El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, reveló en primicia que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a juicio a los coroneles en retiro Óscar Eduardo Peláez Carmona y Argemiro Serna por el magnicidio de Luis Carlos Galán.Peláez Carmona fue director de la Dijin y Serna era el comandante de la Policía de Cundinamarca y fueron llamados por la Fiscalía como presuntos participantes del complot para matar a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha en 1989.Por el asesinato de Galán han sido condenados el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero quien, según se comprobó, instigó a Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, a asesinar al entonces candidato presidencial, que pregonó la necesidad de buscar una mayor democracia, de encontrar la paz y la justicia social. También fue condenado a 30 años de cárcel Miguel Maza Márquez, quien debilitó el esquema de seguridad de Galán, en ese entonces el hombre más amenazado del país.Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en plena campaña a la Presidencia en la plaza principal de Soacha. Pocos segundos después de que subió a una improvisada tarima hecha de tablas, los asesinos, que estaban mezclados con la gente que seguía al político, accionaron las armas que terminarían segando la vida del que era en ese momento el favorito para ganar las elecciones para convertirse en presidente de Colombia para el periodo 1990-1994.
Un juez otorgó la libertad condicional al exministro Justicia Alberto Santofimio, condenado a 25 años de cárcel por el crimen de excandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.Vea aquí: Duque analiza endurecer excepciones ante desobediencia de ciudadanos en cuarentenaEl exalto funcionario, que está recluido en la cárcel La Picota, deberá pagar seis salarios mínimos legales vigentes y suscribir un compromiso como buena conducta para no perder este beneficio carcelario. El pasado 11 de marzo, la defensa de Santofimio Botero había interpuesto un recurso asegurando que por ser un adulto mayor era un recluso con un alto riesgo de contraer el COVID-19 en ese penal.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud de sometimiento de Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, señalados de tener responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989.En abril de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había fallado en su contra en primera instancia y, en esta ocasión, es la Sección de Apelación la que ratifica esta decisión.Lea también: ¿Por qué condenaron a Maza Márquez?Así las cosas, ambos procesos estarán en la Corte Suprema de Justicia, tribunal natural para la definición, luego de haber sido hallados responsables del asesinato del candidato presidencial en la plaza principal del municipio de Soacha.Según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la JEP se apoyó en sentencias de la corte en las que se condenaron a Maza y a Santofimio, considerando que el delito cometido contra Galán se produjo por razones de narcotráfico y que no tiene ninguna relación con el conflicto, lo cual, le cierra las puertas a cualquiera que desee entrar a la JEP en referencia a ese caso particular.“Se presentaron dos peticiones de sometimiento: uno por el homicidio de Galán (no se acepta) y otro por el delito de concierto para delinquir que afecta principalmente a Maza Márquez, exdirector del DAS, dado que tiene una relación con el conflicto armado interno por su participación en la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio”, agregó Cifuentes Muñoz.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Un juez colombiano revocó la detención domiciliaria y envió de nuevo a la cárcel al exministro Alberto Santofimio por no reparar a las víctimas del magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, por el que fue condenado a 24 años de prisión, informaron este jueves fuentes judiciales.Le puede interesar: Corte Suprema resolverá si Maza Márquez y Santofimio se someten a JEP por caso GalánEl Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad detalló en una sentencia que el exministro de Justicia no cumplió con el pago de más de 1.725 millones de pesos (unos 522.000 dólares) a las víctimas del magnicidio."Debe tenerse en cuenta que contrario a lo manifestado por Alberto Rafael Santofimio Botero y la defensa, a la fecha no se ha acreditado el pago total de los perjuicios causados con la comisión de la conducta punible, su incapacidad de hacerlo y/o una propuesta viable y proporcional a la cantidad de los mismos", agregó.Debido a lo anterior, el juzgado decidió revocar la prisión domiciliara otorgada al exministro y dispuso que cumpla el resto de la condena en una cárcel.El 31 de agosto de 2011 Santofimio fue privado de su libertad y en 2017 solicitó el beneficio de casa por cárcel, el cual le fue otorgado en mayo de ese año.Santofimio fue condenado por haber sido el determinador del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989 en Soacha, población vecina de Bogotá.El homicidio de Galán, quien se perfilaba como el más seguro sucesor del entonces gobernante Virgilio Barco (1986-1990), fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín con sectores políticos y agentes estatales contrarios a la figura de la extradición.Según las investigaciones, Santofimio sugirió al narcotraficante Pablo Escobar asesinar a Galán, quien había denunciado la infiltración y creciente poder de esas mafias en la sociedad y la política.El también exsenador presentó hace un año su solicitud de acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) argumentando que los hechos por los que fue condenado a 24 años de cárcel tienen relación con el conflicto armado de Colombia.Ante la petición, la JEP decidió el pasado 8 de abril que no es competente para revisar la sentencia de Santofimio, al igual que la del exdirector de la Policía secreta Miguel Maza Márquez.Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en el magnicidio de Galán.El expolicía fue director del ya suprimido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) y firmó el año pasado un acta de sometimiento a la JEP.Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado y se creó como parte del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió que la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la competencia para resolver las peticiones de sometimiento y revisión de las sentencias del general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y de Alberto Santofimio por el crimen de lesa humanidad de Luis Carlos Galán.Maza y el exministro Santofimio solicitaron con anterioridad su sometimiento a la JEP como agentes de Estado, tras haber sido sentenciados el 23 de noviembre de 2016 a 30 y 24 años de cárcel, respectivamente. Lea también: C. Suprema envía a JEP expediente de Maza Márquez, condenado por magnicidio de GalánSin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, bajo el Acto Legislativo 01 de 2017, que considera que la Corte es un órgano de justicia transicional, tomó la determinación con una votación de 4 a 3.La resolución de 32 páginas explica que ambas partes pueden interponer un recurso de reposición y apelación ante la Sala de Apelación de la JEP, como última instancia para resolver su aceptación o negativa de sometimiento ante la jurisdicción. Le puede interesar: Alberto Santofimio pide cupo en la JEP
El exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero, quien ejerció dicho cargo durante la presidencia de Alfonso López Michelsen, seguirá en la cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán, luego de que un juez le negara la posibilidad de libertad condicional.El político tolimense ha pagado 17 de los 24 años de cárcel a los que fue condenado por el magnicidio del caudillo liberal, perpetrado en Soacha el 18 de agosto de 1989. La sentencia fue dictada en 2007 por un juez especializado y la ratificó la Corte Suprema de Justicia en 2011.Santofimio también se encuentra vinculado a una investigación por el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
A través de una carta, el exministro Alberto Santomifio, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, se declaró sorprendido por ser la Procuraduría de Fernando Carrillo, ministro de Justicia para la época del asesinato, la que se oponga "a que se llegue a la verdad sobre este crimen". Agrega que tras haber cumplido más de 12 años de condena, toma la decisión de someterse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz con el propósito de demostrar que es inocente. "No en la búsqueda de beneficios penitenciarios, sino en el firme propósito de demostrar mi inocencia ante una justicia" y que la oposición que ejerce la Procuraduría "demuestra que existen fuerzas que quieren acallar mi voz, para que, en el escenario independiente de la JEP, no se conozcan cuestiones de la memoria histórica del país", dice. Aprovecha para recordarle el episodio de fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral. Dice Santofimio que mientras todos responsabilizaron a Carrillo "por los excesos y crímenes que fueron cometidos en ese establecimiento, sin que los hubiera controlado o evitado el Ministerio de Justicia", fue él quien pidió al Senado comprensión hacia él y una oportunidad para ejercer su derecho de defensa. “Es la misma oportunidad en mi caso, la que yo reclamo para poder acudir ante la JEP, la de poder ejercer mi derecho de defensa, de luchar por demostrar mi inocencia, y es a la que usted, dolorosa y paradójicamente intenta oponerse, buscando ejercer presión sobre las decisiones de la JEP”, asegura.
A través de un comunicado, la Procuraduría le pidió a la Justicia Especial de Paz, JEP, que no reciba el caso del excongresista Alberto Santofimio, porque a juicio del Ministerio Público su condena por el magnicidio de Luis Carlos Galán no tiene nada que ver con el conflicto armado.Por esa razón, la Procuraduría le pidió a la jurisdicción especial que rechace la solicitud de la defensa de Santofimio, para que pueda recibir eventuales beneficios judiciales al amparo del acuerdo de paz que se firmó con las Farc, porque en realidad lo que hubo detrás del crimen fueron intereses políticos. En un aparte del comunicado, el Ministerio Público plantea que “los hechos que rodearon el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por los que fue sentenciado a 24 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto armado” y agrega que en realidad “se pretendía beneficiar sus aspiraciones políticas personales”.En la comunicación, la Procuraduría deja claro que "el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”.
A través de una misiva, el abogado del exministro y excongresista Alberto Santofimio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decrete medida cautelar a su favor y que ordene a la Fiscalía reversar su decisión de llamarlo a indagatoria por el homicidio de Rodrigo Lara Bonilla. Según el abogado, la citación es improcedente porque desconoce una decisión que ya había tomado la entidad hace más de 13 años en la que prescribió o desistió de la opción de iniciar “cualquier acción penal que pueda iniciarse contra Alberto Santofimio como presunto responsable del delito de homicidio del señor ministro de justicia Rodrigo Lara”.Vea aquí: Santofimio pedía minutos de silencio por mi papá antes del asesinato: Rodrigo LaraEsto, a raíz de la denuncia que había puesto en la Fiscalía el actual congresista Rodrigo Lara, hijo del exministro. Por esta razón, el abogado le pide a la Comisión que intervenga pues la nueva decisión “vulnera los principios de buena fe, seguridad jurídica e igualdad de los individuos ante la ley amparados en los tratados internacionales suscritos por Colombia, los que prevalecen sobre la legislación interna, ante lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política”.La citación de indagatoria contra Santofimio está programada para el próximo 27 de agosto en la Fiscalía pues fue vinculado a la investigación por el homicidio del líder político hace 34 años.Decisión de la Fiscalía sobre el caso hace 13 años:
Este jueves, la Fiscalía informó que citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero, exministro de Justicia de Alfonso López Michelsen, y al exsenador Jairo Ortega, por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Al respecto, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro, asesinado hace 34 años, dijo a BLU Radio que no le sorprende el llamado a indagatoria, pero sí la impunidad que ha rondado el caso. “Me sorprende más la impunidad, porque, a pesar de haber sido declarado de lesa humanidad, la justicia nunca ha avanzado”, dijo. En ese sentido, el senador expresó que la justicia estaba demorada en tomar la decisión: “Existe total impunidad al respecto y tenemos afincadas las ilusiones de que por fin haya justicia. No hago acusaciones, pero sí es importante que el país sepa que para asesinar a Rodrigo Lara hubo una orquestación político-criminal”. Añadió que en una gira por Tolima, dos o tres semanas antes del asesinato, Santofimio pedía “un minuto de silencio” por la memoria de él. “Así iniciaba sus manifestaciones y todo era ampliamente desplegado por quien fuera el botafuegos del Cartel de Medellín contra mi padre en la prensa, que era Édgar Artunduaga”, dijo. “En las columnas que él (Artunduaga) tenía en El Espacio se refería a esas menciones que hacía Alberto Santofimio del ministro, dos o tres semanas antes de que lo mataran”, expresó. Le puede interesar: A indagatoria Albero Santofimio Botero por magnicidio de Rodrigo Lara BonillaRodrigo Lara fue asesinado hace 34 años, específicamente, el 30 de abril de 1984 a manos de sicarios del Cartel de Medellín por orden de Pablo Escobar.Escuche la entrevista completa aquí:
Autoridades en Panamá devolvieron a Colombia a dos personas requeridas por la justicia; uno era integrante del grupo delincuencial 'La Inmaculada' relacionado al cobro de extorsiones y a la actividad del ‘gota a gota'En las últimas horas dos colombianos requeridos por la justicia fueron devueltos a Colombia luego de que el Servicio Nacional de Migración de Panamá les negara el tránsito durante su paso por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.Los hechos ocurrieron cuando las autoridades migratorias verificaron la documentación de los viajeros y detectaron que ambos tenían órdenes vigentes emitidas por autoridades judiciales de Colombia.Entre los deportados se encuentra un hombre señalado de ser el tercer cabecilla del grupo delincuencial 'La Inmaculada', estructura criminal a la que las autoridades atribuyen actividades como cobros ilegales, extorsiones y el manejo de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.La segunda persona es una mujer que también tenía una orden de captura vigente en Colombia y que estaría relacionada, según las autoridades panameñas, con actividades de crimen organizado.Tras las verificaciones correspondientes, el Servicio Nacional de Migración determinó impedir que ambos continuaran su recorrido y, en coordinación con las autoridades colombianas, ordenó su retorno al país.“Nuestras fronteras no son puertas abiertas a la delincuencia organizada”, señaló el organismo, al advertir que quienes intenten aprovechar la movilidad internacional para delinquir serán detectados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.El procedimiento hace parte de los controles implementados por Panamá para detectar a personas requeridas por la justicia que pretendan utilizar su territorio como punto de tránsito hacia otros destinos.
Usted, que ha seguido con preocupación las noticias sobre la devastación del terremoto en Colombia, tiene la posibilidad de ayudar. Aquí hay distintas iniciativas a las que se puede sumar.Palacio de los Deportes para ChocóLa Alcaldía de Bogotá, por petición de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, habilitó la recepción de ayudas para el departamento de Chocó en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Lo que se recolecte en ese punto irá directamente al departamento.Campaña Colombia un Solo CorazónLa iniciativa oficial liderada por la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se llama Colombia un solo corazón.Las cuentas habilitadas para las donaciones en dinero son:Fundación Colombia Luz y Sonrisas: NIT 9020850963, cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número 125128462.Corporación Organización El Minuto de Dios: NIT 860.010.371-0, cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 004000240970.Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco): NIT 900326456-1, cuenta corriente número 15264342372 y llave Bre-B 0090989753.También hay centros de acopio en distintas ciudades del país. En Bogotá, los más importantes están en el centro de eventos Vive Claro (por la entrada de proveedores) y en el centro comercial Unicentro (plaza de banderas).Bancos de alimentos del paísEn Colombia hay 26 sedes de los bancos de alimentos que están recibiendo aportes en especie.Si usted se va a dirigir a un banco de alimentos, tenga en cuenta que la aplicación Uber está entregando un incentivo de hasta 22.000 pesos para financiar 2 trayectos (ida y vuelta).Rappi habilitó para donaciones en dinero que llegan directamente al Banco de Alimentos de Bogotá.Cruz Roja ColombianaEn la sede principal de la Cruz Roja en Bogotá están recibiendo donaciones las 24 horas del día.En el resto de los puntos de Cruz Roja, el horario arranca desde las 8 de la mañana.Sus donaciones en dinero pueden ir directamente a la página de la Cruz Roja Colombiana.Grupo Aval habilitó su red de cajeros y su ecosistema digital para hacer donaciones que llegan directamente a la seccional Bogotá de la Cruz Roja.Fundación Solidaridad por Colombia y SenciaSencia y la Fundación Solidaridad por Colombia se unieron también para recolectar donaciones. El punto de acopio está en el estadio El Campín de Bogotá, por la entrada de la carrera 30.Reciben donaciones también a la llave de Bre-B @juntosxcolombia, de la Fundación Solidaridad por Colombia.Minuto de DiosLa organización Minuto de Dios recibe sus aportes en distintas ciudades del país. Están haciendo la recolección también en dinero a través de la página web www.minutodedios.org.Donación de sangreOtra de las cosas que usted puede hacer hoy para apoyar es donar sangre.En Bogotá, todos los bancos de sangre están esperando nuevos donantes y este fin de sábado habrá un punto especial para la donación en el parque Timiza. El lunes estarán recibiendo donaciones en el parque El Tunal.Una sola unidad de sangre puede salvar hasta 3 vidas.La red de bancos de sangre del Instituto Nacional de Salud en todo el país también está disponible para quienes se quieran unir.Fundación Juntos se Puede La Fundación Juntos Se Puede movilizó desde Bogotá 95 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cali, Pereira y Chocó para atender a las comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa Colombia.Las primeras 60 toneladas llegaron a Cali durante la noche, alrededor de las 11:00 p. m., desde donde serán trasladadas posteriormente hacia Pereira. De manera paralela, un camión con 20 toneladas de ayudas salió desde Bogotá con destino a Pereira, mientras que otras 15 toneladas fueron enviadas hacia Quibdó, Chocó.¿Qué puede llevar a los puntos de acopio?Alimentos no perecederos.Cobijas.Linternas, baterías y herramientas.Elementos de aseo personal.
La reciente tragedia sísmica que sacude al país, con un reporte oficial de 239 fallecidos, 287 desaparecidos y 332 personas rescatadas a nivel nacional, ha abierto un profundo debate sobre la capacidad real del Estado para enfrentar desastres.El terremoto ha desnudado severas falencias de coordinación e idoneidad dentro de las entidades encargadas de proteger a la población. Eduardo Vélez Soto, doctor en gestión integral del riesgo de desastres y consultor de las Naciones Unidas, analizó con crudeza la respuesta institucional ante la emergencia y advirtió que el manejo de la crisis no puede depender de decisiones de carácter político.UNGRDUno de los señalamientos más graves del experto apunta directamente a la falta de personal calificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Vélez denunció que la entidad se ha convertido en un fortín de cuotas políticas en lugar de consolidar un cuerpo técnico de carrera."Desafortunadamente, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo encuentra unos músicos, filósofos, en este momento, personas cineastas, muy pocas personas técnicas en su conjunto". Según el consultor, las pocas mentes técnicas que tiene el organismo son eclipsadas por nombramientos inadecuados.Esta debilidad institucional se hizo evidente durante la transición de gobierno.Aunque recientemente se nombró un director para la unidad, el cargo del subdirector de respuesta —un proceso altamente sensible durante la actual catástrofe— se encuentra vacante tras una renuncia semanas atrás.Para Vélez, esta ausencia de liderazgo calificado impide dar "las directrices técnicas, técnicas y no políticas sobre de cómo actuar en estos procedimientos de búsqueda, de salvamiento y de rescate".El relevo de rescatistas: una necesidad técnica, no logísticaA pesar de que el Gobierno nacional ha insistido en que Colombia tiene la capacidad interna suficiente y no requiere rescatistas extranjeros, Vélez aclaró que tras superarse la barrera de las 72 horas críticas, la situación física de los socorristas locales cambia de forma drástica. El experto desvirtuó los temores gubernamentales asociados a la logística de recibir personal extranjero, aclarando que los protocolos internacionales resuelven este problema."Un equipo USAR se mueve autónomamente... llegan totalmente autónomos con 48 horas de autonomía. No hay que atenderlos con alimentación, con alojamiento", dijo. Presupuesto "al revés" y exclusión socialPara el doctor Vélez, la alta vulnerabilidad que hoy cobra vidas en regiones como el Eje Cafetero no se debe al sismo en sí, sino a décadas de omisión en el conocimiento científico y la adecuación de las estructuras antiguas, como ocurrió con el postergado reforzamiento del hospital de Cali. El origen de esta debilidad estructural se halla en una alarmante distribución del presupuesto de gestión de riesgo."Se gastaron más de el 80% del presupuesto en atender emergencias, pero en conocer y reducir en un 20% del presupuesto. Entonces, estamos al revés. Mientras que no conozcamos el riesgo, no lo podemos reducir". Escuche aquí la entrevista:
En el departamento de Antioquia se registraron seis incendios forestales producto de las altas temperaturas por el fenómeno de ‘El Niño’.De las seis conflagraciones, cuatro se encuentran activas y dos ya fueron controladas, así lo afirmó la directora general del Dagran, Vanessa Paredes.“Tenemos cuatro focos activos, el primero de ellos en Santa Fe de Antioquia, que lleva varios días con actividad, y no se había logrado controlar completamente. Se desplazaron todas las unidades operativas de apoyo para atender este incendio. Lamentablemente, hay un foco del incendio que se encuentra en el cañón del Cativo y ha sido de muy difícil acceso”, dijo Paredes.Desde este martes se presenta un Incendio en zona rural del municipio de Abejorral, la conflagración amenaza varias viviendas y tanto las autoridades como la comunidad tratan de controlar el fuego.Este incendio se suma al registrado en las últimas horas en zonas veredales de los municipios de San Cristobal y San Luis.
Los municipios intermedios afectados por el terremoto del 10 de agosto buscan que su situación sea incluida en las decisiones del Gobierno nacional para atender la emergencia y avanzar en la recuperación. Juan Sebastián Ramos Velasco, alcalde de Calarcá y presidente de Asoedias, señaló que estas poblaciones enfrentan daños en viviendas e infraestructura y requieren acompañamiento durante la reconstrucción.Ramos aseguró que, aunque existe articulación entre varias administraciones locales, todavía es necesario fortalecer la coordinación con el Gobierno nacional y garantizar que los recursos no se concentren únicamente en las capitales. “No puede ser solamente la única opción que sean los departamentos quienes dirijan toda la destinación que le haga el Gobierno nacional a los recursos”, afirmó.¿Qué municipios intermedios resultaron afectados?Según el alcalde, entre las ciudades intermedias afectadas están Yumbo, Buenaventura, Istmina, Dosquebradas, Santander de Quilichao, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Bello, Andes, La Ceja y Calarcá.El balance entregado en la entrevista reportó ocho fallecidos y 28 lesionados en Yumbo; 10 muertos y 174 lesionados en Buenaventura; una persona fallecida en Calarcá y siete fallecidos en Dosquebradas. También se registran afectaciones en viviendas e infraestructura pública.En conjunto, Ramos habló de más de 7.000 viviendas impactadas y alrededor de 20.000 personas afectadas en estos municipios.Alcaldes piden recursos para la reconstrucciónUna de las principales preocupaciones está relacionada con la financiación de la recuperación. Ramos explicó que los municipios han recurrido a declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta para activar mecanismos que permitan disponer de recursos.Sin embargo, pidió una relación directa con el Gobierno nacional para identificar necesidades y calcular el costo de la reconstrucción. “La importancia de que el Gobierno se articule no solamente con los departamentos, sino también directamente con los municipios”, sostuvo.El alcalde también señaló que los mandatarios de ciudades intermedias no fueron invitados a la reunión que el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo en Armenia, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de mejorar los canales de coordinación.¿Cómo se coordinan las ciudades intermedias?Ramos explicó que existen casos de coordinación entre ciudades, como Yumbo y Cali, Dosquebradas y Pereira, y Calarcá y Armenia. También destacó la solidaridad entre alcaldes de municipios afectados y no afectados.Para Asoedias, el reto ahora es que esa articulación se traduzca en decisiones, recursos y presencia institucional. El alcalde insistió en que las ciudades intermedias deben tener participación directa en la respuesta estatal, debido a que sus habitantes acuden primero a las administraciones locales para pedir soluciones frente a los daños ocasionados por el terremoto.
