En una audiencia que se hizo de manera virtual durante tres horas ante el juzgado 12 de garantías de Medellín, la Fiscalía imputó al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; y el exgerente EPM, Federico Restrepo, y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, mientras que al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se le hizo esta audiencia de manera individual en la Corte Suprema.La Fiscalía imputó a los cuatro exfuncionarios por el cargo de interés indebido en la celebración de contratos porque supuestamente se entregó a dedo el contrato principal de construcción y operación de Hidroituango a EPM.Aunque escucharon los argumentos de la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos imputados pues consideran que “la Fiscalía les imputa haberse interesado en favor de EPM, como empresa 100% pública, descartando a otras empresas extranjeras como Odebrecht, China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras”, como señala un comunicado de los abogados de Salazar y Restrepo quienes demostrarán que sus actuaciones han sido transparentes.Según Alonso Salazar, básicamente le están acusando por haber sido alcalde de Medellín y cumplir con sus funciones: "Luego de escuchar a la Fiscalía las razones son infundadas porque la acusación son más o menos de que usted fue alcalde, usted cumplió con defender los intereses de EPM. usted cumplió con el deber de que Hidroituango saliera como proyecto adelante, pero supuestamente eso estuvo lleno de irregularidades", indicó.El exalcalde añadió que se buscó proteger el proyecto de empresas cuestionadas: "Nada debajo de la mesa, nada para beneficio de privados. Incluso lo que pasó fue que se contuvo de otras empresas internacionales, no muy bien reputadas, como Odebretch, que querían hacer la construcción", indicó Alonso SalazarEn este proceso no se pidió ningún tipo de medida de aseguramiento pues es un delito de años atrás que apenas se está investigando.Escuche la noticia en Voz Populi:
Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, se pronunció luego que en días pasados el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunciara imputación de cargos por supuestas irregularidades en el proyecto Hidroituango, para el momento de su adjudicación.El mandatario, que se desempeñó en el cargo entre 2008 y 2012, manifestó que está listo para entregar la información correspondiente y que espera que todo se aclare de la manera adecuada, porque, dice él, la información se ha venido tergiversando a través del paso del tiempo.“En realidad sí me sorprendió que el fiscal sin habernos llamado a dar nuestras versiones hubiera dado esas imputaciones”, indicó Alonso Salazar.Explicó que quien firmó el contrato fue la persona designada en ese momento como gerente de una empresa que se había constituido para el desarrollo del proyecto llamada EPM Ituango.“Yo nunca firmé ese contrato del que me están imputando prácticas indebidas, en realidad yo era miembro de la Junta de Epm, en mi condición de alcalde de Medellín y yo no tengo problema en responder por lo que en ese momento pasó” agregó el exalcalde.Lea también:Además, aclaró que fue un proceso transparente y abierto entre dos entidades públicas que se dieron en el marco de la ley.“Lo único que me atrevo a decir es que no tengo ninguna responsabilidad directa en el asunto y que fue algo muy transparente”, añadió Salazar.Se espera que en los próximos días la Fiscalía notifique a los involucrados, entre los que también se encuentra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exgerente de IDEA, Álvaro Vásquez, el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo y varios directivos de EPM.Escuche más noticias:
“Todo se trata de un objetivo electoral, después el país se olvidará de eso”, señaló Alonso Salazar, exalcalde de Medellín en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre la decisión del contralor, Felipe Córdoba, en el fallo de segunda instancia por responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango.“Hay unos sectores de la política que han funcionado en paralelo con el contralor (…) Yo no tengo dudas que el señor contralor y sus perros que lo protegen, están dedicados a interferir la coyuntura electoral del país, pero al mismo tiempo, hay efectos colaterales”.Sobre esa “jauría”, Salazar recalcó que estarían protegiendo a Córdoba y aunque intente mantenerla en anonimato, hay nombres involucrados.“La verdad es que se siente muy protegido por ellos. La jauría del contralor la mantiene en el anonimato, pero yo he visto que hay unos sectores de la política que han funcionado ahí paralelamente, como el alcalde Quintero, Vargas Lleras y César Gaviria y no se quien más”.“Este proceso se me hace muy repetido, uno de ante mano sabe cuál será la decisión final. El caso de Hidroituango es algo muy grave, para investigar”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Alonso Salazar, exalcalde de Medellín y uno de los 26 implicados en el fallo de segunda instancia por responsabilidad fiscal de Hidroituango, se fue contra el contralor y cuestionó tanto sus decisiones en el caso, como las recientes declaraciones.En una carta, el exmandatario dijo que la Contraloría se equivoca cuando desconoce que la contingencia fue ocasionada por un hecho imprevisible y, aún así, responsabiliza a empresas y funcionarios de los daños.“Pero ya que la entidad insiste en hallar culpables, no se entiende por qué excluyó a los exalcaldes Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria y al exgobernador Luis Pérez, que tuvieron bajo su supervisión el diseño y la construcción, entre 2016 y 2017, de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), cuyo colapso fue el origen de todo”, resaltó.Para Salazar, la entidad de control ha excluido de la investigación el robo y la corrupción y, usando un cronograma con el nombre de los diferentes funcionarios que han pasado por Hidroituango, ilustra lo que para él es un error.“La Contraloría miró al pasado, hasta diez años atrás (2008), a los inicios de la obra; retomó, revolvió tiempos, no caracterizó ni jerarquizó responsabilidades de entidades y personas, relacionó de manera arbitraria supuestas causas con la consecuencia. Encontró culpables a quienes estuvieron “al frente” entre el 2008 y 2011”, escribió Salazar.Reitera el exmandatario que, revisando lo evaluado entre 2012 y 2015, se evidencia una arbitrariedad con la que incluyó y excluyó responsables.La carta la titula “Los perros del Contralor y su fallo sobre Hidroituango”, tomando como referencia las palabras que Felipe Córdoba dio en Barranquilla recientemente, pero las usa para criticar aún más al funcionario.“Los perros, con certeza, no le servirán al Contralor para evitar que otras instancias nacionales e internacionales desnuden la trama antijurídica con la que busca influir las elecciones presidenciales próximas”.Esta es la carta completa:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Luego de que el gobernador de Antioquia quitara una demanda que desde 2015 tenía en contra de Alonso Salazar por injuria y calumnia y asegurara que lo había perdonado, el exalcalde de Medellín le respondió. Expresó que no se puede perdonar por algo que no ha cometido y calificó la actuación del actual gobernador de Antioquia como un show. Además, dijo que no estaba enterado del proceso en su contra por parte de la Fiscalía. Esta historia nació hace una semana cuando, a través de sus redes sociales, Luis Pérez publicó una carta dirigida al ente acusador, en la que pedía cesar todo tipo de acción judicial contra Alonso Salazar, a quien en 2015 había denunciado por injuria y calumnia luego de que el exalcalde de Medellín lo señalara de tener nexos con grupos ilegales. Ese perdón de Luis Pérez desató la molestia de Salazar, quien en diálogo con Blu Radio dijo: “Yo concluyo que ahí hay un acto premeditado de publicidad, no tengo duda de que lo de Luis Pérez es un show. Esa es su característica”.Lea también: Luis Pérez dice que perdonó a Alonso Salazar y pide a Fiscalía cerrar su caso El alcalde de Medellín para 2008 – 2011 también reiteró afirmaciones sobre presuntos vínculos de Luis Pérez con paramilitares, en especial en las elecciones de 2007 y 2011. “¿Por qué a estas horas el supuesto perdón? No lo sé, pero me extraña. El Sr. Pérez tiene suficientes actuaciones en la vida pública que me permiten dudar de sus intenciones. Debo decir que la afirmación de que el señor Pérez ha tenido vínculos en el pasado con los paramilitares la he hecho con sustento y que ya está consignada en varias sentencias judiciales”, dijo el exalcalde en un comunicado.
A través de sus redes sociales, el gobernador Luis Pérez sorprendió con la publicación de una carta en la que le pide a la Fiscalía cerrar el caso por injuria y calumnia contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, luego de que hiciera polémicas declaraciones sobre el mandatario departamental en octubre de 2011.La carta de Luis Pérez está dirigida a la Fiscal 94 local y en ella asegura: “el perdón no cambia el pasado, pero es una luz para el futuro (…) pido que cese toda acción judicial contra quienes me hayan ofendido y solicito que cese todo tipo de acción judicial contra Alonso Salazar”.Lea también: Polémicas declaraciones de Luis Pérez sobre la operación OriónEste caso estaba vigente desde el 7 de octubre de 2011, en plena campaña política, cuando Salazar aseguró que a Luis Pérez lo apoyaban criminales de la comuna 8 de Medellín, puntualmente, Efraín Maldonado Álvarez, alias ‘Efra’, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las declaraciones se dieron en la campaña en la que finalmente ganó Aníbal Gaviria.Ahora, 7 años después, el gobernador pide que paren las acciones legales en contra de Salazar.
En entrevista en Blu Radio, el exalcalde Salazar no ocultó su preocupación por la situación de seguridad en Medellín, pero advirtió que la actual administración no va bien en programas sociales, ejecución de presupuesto y obras de infraestructura. “La ciudad no va bien porque los indicadores de programas que hacen una tarea muy objetiva como Medellín Cómo vamos son bastante dramáticos en ejecución presupuestal y en la marcha proyectos sociales”, señaló. Salazar agregó también que en este periodo la ciudad no tendrá grandes proyectos de movilidad como el prometido en el corredor de la avenida 80. Le puede interesar: Alcalde de Medellín ofreció excusas a la ciudad por errores en vallas y publicidad “Medellín va a tener un retraso muy grande en infraestructura, si a estas alturas no hay unos planes muy específicos de los sistemas de transporte masivo, no va a alcanzar a ejecutarse, ni siquiera tal vez a dejarlos iniciados”, aseguró. Para el exalcalde, Federico Gutiérrez cometió el error de cambiar todos los equipos técnicos de las secretarías. Según él, está trabajando con gente poco capaz para lograr avanzar en los proyectos de ciudad. Alonso Salazar presentó en la Fiesta de Pública su más reciente publicación “No hubo fiesta”, una serie de crónicas en las que relata historias de la violencia de Medellín y los grupos rebeldes armados en la ciudad. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Charla con Alonso Salazar convoca a más hombros por la paz. Garantizamos resarcir a afectados por nuestro accionar pic.twitter.com/SIrwkld2lY El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar dijo que en la charla que sostuvo durante su estadía en La Habana, les planteó a las Farc la realidad de los pueblos de Antioquia y Caldas que se han destruido. “En conversación con los líderes de las Farc, les planteé la importancia de pedir perdón a las poblaciones de las cabeceras o corregimientos destruidos”, dijo Salazar a través de su cuenta de Twitter, en donde agregó que se debe acercar el proceso de paz a los sectores sociales más críticos. 1/2 En conversación con líderes de las Farc, Pablo Catatumnbo les planeteé la importancia de pedir perdón a las poblaciones de las cabaceras Por su parte, alias ‘Pastor Alape’ manifestó en esta esta red social que durante la charla, las Farc garantizaron resarcir a los afectados por el accionar del grupo guerrillero. Durante lo corrido de este año, las Farc se han reunido con líderes políticos como Gustavo Petro, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
