El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un balance sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. En ese periodo, la organización documentó el asesinato de 45 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos: 36 hombres y nueve mujeres. Esto representa, en promedio, un homicidio cada 2,2 días.
El Cauca concentra el mayor número de casos, con 11, seguido de Antioquia, con ocho. La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander registran tres asesinatos cada uno. De las 45 víctimas, 24 eran liderazgos comunitarios o comunales: 13 comunitarios y 11 comunales. Además, siete eran líderes indígenas. En 44 de los casos, la información disponible no identifica al presunto responsable. Indepaz aclara que esto no significa que no existan investigaciones, sino que evidencia las limitaciones del monitoreo público.
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“La pérdida de un liderazgo no se agota en la víctima individual. En muchos territorios implica el debilitamiento de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, procesos indígenas y afrodescendientes, colectivos juveniles y redes de defensa de derechos”, afirmaron desde el Instituto. La organización advierte que estos crímenes también pueden generar temor, silenciamiento, desplazamiento de otros líderes y restricciones a la participación de las comunidades.
El informe también documenta el asesinato de ocho firmantes del Acuerdo de Paz, todos hombres. Dos casos ocurrieron en Nariño, dos en Cauca y los demás en Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo. Para consolidar este registro, Indepaz contrasta la información con la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación y la Misión de Verificación de la ONU. Sin embargo, advierte que estas entidades no necesariamente manejan los mismos criterios ni las mismas cifras.
En cuanto a las masacres, el Observatorio registró 26 hechos que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. El Valle del Cauca encabeza la lista, con seis masacres y 18 víctimas. Le siguen Antioquia y Tolima, con tres hechos cada uno, y Huila, con dos. Al revisar el número de víctimas, después del Valle aparecen Tolima, con 12; Huila, con 10, y Antioquia, con nueve. Indepaz destaca el caso de Suaza, Huila, donde siete personas fueron asesinadas, y señala la importancia de diferenciar el número de masacres de la cantidad de víctimas que dejan estos hechos.
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Frente al desplazamiento forzado, el informe advierte que las cifras disponibles corresponden únicamente a agosto y septiembre, por lo que no cubren los 100 días completos. Durante esos dos meses se registraron 17 eventos que afectaron a 6.667 personas, 13 de ellos de carácter masivo. El Cauca concentra la mayor afectación, con 3.474 personas desplazadas, equivalentes al 52,1 % del total. Le siguen Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739, y Bolívar, con 424. Además, el 63,7 % de las personas desplazadas resultó afectado por enfrentamientos entre grupos armados.
Indepaz relaciona la situación del Cauca, entre otros hechos, con la emergencia humanitaria de agosto en los corregimientos de Ortega y Chaux, en Cajibío, donde los combates y ataques con drones obligaron a varias familias a abandonar sus hogares y dejaron a otras comunidades confinadas.
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Sobre la confrontación armada, el informe retoma cifras de otras entidades. De acuerdo con balances del Ministerio de Defensa divulgados por medios de comunicación, 43 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados y 219 resultaron heridos. Además, entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre, esa cartera clasificó 339 hechos como terrorismo. Indepaz aclara que esta cifra no corresponde necesariamente a 339 ataques con drones, ni significa que todos hayan dejado víctimas civiles o puedan atribuirse a un mismo grupo armado.
Precisamente, la organización alerta sobre el uso creciente de drones con explosivos, especialmente en Cauca y Catatumbo. También documentó ocho bombardeos y recordó las obligaciones que deben cumplir las fuerzas militares durante este tipo de operaciones. “Toda operación debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, orientados a proteger a la población civil y evitar daños indiscriminados o excesivos. Una preocupación especial es la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en los campamentos que se pretende bombardear”, señalaron desde el Observatorio.
Otro de los puntos de preocupación son seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales que están bajo seguimiento de Indepaz. Los casos corresponden a Donovan Balanta Paz, en Bogotá, el 20 de septiembre; Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, en Santa Marta, durante septiembre; Luis Carlos Mojica Guzmán, en La Macarena, Meta, el 22 de septiembre; Luis Alfredo Chocó Echeverry, en Villa Rica, Cauca, el 27 de septiembre; Keiner Banguera Mancilla, en El Charco, Nariño, el 2 de octubre, y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada, en Meta, el 17 de octubre.
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“Preocupa que, en el afán de mostrar resultados operacionales en la lucha contra los grupos armados, puedan presentarse graves abusos por parte de integrantes de la fuerza pública, como las presuntas ejecuciones extrajudiciales que hoy se denuncian. Colombia ya vivió las consecuencias de esta lógica con los llamados falsos positivos, cuando civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Esa historia no puede repetirse”, advirtió Indepaz. Por esta razón, la organización pidió a la Fiscalía y a los organismos de control investigar cada uno de los casos de manera pronta, rigurosa e independiente.
En sus conclusiones, Indepaz reconoce que estos hechos no pueden atribuirse automáticamente al actual Gobierno, pues también responden a conflictos territoriales que vienen de años atrás. Sin embargo, sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia y garantizar la protección de la población.
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“La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bombardeos o bajas en combate. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para proteger la vida, prevenir el desplazamiento, garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los territorios sigan sometidos a la violencia de los grupos armados”, señalaron.
Finalmente, la organización insistió en la necesidad de avanzar hacia el diálogo y una salida negociada al conflicto armado. Para respaldar esta posición, recordó el artículo 22 de la Constitución Política, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
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