La Agencia Nacional de Tierras, ANT, presentó una demanda para recuperar 10 terrenos baldíos en las Islas del Rosario, debido a que algunos de ellos habrían sido arrendados, presuntamente, de manera irregular.La ANT busca anular los contratos de arrendamiento y que, por medio de una medida cautelar solicitada al Tribunal Administrativo de Bolívar, sean devueltos al Estado."En los contratos se pactó un arriendo inferior al 1% del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, violando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje. La ANT pudo establecer que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un 77% inferior al valor que debió pactarse", explicó la agencia.Según las denuncias, algunos de los contratos también habrían sido celebrados con abuso o desviación de poder, pues se suscribieron el último día de existencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder: algo que es prohibido legalmente, pues además algunos de los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado cuando suscribieron los contratos.“Hemos realizado una reunión con representantes de algunos de los que ocupan estos predios para plantearle la necesidad del Estado colombiano de recuperarlos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, pero no logramos llegar a un acuerdo", aseguró Gerardo Vega Medina, director General de la Agencia Nacional de Tierras.Ante esta situación, ya había sido radicada una denuncia por lo que desde la entidad le han pedido a la Fiscalía avanzar en las investigaciones, con el fin de determinar por qué se presentaron estas presuntas irregularidades con los predios mencionados.¿Predios entregados por paramilitares harían parte de la reforma agraria?Desde Neiva, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, indicó que además de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hoy se tienen más de 1.700.000 ofertas para la compra de tierras que harán parte de la Reforma Agraria Rural Integral.“Hoy en oferta hay más o menos 1.700.000, de los cuales han llegado ofertas no solo de Fedegan sino también hay un cúmulo de ofertas que se le hicieron comunidades indígenas, comunidades negras, campesinos y otras ofertas individuales que han llegado a la correspondencia de la Agencia Nacional de Tierras”, puntualizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Nuevas confrontaciones se reportan entre el Esmad y familias que están en proceso de desalojo del predio Bellavista en el corregimiento El Totumo de Necoclí, Antioquia.El predio fue restituido por un juez a un reclamante, pero las 100 familias que están en el predio aseguran que tiene documentos de posesión y que no se dejarán desalojar.Las personas hacen resistencia a la fuerza pública y atacan con palos para evitar el paso de los uniformados hacia sus casas, lo que ha generado una gresca.Este no es el único caso, pues ya han sido 16 ocasiones en los que se intenta hacer este desalojo en el predio Bellavista por parte de las órdenes judiciales y la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, hasta ahora no ha sido efectivo por la resistencia de la comunidad."La comunidad resiste, resiste a dejar desalojar a algún miembro de la familia que habita el predio. Se resisten a permitir que saquen, que derriben o que invadan sus casas", señaló Hoover Acosta, líder comunitario en ese predio.Por lo pronto, la Alcaldía de Necoclí espera que el Gobierno nacional convoque a una reunión para buscar soluciones.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El presidente Gustavo Petro planteó modificaciones al marco fiscal de mediano plazo para tomar deuda interna por unos 60 billones de pesos y, así, poder comprar tierras y entregarlas a un menor precio a los campesinos. La idea es que sean terrenos productivos, pero, ¿de dónde saldrá el dinero?, ¿qué pasa si alguien no quiere vender? o ¿quiénes serán los beneficiados?Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, aseguró que no se forzará a nadie a vender y que solo se busca analizar las condiciones de los predios y, que los dueños estén en “disposición” de negociar.“Pues no lo vende, simplemente. Aquí a nadie se le va a forzar a vender, solo que esté dispuesta a la venta de esas tierras y los avalúos y, para eso hay una máxima autoridad”, señaló en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Según dijo, actualmente hay 450.000 hectáreas restituidas en 10 años, lo que “beneficia a alrededor de 12.000 familias” en el país. Sin embargo, recalcó que aún falta mucho respecto a los terrenos que hoy son baldíos.Añadió que, en muchos de los casos, fueron “grupos de extrema derecha y paramilitares” los que les quitaron la tierra a los campesinos que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les había dado en su momento.
Con gran incertidumbre y mortificados, así dicen haber amanecido cerca de 210 familias de campesinos y desplazados de la violencia que desde hace 12 años empezaron a ocupar la hacienda La Oficina, ubicada en el municipio de Chimichagua, en el sur del Cesar, pues, aunque hasta este momento no han llegado a desalojarlos, tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio el presidente Gustavo Petro para que salieran, temen que se les meta a cualquier hora para sacarlos.Erasmo Arrieta, uno de los campesinos, cuenta que llegó a esa finca como trabajador y desde hace 11 años ha permanecido allí. En la actualidad tiene lista una cosecha de mango que espera recolectar para el sustento de su hogar y, al igual que las otras familias, no está dispuesto a salir, pues, según ellos, lo que ha hechos es trasformar un predio que era improductivo en la despensa alimentaria de varios municipios.Dicen que no esperaban esta decisión del presidente y que la guerra se puede estar desatando por la alimentación.“Creo que la guerra hoy no se va a desatar por cosas materiales, sino por la alimentación del ser humano. No tenemos de dónde alimentarnos, recursos para que nuestros hijos asistan a la universidad. Nosotros, las 210 familias, trabajamos en el gobierno de Petro acá en el municipio de Chimichaga y no nos esperábamos esto”, dijo Arrieta. Por el momento han dicho que tienen instalados puestos de vigilancia por si viene la Policía o alguna otra autoridad para sacarlos.Escuche el podcast de Lo más viral:
Este jueves, 4 de agosto, en la Sala Plena de la Corte Constitucional se discutió una ponencia que propone una serie de reglas para solucionar el problema de los baldíos en el país. Sin embargo, la decisión quedó aplazada para la próxima semana.La Corte Constitucional tiene en sus manos determinar una decisión que promete resolver uno de los problemas más complicados del país, para el gobierno de Gustavo Petro, y que tendría que ver con las propuestas que tiene la administración entrante con su reforma agraria. Además de que se cumpliría uno de los puntos del acuerdo de paz que se pactó con la extinta FARC en la Habana, Cuba.La Agencia Nacional de Tierras, ANT demandó a los Juzgados Promiscuo de Cocuy, Boyacá, Suesca, Cundinamarca y San Miguel, Santander, porque entregaron las tierras baldías a varios campesinos.Sin embargo, el lío jurídico tiene que ver con que la ANT, por el decreto 29 de mayo de 2017, está reclamando que era su competencia y no de los juzgados, por lo que con ponencia del magistrado Antonio Lizarazo se estudian 13 tutelas que buscan resolver el fututo de los baldíos y qué pasaría tanto con los campesinos, que ya recibieron su terreno, como con aquellas futuras solitudes.Esta ponencia lleva dos años en estudio y está por definirse las reglas para saber cómo y quién entregará estas tierras públicas a los campesinos. Además, cómo la Agencia Nacional de Tierras deberá ponerle la lupa a todos los requisitos y casos que se han dado entorno a los terrenos baldíos.Para el magistrado Antonio José Lizarazo, quien, según fuentes del alto tribunal, ha cambiado la ponencia 5 veces, estuvo mal la entrega de estos terrenos a terceros bajo la figura “prescripción de dominio”.¿Qué dice la figura de prescripción de dominio?“Las personas podían pedir a un juez un segmento de tierra, bajo la premisa que debían demostrar el tiempo que han vivido en este sitio y aprovechado el terreno a pesar de no ser el propietario o tener un título del predio”.El magistrado Lizarazo en su ponencia enfatiza que, aunque jueces civiles entregaron las tierras bajo este argumento, la competencia era de la Agencia Nacional de Tierras.Le puede interesar: Se está poniendo viejo
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas y posibles responsables de un incendio en la finca La Corona, ubicada entre Arboletes y Turbo.El general Gustavo Franco, comandante de la región 6 de la policía, contó que la emergencia se dio en varias viviendas ubicadas dentro de los predios y que ninguna persona resultó lesionada.“Las casas no eran habitadas, sino que un vecino les pasaba revista y las cuidaba. Ya activamos la ruta para la protección de víctimas y la investigación pertinente”, agregó Franco.Cabe recordar que esta finca era propiedad del exmagistrado Jorge Pretelt hasta que en marzo de 2020, el Tribunal Superior de Medellín, ordenó que lo entregara a las comunidades en medio de un proceso de restitución de tierras.
Más de 100 familias santandereanas despojadas de sus tierras por grupos criminales pudieron reconstruir sus vidas y adelantar procesos productivos con cacao y café.Hace 21 años, la familia de Cesar (nombre cambiado por seguridad) tuvo que huir de su finca ubicada en un municipio de Santander junto a su mamá, por amenazas de un grupo criminal, en ese momento pensó que todo estaba perdido.“Es perderlo todo, dejar atrás quizás lo que en ese momento pensaba que era futuro pero llega el momento en que vuelven hacer esa lucecita de esperanza", manifestó Cesar. Hoy, dejando atrás la pesadilla de la guerra la familia de Cesar pudo recuperar la finca, el único patrimonio que tenían, mediante un proceso de restitución, que hoy es ejemplo en el país."Hoy la finca tiene cacao y café pero la parte más principal es el cacao donde hay más cantidad y de ahí estamos sacando ya unos productos para como para dejarle un mejor proceso al Cacao”, señaló este hombre que volvió a su tierra luego de ser amenazado. “ La unidad adquiere el predio para el beneficiario de restitución y simplemente allí un proyecto productivo concertado con ese beneficiario”, aseguró Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de TierrasEl presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, Eduard Caballero, manifestó que la vida de estas familias victimas del desplazamiento forzado son un ejemplo para el país. “Visitamos la finca de don César y su familia que nos demuestra que cuando se quiere se puede, cuando nos articulamos con las instituciones los productores se benefician al 100%”, aseguró el representante de Fedecacao.En Santander ya son 120 familias las que mediante procesos de restitución, han podido recuperar al menos 5.000 hectáreas de tierras despojadas y que dan esperanzas de una nueva vida luego padecer el yugo de la violencia.El el país son 2.107 beneficiarios del programa de restitución de tierras, los beneficiados con la estrategia de Agricultura por Contrato del MinAgricultura.
El congresista santandereano Oscar Villamizar solicitó a la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta una aclaración del fallo que lo obliga junto a sus dos hermanos a devolver una finca que compraron en el 2008.El recurso de aclaración del fallo fue presentado por congresista del Centro Democrático en junio, porque la sentencia no está ejecutoriada, conoció BLU Radio.El Tribunal de Restitución de Tierra le devolvió judicialmente la finca Puerto Rico a la familia Durán Capacho, luego que se comprobará que sus integrantes fueron obligados en 1.997 por grupos armados a abandonar el predio ubicado en cercanías al río Sogamoso.Los hermanos Villamizar compraron la finca en el año 2008 a la señora Nacy Mantilla quien en 2002 la adquirió al realizar un negocio con la familia Castellanos Rodríguez.Se conoció que la Procuraduría General de la Nación se opuso al fallo de restitución de la finca de los hermanos Villamizar a la señora Marta Capacho."No existía en el certificado de tradición y libertad del predio e indicación alguna del supuesto desplazamiento de la solicitante y su núcleo familiar, ni sobre algún otro hecho victimizante que indicara un posible despojo o aprovechamiento de adquirir el predio Puerto Rico", afirma el Ministerio Público en el concepto entregado al Tribunal de Restitución de Tierra de Cúcuta.
A las afueras de Medicina Legal en Villavicencio el panorama es de incertidumbre para los familiares de dos funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y dos reclamantes que desaparecieron desde hace varios días en el sur del Meta, pues esperan que las autoridades confirme si los cuerpos encontrados en la vereda San Isidro, el mismo lugar de la desaparición, corresponde a sus familiares.Las personas desaparecidas son: Karen Sulay Garay Soto, colaboradora de la Unidad de Restitución de Tierras, Jhoan Steven Cogua, conductor del vehículo, Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés, ambas hermanas y reclamantes de tierras.Marcela Ruíz, hija y sobrina de las dos mujeres reclamantes, aseguró que aunque Medicina Legal les aseguró que el proceso pleno de identificación podría tardar más de 15 días, ya se confirmó que un carné de una funcionaria de la Unidad de Tierras fue hallado en el lugar, además de haber identificado un tatuaje que, al parecer, correspondería a uno que tenía el conductor desaparecido.“Eso fue lo que le dijeron a la familia de ellos, que habían encontrado una identificación de que ella pertenecía a la Restitución de Tierras y eso, pero pues es la única información que nos han dado. Indican que posiblemente podrían ser ellos las personas desaparecidas”, aseguró.Mientras la espera continua, los familiares coinciden en pedirle a Medicina Legal que agilice el proceso de identificación de los cuerpos y poder saber de esta manera si sus familiares fueron asesinados o no.
Este jueves se cumplen 10 años de la sanción de la Ley 1448, más conocida como Ley de víctimas, considerada por el como una de las normas más importantes que el Congreso de la República haya expedido en las últimas décadas. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, hasta el 31 de mayo de 2021, se contabilizaron 9.134.347 víctimas.En su primera década, la normatividad ha enfrentado críticas por el lento avance en la ejecución. Juan Fernando Cristo, excongresista y exministro del Interior, uno de los artífices de la Ley de víctimas, defendió la normatividad en entrevista con Mañanas BLU.“La paz de este país solo la consolidaremos en los territorios cuando las víctimas se sientan reconocidas y reparadas por el Estado colombiano”, aseguró.“Contra viento y marea yo creo que el proceso avanza y tenemos que insistir en los próximos años”, agregó.Según Cristo, los principales enemigos de la restitución de tierras son quienes pretenden perpetuar el despojo a los campesinos.“No es ningún secreto, el uribismo y el Centro Democrático no solamente en Urabá, sino en toda Colombia. La senadora María Fernanda Cabal de frente ha militado en la causa de derogar la ley de restitución de tierras, de hacerle quitar sus efectos. No les gusta que se avance en la restitución de predios a campesinos despojados”, afirmó el exministro y excongresista.Escuche a Juan Fernando Cristo en entrevista con Mañanas BLU:
La violencia contra las mujeres no para en Colombia. Un nuevo feminicidio se registró en Bogotá, está vez donde en el sector del barrio El Rincón de la localidad de Suba. Patrulleros de la Policía llegaron al lugar y encontraron a una joven identificada como Yisela Martínez tendida en el piso y con varias heridas por arma de fuego.De inmediato las autoridades trasladaron a esta joven al Hospital de Suba, donde llegó sin signos vitales.De acuerdo con el primer reporte, la víctima tenía cuatro impactos por arma de fuego en la espalda y, de acuerdo con la familia de esta joven, el esposo de la víctima es el principal sospechoso ya que tiene varias anotaciones de antecedentes por hurto calificado, fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones…Informaron también los familiares que el esposo de la víctima ya había pagado una condena en la cárcel. En este momento este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.
Luego de que la línea aérea de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, expresara su interés de adquirir la totalidad de las acciones de Viva Air, Avianca se pronunció a través de un comunicado en el que señaló que no ha recibido ofertas formales por parte de la firma para traspasar su participación económica.Para Avianca, la declaración de interés de JetSmart no es una opción real para solucionar la crisis de Viva, esto, debido a que tanto JetSmart como su segundo mayor accionista, American Airlines “operan en el mercado colombiano y por lo tanto cualquier transacción requeriría de las mismas aprobaciones que necesita Avianca para la integración con Viva”.De otro lado, señalan que “dicho proceso de obtención de permisos, que en el caso de Avianca y Viva comenzó hace seis meses, no podría siquiera empezar sino hasta después de que exista un acuerdo para que JetSmart adquiera a Viva”.Además, lanzaron una fuerte crítica en la que califican que la declaración de interés de la aerolínea se trata de “una distracción, a la solicitud de integración de Viva y Avianca”.En este mismo sentido, reiteraron su intención de que Avianca y Viva sean parte de un mismo grupo empresarial. El comunicado lo finalizan, agregando que “confían en la respuesta oportuna de la autoridad para que prime el salvamento de Viva, la conectividad de las regiones de Colombia, la prestación del servicio esencial del transporte aéreo y la preservación de empleos formales”.Hay que recordar que JetSmart aseguró tener “los recursos, capacidad y experiencia para negociar y cerrar una adquisición de manera ágil".La compañía, además, aseguró que notificó a Viva Air "su interés en adquirir el 100 % de las acciones de la aerolínea".Viva, aerolínea de bajo costo, tiene problemas financieros y por esa razón intentó una integración con Avianca, pero el pasado 19 de enero la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) les informó que por una irregularidad en el trámite deben volver a comenzar el proceso.También le puede interesar:
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó la mayor parte de su discurso del Estado de la Unión a lanzar mensajes a los republicanos, que han ido desde la propuesta de trabajar conjuntamente a la dura crítica por pretender, ha dicho, recortar derechos y beneficios sociales.Biden también advirtió a China de que no permitirá que vuelva a amenazar la soberanía estadounidense y ha vuelto a subrayar el compromiso con Ucrania para ayudar a este país el tiempo que sea necesario.Estas son diez de las frases más destacadas del discurso del mandatario estadounidense:- "Acabemos el trabajo" (La frase más repetida de Biden, tanto para hablar de sus propuestas como para dirigirse al Congreso para aprobarlas)- "Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte".- "Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar a la economía de rehén a menos que acceda a sus planes económicos".- "Si alguien trata de cortar la Seguridad Social, los pararé. Y si alguien intenta cortar Medicare, los pararé".- "Si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto la vetaré".- "Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y lo hicimos".- "Embajadora (de Ucrania, Oksana Markarova), EE.UU está unido en nuestro apoyo a vuestro país. Estaremos junto vosotros el tiempo que sea necesario"- "Nunca tuve que mantener la conversación (sobre estar alerta ante la violencia policial) con mis hijos que tantas familias de color han tenido con los suyos".- "Bajo mi supervisión, las carreteras, los puentes y las autopistas estadounidenses se fabricarán con productos estadounidenses".- "Si no aprueban mi reforma migratoria integral, al menos aprueben mi plan para proporcionar equipamiento y agentes para proteger la frontera. Y un camino hacia la ciudadanía para los 'soñadores', aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y esenciales". También le puede interesar:
Murió una niña de tan solo 13 años y otro menor de 17 resultó herido en Barrancabermeja por balas perdidas. Los hechos se registraron pasadas las 11:00 de la noche de este martes 7 de febrero, cuando los menores se encontraban sentados fuera de la casa en el barrio Los Alpes de Barrancabermeja y hombres armados llegaron a la cuadra disparando contra un ciudadano venezolano a quien pretendían asesinar.Según contó la madre del menor de 17 años, él y su novia de 13 años se resguardaron en la vivienda de ella, pero balas perdidas los alcanzaron a impactar.“Yo estaba en mi casa y él estaba en la casa de la novia, estaban jugando y cuando escucharon los tiros se metieron a la casa, pero entraron las balas. Me cuenta el niño que cuando llegó la ambulancia el muchacho aún estaba adentro”, dijo la madre del joven de 17 años.Heridos, los dos menores fueron trasladados a centros asistenciales. Sol Angela Benavides Cortes, de 13 años, fue llevada a la clínica Magdalena, donde por la gravedad de las heridas falleció y Eduar Alexander Velásquez Cárdenas, quien está herido en una de sus rodillas, es atendido en el Hospital Regional de Barrancabermeja.La Policía logró la captura de dos hombres señalados de haber participado en el hecho. Se les hallaron dos armas de fuego, un chaleco balístico y una motocicleta.Las autoridades confirmaron que, según información de los capturados, su objetivo era atentar contra la vida de un ciudadano venezolano, quien logró evadir el ataque y resultó ileso.“Unos muchachos que estaban ahí, que no tienen nada que ver de alguna situación en contra de ellos, lamentablemente una situación que se presenta con la menor de edad, desafortunadamente enluta y me duele también como papá y lo que está haciendo la policía es poder capturar a los responsables”, manifestó el coronel Pedro Bonilla, comandante Operativo de la Policía del Magdalena Medio.Le puede interesar:
Momentos de pánico vivieron los habitantes del departamento de Chocó a raíz de un sismo de 4.2 en la escala de Ritcher, que tuvo como epicentro el municipio del Carmen del Darién, según lo confirmó hacia las 4:30 pm el Servicio Geológico Colombiano. Según la información, el movimiento se ubicó a una profundidad superficial menor a los 30 km, por lo que también se sintió en otras poblaciones, incluyendo varios municipios del Urabá antioqueño como Murindó y Vigía del Fuerte. Por fortuna, el movimiento telúrico, que se prolongó por menos de un minuto, no dejó afectaciones que lamentar, según le informó a Blu Radio Johan Londoño, coordinador de Gestión del Riesgo de Chocó.“En el momento, los municipios que me han manifestado que sintieron este movimiento sísmico fueron Carmen del Darién, Nuevo Belén de Bajirá y Río Sucio, estos tres municipios no reportan afectación alguna, indicó el coordinador de Gestión del Riesgo del Chocó.Pese a estar a más de 280 kilómetros de distancia, en Medellín, algunas personas que viven o trabajan en edificios altos también reportaron que sintieron el sismo.
