El giro en la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, marcado por el abandono de la denominada paz total, la suspensión de mesas de negociación y el regreso de una estrategia militar más ofensiva, plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la llamada política de mano dura contra los grupos armados. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó este nuevo escenario en entrevista con El Radar con Ricardo Ospina.Para Llorente, el cambio de rumbo era esperado debido a las dificultades que enfrentaron los procesos de diálogo durante el Gobierno anterior. Sin embargo, advirtió que apenas transcurre el primer mes de la nueva administración y todavía es temprano para establecer sus resultados.El futuro para quienes se sometanUno de los principales desafíos está relacionado con qué ocurrirá con los integrantes de los grupos armados que decidan abandonar las armas. La experta explicó que varias negociaciones ya estaban deterioradas y que existía un obstáculo jurídico para concretar desmovilizaciones colectivas. En ese sentido, señaló que el Gobierno tendrá que definir qué mecanismos utilizará para quienes no sean capturados o abatidos. “Yo creo firmemente que esa normatividad hay que revisarla y hay que generar algún tipo de mecanismo de sometimiento o acogimiento de estos grupos a la ley”, sostuvo.Otro punto de atención es el marco legal para eventuales negociaciones. Llorente recordó que en noviembre debe revisarse la Ley de Orden Público, que establece las condiciones jurídicas para desarrollar procesos con grupos armados. Mientras tanto, explicó, el Gobierno ha planteado la posibilidad de impulsar un estatuto antiterrorista y ha denominado terroristas a las diferentes estructuras armadas, una decisión que puede tener consecuencias tanto para el uso de la fuerza como para las posibilidades de negociación.Menores en grupos ilegalesPara Llorente, la prevención del reclutamiento debe convertirse en una prioridad del Estado, independientemente del endurecimiento de la ofensiva militar. Señaló que los grupos armados han ampliado el uso de menores y que incluso algunas estructuras estarían especializando integrantes en estas labores. Por eso, planteó fortalecer las acciones de la fuerza pública y la justicia contra quienes se encargan de reclutar niños, niñas y adolescentes. “El Estado colombiano realmente tiene una deuda gigantesca” en materia de prevención del reclutamiento, concluyó.
En medio de un contexto de creciente tensión en varias regiones del país, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, lanzó una seria advertencia sobre el impacto que las decisiones de grupos armados ilegales podrían tener tanto en la vida de las comunidades como en el desarrollo de las próximas elecciones.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, González rechazó de manera contundente el anuncio atribuido a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, que busca restringir el ingreso de instituciones estatales y organismos internacionales a zonas bajo su influencia. “Es una lástima que tengan este discurso especialmente de restricción a la acción humanitaria”, afirmó, subrayando que los principales afectados no son las entidades, sino las comunidades.El director de Indepaz enfatizó que estas limitaciones golpean directamente a poblaciones vulnerables que dependen del acompañamiento institucional en materia de derechos humanos. “La afectación más que a las mismas instituciones es a las comunidades, que son las que están hoy sin un garante”, señaló, haciendo referencia a entidades como la Defensoría del Pueblo.Según González, la presencia de estos grupos armados —entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y diversas disidencias— se extiende por departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Caquetá, donde ejercen lo que calificó como una “gobernanza armada criminal”. Esta dinámica, explicó, implica la imposición de normas ilegales sobre la población civil, incluyendo la manipulación del comportamiento electoral. “Le dicen a la gente por quién votar, por quién no votar, y obligan a las personas a ser parte de movilizaciones”, denunció.En ese sentido, advirtió que el panorama electoral podría verse seriamente comprometido. “Una de las garantías para las elecciones es que sean libres, y los grupos armados tienen una clara intención de que no lo sean”, afirmó. Incluso, mencionó que estas organizaciones podrían buscar impedir la participación ciudadana o favorecer determinados intereses, aunque aclaró que no hay evidencia de respaldo explícito a candidatos específicos.Frente a las posibles causas del fortalecimiento de estas estructuras, González descartó que se deba exclusivamente a la política de “paz total”. “El crecimiento se da por diversas causas, no es por la paz total”, explicó, diferenciando entre los procesos de diálogo y las responsabilidades en materia de seguridad.Finalmente, hizo un llamado urgente a respetar la labor de las misiones humanitarias y a proteger a las comunidades afectadas. “Es necesario exigir el respeto de estas instituciones que han venido acompañando la defensa de los derechos humanos”, concluyó.La situación, según Indepaz, no solo representa un desafío en términos de seguridad, sino una amenaza directa a la institucionalidad democrática en Colombia.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Según el más reciente balance de Indepaz 'Comunidades en medio de la violencia', en 2025 se registraron 78 masacres que dejaron 256 personas asesinadas, con una fuerte concentración en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, que concentró el mayor número de hechos con 17 masacres y 56 víctimas, seguido de Antioquia, con 12 masacres y 40 personas asesinadas. En Norte de Santander se reportaron 9 masacres con 26 víctimas, mientras que en Cauca se registraron 7 hechos que dejaron 23 personas muertas.Del total de víctimas, 209 eran hombres, 32 mujeres y 15 personas sin identificar.“La reiterada presencia de mujeres, personas no identificadas y al menos 10 menores de edad evidencia que estos ataques se ejecutan en espacios sociales abiertos como barrios, establecimientos o reuniones comunitarias, donde la afectación a terceros no participantes es un resultado previsible y sistemáticamente aceptado por los perpetradores”, asegura el informe de Indepaz.Leonardo González, director de Indepaz, explicó que las masacres continúan siendo una expresión recurrente de la violencia en Colombia. “Lastimosamente en Colombia continúa esta victimización expresada en masacres, donde se asesinan tres o más personas en un mismo tiempo, modo y lugar y en estado de indefensión”, señaló.El director de Indepaz indicó que las masacres se concentran en territorios donde coinciden múltiples grupos armados. “Las masacres se explican por diferentes razones. No es una sola, pero especialmente por la presencia de dos o más grupos armados que están tratando de hacer presencia en un territorio. Entonces hay enfrentamiento entre estos dos grupos”, afirmó.Sobre el caso del Valle del Cauca, González advirtió que “hay presencia de varias bandas especialmente y la llegada de otros grupos armados como el Ejército Gaitanista en el norte del departamento del Valle del Cauca, la presencia en la costa Pacífica o en el mismo Cali, Jamundí, donde es uno de los centros o epicentros de la violencia en el departamento”, explicó.Una situación similar se presenta en Cauca, donde, según Indepaz, “hay presencia del Estado Mayor Central, de la Segunda Marquetalia, del ELN, del Frente 57, todos disputándose un territorio en medio de la población civil”, concluyó.
El líder comunitario Jorge Luis Burgos, reconocido profesor de Montería, fue encontrado muerto este miércoles en su casa ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, zona rural de la capital de Córdoba.Su cuerpo sin vida fue encontrado en medio de sus enseres y elementos personales desordenados en la escena de los hechos.Aunque los móviles detrás de la muerte del líder sociales apenas están siendo investigados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Burgos "presentaba signos de violencia y estrangulamiento".La hipótesis de un presunto asesinato empezó a circular, sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, indicó que por el momento no se descarta que por la forma como fue encontrado el cuerpo del líder social, se investiga un posible caso de autolesión.“Queremos significar por respeto a la familia y por respeto a la misma víctima, que serán las autoridades, la Fiscalía y Medicina Legal quienes determinen las causas de la muerte. Por lo pronto podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda y todo indicaría a un posible suicidio”, puntualizó el oficial.Burgos, quien cariñosamente era llamado como como Profe, dictaba clases de religión en la Institución Educativa del corregimiento de Tres Palmas.Al conocerse la muerte del líder comunal, Indepaz recordó que en esta zona hace presencia el Clan del Golfo y que desde 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advertía sobre el riesgo inminente para las poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de este grupo armado.
Una operación militar en zona rural del Guaviare desató una nueva polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', al afirmar que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.Desde Indepaz, su director, Leonardo González, calificó como un error la posición del ministro: “Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. Antes de autorizar un bombardeo, la Fuerza Pública está obligada a verificar con certeza que no hay menores de edad reclutados en el grupo armado objetivo”, dijo.Además, cuestionó si en operaciones pasadas se verificaron las edades de las víctimas. “Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, deben actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. No se debe proceder a un bombardeo indiscriminado”.Por su parte, Gerson Arias, investigador de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del Gobierno Petro.“Lastimosamente, en ningún proceso de la paz total, excepto el reciente con el Ejército Gaitanista de Colombia, el Gobierno ha exigido o puesto como condición la desvinculación de los niños y niñas para seguir avanzando en los procesos. Esto muestra cómo, en particular, este tema sigue siendo uno de los grandes vacíos adicionales que tiene la paz total”.Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia completa que determine si murieron menores durante el bombardeo en el Guaviare.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, hasta el 27 de septiembre de 2025, han sido asesinados 150 líderes sociales en Colombia, una cifra que representa un aumento del 19 % frente a los 126 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.La más reciente víctima fue Luis Ernesto Sánchez, docente y líder social de Tenerife, Valle del Cauca, reconocido por su defensa de los derechos de la niñez y la juventud. A través de un aula tecnológica promovía proyectos educativos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Su asesinato, que aún está en investigación, causó consternación en la comunidad, que señaló que no había recibido amenazas previas.La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, que Cali y su entorno se han convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes, el uso de la ciudad como plataforma criminal y las amenazas contra defensores de derechos humanos son dinámicas en crecimiento. El organismo instó a reforzar los mecanismos de protección colectiva e individual, así como la capacidad de respuesta institucional.De acuerdo con Indepaz, en la región tienen presencia grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y diversas bandas locales.El incremento de asesinatos de líderes sociales refleja la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos frente a estructuras armadas ilegales y la urgencia de fortalecer las acciones estatales para salvaguardar su labor y sus vidas.
Alan Josué Valencia Cuero era un líder social, juvenil y futbolista. También era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico y ejercía su liderazgo en zonas como Bahía Málaga.El joven de 17 años trabajaba en el impulso al deporte y la educación; además, hacía parte de la escuela de formación de liderazgos.Alan se desplazaba por el barrio Los Pinos, en Buenaventura, de camino a su casa cuando fue atacado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento. A pesar de recibir auxilio, falleció en el lugar de los hechos.Autoridades, organizaciones sociales y la universidad han rechazado los actos violentos en contra de los líderes sociales de la región. Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio de Buenaventura en sus alertas tempranas para defender los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según afirmó Leonardo González, director de Indepaz.Se recuerda que los grupos al margen de la ley que actúan en Buenaventura son el frente Jaime Martínez, del autodenominado Bloque Occidental del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, Los Espartanos, Los Shotas y otras bandas delincuenciales de carácter local.
Recientemente se conoció el caso de Marco Antonio Suárez Arroyave, un reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en el municipio de Valdivia, Antioquia, quien fue ultimado en esa zona.El crimen ocurrió en la vía que conecta a Puerto Valdivia con el proyecto Hidroituango, una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (EGC), el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio y estructuras locales.De acuerdo con Indepaz, Suárez Arroyave dedicó cerca de 17 años al trabajo comunitario en su territorio, impulsando procesos de organización campesina y participando activamente en la Asociación Campesina de Ituango, la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC) y, en su momento, en el movimiento Marcha Patriótica.El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante departamento de Policía de Antioquia encargado, manifestó a Blu Radio que los hechos se registraron a hora y media del casco urbano y que el caso fue reportado por el ingreso del hombre a la morgue municipal, por lo que, por ahora, se indaga cuáles fueron los móviles del crimen."En cuanto al tema de su liderazgo social, a través del cuerpo de élite se están llevando a cabo las verificaciones puntuales para así determinar cuáles son los pormenores de lo que conllevaron a la muerte de esta persona. Determinar las causas y los autores y agentes que llevaron a que se produjera este hecho", dijo Muñoz.A la par, el comandante encargado señaló que también hay que tener en cuenta dentro de la investigación judicial que el hombre tenía anotaciones por varios delitos."Unas anotaciones de un violencia contra servidor público y otra, pues, por violación de libertad de trabajo, entendiendo, pues, que en la zona hay injerencia de del ELN y otros componentes armados ilegales. Entonces, esa es la situación que se presentó", agregó el uniformado.La entidad reiteró que la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas 002 de 2019 y 019 de 2023, que ya había advertido sobre los graves riesgos que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en esta región, donde persisten imposiciones de normas y control social por parte de los grupos armados.Con este asesinato, Indepaz reporta que 109 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de 2025 en Colombia.
Una nueva tragedia enluta al departamento de Cundinamarca. Indepaz confirmó la masacre número 48 ocurrida en 2025, la cual tuvo lugar en una finca recreativa en el municipio de Mesitas del Colegio. Aunque las fuentes consultadas no nombran directamente a Indepaz, el conteo y la tipología del hecho coinciden con los reportes de esta reconocida organización que documenta los hechos de violencia en Colombia.La consternación invadió la tarde del martes, 19 de agosto, en el municipio de Mesitas del Colegio. El ataque armado se perpetró en un centro vacacional ubicado en la vereda de San Ramón en límites con el municipio de Viotá.Según los reportes preliminares de las autoridades, individuos armados llegaron a la finca y luego ingresaron a una finca recreativa donde dispararon repetidamente contra las personas que se encontraban en el lugar.El saldo de este violento suceso es devastador: tres personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Inicialmente, se reportaron dos personas desaparecidas al momento de los hechos. Aunque la identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, se presume que se trata de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer, señaló Indepaz. Las autoridades se encuentran en el punto para investigar lo sucedido, aunque las razones del ataque aún no se han determinado. No obstante, una versión conocida por El Espectador sugiere que el crimen podría estar relacionado con un doble asesinato ocurrido el fin de semana anterior en Viotá.La comunidad de Mesitas del Colegio permanece en alerta. Los habitantes manifiestan que este tipo de hechos no suelen presentarse en el municipio, cuya economía se basa principalmente en el turismo y las actividades recreativas vacacionales.
El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.
Lo que al principio era una noche de celebración para el Club Atléico Rosario Central terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del fútbol argentino. Los jugadores y aficionados del equipo rosarino festejaron el título de la tabla anual, invadieron la cancha y se abrazaron como campeones, sin saber que Boca Juniors estaba ganando su partido y se coronaba campeón.Todo ocurrió el sábado 7 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo dirigido por Jorge Almirón había cumplido con su parte y ahora dependía de que Boca no ganara su compromiso contra Defensa y Justicia.Mientras en Rosario aguardaban el resultado, el partido en La Bombonera estaba empatado sin goles. Ese marcador le daba al canalla el primer puesto de la clasificación anual y la posibilidad de celebrar su segundo título consecutivo.El gol de Boca Juniors que desató la confusión en Rosario CentralLa definición cambió por completo en el minuto 90+6, cuando Enner Valencia apareció dentro del área y marcó el 1-0 para Boca, desatando la celebración de los aficionados del conjunto xeneize.Sin embargo, mientras se revisaba la jugada, en las tribunas de Rosario Central comenzó a circular la información de que el gol había sido anulado por el VAR.Según medios argentinos, desde una de las tribunas alguien comenzó a gritar que la anotación del ecuatoriano no había sido válida. La versión se extendió rápidamente entre los aficionados del estadio y llegó hasta los propios futbolistas, quienes creyeron que Boca seguía empatando.En cuestión de segundos, el Gigante de Arroyito se convirtió en una fiesta. Varios jugadores corrieron hacia los alambrados para cantar con sus hinchas, mientras algunos aficionados ingresaron al terreno de juego para celebrar el supuesto campeonato.Entre los futbolistas que participaron en los festejos estuvo el colombiano Jáminton Campaz, quien había sido titular y reemplazado al minuto 90+2.Pero la alegría duró poco, pues el gol de Enner Valencia fue validado y el xeneize terminó ganando 1-0, resultado que le permitió superar a Rosario Central en la clasificación.¿Qué dijo el DT de Rosario Central tras el festejo equivocado de Rosario Central?Las imágenes de los jugadores celebrando un título que finalmente no consiguieron se difundieron rápidamente por las redes sociales. Después del encuentro, Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, reconoció que el equipo se dejó llevar por la emoción de los aficionados y que la confusión provocó una celebración anticipada."Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.El delantero Marco Ruben también se refirió a lo sucedido y aseguró que la confusión se extendió en cuestión de segundos entre quienes estaban pendientes de la definición.Ángel Di María, quien siguió el encuentro desde un palco debido a una molestia física, también vivió la frustración de una jornada en la que Rosario Central estuvo muy cerca de conseguir el campeonato.¿Cómo quedó la tabla anual de Argentina tras el triunfo de Boca Juniors?Con su victoria frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors terminó primero en la tabla anual de Argentina con 63 puntos, mientras que Rosario Central ocupó el segundo lugar con 62 unidades.La diferencia de apenas un punto terminó siendo decisiva para definir al campeón de la Liga 2026, distinción que se entrega al equipo que encabeza la clasificación acumulada de los torneos Apertura y Clausura.De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró el título en La Bombonera, mientras que Rosario Central se quedó a las puertas de repetir la conquista de 2025.Pese al amargo desenlace, el equipo rosarino aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional identificaron y desarticularon una red señalada de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea. Cinco presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y judicializados por su posible participación en estas actividades.De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que, presuntamente, se podía acceder mediante el pago de dinero. Los investigadores establecieron que los señalados integrantes de la red se encargarían de administrar estos espacios virtuales, además de almacenar y distribuir el material.Las labores investigativas fueron adelantadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional y permitieron identificar a los presuntos responsables. Las capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que ahora hacen parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso y que serán analizadas por las autoridades.La Fiscalía estableció que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, los integrantes de la red habrían compartido imágenes y registros audiovisuales que involucraban a menores de edad en situaciones de carácter sexual con más de 140 contactos que, según la investigación, hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.La investigación también permitió establecer que algunos de los presuntos integrantes habrían utilizado de manera individual otros espacios virtuales para difundir este tipo de contenido y obtener a cambio diferentes sumas de dinero.Con los elementos recopilados durante la investigación, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías.A los procesados les fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.Entre los cinco judicializados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los otros cuatro procesados no aceptaron los cargos y también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes es el 1187 - 4. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:Número ganador: 1187Dos últimas cifras: 87Tres últimas cifras: 187Quinta balota: 4Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.¿A qué hora juega Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.
