Luego de más de 70 días de cese de actividades, la Electrificadora de Santander anunció la reapertura progresiva de sus oficinas de atención al público a partir del jueves 7 de mayo de 2026, tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato que permitió levantar el paro.La empresa informó que, luego de un proceso de diálogo y negociación con la organización sindical SINTRAELECOL, se logró poner fin al conflicto colectivo laboral mediante la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, la cual tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2029.Según lo comunicado, durante las negociaciones primaron el respeto por las diferencias, la búsqueda de consensos y el bienestar de los trabajadores, sin dejar de lado la sostenibilidad de la empresa. Con este acuerdo, se da por superada una etapa de tensión que había generado afectaciones en la prestación de algunos servicios y en la atención a usuarios.Tras el levantamiento del paro, la Electrificadora de Santander inició el proceso de alistamiento para reactivar sus operaciones presenciales. Este incluye la reorganización de los equipos de trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias para garantizar una atención eficiente a los usuarios."En ese sentido, la atención en oficinas se retomará de manera gradual en los diferentes municipios del área de cobertura, mientras la empresa irá informando oportunamente los puntos habilitados y horarios de servicio", dijo Guillermo Valencia, gerente de la Electrficadora de Santander. La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, al tiempo que agradeció a los trabajadores, usuarios y comunidad en general por la comprensión durante el desarrollo del paro.El restablecimiento de la atención presencial representa un paso clave para normalizar la operación y responder a las necesidades de miles de usuarios en Santander.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
La tensión social en el departamento de Santander se mantiene por cuenta de los bloqueos viales protagonizados por comunidades campesinas, que han decidido continuar el paro de manera indefinida a la espera de soluciones concretas frente a sus demandas, principalmente relacionadas con la actualización catastral.En este contexto, el Gobierno departamental confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión en Lebrija entre líderes de la protesta y funcionarios del IGAC, en un intento por destrabar el conflicto. Desde la Gobernación de Santander reiteraron el llamado a levantar los bloqueos en las vías, señalando las graves afectaciones que estos generan en la movilidad, el abastecimiento y la economía regional.Actualmente, se mantienen dos puntos críticos de concentración en Lebrija: uno en el sector del peaje hacia el aeropuerto y otro en Brisas, sobre la vía que conduce a Barrancabermeja. Esta situación ha impactado a miles de ciudadanos y viajeros que transitan por estos corredores estratégicos. No obstante, las autoridades han habilitado un corredor humanitario para mitigar parcialmente las afectaciones.El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, lídera un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Lebrija, la Gobernación de Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de monitorear y atender la situación en tiempo real sobre los bloqueos. "Desde la administración municipal se ha hecho un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por las zonas afectadas, mientras se trabaja en la habilitación intermitente del paso. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo concreto por la falta de garantías en el diálogo con algunos voceros del paro", dijo el mandatario. En medio de la crisis, el alcalde también ha emprendido acciones legales contra la actualización catastral impulsada por el IGAC, argumentando la defensa de los intereses de los campesinos del municipio.Finalmente, el mandatario local hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que se adopten decisiones inmediatas que permitan superar la situación que hoy mantiene en vilo a Santander.
La crisis de movilidad en Santander, provocada por protestas sociales por aumento en los precios de avalúo catastral e impuesto predial, ha escalado hasta comprometer la operación del aeropuerto Palonegro, que presta servicios a Bucaramanga. Ante la imposibilidad de que el personal clave llegue a las instalaciones por tierra, debido a los bloqueos, el gobernador Juvenal Díaz tomó la decisión de utilizar el helicóptero oficial de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y técnicos necesarios para la seguridad aeroportuaria.Un operativo para salvar la operación aérea El mandatario departamental informó que la medida se tomó tras un reporte del gerente del aeropuerto Palonegro sobre las dificultades de acceso del personal especializado. "Estamos generando las condiciones para que eso se normalice. El gerente del aeropuerto nos manifiesta que tiene problemas para la llegada de los controladores aéreos, entonces, yo lo llamé esta mañana y le ofrecimos el helicóptero al servicio de la Gobernación", afirmó el gobernador, explicando que la aeronave está al servicio de la terminal para subir a "los controladores, los técnicos, y personal que se necesita para la seguridad y operación". Según la gerencia del aeropuerto, una vez que estos funcionarios estén en sus puestos, se podrá garantizar la reanudación de los vuelos.El origen del conflicto: Avalúo catastral y predialLos manifestantes han cerrado puntos neurálgicos como la vía al aeropuerto, además de bloqueos en Pinchote y Piedecuesta. El gobernador Díaz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Transporte y al IGAC, para que atiendan las inquietudes de los ciudadanos, señalando que existe una "indolencia total" frente a las promesas incumplidas en infraestructura y los cobros excesivos."Hacer un llamado al Gobierno nacional para que atienda a estas personas. Hay una indolencia total del gobierno nacional", enfatizó. Pasajeros a pie y diálogo estancado Mientras los controladores llegan por aire, los pasajeros enfrentan un calvario por tierra. Muchos viajeros han tenido que caminar tramos de hasta un kilómetro para intentar llegar a la terminal aérea. A pesar de la presión por utilizar la fuerza pública para despejar las vías, el gobernador explicó que se están siguiendo los protocolos nacionales que priorizan el diálogo. “El derecho a la protesta tiene que ser también el derecho a que los escuchen”, sentenció el mandatario, instando a las autoridades nacionales a resolver el conflicto de fondo para normalizar la vida en el departamento.Escuche la entrevista:
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
El gremio arrocero advierte sobre un posible paro nacional si el Gobierno no adopta medidas urgentes para enfrentar la crisis del sector. Así lo aseguró Alcy Cortés Quimbaya, miembro del Comité de Arroceros, quien explicó que el país atraviesa una grave sobreoferta de arroz, sin mecanismos estatales para regular el mercado.“Hoy hay una sobreoferta de arroz y no existe ningún mecanismo para sacar ese exceso del mercado. Desde ayer, en Colombia no se está comprando un solo grano de arroz al agricultor, algo que nunca antes había pasado”, aseguró.El dirigente explicó que la eliminación del incentivo al almacenamiento, vigente hasta 2022, agravó la crisis. A esta situación se suma, según el gremio, el contrabando de arroz desde Ecuador y la competencia con producto importado más barato.“Ese instrumento permitía estabilizar el precio. Hoy no hay recursos, no hay almacenamiento y el agricultor quedó solo enfrentando el mercado. En los supermercados se consigue arroz a precios muy bajos, mientras a nosotros no nos quieren comprar el grano porque dicen que están perdiendo plata”, señaló Cortés.Desde Tolima y Huila, los arroceros también esperan una nueva resolución que defina un precio mínimo, luego del vencimiento de la normativa anterior el pasado 31 de enero. Martín Vargas, líder arrocero del Huila, habló sobre las reuniones que se adelantan entre el Gobierno y la industria.“Parece que se llegó a un acuerdo de un nuevo precio y estamos a la espera de que salga la resolución. La industria ya dio su palabra de acogerse”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la medida sería temporal y no resolvería el problema de fondo.“No podemos seguir cada tres o cuatro meses hablando de paros. Necesitamos políticas claras para salvar la economía de más de 600 familias arroceras”, señaló.Los líderes del sector confirmaron que permanecen en asamblea permanente y que, si en los próximos días no hay una respuesta concreta del Gobierno, podrían retomarse las movilizaciones. “Si no hay buenas noticias esta semana, un paro va a ser inevitable”, advirtió Cortés.El gremio insiste en que, sin recursos, control al contrabando y reglas estables, la producción de arroz en Colombia podría reducirse drásticamente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Los bloqueos en las vías se consolidaron este año como uno de los mayores obstáculos para la operación empresarial en Colombia. Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI. En promedio, las compañías han enfrentado más de 20 bloqueos durante 2025, una cifra que refleja el impacto directo de estas interrupciones en la productividad, la logística y la competitividad del sector industrial.El informe destaca que el 93 % de los bloqueos está motivado por demandas o peticiones dirigidas al Gobierno o autoridades públicas, lo que convierte esta problemática en un asunto recurrente ligado a tensiones sociales y políticas.El 75.9 % de las empresas reportó retrasos en las entregas, mientras que el 58.3 % ha tenido aumentos en los costos logísticos. Además, de acuerdo con la ANDI, uno de cada cinco empresarios afirma haber perdido clientes o pedidos por los retrasos y, un 14.8 % afirma haber tenido que reducir su producción.La encuesta también evidencia que la respuesta institucional no es percibida como oportuna, pues el 67.3 % de los encuestados considera que la actuación de las autoridades frente a los bloqueos es “lenta o ineficiente”. Solo el 12.4 % cree que la reacción ha sido adecuada.En términos económicos, las empresas calculan que los bloqueos han incrementado sus costos operativos en 6.3 % durante el año, especialmente por ajustes en transporte, tiempos muertos, desvíos y pérdida de insumos perecederos. Aunque solo el 16 % reportó disminución en sus ventas, quienes sí lo hicieron registraron una caída promedio del 5.4 %.El informe concluye que, aunque la industria muestra señales de recuperación en producción y ventas, esta mejora es frágil y los bloqueos se han convertido en un freno estructural que compromete la continuidad operativa y la competitividad del país.
La crisis en el sistema de salud vuelve a evidenciarse en el Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo, donde por tercer día consecutivo los trabajadores de planta adelantaron protestas para exigir el pago de salarios atrasados correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.Son más de 200 empleados de planta, entre enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, servicios generales y otras áreas asistenciales, los que decidieron parar sus actividades y han restringido el acceso a algunas dependencias administrativas como medida de presión para que les cumplan con el pago de los sueldos atrasados, explicó María Teresa Órtiz Noriega, presidenta de Anthoc seccional Sucre.“Ya llevamos nuestro tercer día de cierre de actividades exigiéndole al señor gerente que, por favor, se nos cancele el mes de agosto. En días anteriores se hizo la cancelación solo de 1 mes, que fue el mes de julio de 4 meses de deudas que se tienen con nosotros, solo nos canceló 1 mes. Nosotros exigíamos el 50% de la deuda, que eran 2 meses y el señor no lo hizo. Sabemos de que le llegó un buen giro directo de 6000 y pico millones de pesos.”, expresó Noriega.Los trabajadores insisten en que no levantarán el cese de actividades hasta que la gerencia les cumpla con el pago de sus sueldos. Por el momento, los servicios de urgencias y atención médica a los pacientes no han sido interrumpidos.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a un paro nacional de 24 horas y movilizaciones para el próximo 30 de octubre como una forma de reclamar los graves problemas en el sistema de salud que afectan a los docentes afiliados al Fomag.Desde la implementación del nuevo modelo de atención para los docentes en 2024, se ha deteriorado la calidad del servicio, al punto de que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, abrió la puerta a una intervención ante los indicadores incumplidos y ordenó medidas cautelares.La demora en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como los cambios de IPS asignadas e irregularidades financieras, son algunos de los problemas evidenciados por la entidad de control.Desde la agremiación insisten en que este no es un paro contra el Gobierno nacional, pero sí exigen respuestas y medidas claras sobre la unificación de criterios y responsabilidades de las entidades involucradas.“Fecode exige que se investigue a las entidades médicas que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; así como a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca, con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del Fomag”, agregaron los docentes.Por otra parte, con el paro, los maestros también están pidiendo al Gobierno más espacio para concretar la ejecución de la reglamentación del acto que reformó el Sistema General de Participaciones, y así asegurar más recursos para el sector.
Más de 15.000 trabajadores y aprendices en Antioquia participan del plantón nacional del Sena por presuntos incumplimientos y desadministración en los complejos. Sindicatos advierten que, si no hay soluciones convocarán a un paro nacional indefinido.Trabajadores y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) adelantaron una jornada de protesta en varias regiones y departamentos del país, incluido Antioquia, para exigir soluciones a lo que consideran un grave panorama de desadministración, incumplimiento de acuerdos laborales y retrasos en la ejecución presupuestal.En Antioquia, según informó a Blu Radio, Nicolás Alberto Zapata, vicepresidente de Sindesena en el departamento y miembro de la junta nacional, nueve sedes están cerradas, entre ellas los tres complejos principales de Medellín (Pedregal, Calatrava y el complejo central), además de la sede de Urabá y el centro de La Salada en Caldas."En Antioquia hay varios en varios centros que están cerrados, por ejemplo, el centro del Sena en Urabá, en la sede de la Salada en el municipio de Caldas, y los tres complejos principales que tiene la regional de Pedregal, el complejo sur en Itagüí - Calatrava y el complejo central por el sector de la minorista donde también está la dirección de la regional Antioquia. Entonces, hay varias sedes que están paralizadas. Están ocho sedes en Antioquia, más la dirección regional. Pues nosotros te podríamos hablar de unas 15 a 20 mil personas porque de todas maneras son desde la formación desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en todos los tres complejos que son los principales y en la sede de Urabá", explicó el vicepresidente.Entre las principales quejas se destacan el incumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2015, 2018, 2021 y 2024; la falta de mantenimiento en la infraestructura de los centros de formación; la baja ejecución de presupuestos para bienestar del aprendiz y materiales de formación, que en algunos casos apenas llega al 30 %; y la negativa a resolver solicitudes de traslado de trabajadores que buscan regresar a sus regiones de origen.En Urabá, Marco Antonio García, tesorero de Sindesena Antioquia, le explicó a Blu Radio que en el plantón en esta subregión participan unas 300 personas, exigiendo soluciones principalmente en casos críticos como la agencia pública de empleo, que lleva, presuntamente, cinco años en construcción y no funciona."En este momento nos está afectando porque la desadministración está llevando a que los procesos se estén retrasando. Por ejemplo, aquí en Urabá tenemos la situación de la agencia pública de empleo, que eso ya lleva cinco años de construcción y no ha podido empezar a funcionar. Lo mismo el nuevo Barrio Obrero se había iniciado la formación, pero tuvieron que sacar a los mismos aprendices y salieron porque no hay garantías, por ejemplo, de la de la ambientación, faltan materiales de formación. Esas son como las razones y hay otras como el presupuesto que no se ha ejecutado en algunos centros. En Medellín, en la sala precisamente la desadministración, la infraestructura está deteriorada", afirmó el tesorero.Los sindicatos afirman que la falta de directores y subdirectores en propiedad, la desatención a la infraestructura y el retraso en la ejecución de proyectos han perjudicado directamente la calidad de la formación y el bienestar de los aprendices y advierten que evalúan convocar a un paro nacional indefinido si no hay respuestas de fondo por parte de la dirección nacional.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.