El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado."Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", reza un auto del TC.La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso".El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH."Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.En ese sentido, la resolución emitida este martes por el TC también llamó "severamente la atención" al juez de Ica y lo exhortó a "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus".El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".Por su parte, la CorteIDH pidió al Gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.Al respecto, el TC se manifestó en su resolución de este martes "sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia".Tras señalar que "resulta inobjetable" que "existe una obligación del Estado de cumplir" con las decisiones emitidas por la CorteIDH, consideró que esta debe someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) "los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos".Según el análisis de los magistrados firmantes, por ese motivo "queda fuera de su competencia (de la CorteIDH), ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional"."En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022", remarcó. Vea también
El Tribunal Constitucional de Perú ha emitido un auto en el que rechaza una petición de aclaración del Ministerio de Justicia y deja abierta la probabilidad de una excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, según explicó este martes el exabogado del exmandatario, César Nakazaki.La resolución del TC en la que declara improcedentes las solicitudes del Ministerio de Justicia y remite lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado a favor de Fujimori, ha sido compartida en redes sociales por los medios de comunicación.Nakazaki explicó en entrevista con Canal N que el actual abogado de Fujimori, Gregorio Fernando Parco, presentó un hábeas corpus en la ciudad de Ica, que llegó al Constitucional y este estableció (en 2022) restablecer los efectos del indulto humanitario que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017."Esa sentencia del TC que debía implicar la inmediata libertad de Alberto Fujimori fue bloqueada con la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Ejecutivo (del entonces presidente Pedro Castillo) dijo que esa medida cautelar impedía que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional", indicó el Nakazaki.El letrado añadió que, si lo que ha decidido el TC es que ya acabó el proceso de hábeas corpus, "entonces la probabilidad de una excarcelación, por supuesto, que queda plenamente abierta porque lo único que podría hacer el juez de Ica es ejecutar la sentencia del TC".El indulto humanitario otorgado a Fujimori en vísperas de la Navidad de 2017 fue anulado meses después por presuntas irregularidades y tras un recurso de la Corte Interamericana que pedía al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los cuales Fujimori fue condenado a prisión.El exmandatario, de 85 años, permanece internado en el penal de Barbadillo, al este de Lima, junto a los exgobernantes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).Puede ver:
En una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el expresidente de Ecuador Rafael Correa expresó su preocupación sobre la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sugiriendo que podría seguir un camino similar al del expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.Correa afirmó que, aunque Bukele podría estar actuando de buena fe para resolver problemas graves en El Salvador, hay límites éticos universales que se están violando. "En El Salvador se están rompiendo derechos humanos. No hay debido proceso", afirmó el expresidente ecuatoriano.Correa comparó a Bukele con Fujimori, quien asumió el poder en Perú en la década de 1990 en medio de una crisis económica y de seguridad. Fujimori logró estabilizar la economía y combatir el terrorismo, pero violó los derechos humanos y la constitución en el proceso. Correa expresó su preocupación de que Bukele pudiera estar yendo por un camino similar."A mí me recuerda mucho Bukele a Fujimori. Fujimori controló la economía, lo cual no ha hecho Bukele. No hay cambios económicos en el caso salvadoreño, pero acabó sobre todo con el terrorismo, rompió derechos humanos, rompió la constitución y cuando ya cumplió su tarea, la propia derecha lo traiciona, dijo Correa.Correa, igualmente, expresó que teme que Bukele también esté siendo utilizado para enfrentar problemas graves, como la inseguridad, y que podría ser abandonado una vez que ya no sea útil: "Mientras sea útil, lo van a seguir apoyando. Luego lo votarán. Mire lo que le pasó a Fujimori".A pesar de su crítica, Correa expresó su esperanza de que estuviera equivocado en su evaluación: "Ojalá me equivoque, ojalá, porque insisto, me cae bien Bukele, creo que actúa con la correcta intención, ojalá me equivoque, pero Bukele puede ser el futuro Fujimori de Centroamérica."Correa también criticó la idea de que el autoritarismo es una solución efectiva a los problemas de seguridad. Citó su propia experiencia en Ecuador, donde implementó políticas de seguridad efectivas sin recurrir a la represión. "No es que se tiene que meter presos a todo el mundo", dijo.
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue recluido este domingo en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rímac, hasta la prisión, ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.En un comunicado, el INPE explicó que la junta técnica de clasificación determinó que Toledo debía ser enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, con base en una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios para ello y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno.El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 78 años, dejó las instalaciones de la Corte Superior Nacional, después de asistir a una audiencia de control de identidad, y que fue puesto a disposición del INPE para llevarlo al penal, donde cumplirá la prisión preventiva de 18 meses.Precisamente, en la cárcel de Barbadillo permanecieron durante todo el domingo un gran número de periodistas para registrar el ingreso del exgobernante, así como simpatizantes del desaparecido partido Perú Posible, la organización política fundada por Toledo y que lo llevó a la presidencia de la República en 2001.En ese establecimiento penitenciario, Toledo será vecino de celda con Fujimori, a quien sucedió en la Presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en las elecciones generales de 2000.Fujimori, de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y solo abandonó esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado.También le puede interesar:
Sectores políticos conservadores han convocado este martes a una "marcha por la paz" en varias ciudades de Perú, evento que contó con el apoyo inicial de la Policía Nacional, anticipándose al probable reinicio de las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.Distintas organizaciones y líderes políticos conservadores han pedido el respaldo de la población a la "marcha por la paz", que recorrerá varias avenidas del centro de Lima y otros puntos del país, un día antes de que finalice la tregua dada al Gobierno por las movilizaciones de protesta de diciembre pasado.Sin embargo, lo más llamativo de la convocatoria para este martes fue el llamado hecho, a través de las redes sociales, por el general de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Óscar Arriola, a "todos los peruanos" para que acudan a movilizarse a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) en todo el país."Ni una gota de sangre más. Ni un peruano más herido. No a la violencia", pedía Arriola en un video compartido por la Policía Nacional en referencia a los 28 fallecidos en las protestas desarrolladas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.La convocatoria de Arriola generó críticas en otros sectores políticos por su aparente activismo e infracción de la Constitución Política, razón por la cual la Policía Nacional del Perú (PNP) pidió el lunes a sus miembros que no promuevan ni participen en la aludida marcha."Se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes", informó en un comunicado la institución.La PNP eliminó de sus redes sociales la invitación a "ser parte de esta gran marcha por la paz que se realizará en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional", que hicieron pública el pasado sábado y replicaron durante los días posteriores.Entre las publicaciones borradas de las cuentas oficiales de la PNP, se encuentra el video del general Arriola y la misma institución recordó en un comunicado que "en concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna".Además, señaló que la Policía es "promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".A partir de este miércoles, el Gobierno de Boluarte prevé una reactivación de las protestas antigubernamentales en la zona sur del país, y, por ese motivo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a los sureños departamentos de Arequipa y Puno para coordinar acciones con las autoridades de la región ante una posible escalada de la violencia.En declaraciones a la prensa, Rojas dijo que "jamás una marcha por la paz va a tener un tinte político" y pidió que "no se malinterprete que pedir marchar por la paz sea algo para enfrentar".Le puede interesar:
Unos protestan en los Andes para exigir, incluso con violencia, su libertad. Otros apoyan que los militares contengan las manifestaciones a tiros. ¿Por qué el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, genera pasiones extremas?Cuando Castillo, un humilde maestro rural de izquierda, trató de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre, la aprobación a su gestión llegaba al 31%.Su gobierno "fue sumamente caótico, contradictorio, lleno de marchas y contramarchas, y de gestión pública tuvo prácticamente nada", dice a la AFP Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.En el año y medio que estuvo en el poder, de los cinco del mandato, tanto él como su entorno fueron señalados de corrupción.Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue destituido por el Congreso y preso por rebelión.1. Identificación"Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. Este Congreso enquistado en Lima ha vulnerado nuestros derechos", dice Freddy Quispe (45), agricultor en la sureña Abancay, Apurímac, mientras bloquea una vía bajo la atenta mirada policial.Más de la mitad de los 33 millones de peruanos se considera mestizo y una cuarta parte indígena, según el censo de 2017. A Castillo lo respaldan sectores rurales, empobrecidos, postergados. Fueron ellos quienes más lo votaron."Todos nuestros recursos están en manos de los privados. Apurímac es zona minera y tenemos problemas económicos, raciales, los de Lima nos tratan como cholos, como indios, como brutos", considera Juan Ochicua (53), agricultor en esta ciudad, epicentro de las protestas.Castillo "buscó generar una identificación con el uso del sombrero, el uso del poncho, reivindicando su origen campesino, su vínculo con las comunidades", dice a la AFP la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).Quienes lo apoyan consideran que la obstrucción del Congreso lo forzó a hacer lo que hizo y se identifican con ese "maltrato", agrega.Intentó "dar un autogolpe, cosa poco democrática, pero eso se esfuma en la desconfianza de un sector que no cree que sea así y sale a defender a alguien que 'es como yo'", sostiene Aldo Panfichi, profesor principal de Ciencias Sociales en la PUCP.Enfrentamientos entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad han dejado 22 fallecidos en dos semanas.2. Repudio al CongresoEl Congreso estaba más desprestigiado que Castillo: el mes pasado tenía más de 80% de desaprobación. Varios de sus miembros han sido señalados por corrupción y hasta violación sexual.Quien perdió la elección, la derechista Keiko Fujimori, no reconoció el triunfo de Castillo y denunció fraude. Pero logró suficientes escaños para hacerle contrapeso.Keiko, quien estuvo en prisión preventiva en el marco de la pesquisa por el caso Odebrecht, es hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos."Yo creo el factor más gravitante es el repudio que se tiene al Congreso (...) el factor que más ha encendido la situación", sostiene Cárdenas.Castillo "ha tenido una serie de falencias, pero ha ejercido en las condiciones más duras, con hostilidades desde antes de que asumiera, con un Congreso obstruccionista", detalla Ilizarbe.3. Racismo"Perú es un país sumamente racista y sumamente discriminador, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta", explica Cárdenas.Originario de Chota, Cajamarca, en la sierra norte, Castillo habla con acento andino, motivo de discriminación. A veces le cuesta transmitir las ideas y lo llaman "burro" para significar falta de inteligencia.Panfichi recuerda que hay un tema de clasismo y "temor a perder los años de crecimiento económico". "Se aspira a un modelo más occidental y miran a Castillo y dicen: no me representa".4. "Terrucos"La policía dice que entre los agitadores de las protestas hay personas vinculadas al proscrito Sendero Luminoso, grupo maoísta considerado terrorista que le declaró la guerra al Estado entre 1980 y 2000.Reclutaban campesinos forzosamente, que quedaron atrapados en el fuego cruzado de senderistas y militares.Tras la derrota de Sendero, mucha población indígena quedó estigmatizada bajo el apelativo de "terruco", calificativo que en el Parlamento o redes sociales se aplica a quienes impulsan propuestas de izquierda."Todos los sectores empobrecidos del país son potencialmente terrucos, ese es el imaginario", comenta Ilizarbe.Para Panfichi, esos ataques suelen venir de un sector conservador que en Perú tiene "un pensamiento poco elaborado, básico y autoritario, aunque estima que es un tema generacional.Ciudadanos emergentes o gente exitosa en los negocios integran las nuevas élites. "Ya no se puede asociar dinero con color de piel", dice Panfichi.Le puede interesar:
El expresidente de Perú Pedro Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), informó este viernes el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).El organismo señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate, se ha tomado "por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República".Detalló que la Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó, en primer lugar, que el exgobernante sea clasificado "en el régimen ordinario" de prisión."El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de la libertad en los establecimiento penitenciarios a nivel nacional", concluyó.El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.Checkley dijo que la prisión preventiva "se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024".De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.El exgobernante será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Legislativo, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, además de convocar a una asamblea constituyente.Tras su destitución fue reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien afronta desde el pasado domingo una serie de protestas y manifestaciones violentas que han dejado, hasta el momento, 20 muertos en el país.Le puede interesar: 'El Camerino'
El destituido presidente peruano Pedro Castillo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente "quebrantar el orden constitucional", después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de "quebrantamiento del orden constitucional".
La Corte Suprema de Perú dictó este martes cuatro años y medio de cárcel contra el excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del exlegislador.La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, leyó en una audiencia el adelanto del fallo que condena a Fujimori y a otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias reales y agravado.Sin embargo, la corte los absolvió del delito de cohecho (soborno) y determinó que la pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme, es decir, ratificada en segunda instancia.Contra los sentenciados, los magistrados también dictaron 18 meses de inhabilitación de la función pública y la imposición de una multa, que en el caso de Fujimori asciende a 52.000 soles (unos 13.600 dólares).CASO "MAMANIVIDEOS"Aunque el hermano de la excandidata presidencial Keiko Fujimori negó durante el juicio oral todos los cargos por los que la Fiscalía solicitó 12 años de cárcel en su contra, la Corte Suprema lo halló responsable de haber realizado negociaciones para ayudar a Kuczynski a continuar en el cargo a cambio de que indultara a su padre, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber salvado un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.En marzo de 2018, mientras se orquestaba un segundo intento de la oposición por destituir a Kuczynski, salieron a la luz unos videos grabados con cámara oculta por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani en los que se apreciaba a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez ofrecerle obras del Gobierno para su región a cambio de votar en contra de la destitución presidencial.La difusión de estos videos dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de destitución, tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, quien prefirió dimitir en marzo de 2018 para evitar la inminente destitución por "incapacidad moral permanente".ARGUMENTOS DE LA CONDENADurante la lectura del fallo, a cargo del juez José Neyra, la sala revisó el informe pericial que verificó la autenticidad y originalidad de los audios y videos que sirvieron de pruebas para este caso y concluyó que estos no fueron manipulados ni editados, más allá de los cambios de nombres en los archivos originales de un reloj espía.Además, la sala defendió la legitimidad de que Mamani grabara las imágenes, algo que había sido cuestionado por la defensa de los ahora sentenciados, y determinó la validez de sus declaraciones.Durante la lectura, que se extendió por unas tres horas, Neyra leyó extractos de reuniones en las que los excongresistas buscaban convencer a Mamani de no votar por la segunda moción de destitución contra Kuczynski a cambio de ofrecimientos de proyectos de obras."Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región?", dijo Fujimori en uno de ellos.Pero la sala sostuvo que, al no haberse probado a qué obras se referían estas conversaciones, que eran más bien sobre propuestas genéricas, sin especificación, consideró no aplicable el delito de cohecho genérico por el que los imputaba el Ministerio Público.En cambio, aseveró que "está probada la responsabilidad penal de cada uno" de los acusados en el delito de tráfico de influencias agravado al afirmar la existencia de un "plan criminal conjunto" en dos reuniones concretas en las que los exlegisladores abordaron la ejecución de obras.En este caso también está el exasesor de Fujimori, Alexei Toledo, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por la sala, que anunció que el próximo 25 de noviembre realizará una audiencia para leer la sentencia completa.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión, fue trasladado este viernes a un hospital de Lima tras sufrir una "descompensación" en su estado de salud, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).A través de un mensaje en Twitter, el INPE anunció que Fujimori, de 83 años, fue trasladado de la prisión de Barbadillo "al hospital de (el seguro social) Essalud de Vitarte debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud".El exgobernante tuvo un episodio similar hace un mes, tras el cual su hija Keiko Fujimori explicó que había sufrido un cuadro de fibrilación auricular y, por ese motivo, fue internado en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada.Fujimori ha sido internado en los últimos meses en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.El ex jefe de Estado cumple una sentencia dictada en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron la muerte de un total de 25 personas, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de 1992.El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).Tras conocerse la decisión del tribunal internacional, su hija mayor y actual líder opositora aseguró que no pierde la fe de que su padre sea liberado, y calificó el fallo como "absolutamente injusto para una persona enferma y de avanzada edad" a la que causa "muchísimo dolor".La excongresista y excandidata presidencial, procesada actualmente por presunto lavado de activos, dijo entonces que "las últimas decisiones legales" tomadas por la CorteIDH "sin duda han afectado la salud" de su padre.La CorteIDH también requirió al Estado de Perú que presente un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar por los casos Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC. Lea tambiénEscuche el podcast de 'Bien Puesto'
La reforma a la salud, tal y como estaba presentada, se hundió en el Senado y ahora el Gobierno busca nuevos acuerdos con las EPS y entidades de salud para lograr ese cambio en el sistema que ha promovido el presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato. Según explicó en Mañanas Blu el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo borrador precisa que varias cosas “seguirán como están” actualmente, como el “trabajo” que hacen las EPS hoy en día.En ese sentido, admitió que ha sido “un camino muy tortuoso” desde que empezaron las mesas de negociación respecto a los ajustes para todo el sistema de salud del país. Según dijo, este año se han hecho 11 reuniones hasta que, por fin, en uno de los desayunos se dio a conocer que algunas “EPS querían transformarse”; ahí, se retomó el trabajo para alcanzar los nuevos consensos.“El acuerdo es que las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, continúan con el aseguramiento de salud, se mantiene todo el trabajo, todo lo que hacen las EPS, lo seguirá haciendo; van a auditar todas las cuentas porque ya el dinero no va a llegar a las EPS, sino lo va a transferir el Adres directamente a quien ha prestado servicio (…) Todos los colombianos vamos a ser afiliados a una EPS”, detalló el ministro Jaramillo.Lo único que cambia, aclaró, es que las EPS no recibirán el dinero, sino que el giro llegará directamente a los hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos y equipos. Por eso, recalcó, la condición es que estas entidades presten el mejor servicio a los pacientes y usuarios, con “clara satisfacción” y “preocupándose” por todos.Aseguró que este acuerdo no afectará a los afiliados de las EPS, quienes seguirán recibiendo atención en los mismos centros de salud. Sin embargo, se espera que se mejore la eficiencia y se solucionen los problemas estructurales y económicos del sistema en general.En cuanto a la integración vertical de las EPS, el ministro comentó que se buscará evitar la preferencia de algunas redes sobre otras y se garantizará el pago equitativo a hospitales y clínicas. En ese sentido, se refirió también al caso de Compensar, señalando que aún no se ha definido su desactivación como EPS, ya que la empresa no ha presentado los documentos requeridos; se espera que se llegue a un acuerdo en los próximos meses.En relación al tarifario de salud, reconoció que hubo un error en su publicación y se comprometió a corregirlo. El tarifario será usado como referencia, especialmente, en casos de accidentes de tránsito y situaciones catastróficas.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia aceptó el "inmenso honor" de ser el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición antichavista, para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en sustitución de María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular."Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela", señaló González Urrutia en su cuenta en la red social X.Asimismo, dijo que "próximamente" se dirigirá a todos los venezolanos que "apuestan a la recuperación del país", sin ofrecer más detalles.Maduro invita a volver a la oficina de la ONU para DDHH, expulsada de Venezuela en febreroEn diálogo con Mañanas Blu, González Urrutia señaló que “inicia la recuperación de Venezuela”. Su principal objetivo es “procurar la normalización y la reinstitucionalización democrática”.Además, agregó: “El objetivo es procurar la normalización y la reinstitucionalización democrática en Venezuela. Ese es el objetivo fundamental y hay una tarea titánica por delante y vamos a ir construyéndola con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en Venezuela y con el concurso de todos los venezolanos que están fuera y los que quieran regresar”.González Urrutia es un diplomático de carrera, fue embajador en Argentina y Argelia, así como miembro del consejo editorial del medio El Nacional. Posteriormente fue uno de los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), actualmente la Plataforma Unitaria.
En una reciente actualización de políticas de salud, el Ministerio de Salud atrajo la atención nacional tras la publicación y posterior retiro de un borrador de decreto que proponía actualizar el sistema tarifario para procedimientos médicos.Este borrador, destinado a reemplazar el manual de régimen tarifario vigente, fue eliminado de la plataforma oficial poco después de su publicación debido a un error en la indexación de las Unidades de Valor Tributario (UVT), afectando principalmente a procedimientos quirúrgicos e intervencionistas y servicios de internación.La exministra Carolina Corcho expresó su preocupación en redes sociales e instó al ministerio a explicar las razones detrás de la publicación de un documento con errores evidentes. En respuesta, el Ministerio de Salud publicó un informe detallando que la pronta identificación de errores en tres tablas críticas del borrador motivó su retiro, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y corrección del proceso.La explicación del ministro Guillermo Alfonso JaramilloEn diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó la situación y los pasos que seguirán respecto al controversial tarifario."Desafortunadamente, hubo un problema de indexación que no fue adecuado. Estamos trabajando para corregir este error, que esperamos no haya sido algo intencional. Tenemos que corregirlo porque pues todas las cosas son corregibles y ese error, pues nos tocará que pagarlo", comentó el ministro.El ministro aclaró que el tarifario no será obligatorio, sino que servirá como referencia principalmente para casos relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y situaciones de catástrofe."El tarifario que proponemos no es para uso obligatorio, sino como una referencia en situaciones específicas que así lo requieran", afirmó Jaramillo."Si para que puedan funcionar las cosas se necesita tener un tarifario, este que salga es especialmente para algo que es el SOAT, los accidentes de tránsito y para los temas catastróficos", explicó el ministro.Reforma pensional, ¿los jóvenes se quedarían sin pensión?Tarifario no es control de preciosFinalmente, el ministro dijo que la intención no es regular la actividad económica de forma estricta sino proporcionar una base de referencia que pueda ser de utilidad en circunstancias extraordinarias.“Nosotros no podemos regular la actividad económica, pero da un tarifario en donde por lo menos tengan una base. Pero es que tenemos todavía usamos. Imagínense que todavía usamos el del Seguro Social del siglo pasado”, concluyó el ministro en Mañanas Blu.
Un S.O.S lanzó la gobernadora de Sucre, Lucy García, al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por el fantasma de una nueva inundación que vuelve a atormentar a La Mojana, pues apenas empezaron las lluvias y ya el agua se está filtrando en 150 metros de la barrera recién construida por la entidad para cerrar el chorro de Caregato.Y es que hace unas semanas, después de más de dos años de inundaciones, se logró frenar la entrada de agua en Caregato, pero ello no significa que el boquete esté cerrado completamente, porque aún falta realzar el dique y reforzar la obra, trabajos a los que ahora les bajaron el ritmo por falta de financiación.En diálogo con la comunidad, el ingeniero de la obra Germán Serrano aseguró que, a pesar de que el personal y la maquinaria están trabajando en terreno, hace más de 120 días la UNGRD no desembolsa un peso para continuar las obras."Es muy crítico, estamos trabajando y respondiendo, pero la verdad nos estamos asfixiando financieramente. Necesitamos el apoyo de la entidad, porque esto no lo podemos lograr solo, esto es trabajo en equipo, hemos mostrado seriedad y responsabilidad, pero son 120 días sin desembolso de recursos", manifestó.Es por esto que la gobernadora de Sucre hizo un llamado urgente al director Carrillo para “que se apersone de la situación”, pues otro desbordamiento del río Cauca acabaría una vez más con los cultivos y trabajos de preparación de tierra realizados por las comunidades campesinas.“Hay que tomar las medidas necesarias para retomar nuevamente el buen ritmo de las actividades del cierre de Caregato y no truncar las esperanzas de nuestros campesinos de la subregión de La Mojana y San Jorge y evitar poner en riesgo sus vidas y patrimonio”, señaló la gobernadora.La advertencia de la mandataria se dio tras una visita de inspección realizada en esta semana por personal de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de Sucre, en cabeza de Paola Tous, quien estuvo acompañada por la Procuraduría Ambiental.
En medio del debate sobre la reforma pensional y su impacto en las futuras generaciones, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de las preocupaciones que tienen los jóvenes sobre sí recibirán su pensión.Las especulaciones han girado en torno a la posibilidad de que los jóvenes, dentro de 50 o 60 años, se vean privados de una pensión adecuada debido a los cambios en el sistema de pensiones propuestos por la reforma. Sugieren que los jóvenes podrían enfrentar un aumento significativo en sus cotizaciones, pasando del 16 % actual a un 35 %, lo que generaría una presión fiscal insostenible en el futuro.Lea también: Reforma pensional: cómo afectaría a Porvenir y otros fondos, si sube umbral¿Los jóvenes se quedarían sin pensión?El viceministro Jaramillo aseguró que la reforma pensional no contempla un aumento tan drástico en las cotizaciones. Según sus declaraciones, la reforma tiene como objetivo garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a una pensión digna, sin imponerles cargas financieras excesivas. "Justamente por eso hay cuentas intergeneracionales que van a acompañar a la administración del fondo de ahorro. Por eso es que se requiere la reforma”, aseguró. Además, Jaramillo destacó que la reforma busca asegurar que los jóvenes tengan una garantía constitucional de pensión y que se están tomando medidas para respaldar esta garantía. "Lo que estamos haciendo es todo para que esa garantía constitucional tenga respaldo”, dijo. “La reforma lo que busca es asegurar que las futuras generaciones tengan esa garantía (...) No se puede confundir y decir que la reforma prevé aumentar la cotización al 35 %. Quiero que quede muy claro en este mismo escenario que eso no se prevé”, puntualizó.Los puntos clave que aprobó el Senado de la reforma pensionalEl Senado aprobó un sistema pensional donde todos los colombianos estarán afiliados al sistema público y solo quienes ganen más de 2.3 salarios mínimos podrán mover parte de sus ahorros a cuentas individuales en las AFP.Los colombianos mayores de 65 años que no pudieron cotizar y viven en pobreza recibirán un bono mensual equivalente al umbral de pobreza extrema (a la fecha, $223.000).Aquellos que cotizaron menos de 300 semanas recibirán un pago único total, mientras que quienes tengan entre 300 y 999 semanas recibirán un pago vitalicio por debajo del salario mínimo.Personas con mil semanas cotizadas podrán optar por una pensión anticipada, descontando las semanas que les falten, y se ofrece la opción de sumar semanas cotizadas con la pareja para una pensión compartida.Los ahorros actuales en las AFP permanecerán allí hasta que se solicite la pensión, momento en el cual se transferirán a Colpensiones, que será el único administrador de pensiones.Las nuevas cotizaciones irán principalmente a Colpensiones, pero serán administradas por el Banco de la República con soporte de gestores especializados.La reforma aún necesita ser aprobada en dos debates adicionales en la Cámara de Representantes y podría requerir conciliación antes de convertirse en ley.La implementación del nuevo sistema pensional está programada para julio de 2025, permitiendo una transición del sistema actual al nuevo.