Se confirmó la salida de Iván Humberto Sánchez Arango de la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad encargada de administrar y distribuir los recursos que financian el sistema de salud colombiano.Sánchez Arango llegó a la dirección de la entidad el pasado 31 de agosto de 2026, luego de ser designado por el Gobierno Nacional. De esta manera, permaneció poco más de dos meses al frente de una de las instituciones clave para el manejo financiero del sistema de salud.Cabe recordar que el funcionario fue una de las fichas claves de Abelardo De La Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. Antes de asumir la dirección de la ADRES, estuvo vinculado a la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos.Por el momento, se desconocen las razones que llevaron a su salida y tampoco se ha informado quién llegará a reemplazarlo en la dirección de la ADRES, entidad que tiene entre sus funciones realizar los giros de recursos a los diferentes actores del sistema de salud.Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre esta decisión y quién asumirá la responsabilidad de dirigir la entidad.
Los peatones son las principales víctimas de los accidentes de tránsito en Colombia. Así lo revela una caracterización epidemiológica realizada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que identificó 149.533 personas afectadas entre mayo de 2025 y abril de 2026, con al menos una reclamación presentada ante la entidad.De acuerdo con el análisis, 147.431 personas, equivalentes al 98,6 % de las víctimas identificadas, recibieron al menos un servicio de atención médica en un centro de salud. Al revisar quiénes son los más afectados, los peatones ocupan el primer lugar, con 48.365 casos, que representan el 32,8 % del total.En segundo lugar aparecen los conductores de motocicleta, con 44.006 víctimas, equivalentes al 29,8 %, seguidos por los ciclistas, con 20.822 casos, es decir, el 14,1 %. Esto significa que estos tres grupos reúnen el 76,8 % de las personas que recibieron atención médica por accidentes de tránsito.Otro de los datos que llama la atención tiene que ver con la edad. Las personas entre los 15 y los 29 años concentran el 41,6 % de las víctimas. Dentro de este grupo, quienes tienen entre 20 y 24 años registran las tasas más altas. Además, por cada 1.000 habitantes se reportaron 7,3 víctimas hombres, frente a 3,5 mujeres.El panorama también presenta diferencias entre departamentos. Cesar registra la tasa más alta, con 725 víctimas por cada 100.000 habitantes, seguido de Magdalena, con 719; Valle del Cauca, con 718, y Córdoba, con 714. En Atlántico la cifra llegó a 518, mientras que el promedio nacional fue de 282 víctimas por cada 100.000 habitantes.Los días en los que más se presentan estos accidentes también fueron identificados. El domingo encabeza la lista con 28.223 víctimas, equivalentes al 18,9 % del total. Le siguen el sábado y el lunes. Además, el domingo registra el mayor índice de letalidad, con un 0,54 %.A estas cifras se suma el comportamiento de los recursos destinados a cubrir la atención de las víctimas. La ADRES informó que, durante los primeros ocho meses de 2026, giró más de 496.000 millones de pesos por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, eventos catastróficos y eventos terroristas. Solo en agosto los giros alcanzaron los 53.000 millones de pesos.Las instituciones prestadoras de servicios de salud recibieron el 89 % de estos recursos, mientras que los prestadores de transporte asistencial concentraron el 10,4 %.Por otra parte, entre enero y agosto de 2026 se radicaron 44.539 nuevas reclamaciones por accidentes de tránsito, por un valor de 112.331 millones de pesos. Frente al mismo periodo de 2025, el número de reclamaciones aumentó un 18,7 % y el valor solicitado creció un 23,3 %.De estas reclamaciones, el 38,1 % correspondió a accidentes en los que estuvieron involucrados vehículos no identificados; el 36,6 %, a vehículos identificados con SOAT de tarifa diferencial, y el 25,3 %, a vehículos identificados que no contaban con SOAT.Las cifras muestran que los peatones siguen siendo el grupo más afectado por los accidentes de tránsito y que los jóvenes concentran una proporción importante de las víctimas, un panorama que pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección en las vías del país.
El Gobierno Nacional oficializó, mediante la Resolución 002445 de 2026, la línea de crédito directo del plan de choque en salud, una medida que busca facilitar recursos a las EPS para pagar las deudas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos por servicios que estaban pendientes de prestación o dispensación, pero que ya fueron efectivamente suministrados y facturados.La resolución establece que los créditos serán otorgados con recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que se encargará de evaluar las solicitudes y realizar los giros directamente a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud. Es decir, los recursos no serán entregados a las EPS, sino que se utilizarán para pagar las facturas previamente conciliadas y reconocidas entre las partes.La línea de crédito está dirigida a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado que hayan reportado medicamentos y procedimientos pendientes entre el primero y el 20 de septiembre de 2026. Sin embargo, las entidades que se encuentren bajo intervención forzosa administrativa para liquidar o que hayan solicitado su retiro voluntario del sistema de aseguramiento no podrán acceder a este mecanismo.De acuerdo con la resolución, cada EPS podrá acceder a un único crédito, que podrá desembolsarse en uno o varios giros, hasta alcanzar el monto aprobado. El Ministerio de Salud determinará la viabilidad y el monto total de la línea, mientras que la ADRES establecerá el cupo máximo para cada entidad, con base en los pendientes reportados y la valoración de los medicamentos y procedimientos incluidos en el mecanismo.En cuanto a las condiciones financieras, los créditos tendrán una tasa de interés equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin puntos porcentuales adicionales. Las EPS podrán elegir un periodo de gracia de hasta 12 meses y tendrán un plazo máximo de otros 12 meses, después de ese periodo, para pagar el capital en cuotas mensuales. Los intereses se causarán desde la fecha de cada desembolso, incluido el periodo de gracia. En caso de mora, se aplicará la tasa de interés prevista para las obligaciones tributarias administradas por la DIAN.La normativa también establece garantías para recuperar los recursos públicos. Entre ellas se encuentran la autorización para descontar las cuotas de los recursos que la ADRES reconozca a las EPS, el respaldo mediante pagaré y la posibilidad de exigir anticipadamente el pago total de la deuda si la entidad incumple los compromisos adquiridos o entra en proceso de liquidación.Además, las EPS beneficiarias deberán firmar convenios de desempeño con el Ministerio de Salud y la ADRES, en los que se comprometerán a destinar los recursos exclusivamente al pago de las obligaciones autorizadas, reportar los avances y entregar información sobre la actualización de sus estados financieros. También tendrán prohibido exigir descuentos, condonaciones u otras contraprestaciones a los hospitales, clínicas y proveedores por el pago de estas facturas.La resolución fija como fecha límite el 28 de febrero de 2027 para presentar las solicitudes de uso del cupo y el 31 de marzo de 2027 para solicitar los desembolsos, o hasta que se agoten los recursos disponibles, lo que ocurra primero.Finalmente, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud conformarán una Mesa de Seguimiento para verificar la evolución de los medicamentos y procedimientos reportados como pendientes, así como el cumplimiento de los compromisos de las EPS que accedan a los créditos. La medida también contempla el seguimiento a las entidades que no utilicen esta línea, con el fin de identificar la persistencia de pendientes y trasladar a la Superintendencia los posibles incumplimientos para que adelante las actuaciones correspondientes.
La estrategia que puso en marcha el Gobierno busca atender a personas que necesitan medicamentos o procedimientos para continuar sus tratamientos, con prioridad en pacientes con VIH, cáncer, trasplantes y mujeres en gestación.Con corte al 2 de octubre, el Ministerio reportó avances en la entrega de medicamentos del 76,45 % para pacientes con VIH, 74,36 % en gestación, 58,31 % en trasplantes y 54,91 % en cáncer.En medicamentos, el reporte registra 7.252.434 unidades entregadas, equivalentes al 31,2 % de las unidades que estaban pendientes al comienzo del seguimiento.El Ministerio aclara que una unidad puede ser una tableta, cápsula, ampolla u otra presentación y que un mismo paciente puede necesitar varias para completar su tratamiento.El plan comenzó después de que el Gobierno identificara más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.Entre enero y julio de 2026, además, se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud y el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.A finales de septiembre, la ministra Ana María Vesga había explicado que el Gobierno haría seguimiento a cada paciente desde la identificación de su necesidad hasta comprobar que recibiera el medicamento o el procedimiento.Ahora, una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la ADRES, hará seguimiento a los casos pendientes, las entregas y los recursos. También participarán la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.El Gobierno presentó el ABC del Plan de Choque en Salud:¿Qué hará el Gobierno?El Plan contempla una línea de crédito para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, con hasta 12 meses de gracia y otros 12 meses para pagar. La tasa será equivalente al IPC.¿Para qué se usará la plata?Para resolver casos pendientes de pacientes, como medicamentos, procedimientos y otras atenciones. Las EPS deberán demostrar que esos servicios fueron efectivamente prestados.¿Habrá controles?Sí. El Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES harán seguimiento. También participarán la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.¿Qué se va a revisar?Que bajen los casos pendientes, se entreguen los medicamentos, se realicen los procedimientos y los recursos se utilicen para cumplir esos objetivos. También se verificará que los mismos casos no vuelvan a quedar pendientes.¿Qué pasa si una EPS no cumple?El plan contempla mecanismos correctivos dentro del esquema financiero cuando los casos pendientes vuelvan a presentarse.¿Qué pasará con las deudas del sistema?Habrá mesas de conciliación para que las entidades aclaren cuánto se deben entre sí, definan las cuentas pendientes y ordenen el flujo de recursos.¿El plan solo atiende la emergencia?No. También incluye medidas para los próximos años, como definir una UPC suficiente para 2027 en adelante, fortalecer las finanzas de EPS e IPS, mejorar el uso de los recursos, facilitar la compra centralizada de medicamentos de alto costo y fortalecer los hospitales públicos.¿Qué exigirá el Gobierno?Cuentas claras, información transparente, uso eficiente de los recursos y resultados que puedan medirse en la atención de los pacientes. También busca reducir las quejas y resolver los reclamos antes de que lleguen a una tutela.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, detectó presuntas irregularidades en reclamaciones por más de 20 mil millones de pesos, relacionadas con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas.La revisión se realizó en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y contempló 557 reclamaciones presentadas en diferentes regiones del país. De acuerdo con la Adres, el 86 % de estos casos tendría inconsistencias relacionadas con la acreditación de los hechos terroristas bajo los cuales fueron presentadas las solicitudes de reconocimiento de recursos.Los procesos buscaban que se reconocieran recursos por concepto de indemnizaciones por muerte y gastos funerarios. Sin embargo, tras la revisión, la entidad determinó no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía.La normativa establece que la Adres puede reconocer este tipo de indemnizaciones cuando el fallecimiento se deriva, entre otros eventos amparados, de actos terroristas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para acreditar las circunstancias de los hechos.El director general de la Adres, Iván Sánchez Arango, aseguró que, tras los hallazgos, la nueva administración puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una noticia criminal y señaló que continuarán las investigaciones internas que correspondan.La entidad también indicó que seguirá atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y entregará la información y documentación necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.La Adres señaló que estas medidas hacen parte de las acciones para proteger los recursos públicos destinados a financiar el sistema de salud y de la política anticorrupción impulsada por el Gobierno nacional.La entidad reiteró además su compromiso con la protección de los recursos de la salud, la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.
El Gobierno nacional prepara una nueva medida dentro de su plan de choque para enfrentar la crisis del sistema de salud. Se trata de una línea de crédito con recursos administrados por la Adres, que busca ayudar a las EPS a pagar parte de las deudas que tienen con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.De acuerdo con el borrador de resolución, el mecanismo funcionaría como un préstamo. Las EPS podrían acceder a un cupo de crédito, pero los recursos no llegarían directamente a sus cuentas. La Adres sería la encargada de girar el dinero directamente a los prestadores y proveedores que tengan las facturas pendientes.La propuesta contempla que estos recursos sean destinados exclusivamente a medicamentos y procedimientos que las EPS reportaron como pendientes de entrega o prestación entre el primero y el 20 de septiembre de 2026.Para que una factura pueda ser pagada mediante este mecanismo, deberá estar identificada, validada y conciliada entre la EPS y el hospital, clínica o proveedor. También deberá comprobarse que la obligación sigue pendiente y que no ha sido pagada o financiada mediante otro mecanismo.Una vez Adres realice el giro, el prestador recibirá el dinero y la EPS quedará con la obligación de devolver esos recursos a la entidad estatal.El borrador establece un periodo de gracia de hasta 12 meses y un plazo adicional de hasta 12 meses para pagar el crédito, con una tasa equivalente al IPC. Además, la Adres podrá descontar las cuotas de los recursos que posteriormente le reconozca a la EPS.La propuesta también contempla controles para garantizar el uso de los recursos. Antes del primer desembolso, las EPS deberán firmar un convenio de desempeño con el Ministerio de Salud y la Adres y comprometerse a utilizar el dinero únicamente para las obligaciones autorizadas.Si una EPS incumple las condiciones pactadas o entra posteriormente en un proceso de liquidación, la Adres podrá exigir el pago inmediato del saldo pendiente y utilizar las garantías establecidas para recuperar los recursos.Por ahora, el borrador no define cuánto dinero tendrá disponible esta línea de crédito ni cuánto podrá recibir cada EPS. El Ministerio de Salud deberá establecer esos valores teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de la Adres y las obligaciones que sean validadas.La iniciativa todavía está en etapa de borrador y, de concretarse, sería uno de los mecanismos incluidos por el Gobierno en su plan de choque para atender las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no usará $79.183 millones de los recursos asignados al funcionamiento administrativo de la entidad para este año, como parte de una medida de austeridad en la gestión de los recursos públicos.Según la entidad, la iniciativa permitirá que los recursos vuelvan al sistema de salud de los colombianos para que sean destinados a otras necesidades del sector.Dentro de las medidas tomadas por la ADRES está la reducción de la planta de personal por un valor de $65.675 millones, saldos no comprometidos (cargos no provistos de enero a septiembre) por $5.827 millones, así como saldos no comprometidos relacionados con contratos en curso por un valor de $7.681 millones.“Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, señaló el director de la ADRES, Iván SánchezEl director agregó además que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional en los últimos días, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en esta primera fase del plan.Según la ADRES, la austeridad por parte de la entidad corresponde a la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes.“Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan. Esto es, la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes”, concluyó.
La Superintendencia de Salud señaló que detectó inconsistencias en las postulaciones de septiembre de giro directo por $38.724 millones realizadas por algunas EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes al pago de servicios de salud de los regímenes Subsidiado.La entidad aseguró que, como resultado de una revisión focalizada y del cruce de información financiera reportada por las EPS, identificó situaciones que generaron alertas sobre la consistencia y trazabilidad de la misma.Frente a esto, la Supersalud ordenó, como medida preventiva, la exclusión temporal de 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, por un valor de $38.724 millones, de los procesos de giro de recursos sujetos a medidas cautelares de cesación de pagos. Según la entidad, la decisión busca evitar que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sean girados mientras se verifica la información reportada y determina la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones que sustentaron las entidades en sus postulaciones.Entre los hallazgos de la Superintendencia están algunos valores postulados superiores a las obligaciones registradas, postulación de recursos a terceros, de los cuales no se evidenciaron deudas reconocidas en la información analizada por la entidad. Además, insuficiente trazabilidad documental para soportar algunas de las obligaciones reportadas por las EPS. La entidad reiteró que mantendrá la vigilancia permanente sobre el flujo de los recursos del sistema de salud en el país, para de esta forma identificar de manera oportuna riesgos y adoptar las medidas necesarias para proteger el dinero destinado a garantizar la atención de los usuarios.Las EPS e IPS involucradas deberán presentar las explicaciones, documentos y soportes necesarios para establecer la consistencia y trazabilidad de las obligaciones incluidas en las postulaciones de giro directo para el mes de septiembre.
Iván Sánchez será el nuevo director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Sánchez estuvo al frente del proceso de empalme del Gobierno de Abelardo De La Espriella en el sector salud y en las últimas semanas también había sonado como uno de los posibles nombres para ocupar el Ministerio de Salud.Su llegada a la ADRES lo ubicará al frente de una de las entidades más importantes del sistema, teniendo en cuenta que esta administra los recursos destinados a la salud y cumple un papel central en el flujo de dinero hacia los distintos actores del sector. Sánchez ha sido, además, uno de los principales exponentes del denominado plan de choque que plantea el nuevo Gobierno para enfrentar la situación financiera y asistencial del sistema de salud. Entre las medidas previstas está una inyección inmediata de 10 billones de pesos para buscar estabilizar la red hospitalaria, garantizar la atención de los pacientes y mejorar la entrega de medicamentos.Recordemos que el plan también contempla una mayor vigilancia sobre los recursos mediante un esquema centralizado de supervisión que utilizaría herramientas como inteligencia artificial, Big Data y blockchain para hacer seguimiento al flujo de los dineros del sistema. En este escenario, uno de los principales retos de Sánchez al frente de la ADRES estará relacionado con las decisiones sobre la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir, los recursos que se destinan para financiar la atención en salud de los afiliados. Este ha sido uno de los puntos más cuestionados por el sector durante los últimos meses, particularmente por considerar insuficientes los recursos definidos para garantizar la prestación de los servicios.
En medio de la expectativa por conocer la realidad financiera de la EPS mixta Savia Salud, cuya administración retornó a sus accionistas tras la suspensión de la intervención por parte de la Supersalud, varias voces se han pronunciado sobre el futuro de la entidad con más de 1.6 millones de usuarios.Quien lo hizo recientemente desde Medellín fue el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Adres, Félix León Martínez, quien se mostró positivo frente al manejo que podría darle la Gobernación de Antioquia (36,65%), la Alcaldía de Medellín (36,65%) y Comfama (26,70%) como propietarios.No obstante, el directivo advirtió que se requiere un gran esfuerzo por capitalizar la EPS, de lo contrario su situación poco mejorará o incluso podría empeorar."Ojalá lo retornen, pero le inviertan platica, porque es que el problema es que los dueños de las EPS quieren vivir solo a costa del Gobierno. No, no, ellos no invierten nada, no arriesgan nada, no tienen capital propio y trabajan con la plata del míster. En en las empresas privadas eso no se permite", indicó.Martínez añadió que Savia Salud está retornando a sus dueños, de mayoría pública, en un sistema donde se requiere una fuerte inyección de capital para quienes asuman la administración de entidades con graves problemas financieros y que hasta ahora no hay certeza sobre la capacidad suficiente para que las entidades locales sean quienes la saquen a flote."Para ser dueño, hay que tener plata. Eso dice el capitalismo. Yo, no me lo inventé yo. Y entonces yo le dije al presidente el otro día, pero que se le devuelva a su dueño. ¿Cuáles dueños? Si no tienen un peso, no tienen, los accionistas no tienen un peso, el capital se perdió. ¿Cuáles son los dueños?", aseguró.Savia salud atraviesa una fuerte crisis. Reportes recientes indican que, tras la intervención del Gobierno nacional, su endeudamiento aumentó 166 %, afectando las obligaciones con clínicas y hospitales que también se duplicaron en los últimos tres años de administración.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los jugadores verificar sus apuestas y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
