructura está deteriorada", afirmó el tesorero.Los sindicatos afirman que la falta de directores y subdirectores en propiedad, la desatención a la infraestructura y el retraso en la ejecución de proyectos han perjudicado directamente la calidad de la formación y el bienestar de los aprendices y advierten que evalúan convocar a un paro nacional indefinido si no hay respuestas de fondo por parte de la dirección nacional.
Colombia comenzó a recibir el respaldo de la comunidad internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La Cancillería informó que ya fueron coordinados los primeros vuelos de ayuda humanitaria, que llegarán al país en las próximas horas con elementos destinados a las comunidades más afectadas.La operación se puso en marcha después de que las autoridades territoriales, junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, evaluaran los daños y determinaran las necesidades específicas de cada municipio. Con esa información, el Gobierno comenzó a gestionar directamente la cooperación con países aliados.Entre las prioridades establecidas están los hospitales de campaña, necesarios para reforzar la atención médica en las zonas donde la infraestructura sanitaria resultó afectada. También se solicitaron kits de alimentación, aseo y hábitat, además de elementos para garantizar agua, saneamiento e higiene.La lista de necesidades incluye además kits de cocina y menaje para las familias que perdieron sus viviendas o parte de sus pertenencias. La ayuda internacional será coordinada con las autoridades nacionales y territoriales para definir su distribución en los lugares que presentan mayores necesidades.Desde las primeras horas posteriores al terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó los canales diplomáticos para solicitar apoyo internacional. El Gobierno agradeció a los países y organizaciones que han expresado su solidaridad y disposición para contribuir a la atención de la emergencia.La llegada de estos primeros vuelos representa uno de los componentes de la respuesta que Colombia está articulando con otros países, mientras en las regiones afectadas continúan las labores de rescate, atención de heridos, asistencia a damnificados y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.
La primera dama Ana Lucía Pineda entregó un balance de las acciones que se vienen adelantando para apoyar a las familias afectadas por el sismo y agradeció a las personas y organizaciones que se han sumado a la recolección de ayudas humanitarias en diferentes regiones del país.Según explicó, desde el día siguiente al terremoto comenzaron a funcionar puntos de acopio en distintas zonas de Colombia, una iniciativa que, dijo, ha permitido reunir elementos necesarios para atender a las comunidades afectadas. “Desde hoy en la mañana empezamos a desplazar todas estas ayudas humanitarias a los distintos territorios”.La primera dama señaló que las necesidades fueron identificadas a partir de información entregada por alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas. Explicó que, desde las primeras horas posteriores al sismo, se realizaron visitas a diferentes Puestos de Mando Unificado para verificar las condiciones en terreno y establecer qué elementos eran prioritarios.Entre los elementos solicitados se encuentran mercados, kits de aseo, kits de cocina y elementos para pasar la noche, especialmente almohadas y colchonetas. A esto se suman medicamentos destinados a apoyar la atención de la población afectada y el funcionamiento de la red hospitalaria.Uno de los anuncios de la declaración estuvo relacionado con las familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de la emergencia. Pineda informó que empresas funerarias ofrecieron servicios gratuitos para facilitar los trámites y cubrir los costos de quienes no cuentan con planes o seguros exequiales.La ayuda contempla dos modalidades. En el caso de las personas que cuentan con seguros o planes exequiales, las funerarias apoyarán la gestión necesaria para hacer efectiva la cobertura durante el proceso correspondiente ante Medicina Legal. Para quienes no tienen ningún tipo de cobertura, asumirán los costos de los servicios funerarios.De acuerdo con la información entregada por la primera dama, estarán disponibles los servicios de Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso. Capillas de la Fe prestará apoyo en Pereira, Manizales y Cali, mientras que Funerales San Vicente estará disponible en Chocó. “Este servicio estará disponible en las funerarias Capillas de la Fe, en Pereira, en Manizales y en Cali, y en Chocó estará los funerales San Vicente”, explicó.Pineda indicó además que publicará en sus redes sociales los datos de la persona encargada de recibir las llamadas a nivel nacional para orientar a los familiares y facilitar el acceso a estos servicios.
Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, Blessd, Dímelo Jara Company y la Fundación Sueños de Barrio movilizarán cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades damnificadas.La operación contempla 30 toneladas para cada uno de los territorios priorizados: Chocó, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. Las ayudas incluyen alimentos, agua potable, pañales, productos de higiene y otros elementos de primera necesidad.Primer envío llega al ChocóComo parte de la primera fase, cuatro camiones con 30 toneladas de ayuda ya se dirigen al Chocó. Elizabeth Quintero, integrante del equipo legal, llegó al territorio para coordinar la recepción y entrega de los suministros junto con las autoridades locales.Mientras se encontraba en la zona, Quintero fue sorprendida por un nuevo temblor, reflejo de la incertidumbre que aún enfrentan las comunidades afectadas.El equipo continúa articulando la distribución para garantizar que los recursos lleguen de manera organizada a las familias que más los necesitan.“No soy de subir, pero sí de ayudar”Blessd comunicó la iniciativa a los más de 519.000 integrantes de su grupo de difusión en Instagram. El artista explicó que, aunque no había podido publicar con normalidad, ya estaba trabajando en la organización de las ayudas.“Ustedes saben que yo no soy de subir, pero sí de ayudar. Ya estoy organizando para que la gente más necesitada tenga su ayuda”, escribió.Posteriormente, compartió imágenes del proceso de recolección y cargue de los productos.Blessd también aseguró que continúa gestionando nuevas entregas para Pereira y Manizales, mientras avanza la operación en los demás territorios priorizados.Aunque parte del proceso no se vea en redes sociales, las primeras 30 toneladas de ayuda humanitaria ya están en camino al Chocó, como parte de una iniciativa que busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto.
La Lotería del Huila anunció el aplazamiento del Sorteo 4768, que estaba programado para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La entidad explicó que la decisión responde a las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, especialmente en consideración con los distribuidores y vendedores ubicados en las zonas más afectadas.De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, el sorteo no fue cancelado, sino reprogramado para el jueves 13 de agosto de 2026, por lo que los compradores deberán tener en cuenta la nueva fecha antes de consultar los resultados.La medida fue adoptada en un contexto en el que diferentes actividades se han visto condicionadas por las circunstancias registradas en el territorio colombiano durante los últimos días. La Lotería del Huila señaló que su decisión busca actuar con solidaridad y consideración hacia quienes participan en la comercialización de sus productos.“En solidaridad y consideración con nuestros distribuidores y vendedores de las zonas más afectadas, y ante las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, el Sorteo 4768, programado para el martes 11 de agosto, será aplazado”, informó la Lotería del Huila.¿Cuándo será el sorteo 4768 de la Lotería del Huila?La nueva fecha establecida para el Sorteo 4768 de la Lotería del Huila es el jueves 13 de agosto de 2026.La entidad hizo énfasis en que el cambio corresponde a un aplazamiento, por lo que el sorteo mantiene su numeración y continuará bajo la nueva programación.El anuncio resulta relevante para los compradores que adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo inicialmente previsto para el martes, pues deberán conservarlos y tener presente la modificación del calendario anunciada oficialmente por la lotería.
La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana anunció la reprogramación del sorteo 3166, que estaba previsto para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada luego del evento sísmico registrado en el territorio colombiano el lunes 10 de agosto, de acuerdo con la información divulgada oficialmente por la entidad.La nueva fecha establecida para el sorteo es el jueves 13 de agosto de 2026, manteniendo como hora de realización las 10:55 de la noche y con transmisión a través de Canal Uno.El cambio fue comunicado a todos los actores relacionados con la operación de la lotería, incluidos distribuidores, vendedores y público general, con el propósito de evitar confusiones frente a la fecha inicialmente anunciada y garantizar que los participantes tengan claridad sobre cuándo se efectuará el sorteo.“Debido al evento sísmico registrado en el territorio colombiano el día 10 de agosto de 2026, el sorteo 3166, programado inicialmente para hoy martes 11 de agosto, ha sido reprogramado”, informó la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.¿Cuándo será el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?De acuerdo con el comunicado, el sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el jueves 13 de agosto, a las 10:55 p. m., y será transmitido por Canal Uno.La modificación de la fecha no debe confundirse con una cancelación definitiva del sorteo. La entidad confirmó que se trata de una reprogramación, por lo que el proceso continuará en la nueva fecha establecida.La Lotería de la Cruz Roja solicitó a sus distribuidores y vendedores atender las nuevas instrucciones para el manejo de los billetes y las devoluciones correspondientes.Recepción de devoluciones continuará hasta las 9:30 p. m.Uno de los puntos destacados en el anuncio está relacionado con la recepción de devoluciones. Según la información publicada por la entidad, este procedimiento se mantendrá conforme al horario establecido, con recepción hasta las 9:30 p. m.La medida busca facilitar el proceso operativo para los vendedores y distribuidores ante el cambio en la programación del sorteo.Por ello, quienes tengan responsabilidades relacionadas con la devolución de material deberán tener presente el horario indicado por la organización y seguir los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.