El giro en la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, marcado por el abandono de la denominada paz total, la suspensión de mesas de negociación y el regreso de una estrategia militar más ofensiva, plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la llamada política de mano dura contra los grupos armados. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó este nuevo escenario en entrevista con El Radar con Ricardo Ospina.Para Llorente, el cambio de rumbo era esperado debido a las dificultades que enfrentaron los procesos de diálogo durante el Gobierno anterior. Sin embargo, advirtió que apenas transcurre el primer mes de la nueva administración y todavía es temprano para establecer sus resultados.El futuro para quienes se sometanUno de los principales desafíos está relacionado con qué ocurrirá con los integrantes de los grupos armados que decidan abandonar las armas. La experta explicó que varias negociaciones ya estaban deterioradas y que existía un obstáculo jurídico para concretar desmovilizaciones colectivas. En ese sentido, señaló que el Gobierno tendrá que definir qué mecanismos utilizará para quienes no sean capturados o abatidos. “Yo creo firmemente que esa normatividad hay que revisarla y hay que generar algún tipo de mecanismo de sometimiento o acogimiento de estos grupos a la ley”, sostuvo.Otro punto de atención es el marco legal para eventuales negociaciones. Llorente recordó que en noviembre debe revisarse la Ley de Orden Público, que establece las condiciones jurídicas para desarrollar procesos con grupos armados. Mientras tanto, explicó, el Gobierno ha planteado la posibilidad de impulsar un estatuto antiterrorista y ha denominado terroristas a las diferentes estructuras armadas, una decisión que puede tener consecuencias tanto para el uso de la fuerza como para las posibilidades de negociación.Menores en grupos ilegalesPara Llorente, la prevención del reclutamiento debe convertirse en una prioridad del Estado, independientemente del endurecimiento de la ofensiva militar. Señaló que los grupos armados han ampliado el uso de menores y que incluso algunas estructuras estarían especializando integrantes en estas labores. Por eso, planteó fortalecer las acciones de la fuerza pública y la justicia contra quienes se encargan de reclutar niños, niñas y adolescentes. “El Estado colombiano realmente tiene una deuda gigantesca” en materia de prevención del reclutamiento, concluyó.
En medio de un contexto de creciente tensión en varias regiones del país, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, lanzó una seria advertencia sobre el impacto que las decisiones de grupos armados ilegales podrían tener tanto en la vida de las comunidades como en el desarrollo de las próximas elecciones.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, González rechazó de manera contundente el anuncio atribuido a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, que busca restringir el ingreso de instituciones estatales y organismos internacionales a zonas bajo su influencia. “Es una lástima que tengan este discurso especialmente de restricción a la acción humanitaria”, afirmó, subrayando que los principales afectados no son las entidades, sino las comunidades.El director de Indepaz enfatizó que estas limitaciones golpean directamente a poblaciones vulnerables que dependen del acompañamiento institucional en materia de derechos humanos. “La afectación más que a las mismas instituciones es a las comunidades, que son las que están hoy sin un garante”, señaló, haciendo referencia a entidades como la Defensoría del Pueblo.Según González, la presencia de estos grupos armados —entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y diversas disidencias— se extiende por departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Caquetá, donde ejercen lo que calificó como una “gobernanza armada criminal”. Esta dinámica, explicó, implica la imposición de normas ilegales sobre la población civil, incluyendo la manipulación del comportamiento electoral. “Le dicen a la gente por quién votar, por quién no votar, y obligan a las personas a ser parte de movilizaciones”, denunció.En ese sentido, advirtió que el panorama electoral podría verse seriamente comprometido. “Una de las garantías para las elecciones es que sean libres, y los grupos armados tienen una clara intención de que no lo sean”, afirmó. Incluso, mencionó que estas organizaciones podrían buscar impedir la participación ciudadana o favorecer determinados intereses, aunque aclaró que no hay evidencia de respaldo explícito a candidatos específicos.Frente a las posibles causas del fortalecimiento de estas estructuras, González descartó que se deba exclusivamente a la política de “paz total”. “El crecimiento se da por diversas causas, no es por la paz total”, explicó, diferenciando entre los procesos de diálogo y las responsabilidades en materia de seguridad.Finalmente, hizo un llamado urgente a respetar la labor de las misiones humanitarias y a proteger a las comunidades afectadas. “Es necesario exigir el respeto de estas instituciones que han venido acompañando la defensa de los derechos humanos”, concluyó.La situación, según Indepaz, no solo representa un desafío en términos de seguridad, sino una amenaza directa a la institucionalidad democrática en Colombia.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Según el más reciente balance de Indepaz 'Comunidades en medio de la violencia', en 2025 se registraron 78 masacres que dejaron 256 personas asesinadas, con una fuerte concentración en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, que concentró el mayor número de hechos con 17 masacres y 56 víctimas, seguido de Antioquia, con 12 masacres y 40 personas asesinadas. En Norte de Santander se reportaron 9 masacres con 26 víctimas, mientras que en Cauca se registraron 7 hechos que dejaron 23 personas muertas.Del total de víctimas, 209 eran hombres, 32 mujeres y 15 personas sin identificar.“La reiterada presencia de mujeres, personas no identificadas y al menos 10 menores de edad evidencia que estos ataques se ejecutan en espacios sociales abiertos como barrios, establecimientos o reuniones comunitarias, donde la afectación a terceros no participantes es un resultado previsible y sistemáticamente aceptado por los perpetradores”, asegura el informe de Indepaz.Leonardo González, director de Indepaz, explicó que las masacres continúan siendo una expresión recurrente de la violencia en Colombia. “Lastimosamente en Colombia continúa esta victimización expresada en masacres, donde se asesinan tres o más personas en un mismo tiempo, modo y lugar y en estado de indefensión”, señaló.El director de Indepaz indicó que las masacres se concentran en territorios donde coinciden múltiples grupos armados. “Las masacres se explican por diferentes razones. No es una sola, pero especialmente por la presencia de dos o más grupos armados que están tratando de hacer presencia en un territorio. Entonces hay enfrentamiento entre estos dos grupos”, afirmó.Sobre el caso del Valle del Cauca, González advirtió que “hay presencia de varias bandas especialmente y la llegada de otros grupos armados como el Ejército Gaitanista en el norte del departamento del Valle del Cauca, la presencia en la costa Pacífica o en el mismo Cali, Jamundí, donde es uno de los centros o epicentros de la violencia en el departamento”, explicó.Una situación similar se presenta en Cauca, donde, según Indepaz, “hay presencia del Estado Mayor Central, de la Segunda Marquetalia, del ELN, del Frente 57, todos disputándose un territorio en medio de la población civil”, concluyó.
El líder comunitario Jorge Luis Burgos, reconocido profesor de Montería, fue encontrado muerto este miércoles en su casa ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, zona rural de la capital de Córdoba.Su cuerpo sin vida fue encontrado en medio de sus enseres y elementos personales desordenados en la escena de los hechos.Aunque los móviles detrás de la muerte del líder sociales apenas están siendo investigados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Burgos "presentaba signos de violencia y estrangulamiento".La hipótesis de un presunto asesinato empezó a circular, sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, indicó que por el momento no se descarta que por la forma como fue encontrado el cuerpo del líder social, se investiga un posible caso de autolesión.“Queremos significar por respeto a la familia y por respeto a la misma víctima, que serán las autoridades, la Fiscalía y Medicina Legal quienes determinen las causas de la muerte. Por lo pronto podemos precisar que la persona fue hallada sin vida, suspendida en una cuerda y todo indicaría a un posible suicidio”, puntualizó el oficial.Burgos, quien cariñosamente era llamado como como Profe, dictaba clases de religión en la Institución Educativa del corregimiento de Tres Palmas.Al conocerse la muerte del líder comunal, Indepaz recordó que en esta zona hace presencia el Clan del Golfo y que desde 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advertía sobre el riesgo inminente para las poblaciones vulnerables en Montería, derivado del accionar y control de este grupo armado.
Una operación militar en zona rural del Guaviare desató una nueva polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', al afirmar que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.Desde Indepaz, su director, Leonardo González, calificó como un error la posición del ministro: “Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. Antes de autorizar un bombardeo, la Fuerza Pública está obligada a verificar con certeza que no hay menores de edad reclutados en el grupo armado objetivo”, dijo.Además, cuestionó si en operaciones pasadas se verificaron las edades de las víctimas. “Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, deben actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. No se debe proceder a un bombardeo indiscriminado”.Por su parte, Gerson Arias, investigador de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del Gobierno Petro.“Lastimosamente, en ningún proceso de la paz total, excepto el reciente con el Ejército Gaitanista de Colombia, el Gobierno ha exigido o puesto como condición la desvinculación de los niños y niñas para seguir avanzando en los procesos. Esto muestra cómo, en particular, este tema sigue siendo uno de los grandes vacíos adicionales que tiene la paz total”.Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia completa que determine si murieron menores durante el bombardeo en el Guaviare.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que, hasta el 27 de septiembre de 2025, han sido asesinados 150 líderes sociales en Colombia, una cifra que representa un aumento del 19 % frente a los 126 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.La más reciente víctima fue Luis Ernesto Sánchez, docente y líder social de Tenerife, Valle del Cauca, reconocido por su defensa de los derechos de la niñez y la juventud. A través de un aula tecnológica promovía proyectos educativos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Su asesinato, que aún está en investigación, causó consternación en la comunidad, que señaló que no había recibido amenazas previas.La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, que Cali y su entorno se han convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes, el uso de la ciudad como plataforma criminal y las amenazas contra defensores de derechos humanos son dinámicas en crecimiento. El organismo instó a reforzar los mecanismos de protección colectiva e individual, así como la capacidad de respuesta institucional.De acuerdo con Indepaz, en la región tienen presencia grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y diversas bandas locales.El incremento de asesinatos de líderes sociales refleja la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos frente a estructuras armadas ilegales y la urgencia de fortalecer las acciones estatales para salvaguardar su labor y sus vidas.
Alan Josué Valencia Cuero era un líder social, juvenil y futbolista. También era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico y ejercía su liderazgo en zonas como Bahía Málaga.El joven de 17 años trabajaba en el impulso al deporte y la educación; además, hacía parte de la escuela de formación de liderazgos.Alan se desplazaba por el barrio Los Pinos, en Buenaventura, de camino a su casa cuando fue atacado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento. A pesar de recibir auxilio, falleció en el lugar de los hechos.Autoridades, organizaciones sociales y la universidad han rechazado los actos violentos en contra de los líderes sociales de la región. Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio de Buenaventura en sus alertas tempranas para defender los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según afirmó Leonardo González, director de Indepaz.Se recuerda que los grupos al margen de la ley que actúan en Buenaventura son el frente Jaime Martínez, del autodenominado Bloque Occidental del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, Los Espartanos, Los Shotas y otras bandas delincuenciales de carácter local.
Recientemente se conoció el caso de Marco Antonio Suárez Arroyave, un reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en el municipio de Valdivia, Antioquia, quien fue ultimado en esa zona.El crimen ocurrió en la vía que conecta a Puerto Valdivia con el proyecto Hidroituango, una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (EGC), el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio y estructuras locales.De acuerdo con Indepaz, Suárez Arroyave dedicó cerca de 17 años al trabajo comunitario en su territorio, impulsando procesos de organización campesina y participando activamente en la Asociación Campesina de Ituango, la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC) y, en su momento, en el movimiento Marcha Patriótica.El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante departamento de Policía de Antioquia encargado, manifestó a Blu Radio que los hechos se registraron a hora y media del casco urbano y que el caso fue reportado por el ingreso del hombre a la morgue municipal, por lo que, por ahora, se indaga cuáles fueron los móviles del crimen."En cuanto al tema de su liderazgo social, a través del cuerpo de élite se están llevando a cabo las verificaciones puntuales para así determinar cuáles son los pormenores de lo que conllevaron a la muerte de esta persona. Determinar las causas y los autores y agentes que llevaron a que se produjera este hecho", dijo Muñoz.A la par, el comandante encargado señaló que también hay que tener en cuenta dentro de la investigación judicial que el hombre tenía anotaciones por varios delitos."Unas anotaciones de un violencia contra servidor público y otra, pues, por violación de libertad de trabajo, entendiendo, pues, que en la zona hay injerencia de del ELN y otros componentes armados ilegales. Entonces, esa es la situación que se presentó", agregó el uniformado.La entidad reiteró que la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas 002 de 2019 y 019 de 2023, que ya había advertido sobre los graves riesgos que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en esta región, donde persisten imposiciones de normas y control social por parte de los grupos armados.Con este asesinato, Indepaz reporta que 109 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de 2025 en Colombia.
Una nueva tragedia enluta al departamento de Cundinamarca. Indepaz confirmó la masacre número 48 ocurrida en 2025, la cual tuvo lugar en una finca recreativa en el municipio de Mesitas del Colegio. Aunque las fuentes consultadas no nombran directamente a Indepaz, el conteo y la tipología del hecho coinciden con los reportes de esta reconocida organización que documenta los hechos de violencia en Colombia.La consternación invadió la tarde del martes, 19 de agosto, en el municipio de Mesitas del Colegio. El ataque armado se perpetró en un centro vacacional ubicado en la vereda de San Ramón en límites con el municipio de Viotá.Según los reportes preliminares de las autoridades, individuos armados llegaron a la finca y luego ingresaron a una finca recreativa donde dispararon repetidamente contra las personas que se encontraban en el lugar.El saldo de este violento suceso es devastador: tres personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Inicialmente, se reportaron dos personas desaparecidas al momento de los hechos. Aunque la identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, se presume que se trata de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer, señaló Indepaz. Las autoridades se encuentran en el punto para investigar lo sucedido, aunque las razones del ataque aún no se han determinado. No obstante, una versión conocida por El Espectador sugiere que el crimen podría estar relacionado con un doble asesinato ocurrido el fin de semana anterior en Viotá.La comunidad de Mesitas del Colegio permanece en alerta. Los habitantes manifiestan que este tipo de hechos no suelen presentarse en el municipio, cuya economía se basa principalmente en el turismo y las actividades recreativas vacacionales.
La juez 3 de control de garantías legalizó los elementos materiales probatorios encontrados por la Fiscalía durante un allanamiento realizado este 14 de septiembre en la clínica La Asunción, en Barranquilla, donde permanece hospitalizado Gustavo Bolaños, procesado por su presunta participación en la red de corrupción relacionada con Aremca, asociación investigada por el presunto direccionamiento de 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos provenientes de regalías, y por la cual se ha vinculado más de 10 personas.Bolaños, quien tiene una medida de aseguramiento intramural desde el pasado 15 de abril, fue trasladado a Barranquilla después de manifestar que presentaba un dolor en el pecho y permanece en el centro asistencial. La Fiscalía abrió una investigación para establecer las circunstancias de su hospitalización y las actuaciones que habría realizado mientras permanece allí.El fiscal principal del caso explicó que, a partir de una compulsa de copias, se solicitó una investigación sobre la situación del procesado y posteriormente se realizó el allanamiento. Durante la diligencia, según el ente investigador, fueron encontrados un teléfono celular y una agenda de más de 100 páginas con un supuesto plan para atacar y desprestigiar al fiscal que lleva el proceso Aremca.“En el marco de esa compulsa de copias que hizo este delegado fiscal, se adelantó un allanamiento. En ese allanamiento, señoría, que se llevó a cabo el 26 de agosto del año en curso, me informa el fiscal (…) que realizó un allanamiento y que en el marco de ese allanamiento a la habitación del señor Gustavo Bolaños (…) le encontraron una libreta con apuntes en los cuales plantea una estrategia de atacarme a mí como fiscal, de desprestigiarme, de hacerme pasar como un mentiroso”, señaló el fiscal durante la audiencia.El investigador también indicó que en las anotaciones habría referencias a contactos de funcionarios públicos de diferentes entidades.Otro de los elementos expuestos fue el teléfono celular. La Fiscalía aseguró que el dispositivo fue desbloqueado inicialmente mediante reconocimiento facial y que posteriormente fue trasladado a Bogotá para adelantar un procedimiento técnico de extracción de información.“Se le incautó además un celular, un equipo celular que fue desbloqueado en ese momento con la cara del señor Gustavo Bolaños. El señor no accede, digamos, a entregar finalmente la clave, entonces, nos tocó traerlo a la ciudad de Bogotá para proceder con el desbloqueo a través del procedimiento de fuerza bruta”, explicó el fiscal.La Fiscalía también presentó como elemento de contexto un documento relacionado con un supuesto pago anticipado de 10 millones de pesos a la clínica por concepto de hospitalización. “10 millones de pesos, y está la respectiva constancia de una certificación de una cuenta de la clínica La Asunción, con una anotación manuscrita de que dice 10.000.000 de pesos, pago, abono anticipado de 10.000.000 por concepto, digamos, de la hospitalización”, manifestó.Durante la diligencia, el fiscal cuestionó además las condiciones de custodia de Bolaños. Aseguró que el dragoneante del Inpec asignado al procesado permaneció en el primer piso del centro asistencial mientras los investigadores intentaban acceder al lugar donde se encontraba el privado de la libertad.“Lo que se ocupó fue de bajarse al 1º piso para evitar que los investigadores pudieran subir a ver al privado de la libertad”, afirmó el fiscal, quien agregó que tuvieron que solicitar la presencia de otros funcionarios para poder verificar la situación.La Fiscalía también informó sobre un presunto seguimiento en redes sociales a una persona privada de la libertad que estaría adelantando conversaciones con el ente acusador para un eventual principio de oportunidad. Según el fiscal, fueron aportadas capturas de pantalla que mostrarían que Bolaños habría consultado o seguido las redes sociales de esta persona.El fiscal señaló que esa situación generó preocupación debido a que la persona estaría colaborando con la Fiscalía. “No sabemos el señor Gustavo Bolaños por qué la está siguiendo, por qué le está consultando las respectivas redes sociales”, sostuvo.Bolaños participó virtualmente en la audiencia desde la clínica y autorizó que continuara sin su presencia física debido a sus condiciones de salud.
Un preocupante panorama registra la capital antioqueña en cuanto a intimidaciones contra los docentes de colegios públicos, que según cifras de la Secretaría de Educación, ya son 105 este año. De los casos, la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que es uno de los sindicatos de esta población, reporta haber acompañado a 17 instituciones educativas donde el temor viene obstaculizando la labor docente.Uno de los casos, que además está revisando el comité de amenazados con el que cuenta esa instancia de la Alcaldía, es el de la docente de artística de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, del barrio Villa Lilliam, donde un estudiante de 17 años ingresó armado al plantel e hizo varios disparos que generaron zozobra en la comunidad educativa.En medio de las versiones de testigos que señalan que la intención del joven era buscar a la mencionada maestra, esta pidió que su caso se analizara, motivo por el que incluso la Policía Metropolitana le brindó acompañamiento, mientras que es la Fiscalía la encargada de determinar si existe o no el delito de amenaza. La secretaria de Educación, Carolina Franco, destacó que el Distrito acompaña a estos educadores que han sido objeto de intimidaciones, de hecho como parte de las acciones justamente para el colegio afectado por el tiroteo, en las últimas horas se adelantó una reunión con los 51 docentes."Nosotros aceptamos esta presentación ante el comité de amenazados, y este comité lo que hace es evaluar el caso y, pues, obviamente, trasladar la institución educativa por su seguridad. Ya son casos, pues, que se resuelven, obviamente, en la Fiscalía, pues, por ser la entidad competente, pero que, pues, ante todo, obviamente, la tranquilidad de la maestra y de los demás maestros de la institución educativa", manifestó.Recordemos que desde este martes comienza el retorno a clases por parte de los 1.100 estudiantes, el cual se realizará por grados y la programación establece que primero regresarán los estudiantes de sexto y séptimo; el miércoles será el turno de octavo y noveno; y el jueves retornarán los alumnos de décimo y undécimo. Para el viernes está prevista una jornada lúdica y deportiva, con el acompañamiento del Inder y de diferentes dependencias del Distrito.De momento, las autoridades anunciaron que continuarán las acciones preventivas en las instituciones educativas, entre ellas las denominadas “requisas pedagógicas”, para evitar el ingreso de objetos peligrosos.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 15 de septiembre de 2026:La reforma pensional volvió al centro de la agenda del Congreso después de que la Corte Constitucional publicara la sentencia que detalla el vicio de procedimiento encontrado durante su trámite. El Legislativo deberá retomar el proceso para subsanar las irregularidades señaladas por el alto tribunal.Ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN fueron rescatadas en zona rural de Convención, Norte de Santander. Entre las víctimas había un menor de 17 años. La operación fue desarrollada de manera conjunta por las Fuerzas Militares y la Policía, con participación del Gaula y labores de inteligencia.James Rodríguez anunció el final de su ciclo con la Selección Colombia después de 15 años vistiendo la camiseta de la Tricolor. El volante, recientemente vinculado a Atlético Nacional, cerró su etapa internacional tras 131 partidos y aseguró que llegó el momento de poner fin a una de las etapas más importantes de su carrera.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió a las cifras de menores desaparecidos en la capital y descartó que actualmente haya menores secuestrados en la ciudad. Explicó que más del 75 % de los casos de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos corresponden a evasiones voluntarias y sostuvo que cerca del 3 % del total de desapariciones conocidas está relacionado con hechos de crimen o violencia. También explicó cómo Distrito, Policía y Fiscalía analizan posibles casos de trata, reclutamiento y explotación sexual.Cerca de 300 municipios del país están en alerta por incendios forestales y otros 179 por deslizamientos, según el Ideam. Cundinamarca, Nariño, Tolima y Huila concentran buena parte de las advertencias en medio de los efectos del fenómeno de El Niño. Además, en Tolima continuaban activos incendios que amenazaban especialmente a Prado y Ataco.Escuche el programa completo aquí:
El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar más llamativos de Colombia.Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 15 de septeimbre de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol para este martes 15 de septiembre de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: Signo zodiacal:La organización recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.¿A qué hora juega el Super Astro Sol?Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo una consulta rápida y confiable.Cómo jugar al Super Astro SolPara participar en este juego, los apostadores deben seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.Para realizar una apuesta se debe:Elegir un número entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.También está disponible la opción "Todos los signos", que permite jugar el mismo número sin escoger un signo específico.Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete. Esta modalidad brinda mayor flexibilidad para crear diferentes combinaciones.Dónde jugar Super Astro SolEl Super Astro Sol puede adquirirse en los puntos de venta autorizados distribuidos en distintas ciudades y municipios de Colombia. Esta amplia cobertura permite que los jugadores realicen sus apuestas de forma segura y con la garantía de que su tiquete será válido para participar en el sorteo oficial.Cuánto cuesta jugar Super Astro SolLos valores de apuesta permiten participar con diferentes presupuestos.Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.Cómo reclamar un premioQuienes resulten ganadores deberán presentar la documentación requerida por la entidad operadora para realizar el cobro del premio.Documentos básicosTiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premioPremios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Cumplir con estos requisitos facilitará la validación de la información y agilizará la entrega del premio correspondiente.Con sorteos diarios, una mecánica que combina números y signos zodiacales, y diferentes alternativas de apuesta, el Super Astro Sol continúa posicionándose entre los juegos de azar más consultados por los colombianos.
El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más jugados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en el territorio nacional y a la facilidad con la que los apostadores pueden consultar los resultados oficiales tras cada jornada.Resultado de Dorado Tarde de este martes 15 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde para este martes 15 de septiembre de 2026 fue el 7242 - 0. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.Número ganador: 7242Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 242La quinta: 0¿A qué hora juega el Dorado Tarde?El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no se realiza sorteo.Plan de premios del Dorado TardeUno de los mayores atractivos de este juego es su sistema de pagos, ya que permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales. El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostadoRequisitos para reclamar un premioPara cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por Paga Todo:Ser mayor de edadPresentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciadoEntregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el procesoTambién se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia podría afectar el pago del premio.
