BLU Radio conoció que no se han podido resolver 27.000 solicitudes de restitución de tierras porque están ubicadas en las zonas donde ha habido un aumento de cultivos de coca y no hay acceso por problemas de orden público.
Aunque para el Gobierno el último reporte de la Casa Blanca es alentador y aleja el fantasma de la "desertificación", aún es largo el camino por recorrer. Por eso, insisten en el glifosato como la solución.
BLU Radio pudo conocer que en total son múltiples zonas de 12 departamentos del país en donde el Gobierno no ha podido tener acceso por los actuales problemas de orden público originados por los enfrentamientos constantes entre grupos armados.
En estas mismas zonas, es desde donde se han recibido más de 27 mil solicitudes para restitución de tierras que no han podido ser solventadas, y es en estos mismos lugares donde se registran los índices más altos de cultivos de coca en el país.
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Los territorios están ubicados en Arauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar, cuenca del Pacífico, Tumaco, Putumayo, Caquetá, sur del Huila, sur del Tolima y algunas zonas del Meta y Casanare.
En diálogo con BLU Radio, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, explicó que "cuando se revisa esas zonas donde hay cultivos ilícitos coincide con las zonas donde hay las solicitudes, donde hay presencia de grupos ilegales y por esa razón nosotros no se ha podido ingresar a esos territorios".
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Castro agregó que, para ingresar a estos sitios, el Gobierno está fortaleciendo los planes de desarrollo con Enfoque Territorial y la presencia de la fuerza pública.
Actualmente en Colombia hay potencial de 2.600.000 hectáreas de tierra por restituir. En octubre, el Gobierno Duque recibió 300.000 hectáreas que ya tenían orden para sustituir. A la fecha van 342.000 hectáreas, es decir 42.000 más en 8 meses.
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Reglas sobre tierras no son claras para agricultores
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Otra cara del problema de las tierras es la de los agricultores para quienes hoy no son claras las normas que permiten quitarle a alguien las tierras en las que está produciendo. Para muchos, la incertidumbre les está pasando factura a la expansión en el agro.
"No solamente a la de grandes inversores, sino también de los pequeños empresarios. Mientras no se zanje la indefinición en la Ley 160 vamos a seguir con esa incertidumbre jurídica que ha sido tan dañina para lograr inversiones en el campo", aseguró Andrés Felipe García, director de desarrollo sostenible de Fedepalma.
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Parte del problema es que no ha sido posible sacar adelante una reforma a la ley de tierras de 1.994 y en la legislatura que acaba de terminar se hundió una iniciativa del gobierno pasado que buscaba resolver el problema.
"Como está escrita la ley hoy, si usted tiene cualquier número de hectáreas y no las puede explotar por razones objetivas, le pueden hacer la extinción del dominio de esa tierra", explicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
Aunque los empresarios confían en que el Gobierno actual no busca expropiar a nadie, sí temen que otros gobiernos o funcionarios puedan usar el vacío de la ley actual para quitarles la tierra. Especialmente, si se tiene en cuenta que el compromiso del estado es crear un fondo de 3 millones de hectáreas para cumplir con los acuerdos de paz.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, asegura que el Gobierno ya tiene 550.000 mil hectáreas en el fondo de tierras.
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