Los siete integrantes del último Secretariado de las Farc comenzaron a cumplir la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por su responsabilidad en los más de 21.000 secuestros investigados en el Caso 01.
La medida cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
El cumplimiento de la sanción comenzó el pasado 21 de septiembre y se extenderá por diferentes regiones del país, en un proceso que contempla siete fases y que está previsto hasta marzo de 2034.
La Jurisdicción estableció que los comparecientes deberán desarrollar proyectos restaurativos y estarán sometidos a restricciones efectivas de sus derechos y libertades.
Una de las primeras acciones se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, donde entre el 21 y el 30 de septiembre participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas.
La intervención está liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se realiza en articulación con la JEP.
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En este trabajo también participan máximos responsables de la Fuerza Pública vinculados a investigaciones por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc.
La sentencia establece que los siete exintegrantes del Secretariado deberán trabajar en diferentes proyectos restaurativos durante un periodo de hasta ocho años.
Las líneas de trabajo incluyen búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado humanitario, reconstrucción de infraestructura rural y urbana, acciones de protección y recuperación del medio ambiente, construcción de memoria histórica y reparación simbólica y proyectos de vida económicos en favor de las víctimas.
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Los trabajos se desarrollarán en distintas regiones, entre ellas Huila, Putumayo, Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Casanare, Vaupés y Bogotá.
El cumplimiento de la sanción no implica libertad plena para los comparecientes. La JEP estableció restricciones sobre su movilidad, residencia y actividades.
La JEP realizará el seguimiento mediante monitoreo remoto, geocercas y alertas, además de verificaciones presenciales en los lugares donde se desarrollen los proyectos.