En una audiencia que se hizo de manera virtual durante tres horas ante el juzgado 12 de garantías de Medellín, la Fiscalía imputó al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; y el exgerente EPM, Federico Restrepo, y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, mientras que al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se le hizo esta audiencia de manera individual en la Corte Suprema.La Fiscalía imputó a los cuatro exfuncionarios por el cargo de interés indebido en la celebración de contratos porque supuestamente se entregó a dedo el contrato principal de construcción y operación de Hidroituango a EPM.Aunque escucharon los argumentos de la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos imputados pues consideran que “la Fiscalía les imputa haberse interesado en favor de EPM, como empresa 100% pública, descartando a otras empresas extranjeras como Odebrecht, China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras”, como señala un comunicado de los abogados de Salazar y Restrepo quienes demostrarán que sus actuaciones han sido transparentes.Según Alonso Salazar, básicamente le están acusando por haber sido alcalde de Medellín y cumplir con sus funciones: "Luego de escuchar a la Fiscalía las razones son infundadas porque la acusación son más o menos de que usted fue alcalde, usted cumplió con defender los intereses de EPM. usted cumplió con el deber de que Hidroituango saliera como proyecto adelante, pero supuestamente eso estuvo lleno de irregularidades", indicó.El exalcalde añadió que se buscó proteger el proyecto de empresas cuestionadas: "Nada debajo de la mesa, nada para beneficio de privados. Incluso lo que pasó fue que se contuvo de otras empresas internacionales, no muy bien reputadas, como Odebretch, que querían hacer la construcción", indicó Alonso SalazarEn este proceso no se pidió ningún tipo de medida de aseguramiento pues es un delito de años atrás que apenas se está investigando.Escuche la noticia en Voz Populi:
Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, se pronunció luego que en días pasados el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunciara imputación de cargos por supuestas irregularidades en el proyecto Hidroituango, para el momento de su adjudicación.El mandatario, que se desempeñó en el cargo entre 2008 y 2012, manifestó que está listo para entregar la información correspondiente y que espera que todo se aclare de la manera adecuada, porque, dice él, la información se ha venido tergiversando a través del paso del tiempo.“En realidad sí me sorprendió que el fiscal sin habernos llamado a dar nuestras versiones hubiera dado esas imputaciones”, indicó Alonso Salazar.Explicó que quien firmó el contrato fue la persona designada en ese momento como gerente de una empresa que se había constituido para el desarrollo del proyecto llamada EPM Ituango.“Yo nunca firmé ese contrato del que me están imputando prácticas indebidas, en realidad yo era miembro de la Junta de Epm, en mi condición de alcalde de Medellín y yo no tengo problema en responder por lo que en ese momento pasó” agregó el exalcalde.Lea también:Además, aclaró que fue un proceso transparente y abierto entre dos entidades públicas que se dieron en el marco de la ley.“Lo único que me atrevo a decir es que no tengo ninguna responsabilidad directa en el asunto y que fue algo muy transparente”, añadió Salazar.Se espera que en los próximos días la Fiscalía notifique a los involucrados, entre los que también se encuentra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exgerente de IDEA, Álvaro Vásquez, el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo y varios directivos de EPM.Escuche más noticias:
“Todo se trata de un objetivo electoral, después el país se olvidará de eso”, señaló Alonso Salazar, exalcalde de Medellín en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre la decisión del contralor, Felipe Córdoba, en el fallo de segunda instancia por responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango.“Hay unos sectores de la política que han funcionado en paralelo con el contralor (…) Yo no tengo dudas que el señor contralor y sus perros que lo protegen, están dedicados a interferir la coyuntura electoral del país, pero al mismo tiempo, hay efectos colaterales”.Sobre esa “jauría”, Salazar recalcó que estarían protegiendo a Córdoba y aunque intente mantenerla en anonimato, hay nombres involucrados.“La verdad es que se siente muy protegido por ellos. La jauría del contralor la mantiene en el anonimato, pero yo he visto que hay unos sectores de la política que han funcionado ahí paralelamente, como el alcalde Quintero, Vargas Lleras y César Gaviria y no se quien más”.“Este proceso se me hace muy repetido, uno de ante mano sabe cuál será la decisión final. El caso de Hidroituango es algo muy grave, para investigar”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Alonso Salazar, exalcalde de Medellín y uno de los 26 implicados en el fallo de segunda instancia por responsabilidad fiscal de Hidroituango, se fue contra el contralor y cuestionó tanto sus decisiones en el caso, como las recientes declaraciones.En una carta, el exmandatario dijo que la Contraloría se equivoca cuando desconoce que la contingencia fue ocasionada por un hecho imprevisible y, aún así, responsabiliza a empresas y funcionarios de los daños.“Pero ya que la entidad insiste en hallar culpables, no se entiende por qué excluyó a los exalcaldes Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria y al exgobernador Luis Pérez, que tuvieron bajo su supervisión el diseño y la construcción, entre 2016 y 2017, de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), cuyo colapso fue el origen de todo”, resaltó.Para Salazar, la entidad de control ha excluido de la investigación el robo y la corrupción y, usando un cronograma con el nombre de los diferentes funcionarios que han pasado por Hidroituango, ilustra lo que para él es un error.“La Contraloría miró al pasado, hasta diez años atrás (2008), a los inicios de la obra; retomó, revolvió tiempos, no caracterizó ni jerarquizó responsabilidades de entidades y personas, relacionó de manera arbitraria supuestas causas con la consecuencia. Encontró culpables a quienes estuvieron “al frente” entre el 2008 y 2011”, escribió Salazar.Reitera el exmandatario que, revisando lo evaluado entre 2012 y 2015, se evidencia una arbitrariedad con la que incluyó y excluyó responsables.La carta la titula “Los perros del Contralor y su fallo sobre Hidroituango”, tomando como referencia las palabras que Felipe Córdoba dio en Barranquilla recientemente, pero las usa para criticar aún más al funcionario.“Los perros, con certeza, no le servirán al Contralor para evitar que otras instancias nacionales e internacionales desnuden la trama antijurídica con la que busca influir las elecciones presidenciales próximas”.Esta es la carta completa:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Luego de que el gobernador de Antioquia quitara una demanda que desde 2015 tenía en contra de Alonso Salazar por injuria y calumnia y asegurara que lo había perdonado, el exalcalde de Medellín le respondió. Expresó que no se puede perdonar por algo que no ha cometido y calificó la actuación del actual gobernador de Antioquia como un show. Además, dijo que no estaba enterado del proceso en su contra por parte de la Fiscalía. Esta historia nació hace una semana cuando, a través de sus redes sociales, Luis Pérez publicó una carta dirigida al ente acusador, en la que pedía cesar todo tipo de acción judicial contra Alonso Salazar, a quien en 2015 había denunciado por injuria y calumnia luego de que el exalcalde de Medellín lo señalara de tener nexos con grupos ilegales. Ese perdón de Luis Pérez desató la molestia de Salazar, quien en diálogo con Blu Radio dijo: “Yo concluyo que ahí hay un acto premeditado de publicidad, no tengo duda de que lo de Luis Pérez es un show. Esa es su característica”.Lea también: Luis Pérez dice que perdonó a Alonso Salazar y pide a Fiscalía cerrar su caso El alcalde de Medellín para 2008 – 2011 también reiteró afirmaciones sobre presuntos vínculos de Luis Pérez con paramilitares, en especial en las elecciones de 2007 y 2011. “¿Por qué a estas horas el supuesto perdón? No lo sé, pero me extraña. El Sr. Pérez tiene suficientes actuaciones en la vida pública que me permiten dudar de sus intenciones. Debo decir que la afirmación de que el señor Pérez ha tenido vínculos en el pasado con los paramilitares la he hecho con sustento y que ya está consignada en varias sentencias judiciales”, dijo el exalcalde en un comunicado.
A través de sus redes sociales, el gobernador Luis Pérez sorprendió con la publicación de una carta en la que le pide a la Fiscalía cerrar el caso por injuria y calumnia contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, luego de que hiciera polémicas declaraciones sobre el mandatario departamental en octubre de 2011.La carta de Luis Pérez está dirigida a la Fiscal 94 local y en ella asegura: “el perdón no cambia el pasado, pero es una luz para el futuro (…) pido que cese toda acción judicial contra quienes me hayan ofendido y solicito que cese todo tipo de acción judicial contra Alonso Salazar”.Lea también: Polémicas declaraciones de Luis Pérez sobre la operación OriónEste caso estaba vigente desde el 7 de octubre de 2011, en plena campaña política, cuando Salazar aseguró que a Luis Pérez lo apoyaban criminales de la comuna 8 de Medellín, puntualmente, Efraín Maldonado Álvarez, alias ‘Efra’, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las declaraciones se dieron en la campaña en la que finalmente ganó Aníbal Gaviria.Ahora, 7 años después, el gobernador pide que paren las acciones legales en contra de Salazar.
En entrevista en Blu Radio, el exalcalde Salazar no ocultó su preocupación por la situación de seguridad en Medellín, pero advirtió que la actual administración no va bien en programas sociales, ejecución de presupuesto y obras de infraestructura. “La ciudad no va bien porque los indicadores de programas que hacen una tarea muy objetiva como Medellín Cómo vamos son bastante dramáticos en ejecución presupuestal y en la marcha proyectos sociales”, señaló. Salazar agregó también que en este periodo la ciudad no tendrá grandes proyectos de movilidad como el prometido en el corredor de la avenida 80. Le puede interesar: Alcalde de Medellín ofreció excusas a la ciudad por errores en vallas y publicidad “Medellín va a tener un retraso muy grande en infraestructura, si a estas alturas no hay unos planes muy específicos de los sistemas de transporte masivo, no va a alcanzar a ejecutarse, ni siquiera tal vez a dejarlos iniciados”, aseguró. Para el exalcalde, Federico Gutiérrez cometió el error de cambiar todos los equipos técnicos de las secretarías. Según él, está trabajando con gente poco capaz para lograr avanzar en los proyectos de ciudad. Alonso Salazar presentó en la Fiesta de Pública su más reciente publicación “No hubo fiesta”, una serie de crónicas en las que relata historias de la violencia de Medellín y los grupos rebeldes armados en la ciudad. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Charla con Alonso Salazar convoca a más hombros por la paz. Garantizamos resarcir a afectados por nuestro accionar pic.twitter.com/SIrwkld2lY El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar dijo que en la charla que sostuvo durante su estadía en La Habana, les planteó a las Farc la realidad de los pueblos de Antioquia y Caldas que se han destruido. “En conversación con los líderes de las Farc, les planteé la importancia de pedir perdón a las poblaciones de las cabeceras o corregimientos destruidos”, dijo Salazar a través de su cuenta de Twitter, en donde agregó que se debe acercar el proceso de paz a los sectores sociales más críticos. 1/2 En conversación con líderes de las Farc, Pablo Catatumnbo les planeteé la importancia de pedir perdón a las poblaciones de las cabaceras Por su parte, alias ‘Pastor Alape’ manifestó en esta esta red social que durante la charla, las Farc garantizaron resarcir a los afectados por el accionar del grupo guerrillero. Durante lo corrido de este año, las Farc se han reunido con líderes políticos como Gustavo Petro, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.
La empresa Air-e Intervenida debió denunciar penalmente a un usuario que en las últimas horas atropelló, al parecer de forma intencional, a uno de sus técnicos en el norte de Barranquilla.Los hechos tuvieron lugar en el barrio La Concepción, en la calle 76 con carrera 71, cuando un grupo de técnicos de la empresa estaban revisando el medidor de energía de una vivienda, porque el consumo registrado venía mostrando aparentes alteraciones desde hace varios días.En medio de ese proceso, reporta la operadora que una mujer empezó a insultarlos y hasta llegó a golpear a de ellos con una piedra. “Me borras eso, me lo borras”, eran los gritos de la mujer, según se puede apreciar en videos que se han hecho virales por las redes sociales.Después, esa persona llamó a un familiar, quien llegó al lugar en un carro y lo usó para atropellar a otro de los técnicos. Ambos trabajadores, identificados como Darío Romero y Yaceth Conrado, fueron llevados a una clínica en el norte de la ciudad.Por su parte, el gerente Territorial Experto de Air-e Intervenida, Victor De Luque Vidal, dijo que las autoridades ya conocen el caso y que no lo dejarán pasar. También pidió la captura de los responsables, quienes ya están siendo identificados.“Desde Air-e Intervenida rechazamos de manera contundente los hechos de violencia ocurridos contra dos de nuestros técnicos mientras realizaban labores de inspección en el barrio La Concepción, en la ciudad de Barranquilla. Nuestros trabajadores y contratistas salen todos los días a cumplir una labor esencial para garantizar la prestación del servicio de energía y ninguna diferencia o inconformidad puede justificar una agresión que ponga en riesgo su integridad o su vida. En este momento nuestra prioridad es la recuperación de nuestros compañeros Darío y Yaceth, a quienes, junto con sus familias, expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo”, declaró inicialmente.“Los hechos ya están siendo puestos en conocimiento de las autoridades competentes y la compañía adelantará las acciones correspondientes. Queremos reiterar un mensaje muy claro. En Air-e Intervenida no toleramos la violencia. El diálogo siempre será el camino y proteger la integridad y la vida de nuestra gente es una prioridad innegociable”, finalizó.
Estos fueron los temas tratados en La Nube:Paramount compró los estudios de Warner por 110.000 millones de dólares. Se espera fusión en la que se mantendrían las marcas para así no violar la ley antimonopolio de Estados Unidos.Rafael Erazo Ramírez, director ejecutivo y cofundador de Kaleido Lab, habló sobre el cortometraje 'El nido vacío', el cual busca enviar un mensaje sobre la fauna y su cuidado en las ciudades.Las novedades que tendrá el FC27: aparece Ted Lasso, mundo abierto para interactuar con otros usuarios en línea y mantiene la licencia de la Champions League.El juego con identidad colombiana que tiene como protagonismo a Sutatausa, municipio de Cundinamarca. Está enfocado para niños entre 4 a 9 años.
Luego de las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el Tribunal Superior Militar y Policial, el Tribunal Superior Militar respondió y le pidió aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.La magistrada Díaz en una entrevista con El Espectador cuestionó públicamente el papel que ha cumplido la Justicia Penal Militar en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y sostuvo que esta jurisdicción habría sido utilizada como un “mecanismo de encubrimiento”.Frente a esas declaraciones, el Tribunal Superior Militar aseguró que respeta la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó que se hagan generalizaciones sobre toda la Justicia Penal Militar y Policial.“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, señaló el Tribunal en un comunicado.La Justicia Penal Militar y Policial invitó a la magistrada Díaz Gómez a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y, además, a aportar los datos que respalden sus afirmaciones.El Tribunal sostuvo que la jurisdicción tiene autonomía e independencia de carácter constitucional y que sus actuaciones se desarrollan bajo los principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el debido proceso.Como respaldo a su posición, entregó cifras sobre sus resultados judiciales. El Tribunal aseguró que entre 2022 y lo corrido de 2026 ha proferido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.Según el Tribunal, estas decisiones no corresponden únicamente a delitos relacionados con la actividad militar, sino también a procesos por homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otros.La institución también comparó estas cifras con las decisiones de la JEP y aseguró que existen diferencias importantes, teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El exciclista colombiano Nairo Quintana pidió inversión al Gobierno nacional y al sector privado ante la "crisis" del ciclismo nacional e hizo un llamado para garantizar que los corredores tengan "tranquilidad" económica durante sus carreras deportivas."En cualquier momento van a seguir saliendo jóvenes. Tenemos que impulsar, hacer proyectos, presentárselos a las empresas, a los gobiernos. Proyectos serios donde podamos darles a ellos la tranquilidad de que el dinero que invierten o que están dando tiene sentido", expresó Quintana a EFE en Cartagena de Indias.El boyacense, que culminó su carrera profesional el fin de semana pasado en el Giro de Emilia, señaló que en muchas ocasiones los ciclistas van "solamente a pedir favores sin un buen proyecto en la mano"."Creo que también eso ha sido parte de esta crisis, una falta de liderazgo de diferentes, valga la redundancia, líderes que quieran apoyar, impulsar el ciclismo, con buenos proyectos", añadió.El retiro de Quintana a sus 36 años, sumado al de Rigoberto Urán en diciembre de 2024, empieza a dar cierre a la era dorada de ciclistas colombianos, de los que siguen activos Egan Bernal, Sergio Higuita y Daniel Martínez, entre otros.Sin embargo, Colombia lleva varios años sin sacar una promesa en este deporte y el mejor resultado reciente fue el subcampeonato de Martínez en el Giro de Italia de 2024. Del resto, los ciclistas del país andino han figurado poco en las grandes competencias internacionales.En ese sentido, Quintana aseguró que hay "varias problemáticas", pero hizo un llamado a los colombianos: "En cuanto entre todos logremos un poco impulsar, ustedes puedan transmitir lo importante que es el deporte y lo importante que ha sido el ciclismo para Colombia, seguramente sacaremos muchos más campeones".
Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.
