La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha intensificado su lucha contra los fraudes relacionados con la Reforma Agraria, bajo la estrategia “Cuidemos la Reforma Agraria”, y ha identificado nuevas formas de estafa que afectan el acceso transparente a la tierra. Ante este panorama, la entidad invita a la ciudadanía a estar alerta y denunciar cualquier irregularidad que pueda comprometer los principios de justicia y equidad de la reforma, liderada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Felipe Harman, director general de la ANT, subrayó que la problemática no se limita a líderes campesinos que cobran a los beneficiarios cuotas mensuales para facilitarles el acceso a tierras, sino que también existen tramitadores fraudulentos que se hacen pasar por funcionarios de la agencia. "Estos tramitadores aseguran tener contactos dentro de la ANT y exigen pagos a propietarios que desean vender tierras. Muchas de estas denuncias ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación", afirmó Harman.Las irregularidades se han detectado en varios departamentos del país, destacando Bolívar, Tolima y Meta, donde se han recibido más de mil denuncias desde 2023. Según los informes, los fraudes incluyen desde abogados que diseñan contratos falsos en Urabá, hasta personas que suplantan a funcionarios de la ANT para realizar cobros ilegales. Incluso, algunas organizaciones campesinas estarían involucradas en estos delitos, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la transparencia en el proceso de acceso a tierras.En el sur del Meta, más de 200 familias campesinas denunciaron que un individuo les estaba exigiendo pagos entre $300.000 y $1.000.000 a cambio de facilitarles el acceso a tierras. De manera similar, en el suroccidente de Cundinamarca, se alertó sobre un ciudadano que se hacía pasar por funcionario de la ANT, asegurando tener vínculos cercanos con familiares de altos cargos del gobierno, y prometía soluciones en materia de tierras a campesinos vulnerables.En otros lugares del país también se reportan casos de fraudes. En Tolima, miembros de asociaciones campesinas denunciaron irregularidades en los programas de adjudicación de tierras, en los que se involucran prácticas como el cobro de dinero a cambio de favores en los trámites. En el Valle del Cauca, lideresas campesinas alertaron sobre una fundación que exigía pagos indebidos para gestionar el registro en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).Investigaciones y trabajo conjunto con la FiscalíaAnte la gravedad de los casos, la ANT ha solicitado el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para investigar de manera más efectiva las denuncias de corrupción. Se han radicado varias denuncias en Bolívar, donde un líder campesino está siendo investigado por presuntas acciones de enriquecimiento ilícito en perjuicio de más de 3.000 familias. Además, se ha señalado a un contratista de la ANT en Cartagena por enviar documentos falsos a través de correo oficial de la entidad.En regiones como Huila y Tolima, se investiga a personas que falsifican documentos oficiales de la ANT para ofrecer servicios de gestión de tierras. En Guainía, el excontratista de la Agencia, Gregorio Esteban Toro Barrera, es señalado de ofrecer trámites fraudulentos a través de una firma de abogados, utilizando documentos falsificados para facilitar procesos relacionados con la reforma.La Agencia Nacional de Tierras también ha expresado preocupación por la creación de asociaciones fraudulentas en Cesar, como Campesinos sin Tierra 1 y Campesinos sin Tierra 2, en las cuales se estaría cobrando dinero por un falso carnet de inscripción ante la Agencia.Acciones urgentes y trabajo en equipoLa entidad también ha solicitado celeridad en las investigaciones contra servidores públicos que, en su momento, trabajaron para la ANT y cuyas acciones han comprometido la probidad de la institución. Casos como el relacionado con el predio Los Cachorros, por presunto prevaricato por omisión, aún no han tenido avances significativos en el ámbito penal.Asimismo, se requieren medidas urgentes en Santa Ana, Magdalena, donde se han reportado invasiones de tierras adquiridas para la Reforma Agraria. La ANT hace un llamado a un trabajo articulado entre los entes de control e investigación para garantizar que se tomen las acciones penales necesarias y se rescindan contratos en casos de vicios ocultos.En conclusión, la Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, instando a la población a mantenerse vigilante y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la integridad de la Reforma Agraria.
Este miércoles, el presidente de la República, Gustavo Petro, acompañado del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, encabezó un acto simbólico en Ciénaga de Oro, Córdoba, para entregar 141 títulos de propiedad a familias campesinas víctimas del despojo y la violencia.Durante la rendición de cuentas, el mandatario destacó que los títulos entregados no solo representan un reconocimiento de los derechos de los campesinos cordobeses, sino también una reparación histórica por el despojo sufrido en décadas pasadas, especialmente a manos de paramilitares. Estas entregas se suman a las 1.509 títulos legalizados en todo el departamento de Córdoba, y se enmarcan dentro de los esfuerzos por consolidar la Reforma Agraria en la región, además de la entrega formal de la Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú a líderes rurales de Tierralta, Córdoba, que le permitirá a más de 3.500 familias el desarrollo económico y social de este territorio."Podemos decir que en Córdoba tenemos en nuestro poder ya 130.000 hectáreas de tierra para entregar en buena parte al campesinado de este país. Aquí solo voy a mencionar lo que los ministros y ministras quisieron, entregar 130.000 hectáreas no es cualquier cosa. Creo que esto es un hecho histórico. Para quien ya no viva de la tierra, quizás sea un dato alejado de la existencia, pero resulta que este departamento vive de la tierra. Aunque vivamos en la ciudad, es la tierra la que permite la agroindustria, es la tierra la que permite impuestos, es la tierra la que permite trabajo, es la agroindustria", afirmó el presidente Gustavo Petro. Uno de los momentos más significativos fue la entrega de 20 títulos de adjudicación final en 115 hectáreas de la Hacienda Costa Azul, en Montería, un predio que anteriormente perteneció al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En este caso, las familias campesinas ya no solo pertenecen a una asociación, sino que cada una se convirtió en propietaria individual de sus tierras. Además, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha comprometido financiamiento para proyectos productivos, con el objetivo de fortalecer la economía rural.Por su parte, Harman recalcó los avances de la Reforma Agraria que se han tenido en el marco de estas entregas: "Hemos ratificado la entrega definitiva de alrededor de 28.000 hectáreas a los campesinos del departamento de Córdoba y hemos entregado los títulos definitivos de varias haciendas. Ya definitivamente los campesinos son dueños de sus tierras. Avanza la reforma en grande, avanza en manos de los campesinos, avanza en el marco del Acuerdo de Paz en este Gobierno nacional".Reforma Agraria en Córdoba: Avances y ResultadosCórdoba ha sido uno de los departamentos más activos en la implementación de la Reforma Agraria. En total, más de 25.000 hectáreas de tierra han sido adquiridas para ser entregadas a comunidades campesinas, muchas de ellas en municipios como Buenavista, Montería y Ciénaga de Oro. Uno de los testimonios más representativos es el de Alba Rosa Salcedo quien esperó 15 años este momento: “Yo había metido documentos para que me ayudaran a formalizar mi predio y ninguno de los presidentes anteriores, nadie nos ayudaba, hasta ahora con este cambio de asociación conformada por mujeres víctimas del conflicto armado, somos 19 beneficiarias. Nos cambió la vida desde este momento. Me siento satisfecha porque ya mis hijos pueden vivir como campesinos”, Salcedo y sus vecinas son beneficiarias de la finca Costa Azul que era de propiedad de Salvatore Mancuso. Además, la Agencia Nacional de Tierras ha logrado formalizar 3.191 hectáreas, beneficiando a miles de familias rurales, quienes hoy se sienten orgullosas de ser legalmente dueños de sus predio para poder acceder a créditos agropecuarios y proyectos productivos en sus tierras.El balance también incluye la recuperación de 10.786 hectáreas a través de procesos agrarios, las cuales han sido devueltas a sus legítimos dueños, principalmente campesinos.El balance también incluye la recuperación de 10.786 hectáreas a través de procesos agrarios, las cuales han sido devueltas a sus legítimos dueños, principalmente campesinos.Una de las mayores victorias para los campesinos fue la constitución del primer Distrito de Reforma Agraria en Colombia, ubicado en Buenavista, Córdoba. Este distrito concentró la entrega de 8.430 hectáreas a 19 asociaciones campesinas, que ahora están desarrollando proyectos agropecuarios sostenibles. Además, la formalización de tierras ha llegado a todos los rincones del departamento, con la creación de comités de Reforma Agraria en cada uno de sus 30 municipios. Compromiso con la Paz y la ReparaciónEl acto en Ciénaga de Oro también incluyó la entrega de títulos en varios municipios como Valencia y Socorro, que forman parte de un plan de reparación colectiva para las víctimas del conflicto armado. Entre ellos, se destacó la entrega de 51 títulos de 249 hectáreas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, así como 17 títulos de adjudicación de bienes baldíos en 52 hectáreas, distribuidos entre Córdoba y otros municipios cercanos.A su vez, la ANT formalizó 37 títulos de tierras en los municipios de Tierralta y Valencia, abarcando un total de 242 hectáreas, que ahora son propiedad de 67 familias campesinas. Muchas de estas familias habían esperado más de 20 años por el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que han trabajado durante tanto tiempo.Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, enfatizó que estos actos administrativos no solo constituyen un reconocimiento formal del Estado, sino que también permiten a las familias campesinas habitar y producir en terrenos de la Nación, con la seguridad jurídica que otorgan los títulos de propiedad.Con esta entrega de títulos de propiedad en Córdoba, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la paz y la reparación de las víctimas del despojo de tierras y da un paso más en la construcción de un campo más justo y productivo en Colombia.
Este encuentro, el primero del año 2025, se centró en el acceso y uso de la tierra, un componente clave del acuerdo que busca garantizar la justicia social en las zonas rurales del país.Felipe Harman, director de la ANT, destacó la importancia de la reunión, señalando que fue una excelente oportunidad para presentar los avances en los objetivos trazados para este año y resolver inquietudes de la Misión ONU Colombia. "Este espacio nos permitió compartir las principales acciones que tenemos previstas para este 2025, avanzando con paso firme en la implementación de la Reforma Agraria", afirmó Harman.Uno de los temas centrales abordados fue la estrategia para garantizar el acceso a la tierra en un contexto de postconflicto, en el que se busca reparar a las víctimas y promover el desarrollo rural. En este sentido, se establecieron metas claras para este año, entre las que se incluyen:Lograr al menos un 70% de adjudicaciones de las tierras que ya han sido compradas, asegurando que los beneficiarios puedan acceder a sus propiedades de manera efectiva.Continuar con la atención y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), donde ya existen 18 de estas zonas constituidas, y apoyar la implementación de los Planes de Desarrollo que se están llevando a cabo con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras.Implementar el Decreto Presidencial 1322 de 2024, que otorga nuevas facultades a la ANT para estructurar y otorgar proyectos productivos en las tierras entregadas, con el fin de fortalecer a las organizaciones campesinas y fomentar la producción sostenible en el campo colombiano.Fortalecer el programa “Fincas para la Paz”, destinado a la compra de tierras para los campesinos víctimas del conflicto armado, brindándoles refugio y oportunidades de desarrollo.En cuanto a los avances en el fortalecimiento institucional, la Agencia Nacional de Tierras también destacó el reto de conformar 700 Comités Municipales de Reforma Agraria, un paso fundamental para asegurar que las políticas agrarias lleguen de manera efectiva a las comunidades más vulnerables.La Misión ONU Colombia, por su parte, mostró su interés en seguir acompañando a la ANT en estos procesos. Según Felipe Harman, “la Misión ONU Colombia revisó nuestros progresos con mucho interés y se comprometió a apoyarnos en cada uno de los puntos clave para avanzar en conjunto, en una articulación que permita resultados concretos en los territorios”.Durante el encuentro, también se discutieron los avances en la situación de los firmantes del acuerdo de paz, un tema de gran relevancia en la actualidad. A este respecto, el Gobierno Nacional expresó tranquilidad, destacando que las metas planteadas para 2025 están en marcha y que se trabajará en agendas conjuntas entre Naciones Unidas y la ANT para visitar los territorios y avanzar en las tareas de formalización y adjudicación de tierras.El director de la ANT subrayó la importancia de las ZRC, asegurando que la constitución de estas zonas no es solo una formalidad, sino un proceso de trabajo continuo para avanzar en la formalización de tierras, adjudicaciones y el fortalecimiento de este modelo de ordenamiento territorial. Además, destacó que la Misión ONU Colombia ha sido testigo de los resultados históricos alcanzados en materia de tierras, lo que augura un 2025 lleno de avances en el marco de la Reforma Agraria."Vamos a seguir trabajando en conjunto con la Misión ONU Colombia para consolidar los logros alcanzados y continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan avanzar en la justicia social en las zonas rurales", concluyó Felipe Harman, reafirmando el compromiso con la paz y la equidad en el campo colombiano.
En el municipio de Puerto Parra, Santander, se llevó a cabo la sexta asamblea del Comité Municipal de reforma agraria. El lugar de este importante encuentro fue la biblioteca municipal.Con este comité se busca avanzar en la etapa de comprensión y análisis dados a los campesinos y líderes en la reforma agraria, respondiendo al llamado del campesinado santandereano y abriendo espacios para su participación.Para William Ramírez, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), este es un importante paso hacia el desarrollo rural y la justicia social en Colombia, que se espera se lleve a cabo y avance en las diferentes regiones.Ramírez destacó que este es el sexto comité que se establece en la región. La creación del Comité Municipal de Reforma Agraria busca atender las necesidades de titulación y acceso a tierras para campesinos y víctimas en los diez municipios priorizados del departamento los cuales son: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Betulia, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y Simacota.En dicha asamblea participaron más de 80 líderes de organizaciones campesinas y representantes, incluso se autorizó la Comisión de Naciones Unidas, quienes han seguido de cerca los acuerdos de paz.La principal expectativa de los asistentes es la adquisición de tierras para campesinos y víctimas del conflicto armado. Asimismo, se solicitó una revisión de varios predios ocupados por campesinos y víctimas para asegurar una correcta distribución y legalización de las tierras.Ramírez subrayó la importancia del Comité Municipal de reforma agraria que facilitará a los campesinos la obtención de títulos de propiedad y acceso a nuevos predios. "Este comité no solo facilita el camino para que las y los campesinos sean los dueños legítimos de sus tierras, sino que también les abre puertas a créditos y apoyos gubernamentales que fortalecerán su capacidad para las prácticas agrícolas”, explicó.La constitución del comité representa un reconocimiento a la valiosa labor de los campesinos, quienes han sido los guardianes de la tierra y la producción de alimentos en Colombia. Su conocimiento y experiencia son fundamentales para asegurar una distribución justa de la tierra y promover prácticas agrícolas sostenibles que beneficien a toda la comunidad. La iniciativa reafirma el compromiso con el bienestar y desarrollo del campesinado, esencial para el éxito de la reforma agraria en el país.
Desde la fundación Forjando Futuros alertan al Gobierno nacional sobre restitución de tierras, pues a pesar de que durante el Gobierno Petro han aumentado en un 21 % las sentencias de casos, la meta nacional no alcanza ni el 5 % y de seguir a este ritmo serían necesarios 169 años para cumplirle a todas las víctimas.La Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia tiene 13.126 solicitudes de restitución de las cuales hay tan solo 2041 casos definidos con sentencia y más de 3.000 no se encuentran habilitadas para la intervención por temas de conflicto.“Digamos que hay procesos de resistencia frente a la entrega de los predios que han sido ordenadas las restitución de tierras, en algunos casos se ha encontrado situaciones donde no ha sido posible, por ejemplo lograr el desarrollo, entonces se busca, la intervención por parte de la Personería de la fuerza pública y también cuando definitivamente se ha dado se han dado órdenes de atención a estos segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad, que las personas tengan un poco clara la ruta", señaló señaló el director de Forjando Futuros, Cesar Augusto Londoño.Bibiana Ruiz es una de las víctimas. Ella asegura que las medidas no son suficientes y alega porque se le devuelva la dignidad de vida a las víctimas de este conflicto.“Y poder volver a tener una calidad de vida, que es lo importante calidad de vida, para las víctimas que no le nieguen su sentencias que no le nieguen sus propósitos, porque realmente hay veces que sí se niega muchas cosas, pero sí he visto que ha habido mucho avance en los temas de mejoramiento de la atención", pidió.Finalmente, asegura que si bien este año se ha visto mayor intervención del Gobierno, los resultados aún no son contundentes en cuanto garantizar la calidad de vida de las víctimas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, entregó detalles sobre el decreto que lista el Gobierno para agilizar la compra de tierras.De acuerdo con la jefe de cartera, el decreto incluye las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos.“No es un proceso expropiatorio, no es un proceso que nos hayamos inventado en este Gobierno”, afirmó la ministra.“En virtud del principio de eficacia (…) en los procedimientos administrativos agrarios se aplicarán preferentemente mecanismos indirectos y tecnologías de la información y comunicaciones que permitan avanzar más eficazmente”, señala el documento.Hay que recordar que antes de 2017, los procesos los podía terminar la propia autoridad agraria sin que tuvieran que presentarse ante un juez. Pero luego se agregó la etapa judicial, en principio para dar más garantías, pero eso terminó haciendo más dispendiosos los procesos. Con esta nueva norma, será la Agencia Nacional de Tierras la que culminará el caso. Sin embargo, contra la decisión que tome la entidad proceden tanto el recurso de reposición y en subsidio de apelación, así como una acción de nulidad agraria.“Buscamos un proceso más rápido con unas instancias mucho más claras y con una precisión técnica que tenemos hoy a diferencia de décadas anteriores”, explicó la ministra sobre el nuevo decreto.Sobre la expropiación de tierras, la jefe de cartera explicó que el decreto especifica en detalle las causales de extinción de dominio que existen desde la Ley 160 de 1994. Esto, con el objetivo de que quien tome la decisión sobre los casos no las interprete ampliamente a su criterio, sino que estas causales estén mucho mejor explicadas. Así, a su vez, las oposiciones también podrán ser más claras.“En este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de Gobierno que quedan para llegar al 1.500.000 hectáreas que es la apuesta de la reforma agraria”, dijo sobre el proyecto de decreto la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.Vea aquí la entrevista:
El Gobierno está preparando el lanzamiento del ‘Programa especial de dotación de tierras a favor de población campesina para la producción de alimentos’, en otras palaras, la reforma agraria. La venta voluntaria de tierras es el plan inicial, pero un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura sugiere que hay un plan B, declarar en algunos predios la utilidad pública y el interés social.Empecemos por el objetivo de la reforma rural: entregarles tierra fértil a campesinos que no la tienen y fomentar así una la equidad y la producción de alimentos. Los beneficiarios serán las familias campesinas, pero también pueden hacer fila agromineros (que es como se refiere el Gobierno a personas que ejercen la minería informal y cultivan su propia comida), asociaciones y cooperativas agrarias e incluso juntas de acción comunal.El documento indica que el Ministerio de Agricultura podrá determinar la existencia de zonas prioritarias para el programa teniendo en cuenta criterios como la existencia de "altos niveles de concentración de la propiedad rural", "baja productividad" o "alta conflictividad agraria".En esos lugares "la Agencia Nacional de Tierras podrá, sin perjuicio de la oferta voluntaria de la que trata el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023, declarar de interés social y utilidad pública, conforme a las causales dispuestas en el numeral segundo y quinto del artículo primero de la Ley 160 de 1994, los predios que identifique como necesarios para adelantar el programa".La declaratoria de "interés social y utilidad pública" es una figura que se utiliza cuando el Estado, o una empresa privada, está construyendo un proyecto de utilidad pública como por ejemplo una carretera o una hidroeléctrica y necesita que le vendan un predio. Si esos proyectos son de utilidad pública ese predio puede ser expropiado.En este caso, la declaratoria solo se podría hacer en esas zonas y con el objetivo de eliminar y prevenir la distribución inequitativa de la tierra y fomentar la adecuada explotación de las tierras "incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas"¿Cómo va a ser la entrega de tierras a los campesinos?La Agencia Nacional de Tierras conformará en cada zona priorizada del país los comités de reforma agraria y los comités de beneficiarios en donde acordará a quiénes y para qué se va a entregar la tierra.La idea es que no solo se entregue una tierra, sino que además esa tierra se cultive y esa comunidad prospere así que el decreto señala que las entidades del gobierno deben llegar a ofrecer "servicios sociales básicos e infraestructura física, crédito, diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social, transferencia de tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral".Otro borrador de decreto del Ministerio de Agricultura busca reglamentar y darle orden a la participación de todas las entidades del gobierno nacional en el propósito de sacar adelante esta reforma y llevar al campo todas las promesas de la reforma.Le puede interesar:
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, respondió a la polémica proposición de “expropiación exprés” en el Plan Nacional de Desarrollo, PND. Más temprano la representante a la Cámara, Katherine Miranda habló de la proposición, de la cual dijo que permitiría, en 21 días, quitarle la propiedad a una persona.La jefe de cartera dijo que esta no es una iniciativa que se respalde desde el Ejecutivo, pues, según argumentó, el Gobierno Nacional no tiene la necesidad de impulsar la inciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley. “Desde el Gobierno nacional tenemos la intención de facilitar distintos mecanismos que hay hoy en la legislación, de manera que se facilite el proceso de compra. (…) Respaldamos unas iniciativas que respaldamos desde el Gobierno nacional. Reiteramos que el Gobierno no tiene necesidad de hacer procesos de expropiación. La expropiación es una fórmula que está en la legislación”, aclaró la funcionaria.Mujica, quien reemplazó a Cecilia López en el Ministerio de Agricultura, aseguró que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro no hay instrucciones con respecto y destacó que las iniciativas buscan fortalecer las políticas agrarias: “Tenemos la intención de facilitar destinos mecanismos que hay en la legislación agraria de manera que se facilite el proceso de compra; que se permita hacer proceso de avalúo comercial, que permita traer bienes dispersos”.Más temprano, en diálogo con Mañanas Blu, Miranda había manifestado que la proposición señalaba que si el Estado considera que un predio es de utilidad pública podría, en 21 días, pagarlo, no con el precio comercial, sino el catastral. “Lo que están presentando no es compra de tierras, sino expropiación exprés. (…) Si vamos a hablar de compra de tierras, hay dos artículos ya dentro del Plan de Desarrollo, que lo hemos estudiado, que determinan cómo será el procedimiento de compra voluntaria y con avalúo comercial. Lo que quieren presentar ahorita es una expropiación exprés, donde en 21 días, expropian de un terreno a una persona”, dijo.Finalmente, y a propósito de las fotografías que han circulado en redes sociales en las que se ve en un mural de Hugo Chávez en Venezuela, la Ministra de Agricultura dijo que se trata de fotografías que no tienen mayor fondo de discusión y que se trata de imágenes que cualquier persona se podría tomar: "Me tomé fotos, como uno se toma fotos en cualquier lugar".Escuche la entrevista con la ministra:
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, presentó una demanda para recuperar 10 terrenos baldíos en las Islas del Rosario, debido a que algunos de ellos habrían sido arrendados, presuntamente, de manera irregular.La ANT busca anular los contratos de arrendamiento y que, por medio de una medida cautelar solicitada al Tribunal Administrativo de Bolívar, sean devueltos al Estado."En los contratos se pactó un arriendo inferior al 1% del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, violando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje. La ANT pudo establecer que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un 77% inferior al valor que debió pactarse", explicó la agencia.Según las denuncias, algunos de los contratos también habrían sido celebrados con abuso o desviación de poder, pues se suscribieron el último día de existencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder: algo que es prohibido legalmente, pues además algunos de los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado cuando suscribieron los contratos.“Hemos realizado una reunión con representantes de algunos de los que ocupan estos predios para plantearle la necesidad del Estado colombiano de recuperarlos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, pero no logramos llegar a un acuerdo", aseguró Gerardo Vega Medina, director General de la Agencia Nacional de Tierras.Ante esta situación, ya había sido radicada una denuncia por lo que desde la entidad le han pedido a la Fiscalía avanzar en las investigaciones, con el fin de determinar por qué se presentaron estas presuntas irregularidades con los predios mencionados.¿Predios entregados por paramilitares harían parte de la reforma agraria?Desde Neiva, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, indicó que además de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hoy se tienen más de 1.700.000 ofertas para la compra de tierras que harán parte de la Reforma Agraria Rural Integral.“Hoy en oferta hay más o menos 1.700.000, de los cuales han llegado ofertas no solo de Fedegan sino también hay un cúmulo de ofertas que se le hicieron comunidades indígenas, comunidades negras, campesinos y otras ofertas individuales que han llegado a la correspondencia de la Agencia Nacional de Tierras”, puntualizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Nuevas confrontaciones se reportan entre el Esmad y familias que están en proceso de desalojo del predio Bellavista en el corregimiento El Totumo de Necoclí, Antioquia.El predio fue restituido por un juez a un reclamante, pero las 100 familias que están en el predio aseguran que tiene documentos de posesión y que no se dejarán desalojar.Las personas hacen resistencia a la fuerza pública y atacan con palos para evitar el paso de los uniformados hacia sus casas, lo que ha generado una gresca.Este no es el único caso, pues ya han sido 16 ocasiones en los que se intenta hacer este desalojo en el predio Bellavista por parte de las órdenes judiciales y la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, hasta ahora no ha sido efectivo por la resistencia de la comunidad."La comunidad resiste, resiste a dejar desalojar a algún miembro de la familia que habita el predio. Se resisten a permitir que saquen, que derriben o que invadan sus casas", señaló Hoover Acosta, líder comunitario en ese predio.Por lo pronto, la Alcaldía de Necoclí espera que el Gobierno nacional convoque a una reunión para buscar soluciones.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno Nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.
Entre un carro chino, uno europeo o uno japonés, Javier Sendín (reconocido como uno de los mejores mecánicos del mundo) tendría clara su elección si hoy tuviera que comprar un vehículo nuevo: un híbrido enchufable (PHEV) de origen japonés. El mecánico, ganador del premio al Mejor Mecánico de España en 2023, considera que esta tecnología permite utilizar la propulsión eléctrica en los recorridos urbanos y conservar el motor de combustión para los viajes largos.Sendín ni siquiera considera que comprar un carro nuevo sea una decisión que tomaría actualmente. El experto aseguró que, en su caso, preferiría no hacerlo debido al elevado precio de los vehículos y, especialmente, al costo que pueden alcanzar sus reparaciones.Y como ningún conductor está exento, un accidente puede afectar el bolsillo incluso cuando el vehículo no presenta un daño mecánico de gran magnitud. Sendín señaló que un golpe frontal que afecte los dos faros y los airbags puede llevar a que el carro sea declarado siniestro total por el costo de la reparación.¿Por qué escogería un híbrido enchufable?Si las circunstancias lo obligaran a cambiar de carro, la tecnología PHEV sería su alternativa. Sendín considera que estos vehículos reúnen dos posibilidades que normalmente están separadas: desplazamientos con propulsión completamente eléctrica y la autonomía adicional que proporciona un motor de combustión.En recorridos urbanos, el vehículo puede utilizar únicamente la energía almacenada en la batería, sin emisiones por el escape y con un costo de uso menor. Para trayectos largos, el motor de combustión permite continuar el recorrido sin depender exclusivamente de la autonomía eléctrica.La evolución de esta tecnología también ha permitido que algunos híbridos enchufables superen los 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Para un conductor que utilice el carro principalmente en ciudad, esa capacidad puede cubrir una parte importante de los desplazamientos habituales antes de recurrir al motor de gasolina.A esto se suman las ventajas asociadas en España a la etiqueta CERO, que puede facilitar la movilidad en determinadas zonas restringidas y ofrecer beneficios relacionados con estacionamiento y fiscalidad.¿Por qué preferiría una marca japonesa?La elección de Sendín no se limita al tipo de propulsión. Ante la posibilidad de comprar un PHEV, también dejó clara su preferencia por un fabricante japonés.El mecánico no plantea su elección como una descalificación de las marcas europeas o chinas. Su respuesta parte de lo que considera más conveniente para su propio caso, después de señalar que actualmente los carros nuevos tienen un costo elevado tanto de adquisición como de reparación.De hecho, Sendín reconoce que los vehículos modernos ofrecen avances importantes frente a generaciones anteriores. Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han aumentado y los carros son más cómodos y fáciles de conducir.El problema es que esa mayor cantidad de tecnología también puede encarecer las reparaciones. Por eso, su postura combina dos ideas: evitaría comprar un carro nuevo mientras no lo necesite, pero si tuviera que hacerlo, buscaría un PHEV japonés.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Ilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.