La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona.Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano.La declaratoria de culpabilidadEl empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.La incógnita de otros coacusados y otros cómplicesEl exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.Pero también señala a 'co-acusado 1' y 'co-acusado 3', dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela".¿Qué ofrece Saab a EEUU?A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno."Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto.Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.Las promesas de EE.UU. a SaabPor estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas.Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes.Las posibles implicaciones para MaduroEste proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas.Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses."Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", dijo a EFE tras acudir a la audiencia.
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien estuvo detenido por motivos políticos, se refirió al proceso judicial contra Alex Saab en Estados Unidos y cuestionó el posible alcance de la pena que podría recibir el empresario colombiano, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Nicolás Maduro.Durante Recap Blu, Guanipa habló sobre el proceso de Saab y sostuvo que, más allá de la condena que determine la justicia estadounidense, debería existir una sanción relacionada con los bienes que, según las investigaciones, podrían estar vinculados con actos de corrupción. “Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado, eso sí es justicia”, afirmó.¿Qué dijo Juan Pablo Guanipa sobre el proceso contra Alex Saab?Para Guanipa, la posibilidad de que Saab obtenga una reducción de su condena mediante cooperación con las autoridades estadounidenses no debería dejar de lado la magnitud de los hechos investigados.“Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado”, insistió el dirigente, quien también planteó la necesidad de que se revisen los bienes del empresario.“Creo que deben ser confiscados sus bienes porque si sus bienes son producto de un acto de corrupción de la magnitud que se ha demostrado, indudablemente que la Constitución venezolana establece que una de las formas de confiscación de bienes es cuando esos bienes son producto de corrupción”, señaló.El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó posteriormente que Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y aceptó entregar 195 millones de dólares, además de cooperar con las autoridades. El acuerdo contempla una pena máxima de 20 años, aunque la sentencia será determinada por un juez.¿Qué espera la oposición venezolana frente al futuro del país?Durante la entrevista, Guanipa también habló sobre el escenario político venezolano y sostuvo que la oposición busca avanzar hacia un proceso electoral.El dirigente afirmó que María Corina Machado debería participar en ese proceso y aseguró que mantiene comunicación con ella. “Ella debe venir en los próximos días. Yo creo que es cuestión de días que ella regrese”, manifestó.Guanipa también aseguró que, pese a continuar bajo vigilancia, considera que existe un proceso encaminado hacia la democratización de Venezuela.“Yo tengo la convicción de que Venezuela cambió completamente a partir del 3 de enero y que vamos encaminados hacia un proceso de democratización”, dijo.El opositor agregó que su expectativa es que el país pueda avanzar hacia elecciones y recuperar las condiciones institucionales que, según su posición, permitan una transición política.Además habló de su experiencia como preso político. Guanipa aseguró que todavía existe vigilancia sobre varios dirigentes de la oposición, pero sostuvo que continuará recorriendo el país y participando en la actividad política.
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía, y aseguró que no hubo amenazas ni otro trato para aceptar su culpabilidad.Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso y recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió la declaración de "no culpable", que había presentado el pasado 24 de julio, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida."Culpable, señoría", manifestó el empresario petrolero, de 54 años, en la audiencia, según constató EFE.El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el exfuncionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión.Saab, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del expresidente Maduro, depuesto por EE.UU. en enero pasado y preso en Nueva York, aseveró que "no" hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.¿Cuánto recibía la familia de Maduro?El periodista venezolano Roberto Deniz, director de Armando.Info y uno de los investigadores que ha seguido durante años las operaciones de Saab, explicó en Mañanas Blu que la declaración de culpabilidad puede ser especialmente relevante por la información que el empresario tendría sobre el manejo del dinero del régimen venezolano.Según Deniz, Saab podría entregar información a la Fiscalía estadounidense sobre personas ubicadas por encima de él dentro de la estructura de poder, entre ellas Nicolás Maduro y Cilia Flores.El periodista también recordó investigaciones de Armando.Info sobre el programa CLAP y los presuntos sobreprecios aplicados a las cajas de alimentos. Como ejemplo, señaló que algunas eran facturadas al Estado venezolano entre 34 y 40 dólares, aunque su costo no superaba los 20 dólares.Deniz afirmó que el fiscal estadounidense Michael Nader, quien acusó inicialmente a Saab, dijo públicamente que el empresario había confesado durante conversaciones con las autoridades que por cada dólar contratado que recibía, la mitad terminaba en manos de la familia de Nicolás Maduro.“Por cada dólar contratado que él recibía, la mitad de ese dólar iba a la familia de Nicolás Maduro”, aseguró Deniz al citar lo que, según explicó, había manifestado el fiscal.¿Puede Saab convertirse en testigo contra Maduro?Para Deniz, una de las principales incógnitas después de la declaración de culpabilidad es si Saab colaborará con las autoridades estadounidenses en otros procesos.El periodista señaló que el empresario tendría conocimiento de movimientos financieros, rutas del dinero, cuentas, paraísos fiscales y operaciones con criptomonedas vinculadas al régimen venezolano.Esa información podría resultar relevante para las investigaciones que involucran a Maduro y Cilia Flores, aunque Deniz aclaró que todavía no se conoce si Saab será llamado como testigo ni qué información podría entregar.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene programada para mañana martes una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que "cambie su declaración de culpabilidad", lo que implicaría que se declare culpable.La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, tras su deportación desde Venezuela en mayo pasado.El escueto anuncio publicado este lunes en la plataforma judicial de EE.UU. señaló que la nueva audiencia tendrá lugar mañana martes ante la jueza Kathleen M. Williams, en una corte federal de Miami.El comunicado de la corte no ofreció detalles sobre si Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía estadounidense, como suele ocurrir en estos casos.El pasado 24 de julio, Saab se había declarado "no culpable" de los cargos que enfrenta en Estados Unidos.Según el aviso, quedó "cancelado" el juicio con jurado, que estaba previsto que comenzara el próximo 16 de noviembre y se prolongara durante dos semanas.Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene programada para mañana martes una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que "cambie su declaración de culpabilidad", lo que implicaría que se declare culpable.La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, tras su deportación desde Venezuela en mayo pasado.El escueto anuncio publicado este lunes en la plataforma judicial de EE.UU. señaló que la nueva audiencia tendrá lugar mañana martes ante la jueza Kathleen M. Williams, en una corte federal de Miami.El comunicado de la corte no ofreció detalles sobre si Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía estadounidense, como suele ocurrir en estos casos.El pasado 24 de julio, Saab se había declarado "no culpable" de los cargos que enfrenta en Estados Unidos.Según el aviso, quedó "cancelado" el juicio con jurado, que estaba previsto que comenzara el próximo 16 de noviembre y se prolongara durante dos semanas.Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.
Una jueza de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el comienzo del juicio contra el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos.Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.La jueza federal Lauren F. Louis aclaró en su orden que si el juicio con jurado, de dos semanas de duración, no puede celebrarse en ese período, será reprogramado.El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad ante la jueza Louis y solicitó que el caso fuera juzgado por un jurado.Como parte del cronograma previo al juicio, la jueza convocó a ambas partes a una audiencia virtual el 1 de septiembre.Saab, nacido en Colombia hace 54 años, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.
Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, abandonó Venezuela para regresar a su Italia natal, una semana después de la extradición de su marido a Estados Unidos.La Cancillería italiana confirmó en primicia al director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, que Fabri y sus hijos salieron de Venezuela con rumbo a Italia luego de la detención de su exesposo en la ciudad de Miami.Camilla Fabri, nacida en Roma en 1994, ocupó cargos en el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos desde su captura en enero, como viceministra para la Comunicación Internacional entre junio de 2025 y febrero de 2026, y también presidió el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.Fabri está casada y tiene dos hijas con Alex Saab, exministro y amigo personal de Maduro, acusado por Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de ser el presunto testaferro del líder chavista.Precisamente, el regreso de Camilla Fabri a Italia se produce una semana después de que el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, extraditara a Alex Saab a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero en un tribunal federal de Miami.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la deportación del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue aprobada teniendo en cuenta los intereses del país.Por otro lado, Alex Saab y Camilla Fabri también han tenido problemas con la Justicia italiana.El pasado enero, el propio Saab informó que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía italiana para poner fin a un juicio ante el Tribunal de Roma, en el que ambos estaban acusados de blanqueo de capitales. Según medios italianos, él aceptó una condena de un año y dos meses de prisión y ella una de un año y siete meses.
El periodista de investigación Gerardo Reyes afirmó en Mañanas Blu que la nueva captura de Alex Saab en Estados Unidos responde a la política de presión de la administración de Donald Trump y no a una decisión autónoma de Caracas. El reportero de Univisión, autor del libro La verdad de Alex Saab, calificó al empresario barranquillero como un "náufrago profesional" que ahora enfrenta un proceso por lavado de activos tras haber sido perdonado previamente por Joe Biden.La justicia estadounidense reactivó el proceso contra el contratista barranquillero mediante un escrito de acusación enfocado en el blanqueo de capitales. Según Reyes, este escenario plantea dos caminos para el detenido: "una oportunidad de colaborar con EE.UU. ofreciendo información fresca de la corrupción a Venezuela, o tener que someterse a un proceso largo que llegaría a un juicio".El investigador desestimó que el traslado del empresario fuera un reflejo de autonomía del gobierno venezolano. "No creo que fue un acto de soberanía de Venezuela, sino una meta del gobierno de Estados Unidos, especialmente de Marco Rubio", enfatizó el periodista, aludiendo a la influencia geopolítica de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.¿Qué información tiene Alex Saab sobre los negocios de Venezuela?El interés de las agencias federales, lideradas en este caso operativo por la DEA, radica en el conocimiento detallado que Saab posee sobre los movimientos financieros del país vecino. Reyes explicó que el investigado estuvo en una posición privilegiada y "muy cercano al círculo del poder", lo que convierte sus declaraciones en un aporte clave para la justicia norteamericana.Los delitos bajo sospecha abarcan sobrecostos en los programas de alimentación CLAP y transacciones de petróleo valoradas en miles de millones de dólares. No obstante, el periodista aclaró que el actual pliego de cargos es de apenas cinco páginas, a diferencia de las 25 del expediente original. "A mí me sorprende que siendo este negocio del petróleo, que lo calculan en miles de millones de dólares, sea una frase más en la acusación", concluyó Reyes, anticipando que los fiscales podrían ampliar el dictamen en los próximos meses.
La nueva acusación presentada en Estados Unidos contra el empresario colombiano Alex Saab volvió a encender las alarmas en el entorno del régimen de Nicolás Maduro. Aunque el documento judicial divulgado por la Fiscalía norteamericana es breve y mantiene varios nombres bajo reserva, el periodista investigativo Gerardo Reyes aseguró que existen pistas claras sobre quiénes podrían ser los personajes vinculados al entramado de corrupción y lavado de dinero que rodea al llamado “testaferro” del chavismo.Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Reyes —considerado uno de los periodistas que más ha investigado el caso Saab— explicó que la acusación contiene nombres tachados que coinciden con otros expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos relacionados con el negocio de las cajas CLAP y el manejo de recursos del gobierno venezolano.“El escrito de acusación es muy similar a uno que todavía está vigente contra el socio de Saab, Álvaro Pulido. Ese podría ser otro de los nombres que aparece tachado”, señaló Reyes durante la conversación.Los nombres que aparecen vinculadosDe acuerdo con el periodista de Univisión, entre los nombres que podrían estar ocultos en la acusación aparecen:Álvaro Pulido, socio histórico de Alex Saab.José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado Táchira.Empresarios colombianos vinculados al esquema de alimentos CLAP.Funcionarios cercanos al círculo financiero del chavismo.Reyes afirmó que Vielma Mora habría sido “cómplice” en las operaciones relacionadas con las cajas de alimentos subsidiados del gobierno venezolano.Las declaraciones del periodista toman relevancia porque Saab fue señalado durante años como el operador financiero de Nicolás Maduro y uno de los hombres con mayor conocimiento sobre las estructuras económicas del régimen venezolano.¿Qué sabe Alex Saab sobre Maduro?Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la capacidad de Saab para comprometer judicialmente a figuras del chavismo si decide colaborar con las autoridades estadounidenses.“Saab es tal vez uno de los que tiene todo el panorama”, aseguró Reyes al referirse a los presuntos nexos financieros, políticos y comerciales del gobierno de Maduro.El periodista sostuvo que el empresario colombiano mantenía comunicación directa y permanente con Maduro y su esposa, Cilia Flores, además de cumplir funciones diplomáticas informales para resolver asuntos estratégicos del régimen.“Él era una especie de embajador plenipotenciario de Maduro para resolver toda clase de problemas y estaba en constante contacto con Maduro y su esposa”, explicó.Según Reyes, Saab tendría información sensible sobre:operaciones petroleras,financiamiento político internacional,movimientos financieros del chavismo,relaciones con Irán,y posibles maniobras de lavado de dinero.El negocio de las cajas CLAPOtro de los temas abordados fue el presunto esquema de corrupción relacionado con los CLAP, el programa de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano.Reyes explicó que Saab y sus socios habrían vendido alimentos de baja calidad a precios inflados al Estado venezolano, obteniendo ganancias millonarias mediante sobornos y contratos irregulares.“Ellos le vendían a unos precios exorbitantes y alimentos de mala calidad al gobierno de Venezuela, a cambio de sobornos”, afirmó el periodista.La nueva acusación también menciona negocios petroleros vinculados al régimen, aunque de manera escueta. Para Reyes, esto podría indicar que las autoridades estadounidenses preparan cargos más amplios en el futuro. “Es de esperar que en los próximos meses el gobierno amplíe la acusación o dé más detalles”, advirtió.Las conexiones colombianas del caso SaabDurante la entrevista también surgieron nombres colombianos relacionados con la red de Alex Saab. Uno de ellos fue Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, actualmente preso en Estados Unidos por lavado de dinero.Reyes explicó que “Boliche” habría facilitado cuentas bancarias para mover millones de dólares provenientes de operaciones ilegales. “Saab lo utilizó para enviar cerca de 2.8 millones de dólares de cuentas en el exterior hacia Estados Unidos”, detalló.El periodista también mencionó interrogantes alrededor del abogado Abelardo de la Espriella, aunque aclaró que hasta ahora no existen conclusiones judiciales directas en su contra.¿Podría caer el círculo cercano de Maduro?La eventual colaboración de Saab con la justicia estadounidense podría abrir una nueva etapa judicial para altos funcionarios venezolanos. Reyes cree que Washington tiene interés en toda la información relacionada con corrupción, narcotráfico y financiación internacional del chavismo.“No hay duda de que sus conocimientos de los movimientos financieros de Venezuela son altos y muy cercanos al círculo del poder”, afirmó. El periodista concluyó que Estados Unidos podría solicitar próximamente a otros personajes cercanos al régimen venezolano, especialmente si Saab decide convertirse en testigo colaborador.Mientras tanto, la nueva acusación mantiene bajo reserva nombres clave que podrían comprometer aún más al entorno político y económico de Nicolás Maduro, en uno de los procesos judiciales más delicados para el chavismo en los últimos años.
La DEA reveló nuevos detalles sobre el caso de Alex Saab y el presunto esquema internacional de lavado de dinero que, según las autoridades estadounidenses, habría involucrado contratos de alimentos y negocios relacionados con petróleo venezolano. El empresario colombiano y exministro venezolano compareció ante una corte federal de Miami, donde enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero tras ser deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos.De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, Saab, de 55 años y señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría participado en una red de corrupción ligada al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para suministrar alimentos a poblaciones vulnerables en Venezuela. Las autoridades aseguran que el empresario y sus presuntos cómplices obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos.La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados desde Colombia y México. Según la DEA y el Departamento de Justicia, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, mientras parte del dinero era transferido a través de bancos estadounidenses para ocultar su origen.El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las autoridades estadounidenses investigaron durante años las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano.Las autoridades también señalaron que la presunta conspiración se expandió después de las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2019. Según la acusación, Saab y sus asociados habrían aprovechado sus vínculos con funcionarios del gobierno para acceder a miles de millones de dólares en petróleo perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el cual supuestamente era comercializado bajo falsas pretensiones para continuar financiando el esquema CLAP y ocultar recursos ilícitos mediante el sistema financiero estadounidense.La posible condenaEl Departamento de Justicia indicó que Saab enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal. Por ahora, las autoridades estadounidenses recalcaron que el empresario es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en el proceso judicial que avanza en Miami.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
